Que me devuelvan a mi hijo
A lo largo de 15 años documentando la violencia en mi país, he aprendido las más grandes lecciones de ética, de humanismo, de solidaridad. Aprendí, porque necesitaba entenderlo para explicarlo y porque es la responsabilidad de una reportera estudiar y conocer lo que se investiga, de qué está conformado el andamiaje de la impunidad, los materiales férreos y sólidos de la corrupción. Y retraté la mirada, perdida en el hartazgo a veces, a veces gélida, de miles de servidores públicos, desde presidentes hasta legisladores, pasando por policías y procuradores. Documenté su soez trato a las víctimas, su ineficacia profesional, su intolerancia hacia una prensa inquisitiva. Pero ellas seguían andando.
Y 15 años después miro a las madres defender el derecho a saber sobre sus hijos, sobre sus hijas; buscarles en cada rincón del país, decir sus nombres al amanecer y al anochecer, como quien eleva una plegaria para que el milagro se haga presente. Plegaria, del latín precari: rogar, suplicar. En este país se exige justicia, se ruega compasión, se suplica que las autoridades trabajen, que indaguen y busquen hasta encontrar a los hijos y las hijas desparecidas. Sin embargo, las respuestas de la autoridad dejan más desconcertadas a las madres sobrevivientes de una tragedia que crece como una montaña.
Lía Limón, de la Secretaría de Gobernación, asegura que durante el sexenio de Felipe Calderón se documentó un registro con los nombres de 26,121 personas desaparecidas en México. Es decir, según la Segob desaparecieron en nuestro país 11.9 personas diariamente. Y ante el azoro del país, la frustración de las madres y de la FUNDEM (Fuerzas Unidas Por Nuestros Desaparecidos en México), José Oscar Vega, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, asegura que la PGR sólo cuenta con un registro documentado de 5,300 personas desaparecidas en 10 años.
Mientras las autoridades prometen, las madres se movilizan, buscan, demandan, documentan y la solidaridad que encuentran está en la sociedad civil. Porque la autoridad se niega a investigar los casos de desapariciones forzadas, en las que servidores públicos están relacionados. Porque luego de millones de dólares invertidos en la mentada súper Secretaría de Seguridad Pública, en armamento, en equipos de espionaje para mejorar la capacidad e inteligencia del Estado, ahora el PRI anuncia que lo que hicieron durante seis años no sirve, que hay que volver a comenzar. Pero ellas seguían andando.
Entonces las madres se plantan frente a la PGR, exigen verificar si sus hijos e hijas aparecen en esa base de datos, que es en realidad la única que podría llevarles a encontrar a las y los desaparecidos, por la sencilla razón de que la lista de la PGR se basa en Averiguaciones Previas. La otra, dicen las fuentes de PGR, la que dice que hay 26,121 personas desaparecidas en seis años, es política pero inservible. Por su parte la organización Human Rights Watch asegura que durante el sexenio pasado hubo casi 250 desapariciones de las cuales 149 casos muestran la participación de miembros de las fuerzas del orden, por lo que se consideran desapariciones forzadas.
Entonces, me dice una madre cuya hija fue raptada hace tres años en Tamaulipas, si mi hija no aparece en esa lista ¿no existe?, ¿no la han buscado en tres años? Las madres de México marchan por sus familiares, pero marchan también por los nuestros, por el país. Ellas exigen que se esclarezca la manera inconsistente en que se documentan las desapariciones. Ahora en la PGR nos dijeron que tienen que hacerlo bien, porque los otros no hicieron su trabajo, dice una activista de Oaxaca con la voz quebrada.
¿Dónde estaba el PRI cuando García Luna y Marisela Morales, en su guerra por el poder, dejaron, como ha dicho Murillo Karam, elefantes blancos en las dos instituciones federales de seguridad y justicia? Porque allí estaban todos los gobernadores priistas, incluido Osorio Chong y Peña Nieto, sentados en la mesa del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobando, tomando decisiones. Allí estaban ellos, todos estos priistas que ahora dicen que nada funcionó, sentados en la mesa con el Presidente Calderón, con la Sedena, la Semar, Segob, SSP y el Secretario Ejecutivo del Sistema, felicitando a García Luna. ¿Qué hacían en esas reuniones si no era acordar las estrategias de seguridad y los presupuestos? ¿acaso leyeron los informes?
Hoy 10 de mayo marchan en México las madres de miles de personas que pueden estar cautivas en manos de tratantes, cautivas en otros países, esclavizadas en un matrimonio servil, cautivos en un cártel, esclavizados en algún rancho trabajando. Hombres, mujeres, niñas y niños que pueden haber muerto hace meses, en manos de policías corruptos, de sicarios, de militares despiadados, o cuyas vidas están en peligro.
