Con Calderón aumentan delitos y se dispara el secuestro: CIDAC
El estado con mayor número de secuestros es Tamaulipas.
Foto: Especial
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MÉXICO, D.F. (apro).- En los dos últimos años del sexenio calderonista, la comisión de delitos del fuero común se disparó en 14 de los 32 estados del país y el secuestro se ubicó como el delito de mayor impacto, por encima del homicidio.
De acuerdo con el más reciente reporte delictivo del Centro de Investigación para el Desarrollo, AC (CIDAC) 8 Delitos Primero, índice delictivo, que analiza el comportamiento de los ocho delitos del fuero común con mayor impacto en la sociedad, en dicho lapso la percepción de inseguridad en el territorio nacional aumentó un 4%.
Esta cifra equivale a más de cuatro millones de personas que tienen una percepción negativa de la seguridad en sus estados.
Con base en el análisis de encuestas de victimización y cifras oficiales de denuncias del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el estudio señala que los estados que empeoraron en materia de seguridad fueron: Tlaxcala, Yucatán, Puebla, Veracruz, Colima, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Tabasco, Nuevo León, Nayarit, Morelos, Tamaulipas y Guerrero.
Este último ocupó el último lugar desplazando a Michoacán que en 2010 se situó como el estado más inseguro del país. El estado gobernador Ángel Aguirre pasó del lugar 26 al 32, con una incidencia de homicidios y lesiones cuatro veces mayor que la que tenía en 2010.
Tamaulipas cayó también 11 posiciones al pasar del lugar 20 al 31 en el índice delictivo nacional. En ese estado del país, actualmente gobernado por el PRI, el secuestro y el homicidio tuvieron un repunte inusitado al pasar de ocho en 2010 a 41 en 2012, en el primer caso, y en el segundo de 22 a 30, por cada 100 mil habitantes.
Nayarit fue el estado que más peldaños descendió al pasar del lugar ocho al 26 en dos años. Si bien sus homicidios dolosos se redujeron 11 por cada 100 mil habitantes, sus secuestros se elevaron de menos de uno a más de 16.
Además, el reporte coloca a los estados de Zacatecas, Colima y Jalisco en situación de alerta por sus altas tasas de crecimiento delictivo, aunque todavía no se refleje en el índice nacional. El primero cayó del lugar 16 al 19; el segundo, del 10 al 16, y el tercero, del 12 al 17.
También cayeron Veracruz, al pasar del lugar 7 al 14; San Luis Potosí, del 14 al 21 y Nuevo León del 11 al 23.
El índice CIDAC clasifica la situación de las entidades, de acuerdo con su índice delictivo, en afectación moderada, media, grave y severa.
Con afectación moderada se encuentran: Baja California Sur, Tlaxacala, Querétaro, Yucatán, Campeche, Sonora, Aguascalientes, Chiapas e Hidalgo.
En cambio, Puebla, Baja California, Guanajuato, Estado de México, Veracruz, Coahuila, y Colima tienen afectación media.
Y con afectación severa aparecen: Jalisco, DF, Zacatecas, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Nuevo León y Sinaloa, grave, y Quintana Roo, Nayarit, Chihuahua, Durango, Michoacán, Morelos, Tamaulipas y Guerrero.
Secuestro, el delito de mayor impacto
De acuerdo con el estudio, mientras el problema de la inseguridad parece centrarse en el homicidio, que en dos años disminuyó 4% -pasó de 20 por cada 100 mil habitantes en 2010 a 19 en 2012—, el secuestro aumentó 27% en el mismo lapso al pasar de ocho a 10 por cada 100 mil habitantes.
El impacto de un secuestro sobre la percepción de inseguridad en México equivale al que tendrían 2.5 homicidios, es tan grande, refiere el documento, que un aumento de 10 secuestros por cada 100 mil habitantes aumentan la percepción de inseguridad en México en más de 5%.
Para dar una idea de la impresión que causa el secuestro en la sociedad, el estudio refiere que para aumentar la percepción de inseguridad en el mismo porcentaje con el delito de extorsión, se requiere un aumento de 93 por cada 100 mil habitantes.
