Agua, ¿bien común o negocio privado?
| Autor: Prensa Latina |
Sección: Línea Global
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21 Agosto 2011
Corporaciones multinacionales –entre las que destacan Marck & Co, Siemens, Veolia y Suez– se adueñan del agua. El negocio implica miles de millones de dólares en el mundo y se da tanto en los servicios hídricos como en la venta del líquido embotellado; no obstante, todavía hay quienes defienden el agua como un bien público y social
Tatiana Martínez Hernández/Prensa Latina
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirma que el agua es un derecho humano esencial; no obstante, grandes empresas privadas se adueñan de este recurso en el planeta.
Desde julio de 2010, la ONU consideró este recurso, junto al saneamiento básico, como un bien común universal para el pleno disfrute de la vida. Esta resolución fue adoptada a iniciativa de Bolivia y de su presidente, Evo Morales, quien lidera una campaña internacional contra la privatización del líquido vital.
Recientemente, Morales respaldó los resultados de dos referendos en Italia que rechazaron, con más del 90 por ciento en contra, la apropiación por compañías privadas del agua potable en ese país europeo, y criticó la política de liberalización que todavía persiste en el viejo continente.
La visión del agua como un bien común de la humanidad se expande por el mundo gracias a la lucha de las organizaciones y de los movimientos sociales indígenas y campesinos de Bolivia, afirmó el mandatario del Estado plurinacional suramericano.
En la actualidad existe un debate ético entre quienes defienden al agua como un bien social relacionado con el derecho a la vida y aquellos que lo asumen como un negocio multimillonario.
Para el neoliberalismo económico se trata de un bien comercial, como el petróleo, un automóvil o una prenda de vestir, y, aunque el acceso a ésta es una necesidad, no se considera un derecho humano esencial.
El analista Edmundo Fayanás publicó en el sitio Rebelión que, en medio de esta fiebre por el “oro azul”, ha surgido una industria cuyo valor rondó, según estimaciones del Banco Mundial (BM), el billón de dólares, en 2001.
Entre las principales industrias del sector, se encuentran las corporaciones multinacionales con fines lucrativos que ofrecen servicios hídricos o venden agua embotellada, con lo que obtienen grandes beneficios, indica Fayanás.
Tanto los países industrializados, como el BM, propagan la privatización del tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales como la fórmula para salir de la crisis económica actual. París, Madrid y Roma son ejemplos de labores de acaparamiento privado del agua.
Según un artículo publicado en el sitio Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, la administración local de Madrid concedió en 2009 la “joya de la corona a unas multinacionales con oscuros propósitos, como son Acciona, Fomento de Construcciones y Contratas, Aguas Barcelona o Grupo Agbar (Suez)”.
En esa urbe prolifera la venta de agua embotellada, aunque la pureza y tratamiento de las aguas del Canal, en explotación desde hace más de un siglo y medio, son avaladas por los especialistas.
Además de eficaz, el Canal es una empresa rentable con beneficios anuales que rondan los 100 millones de euros, aseguran los expertos.
Juantxo Uralde, en tanto, alaba la calidad del preciado líquido madrileño y se pregunta: “¿Qué ganamos transfiriendo este caudal a manos privadas? O mejor dicho, ¿acaso ganamos algo?”.
En la década de 1980, el agua de París fue privatizada en medio del impulso neoliberal, afirma el sitio, y en junio pasado, tras su deterioro y carestía, fue devuelta a las autoridades municipales, de manos de la compañías Veolia y Suez.
Para el periodista Juan Gelman, el calentamiento global y los cambios climáticos que conlleva, han convertido el agua en algo tanto o más codiciado que el petróleo, y grandes empresas se están adueñando de ese recurso natural, extrañamente, con la ayuda de la ONU.
En un material publicado en el sitio Cuba Debate, Gelman advierte que los megapolios, como Marck & Co y Siemens, se amparan en el mandato de la ONU para privatizar el bien común.
Como sucede con otros proyectos importantes del organismo internacional, en los cuales el Fondo Monetario Internacional (FMI), el BM y bancos de desarrollo regionales en general se encargan de manejarlos.
Maud Barlow, presidenta del Consejo Nacional de Canadienses, señala que el planeta está en vísperas de una crisis de proporciones aterradoras en materia de abastecimiento de agua.
La ecologista canadiense denuncia al FMI por forzar a las naciones endeudadas a vender bienes públicos, incluso los acuíferos, como condición para otorgar ayuda financiera. Todo el sistema está regido por estas corporaciones, las cuales sólo buscan ganancias, naturalmente, afirma.
Barlow, autora del libro Oro azul, admite que la ONU carece de fondos suficientes, y sus organismos y programas recurren al patrocinio privado para funcionar. Repartido de manera desigual en el mundo, el tratamiento deficiente en naciones en desarrollo, los efectos del cambio climático y los pronósticos de su agotamiento a escala global apuntan a agravar las disputas en torno a la tenencia, uso y distribución del recurso natural.
Un informe de la ONU en Nairobi, Kenya, asegura que más de 1 mil millones de personas carecen del servicio de agua potable, y el tomarla contaminada produce más muertes que cualquier otro fenómeno, incluida la guerra.