Ellas no se dan por vencidas, ellas no se callan. Levantan la voz con el nombre de sus familiares, llevan la cuenta de los días, llevan la cuenta de las muertes, llevan la cuenta de las infamias de un Estado ineficaz, incapaz de reconocer el dolor de esa pérdida. Incapaz de darle valor a la vida humana. Incapaz siquiera de asumir su verdadera responsabilidad en la cuenta de las y los desaparecidos. Porque ellas seguirán andando no podemos dejarlas solas.
@lydiacachosi
Gases Peligrosos
La explosión de la pipa de doble remolque en San Pedro Xalostoc parece conmover más a la opinión pública nacional e internacional que a los propios pobladores del municipio de Ecatepec, acostumbrados, quizá, a vivir en medio de la impunidad urbana, el clientelismo de todos los partidos y la impunidad de empresas como Termo Gas, una de las decenas que se han instalado en el valle metropolitano sin cumplir mínimas reglas de protección civil.
La brutalidad del recuerdo de San Juanico hace inevitable la comparación con lo ocurrido en Xalostoc, aunque las dimensiones de la primera tragedia (500 muertos, más de tres mil heridos) fueron mucho mayores. Y las lecciones aprendidas prácticamente nulas.
En septiembre de 2008, a dos semanas de cumplirse el aniversario 24 de las explosiones en una de las zonas más pobres del Estado de México un sondeo de Parametría titulado “Percepción sobre las gaseras ubicadas en San Juanico” indicaba que el 85 por ciento de los pobladores se sienten habitando sobre “una bomba de tiempo”, mientras el 72 por ciento aún considera “muy probable” una explosión.
La percepción de peligro no se modificó ni con el cierre del gasoducto de Pemex que recorría los 18 kilómetros de la zona que va de Venta de Carpio a San Juan Ixhuatepec.
A Pemex lo sustituyó el pulpo gasero que se ha instalado en el Valle de México, representadas por empresas como Gasomatico y Unigas, ambas propiedad del empresario juarense Tomás Zaragoza, siempre mencionado en los peores episodios, incluyendo los feminicidios de Chihuahua; Vela Gas y Bello Gas, de Lázaro Bello; Gas Metropolitano, de Eduardo Ramírez y Gas y Servicios, todas mencionadas en la columna “Empresa” de Alberto Barranco, en El Universal.
Los habitantes de esta zona, según la encuesta de Parametría, consideran que el peligro ya no es Pemex sino los vehículos que transportan gas LP, que circula todos los días por esta zona.
El accidente en Xalostoc pudo ocurrir antes o después. Toda la zona es una “bomba de tiempo” porque tanto las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como las estatales y las municipales de Ecatepec han autorizado la ampliación de la autopista México-Pachuca, ignorando las propias reglas y normas que se han establecido para estas regiones densamente pobladas.
Abogados especializados en responsabilidad civil y patrimonial, entrevistados por La Jornada, indicaron que la explosión de la pipa tuvo efectos legales por “la irresponsabilidad, negligencia y/o corrupción de funcionarios públicos federales y mexiquenses”.
La ampliación de la autopista México-Pachuca (de dos a cuatro carriles) se realizó violando el artículo 2, fracción III, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal. En este precepto se establece que el derecho de vía para la ampliación de una autopista debe garantizar una distancia no inferior a 20 metros de las zonas habitadas. En el lugar de la explosión no existían ni dos metros de distancia.
Los abogados del despacho Corporativo Jurídico Sanitario calculan que cada uno de los familiares podría reclamar 3.7 millones de pesos por indemnización por cada víctima, tanto a la compañía Termo Gas como al gobierno federal.
A cambio, el gobierno estatal de Eruviel Ávila presumió en los medios de comunicación un “apoyo inicial” de 20 millones de pesos, un peritaje para revisar las 36 viviendas afectadas y donaciones en material de construcción. De la empresa involucrada no se sabe nada, ni siquiera que exista una investigación en curso. El único detenido por las autoridades capitalinas es el conductor Omar Díaz Olivares, quien perdió el control del tractocamión.
La tragedia vuelve a recordar que en el Estado de México la prioridad es la inversión impune de cientos de empresas industriales, a costa de las zonas urbanas construidas como un granero electoral y clientelar.
Si nada ha cambiado a casi tres décadas de la tragedia de San Juanico, si los “gases metano” de la torre de Pemex pueden explicar todo sin que exista ningún responsable, qué nos espera en un país donde se pretende privilegiar la infraestructura gasera por encima de los habitantes.
Ese es el estilo impuesto en décadas de gobiernos priistas que se encubren unos a otros, antes y después de Eruviel Avila. Y ahora más con su ex jefe Enrique Peña Nieto y el Grupo Atlacomulco en la presidencia de la República.
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