De los ocho delitos que analiza el CIDAC en su estudio, seis registraron aumento y solo dos disminuyeron.
De 2010 a 2012, el delito de lesiones subió 31%, el de robo de vehículo con violencia 29%, el secuestro 27%, el robo sin violencia a transeúnte 14%, el robo de vehículo sin violencia 2% y la extorsión 0.3%.
Los homicidios disminuyeron 4% y el robo con violencia a transeúnte 2%.
El estudio también hace una clasificación de la incidencia nacional por delito.
En secuestro, Tamaulipas ocupa el lugar 32 como el estado con el mayor índice en ese tipo de delitos. En contraste, Yucatán es el estado con el menor número de secuestros.
Guerrero es el estado donde se registran el mayor número de homicidios y lesiones dolosas, mientras que Yucatán es la entidad con el menor número de homicidios y Tabasco el estado con menor incidencia de lesiones.
Respecto del delito de extorsión Quintana Roo registra la mayor incidencia y Tlaxcala la menor.
En robo a transeúnte sin violencia, Aguascalientes es la entidad más insegura y Yucatán la más segura, mientras que en robo a transeúnte con violencia Tabasco es el estado más peligroso y Colima el más pacífico.
El Estado de México es el que registra el índice más alto en el delito de robo de vehículo con violencia y Colima tiene el más bajo. Finalmente, en robo de vehículo sin violencia Baja California es el estado con mayor incidencia y Campeche el de menor.
Los cinco estados que registraron mejoras significativas en el Índice de 2010 a 2012 son: Baja California (del lugar 25 al 11), Coahuila (del lugar 27 al 15), Hidalgo (del lugar 17 al 9), Estado de México (del lugar 23 al 13) y Chiapas (del lugar 15 al 8).
El estado más seguro en 2012 fue Baja California Sur, según el estudio de CIDAC, lugar que ocupó Tlaxcala en 2010.
Baja California Sur se encuentra entre las entidades que registraron mejoría pero en menor proporción que los antes mencionados.
Esa entidad pasó del lugar 3 al 1, Querétaro del 4 al 3, Guanajuato del 18 al 12, el DF del 21 al 18, Oaxaca del 22 al 20, Quintana Roo del 29 al 25, Chihuahua del 31 al 27, Durango del 30 al 28 y Michoacán del 32 al 29.
Campeche repitió en el quinto sitio, Sonora en el sexto y Sinaloa en el lugar 24.
De acuerdo con el más reciente reporte delictivo del Centro de Investigación para el Desarrollo, AC (CIDAC) 8 Delitos Primero, índice delictivo, que analiza el comportamiento de los ocho delitos del fuero común con mayor impacto en la sociedad, en dicho lapso la percepción de inseguridad en el territorio nacional aumentó un 4%.
Esta cifra equivale a más de cuatro millones de personas que tienen una percepción negativa de la seguridad en sus estados.
Con base en el análisis de encuestas de victimización y cifras oficiales de denuncias del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el estudio señala que los estados que empeoraron en materia de seguridad fueron: Tlaxcala, Yucatán, Puebla, Veracruz, Colima, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Tabasco, Nuevo León, Nayarit, Morelos, Tamaulipas y Guerrero.
Este último ocupó el último lugar desplazando a Michoacán que en 2010 se situó como el estado más inseguro del país. El estado gobernador Ángel Aguirre pasó del lugar 26 al 32, con una incidencia de homicidios y lesiones cuatro veces mayor que la que tenía en 2010.
Tamaulipas cayó también 11 posiciones al pasar del lugar 20 al 31 en el índice delictivo nacional. En ese estado del país, actualmente gobernado por el PRI, el secuestro y el homicidio tuvieron un repunte inusitado al pasar de ocho en 2010 a 41 en 2012, en el primer caso, y en el segundo de 22 a 30, por cada 100 mil habitantes.
