Piden a PGR indagar enriquecimiento sindical
México, DF.- La bancada del PAN en el Senado pedirá hoy a la
Procuraduría General de la República (PGR) iniciar una investigación y perseguir
el enriquecimiento inexplicable de los líderes sindicales en el País.
La petición fue registrada por la senadora Laura Rojas, integrante de la
Comisión de Anticorrupción en la Cámara alta, quien se pronunció por que el
Gobierno federal inicie una indagatoria sobre el patrimonio de los líderes
sindicales, luego de los escándalos protagonizados por el senador del PRI,
Carlos Romero Deschamps, y su familia.
“La Comisión Permanente del Congreso exhorta respetuosamente al Procurador
General de la República para que respondiendo a la satisfacción del interés
social y del bien común, investigue y, en su caso, persiga la probable comisión
de delitos, respecto al aumento inexplicable del patrimonio de algunos líderes
sindicales”, indica el documento.
La proposición incluye una petición para el Secretario de Hacienda, Luis
Videgaray, informe al Congreso si la Unidad de Inteligencia Financiera analiza,
investiga o ha recibido reportes sobre operaciones financieras que puedan ser
constitutivas de delitos, por parte de sindicatos de instituciones públicas.
“Que informe sobre actos que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera
para la comisión de los delitos previstos en el Código Penal Federal, sobre
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, por parte de sindicatos
regulados en los apartados A) y B) del artículo 123 de la Constitución”, refiere
el punto de acuerdo.
Rojas recordó que, en los últimos meses, se han revelado casos que ponen en
evidencia “el modo ostentoso de vida que llevan algunos líderes sindicales y sus
familias, lo que contrasta con el modo de vida de sus agremiados”.
Consideró que, en aras de la transparencia, la legalidad y los derechos
sindicales, debe esclarecerse el origen del patrimonio de los líderes
sindicales, y si existe incongruencia entre los ingresos y egresos.
El pasado 6 de mayo, Grupo REFORMA reveló que uno de los hijos del líder
petrolero y senador priista Carlos Romero Deschamps vive a todo lujo en Miami,
donde adquirió dos departamentos en un condominio de lujo en Miami Beach por los
cuales pagó 7 millones 550 mil dólares, de acuerdo con registros de la
propiedad.
“Debemos atender con urgencia el uso indebido de los recursos por parte de
dirigentes sindicales, que han mal obrado con las cuotas de sus pares, y también
con recursos públicos que reciben por diversos conceptos”, sostuvo la senadora
del blanquiazul.
¿Y el combate a la corrupción?
Una asignatura pendiente, que la partidocracia del Pacto por México ha marginado o relegado a un segundo o tercer plano, es el prometido —desde hace muchos sexenios— combate a la corrupción.
Antes de que Enrique Peña Nieto rindiera protesta como presidente de la República se filtró a la prensa que su gobierno desparecería la inútil y fallida Secretaría de la Función Pública (antes Contraloría) para sustituirla por una Comisión o Fiscalía Nacional Anticorrupción, dotada de amplias facultades para procesar y castigar a los funcionarios y particulares que se enriquecieran ilícitamente con recursos públicos.
También se dijo que su gobierno enviaría al Congreso de la Unión algunas iniciativas de ley o de reforma para hacer pública la cosa pública y para convertir al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) en un órgano ciudadano garante de la transparencia y la rendición de cuentas, no sólo del Ejecutivo y los poderes Legislativo y Judicial, sino de los gobernadores y los presidentes municipales.
Algunas de estas acciones y reformas legales incluso quedaron plasmadas en el Acuerdo Político Nacional suscrito por el presidente Peña Nieto y los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD, al día siguiente de la toma de posesión de aquél.
Ahí, los firmantes del Pacto por México estuvieron de acuerdo en impulsar una reforma constitucional para convertir al IFAI en un órgano constitucional autónomo, con facultades ante todos los poderes públicos federales (Compromiso 83), así como a establecer una Comisión Nacional Anticorrupción y un Consejo Nacional para la Ética Pública para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción (Compromisos 85 y 86).
De estas promesas se habla cada vez menos. Peña Nieto y los dirigentes del PAN, PRI y PRD han priorizado otros temas, algunos incluso estúpidos como el llamado adéndum al Pacto por México, mediante el que sus firmantes se comprometen —aunque usted no lo crea— “a sobreponer el interés del país y el de los mexicanos a cualquier interés partidario o individual”, “a cumplir con la palabra empeñada”, “a profundizar la transparencia”, y “a actuar bajo estricto apego a la Constitución y las leyes que de ella emanan”.
Es absurdo que los firmantes de este parche al Pacto, agregado tras el escándalo surgido en Veracruz por el uso partidista y electorero de los programas sociales de la Sedesol, acuerden cosas como garantizar sanciones a quienes hayan cometido o cometan delitos electorales, y se hagan de la vista gorda y mantengan un silencio cómplice frente a otros asuntos de mayor envergadura.
Tales casos serían el ofensivo enriquecimiento de los hijos de Carlos Romero Deschamps; los lujos y excesos del ex gobernador Humberto Moreira, que dejó vacías y endeudadas las arcas de Coahuila; los negocios de los dirigentes del Partido del Trabajo con los Centro de Atención y Desarrollo Infantil (Cadis); el influyentismo de la hija del titular de la Profeco, Andrea Benítez, mejor conocida como Lady Profeco; los excesos y abusos en que incurrieron, durante el ejercicio de sus funciones, el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, y la ex procuradora Marisela Morales.
Además, la corrupción de los ex gobernadores de Chiapas, Juan Sabines, y de Tabasco, Andrés Granier; los excesos en que incurrieron los ex mandatarios de Morelos, Marco Antonio Adame, y de Jalisco, Emilio González; los negocios y corruptelas de otros dirigentes sindicales como Juan Díaz de la Torre, a quien el gobierno peñista pareciera haber perdonado tras colaborar en el golpe a Elba Esther Gordillo.
Y para citar algo mucho más reciente, el supuesto fraude en que habría incurrido el ex director jurídico de Pemex y ex dirigente nacional del PAN, César Nava Vázquez, en contra de la paraestatal durante las obras de reconfiguración de la Refinería de Cadereyta.
Las buenas intenciones de Peña Nieto de emprender una cruzada nacional contra la corrupción no deben quedarse en el discurso o en el papel, sino llevarse a la práctica. Y para ello no creo necesario que deban crearse más organismos o nuevas leyes en la materia. Lo que hace falta es voluntad política y acciones de fondo —y no cosméticas, como el golpe asestado a Elba Esther Gordillo.
La clase política que ha malgobernado al país —de hecho o de derecho— también tiene que pagar factura y asumir las consecuencias de sus excesos y latrocinios, y eso no puede quedar fuera del Pacto por México o terminar en un combate selectivo y discrecional, dirigido sólo a aquellos enemigos de los firmantes del Acuerdo Político Nacional, suscrito el pasado 2 de diciembre en el Castillo de Chapultepec.
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Ley 21 (de Las 48 Leyes del Poder de Roberto Greene)
FINJA CANDIDEZ PARA ATRAPAR A LOS CÁNDIDOS; MUÉSTRESE MÁS TONTO QUE SU VÍCTIMA
“A nadie le gusta sentirse más estúpido que los demás. Por lo tanto, el truco consiste en hacer sentir sagaces e inteligentes a sus víctimas y, sobre todo, más sagaces e inteligentes que usted: Una vez que las haya convencido de esto, nunca sospecharán que usted tiene motivaciones ocultas contra ellos”.
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