La crisis humanitaria y la hambruna que desató la intensa sequía en el cuerno africano, en especial en Somalia, demuestra la urgente necesidad de unir esfuerzos internacionales para generar políticas no sólo de ayuda momentánea, sino para desarrollar acciones a largo plazo que ofrezcan soluciones a millones de personas afectadas.
Para el presidente Evo Morales sin agua no existe la vida, ni derechos humanos, ni la madre tierra; por tanto, la resolución de la ONU debe respaldar las políticas necesarias para tratar el agua como un servicio y no como un negocio.
Resistencia contra la presa El Zapotillo
Francisco López Bárcenas
El 17 de junio del presente año el señor Olivier De Schutter,
relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación,
estuvo en el pueblo de Temacapulín, perteneciente al municipio de Cañadas de
Obregón, en el estado de Jalisco. Llegó atendiendo una invitación que los
habitantes del pueblo le hicieron para que constatara directamente la violación
de una serie de derechos humanos debido a la construcción de la presa El
Zapotillo, los cuales repercutían en la violación al derecho a la alimentación,
recientemente elevado a rango de garantía constitucional por el Congreso de la
Unión, aunque todavía se encuentra pendiente su aprobación en diversos congresos
de los estados de la República para que entre en vigencia. Como parte de su
misión, también visitó Talicoyunque, lugar donde el gobierno pretende reubicar a
los afectados por la construcción de la presa.
Lo que el funcionario internacional vio y escuchó en ese lugar debió
impresionarlo mucho, porque en su declaración oficial, que emitió al terminar su
misión, anotó:
El relator especial visitó la comunidad de Temacapulín, donde los habitantes durante los últimos seis años han tratado de detener la construcción de la presa El Zapotillo que inundaría esta ciudad de alrededor de 400 habitantes. Tras su debate con un representante de la Comisión Estatal del Agua y con las personas que viven en Temacapulín, el relator especial está preocupado de que la tierra que se ofrece como compensación no permitirá a los habitantes de Temacapulín seguir trabajando en los cultivos de los que dependen los medios de subsistencia de muchos de ellos.
Llegó a esa conclusión después de constatar que los afectados viven de la
agricultura y que en el lugar donde los pretenden reubicar ya no podrán
practicarla, además de que no se les consultó ni tampoco se han respetado las
sentencias que han ganado en los tribunales administrativos y judiciales.
Eso fue hace dos meses. Ahora las cosas han empeorado para quienes se oponen
a la construcción de El Zapotillo.
En lugar de atender las recomendaciones del relator, los funcionarios han
reforzado sus actividades para la construcción de la presa, sin que les importen
las sentencias de amparo que les ordenan detenerla ni los juicios
administrativos ganados por los inconformes ni la opinión del funcionario
internacional invitado por el mismo gobierno para constatar la situación del
derecho a la alimentación en nuestro país.
Todo indica que los gobiernos federal y de Jalisco, incluso con apoyo de la
jerarquía católica de ese estado, están dispuestos a sacar la obra adelante, sin
importarles los derechos de los afectados que con eso perderán su patrimonio y
verán truncadas sus esperanzas de una vida digna.
El perímetro de terreno donde la obra se construye se encuentra cercada por
la empresa constructora y la policía federal resguarda día y noche las entradas;
no quieren otra sorpresa, como la de finales de marzo, cuando los habitantes de
Temacapulín, Acasico y Palmarejo, los tres pueblos más afectados por la obra,
colocaron un campamento en el lugar donde se construye la presa y paralizaron
los trabajos.
Paralela a la actividad policial, el gobierno ha lanzado una gran campaña de
medios con la finalidad de convencer a los jaliscienses de que la obra los
beneficia. En estas acciones no están solos. El 31 de mayo en las oficinas
centrales del Instituto Nacional de Antropología e Historia se modificó el
dictamen que esa misma institución había signado un mes antes para adecuarlo a
las peticiones de la Comisión Nacional del Agua. De acuerdo con los inconformes,
la modificación del dictamen se acordó en Los Pinos el 17 de mayo. Para
satisfacer los deseos de los empresarios que se beneficiarán con la obra, los
funcionarios no respetan ni sus propias actuaciones.
Pero no tienen la última palabra, porque los afectados se mueven para
defenderse: acuden a espacios públicos para denunciar la violación de sus
derechos; articulan sus acciones con otros grupos sociales que luchan por los
mismos fines, y hasta con los que enarbolan otras demandas, como el de Paz con
Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia; además de seguir los
juicios ante tribunales.
Como parte de esa resistencia, el 21 de agosto integran la caravana Por el
agua, por la paz, para todos y para siempre, que recorrerá la región de Los
Altos, pasando por los municipios de Cañadas de Obregón, Valle de Guadalupe,
Pegueros, Tepatitlán, Zapotlanejo y El Salto, famoso por ser uno de los más
contaminados de México. El día 22 entró la marcha a Guadalajara. Otro tanto
harán los migrantes en Los Ángeles, California, hasta donde han extendido su
lucha. No están dispuestos a que su futuro se trunque por los intereses de los
dueños del capital. Por eso, en su lucha de resistencia también imaginan otra
forma de vida.
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