Nayarit fue el estado que más peldaños descendió al pasar del lugar ocho al 26 en dos años. Si bien sus homicidios dolosos se redujeron 11 por cada 100 mil habitantes, sus secuestros se elevaron de menos de uno a más de 16.
Además, el reporte coloca a los estados de Zacatecas, Colima y Jalisco en situación de alerta por sus altas tasas de crecimiento delictivo, aunque todavía no se refleje en el índice nacional. El primero cayó del lugar 16 al 19; el segundo, del 10 al 16, y el tercero, del 12 al 17.
También cayeron Veracruz, al pasar del lugar 7 al 14; San Luis Potosí, del 14 al 21 y Nuevo León del 11 al 23.
El índice CIDAC clasifica la situación de las entidades, de acuerdo con su índice delictivo, en afectación moderada, media, grave y severa.
Con afectación moderada se encuentran: Baja California Sur, Tlaxacala, Querétaro, Yucatán, Campeche, Sonora, Aguascalientes, Chiapas e Hidalgo.
En cambio, Puebla, Baja California, Guanajuato, Estado de México, Veracruz, Coahuila, y Colima tienen afectación media.
Y con afectación severa aparecen: Jalisco, DF, Zacatecas, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Nuevo León y Sinaloa, grave, y Quintana Roo, Nayarit, Chihuahua, Durango, Michoacán, Morelos, Tamaulipas y Guerrero.
Secuestro, el delito de mayor impacto
De acuerdo con el estudio, mientras el problema de la inseguridad parece centrarse en el homicidio, que en dos años disminuyó 4% -pasó de 20 por cada 100 mil habitantes en 2010 a 19 en 2012—, el secuestro aumentó 27% en el mismo lapso al pasar de ocho a 10 por cada 100 mil habitantes.
El impacto de un secuestro sobre la percepción de inseguridad en México equivale al que tendrían 2.5 homicidios, es tan grande, refiere el documento, que un aumento de 10 secuestros por cada 100 mil habitantes aumentan la percepción de inseguridad en México en más de 5%.
Para dar una idea de la impresión que causa el secuestro en la sociedad, el estudio refiere que para aumentar la percepción de inseguridad en el mismo porcentaje con el delito de extorsión, se requiere un aumento de 93 por cada 100 mil habitantes.
De los ocho delitos que analiza el CIDAC en su estudio, seis registraron aumento y solo dos disminuyeron.
De 2010 a 2012, el delito de lesiones subió 31%, el de robo de vehículo con violencia 29%, el secuestro 27%, el robo sin violencia a transeúnte 14%, el robo de vehículo sin violencia 2% y la extorsión 0.3%.
Los homicidios disminuyeron 4% y el robo con violencia a transeúnte 2%.
El estudio también hace una clasificación de la incidencia nacional por delito.
En secuestro, Tamaulipas ocupa el lugar 32 como el estado con el mayor índice en ese tipo de delitos. En contraste, Yucatán es el estado con el menor número de secuestros.
Guerrero es el estado donde se registran el mayor número de homicidios y lesiones dolosas, mientras que Yucatán es la entidad con el menor número de homicidios y Tabasco el estado con menor incidencia de lesiones.
Respecto del delito de extorsión Quintana Roo registra la mayor incidencia y Tlaxcala la menor.
En robo a transeúnte sin violencia, Aguascalientes es la entidad más insegura y Yucatán la más segura, mientras que en robo a transeúnte con violencia Tabasco es el estado más peligroso y Colima el más pacífico.
El Estado de México es el que registra el índice más alto en el delito de robo de vehículo con violencia y Colima tiene el más bajo. Finalmente, en robo de vehículo sin violencia Baja California es el estado con mayor incidencia y Campeche el de menor.
Los cinco estados que registraron mejoras significativas en el Índice de 2010 a 2012 son: Baja California (del lugar 25 al 11), Coahuila (del lugar 27 al 15), Hidalgo (del lugar 17 al 9), Estado de México (del lugar 23 al 13) y Chiapas (del lugar 15 al 8).
El estado más seguro en 2012 fue Baja California Sur, según el estudio de CIDAC, lugar que ocupó Tlaxcala en 2010.
Baja California Sur se encuentra entre las entidades que registraron mejoría pero en menor proporción que los antes mencionados.
Esa entidad pasó del lugar 3 al 1, Querétaro del 4 al 3, Guanajuato del 18 al 12, el DF del 21 al 18, Oaxaca del 22 al 20, Quintana Roo del 29 al 25, Chihuahua del 31 al 27, Durango del 30 al 28 y Michoacán del 32 al 29.
Campeche repitió en el quinto sitio, Sonora en el sexto y Sinaloa en el lugar 24.
México en la historia
México en la historia
México-EU: fracaso compartido
Obama y Peña en Palacio Nacional.
Foto: Xinhua / David de la Paz
Foto: Xinhua / David de la Paz
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La responsabilidad compartida entre los gobiernos de México y Estados Unidos en la llamada guerra contra las drogas culminó en un rotundo y sangriento fracaso. La estrategia basada en el combate armado contra los cárteles y en la detención o muerte de los capos produjo más de 80 mil muertos y desaparecidos en este país, sin que ello haya producido una disminución del consumo de narcóticos allende el Bravo. Nosotros pusimos los muertos y ellos siguen poniendo las narices (Galeano).
A pesar de que el tema de la seguridad ha dejado de ser una prioridad en la agenda bilateral, al menos públicamente, la amenaza del crimen organizado y la violencia que lo acompaña son preocupación irresuelta y central para autoridades y ciudadanos de ambos países. De nada sirve tratar de evadir u ocultar el reto. La gravedad del asunto exige una reflexión autocrítica acerca de la estrategia fallida acordada por ambos países, a fin de elaborar una alternativa razonada y efectiva para enfrentar ese desafío compartido. Es indispensable que los gobiernos de México y Estados Unidos asuman la responsabilidad que les corresponde en un problema de carácter binacional, cuya solución requiere de una estrecha coordinación y colaboración en ambos lados de la frontera, basada en el respeto a la soberanía y en la confianza mutua. Es necesario rectificar.
Estados Unidos es el más grande consumidor de estupefacientes del mundo. La mitad de su población admite haber probado algún narcótico al menos una vez en su vida. Asimismo, nuestro vecino del norte es el mayor proveedor y contrabandista de armas en el planeta. El 10% de los distribuidores de armas de la Unión Americana están ubicados en ciudades fronterizas con México; sólo entre Texas y Arizona hay más de 12 mil armerías. No hay esperanza de que esta situación cambie en el corto plazo, dado que la reforma para controlar la venta de armas de alto poder acaba de ser rechazada en el Senado estadunidense. En su reciente visita a nuestro país, el presidente Barack Obama reconoció esa doble responsabilidad.
¿Qué ha impedido que la nación más poderosa del mundo resuelva esos problemas? David Shirk, director del Transborder Institute de la Universidad de San Diego, va al fondo del asunto: “Durante las últimas cuatro décadas, la guerra contra las drogas ha carecido de objetivos claros, consistentes y alcanzables; ha tenido un efecto insignificante en la demanda; el costo social y económico ha sido enorme.” (The Drug War in Mexico. Confronting a Shared Threat Council on Foreign Relations, 2011, p. 27). Tres cuartas partes de los ciudadanos estadunidenses piensan que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso. El énfasis en la oferta y la confrontación armada no ha tenido un impacto en el mercado de producción, distribución y consumo de estupefacientes.
La demanda manda. Las utilidades del comercio ilegal de estupefacientes en Estados Unidos se calcula entre 6 y 7 mil millones de dólares al año. Sólo un cuarto de esas ganancias procede de la mariguana. El dato es interesante debido a que el 98% de la droga confiscada en la frontera con México es mariguana (1.5 millones de kilos en 2009), en tanto que sólo se decomisaron 17 mil kilos de cocaína, con valor de 273 millones de dólares, a razón de 16 mil dólares el kilo. Por tanto, si se hubiesen decomisado 1.5 millones de kilos de cocaína (en lugar de mariguana) el monto incautado hubiera sido de 9.6 mil millones de dólares, es decir, una cifra superior al cálculo de las utilidades del narcotráfico.
La legalización de la mariguana representaría pérdidas para los narcotraficantes de entre 1 y 2 mil millones de dólares anuales. Ello permitiría que los agentes de seguridad estadunidenses en la frontera con México confiscaran cocaína y otras drogas peligrosas que representan la principal fuente de ingreso de los cárteles.
Poco se ha hecho para combatir el lavado de dinero y para aplicar la ley respectiva (Foreign Investment and National Security Act, 2007) que permita localizar, expropiar y seguir la pista a las inversiones procedentes del mercado negro de drogas. Es urgente desarrollar una estrategia para identificar, investigar y desmantelar los apoyos financieros y distribuidores al menudeo que trabajan para las organizaciones del narcotráfico en Estados Unidos.
Siempre me ha parecido inverosímil que el multimillonario negocio del tráfico de drogas en Estados Unidos se distribuya con toda libertad a lo largo y ancho del territorio estadunidense y que éstas se vendan al menudeo a través de pequeñas pandillas (gangs), sin que nada se diga acerca de posibles grandes socios de los cárteles mexicanos del otro lado de la frontera, y menos aún de la probable connivencia con autoridades estadunidenses.
¿Por qué no se ha combatido el lavado de dinero en Estados Unidos? ¿Cómo explicar que las autoridades estadunidenses no hayan utilizado en su propio territorio los Drones u otras tecnologías de seguridad y métodos de inteligencia que utilizaron con éxito en México para detener o ultimar a los capos (de lo que tanto se ufanó el presidente Calderón)?
Shirk propone que la oficina del gobierno estadunidense para la rendición de cuentas (U.S. Government Accountability Office) “analice las influencias de las redes del crimen organizado trasnacional en los cuerpos de seguridad de Estados Unidos y asegurarse de la cabal aplicación de la ley en la frontera, así como del adecuado uso de los recursos ante posibles vulnerabilidades y violaciones a la integridad”.
Aún está por conocerse la estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto para combatir el narcotráfico, pero se teme que, en el afán por distinguirse de su antecesor y de que disminuya la violencia, pudiera recurrirse a un pacto secreto con los narcotraficantes, a la usanza del viejo PRI. Sería desastroso e inadmisible.
Acaso el mayor obstáculo para enfrentar al crimen organizado, tanto aquí como allá, sea lo que le dijo el Mayo Zambada a Julio Scherer García: “El narco está en la sociedad, arraigado como la corrupción” (Proceso, 1744).
A pesar de que el tema de la seguridad ha dejado de ser una prioridad en la agenda bilateral, al menos públicamente, la amenaza del crimen organizado y la violencia que lo acompaña son preocupación irresuelta y central para autoridades y ciudadanos de ambos países. De nada sirve tratar de evadir u ocultar el reto. La gravedad del asunto exige una reflexión autocrítica acerca de la estrategia fallida acordada por ambos países, a fin de elaborar una alternativa razonada y efectiva para enfrentar ese desafío compartido. Es indispensable que los gobiernos de México y Estados Unidos asuman la responsabilidad que les corresponde en un problema de carácter binacional, cuya solución requiere de una estrecha coordinación y colaboración en ambos lados de la frontera, basada en el respeto a la soberanía y en la confianza mutua. Es necesario rectificar.
Estados Unidos es el más grande consumidor de estupefacientes del mundo. La mitad de su población admite haber probado algún narcótico al menos una vez en su vida. Asimismo, nuestro vecino del norte es el mayor proveedor y contrabandista de armas en el planeta. El 10% de los distribuidores de armas de la Unión Americana están ubicados en ciudades fronterizas con México; sólo entre Texas y Arizona hay más de 12 mil armerías. No hay esperanza de que esta situación cambie en el corto plazo, dado que la reforma para controlar la venta de armas de alto poder acaba de ser rechazada en el Senado estadunidense. En su reciente visita a nuestro país, el presidente Barack Obama reconoció esa doble responsabilidad.
¿Qué ha impedido que la nación más poderosa del mundo resuelva esos problemas? David Shirk, director del Transborder Institute de la Universidad de San Diego, va al fondo del asunto: “Durante las últimas cuatro décadas, la guerra contra las drogas ha carecido de objetivos claros, consistentes y alcanzables; ha tenido un efecto insignificante en la demanda; el costo social y económico ha sido enorme.” (The Drug War in Mexico. Confronting a Shared Threat Council on Foreign Relations, 2011, p. 27). Tres cuartas partes de los ciudadanos estadunidenses piensan que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso. El énfasis en la oferta y la confrontación armada no ha tenido un impacto en el mercado de producción, distribución y consumo de estupefacientes.
La demanda manda. Las utilidades del comercio ilegal de estupefacientes en Estados Unidos se calcula entre 6 y 7 mil millones de dólares al año. Sólo un cuarto de esas ganancias procede de la mariguana. El dato es interesante debido a que el 98% de la droga confiscada en la frontera con México es mariguana (1.5 millones de kilos en 2009), en tanto que sólo se decomisaron 17 mil kilos de cocaína, con valor de 273 millones de dólares, a razón de 16 mil dólares el kilo. Por tanto, si se hubiesen decomisado 1.5 millones de kilos de cocaína (en lugar de mariguana) el monto incautado hubiera sido de 9.6 mil millones de dólares, es decir, una cifra superior al cálculo de las utilidades del narcotráfico.
La legalización de la mariguana representaría pérdidas para los narcotraficantes de entre 1 y 2 mil millones de dólares anuales. Ello permitiría que los agentes de seguridad estadunidenses en la frontera con México confiscaran cocaína y otras drogas peligrosas que representan la principal fuente de ingreso de los cárteles.
Poco se ha hecho para combatir el lavado de dinero y para aplicar la ley respectiva (Foreign Investment and National Security Act, 2007) que permita localizar, expropiar y seguir la pista a las inversiones procedentes del mercado negro de drogas. Es urgente desarrollar una estrategia para identificar, investigar y desmantelar los apoyos financieros y distribuidores al menudeo que trabajan para las organizaciones del narcotráfico en Estados Unidos.
Siempre me ha parecido inverosímil que el multimillonario negocio del tráfico de drogas en Estados Unidos se distribuya con toda libertad a lo largo y ancho del territorio estadunidense y que éstas se vendan al menudeo a través de pequeñas pandillas (gangs), sin que nada se diga acerca de posibles grandes socios de los cárteles mexicanos del otro lado de la frontera, y menos aún de la probable connivencia con autoridades estadunidenses.
¿Por qué no se ha combatido el lavado de dinero en Estados Unidos? ¿Cómo explicar que las autoridades estadunidenses no hayan utilizado en su propio territorio los Drones u otras tecnologías de seguridad y métodos de inteligencia que utilizaron con éxito en México para detener o ultimar a los capos (de lo que tanto se ufanó el presidente Calderón)?
Shirk propone que la oficina del gobierno estadunidense para la rendición de cuentas (U.S. Government Accountability Office) “analice las influencias de las redes del crimen organizado trasnacional en los cuerpos de seguridad de Estados Unidos y asegurarse de la cabal aplicación de la ley en la frontera, así como del adecuado uso de los recursos ante posibles vulnerabilidades y violaciones a la integridad”.
Aún está por conocerse la estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto para combatir el narcotráfico, pero se teme que, en el afán por distinguirse de su antecesor y de que disminuya la violencia, pudiera recurrirse a un pacto secreto con los narcotraficantes, a la usanza del viejo PRI. Sería desastroso e inadmisible.
Acaso el mayor obstáculo para enfrentar al crimen organizado, tanto aquí como allá, sea lo que le dijo el Mayo Zambada a Julio Scherer García: “El narco está en la sociedad, arraigado como la corrupción” (Proceso, 1744).
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