La impunidad del Presidente-Saldos de la represión política en México

La impunidad del Presidente

Enrique Calderón Alzati

El tráfico de seres humanos constituye hoy una de las conductas más deleznables que difícilmente pueden ser consideradas por cualquier sociedad. En México, esta vergonzosa y lacerante forma de actividad de explotación fue condenada y abolida como concepto por Miguel Hidalgo y Costilla, el Padre de la Patria, y esto es una de las primeras cosas enseñadas en las escuelas de todo el país. Sin embargo, las noticias que escuchamos casi todos los días confirman desde hace un año que ello constituye una práctica regular y masiva en perjuicio de ciudadanos de países centroamericanos, sobre los cuales en la escuela se nos enseña también que los debemos considerar hermanos, todo ello a partir de aquella noticia que sacudió al país y al mundo entero sobre el descubrimiento de una fosa en el estado de Tamaulipas con los cuerpos acribillados, unas horas antes, de 78 personas.

Lo más ominoso del caso es que los individuos involucrados en estos hechos criminales, son miembros del Instituto Nacional de Migración, cuya función supuestamente es vigilar la entrada de migrantes de los países vecinos, asegurando el respeto a sus derechos humanos, por lo cual reciben un salario pagado por el Estado mexicano. Lejos de cumplir con su deber, su ocupación real consiste en cazar esos migrantes, para luego transportarlos y venderlos como mercancía a los grupos delictivos, los cuales deciden su futuro, bien sea la muerte o su incorporación a las mismas fuerzas delictivas. Aunque terrible, la conducta de estos criminales es consistente con todas sus demás acciones. La de los agentes de migración es en cambio sorprendente y requiere una identificación de las causas que la reproducen; ellas incluyen desde luego dos: la permisividad en la selección de personal y la idea generalizada, en amplios sectores del gobierno, y muy especialmente en los relacionados con la seguridad, que se conoce como impunidad.

En esta semana, el presidente Felipe Calderón se refirió al tema de la impunidad, como un problema grave y generalizado de México, al cual hay que combatir y erradicar. En ello seguramente muchos estamos de acuerdo; sin embargo, es importante señalar que este problema es en el gobierno donde está enquistado, tanto o más que en los grupos delictivos. Entre los trabajadores, los comerciantes, los mismos empleados de gobierno, las amas de casa, los estudiantes, los profesionistas y demás sectores de la población, nuestra conducta incluye el respeto a las leyes, y cuando infringimos alguna, sabemos que estamos en riesgo de ser castigados, y que incluso el castigo puede ser mayor del que nos imaginamos. Muchos delincuentes saben que este es su caso, pero estando conscientes de este riesgo, lo toman, porque saben que no hay marcha atrás y que los delitos anteriores ya no les permiten regresar a una vida normal, por lo que no tienen otros caminos que entregarse a la justicia o seguir delinquiendo.

Para los funcionarios de gobierno, y muy especialmente los de las fuerzas de seguridad, su conocimiento de las redes de complicidad interna, que tienen su origen en los puestos más altos, desde donde se extienden hacia abajo, los integra a algo que podemos llamar la cultura de la impunidad. Los ejemplos son observados todos los días, estudiados por ellos, comentados entre compañeros y alentando la posibilidad de réplica, generando las enormes e inadmisibles redes de corrupción que han llevado al país a su situación actual, constituyendo parte central de la tragedia y la violencia en la que estamos sumergidos.

No se requiere ser especialista en el tema para observar que la impunidad es el factor principal que alimenta la corrupción, y que ésta siempre se inicia en los niveles más altos de las estructuras administrativas, porque es en ellas donde existen los mayores recursos para eludir las responsabilidades, sobre todo en el caso de nuestro país, donde no existe caso alguno de funcionarios removidos de sus cargos y sometidos a la justicia por conductas indebidas. Algunos lectores podrían diferir de esta afirmación, señalando, por ejemplo, los casos de Jorge Díaz Serrano o de Raúl Salinas de Gortari, pero resulta que esos individuos, no obstante que efectivamente eran delincuentes, no fue por ello que fueron castigados por la justicia, sino por vendettas en los círculos de poder.

Adonde realmente quiero llegar es al hecho de que en nuestro país la impunidad comienza en la cúspide del poder, en la misma Presidencia de la República, y en las gubernaturas de los estados, de allí se radia a los siguientes niveles de gobierno; pensemos por ejemplo en la imagen actual del señor Vicente Fox, que sin reservas ha comentado sus fechorías, que vive como príncipe en su castillo, que dio poderes absurdos a su mujer para que ésta y sus hijos cometieran todo tipo de actos delictivos, incluyendo desde luego el tráfico de influencias, y que se sabe intocable por la justicia. Del caso de Salinas, ni para qué hablar, y pronto será el caso del mismo Felipe Calderón, que lejos de sentirse responsable de sus actos debe estar planeando cómo va a disfrutar de su retiro, sin ningún remordimiento de conciencia por los delitos que ha permitido entre sus colaboradores cercanos y por sus propias acciones al margen de la ley, los que en otros países lo llevaría a un tribunal, a responder por sus actos de usurpación, de uso inconstitucional de las fuerzas armadas, de la entrega de la soberanía nacional, con tal de lograr el reconocimiento del gobierno estadunidense, y de alguna manera, por el baño del sangre en el que ha sumido al país. Mientras los mexicanos sigamos permitiendo que la impunidad sea el principal recurso que puede ejercer el Presidente de la República, difícilmente las cosas van a mejorar.

Jugando ruleta rusa - Fisgón

Saldos de la represión política en México

Miguel Concha

El 13 de agosto de 2001 fueron detenidos ilegalmente y torturados en la ciudad de México Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras, estudiantes de la UNAM, junto con Pablo Alvarado Flores, indígena vendedor en mercados ambulantes. Esas violaciones a los derechos humanos, y el posterior encarcelamiento de los detenidos en penales de máxima seguridad, fueron el origen de la organización de derechos humanos Comité Cerezo México.

En un inicio su objetivo central fue demostrar jurídicamente la inocencia de los detenidos, acusados, entre otros delitos, de terrorismo y delincuencia organizada, y obtener su libertad. Fue en ese proceso de lucha por el cumplimiento a cabalidad de la ley como los integrantes del comité aprendieron la importancia de los derechos humanos y del marco jurídico nacional e internacional que los protege, así como que éstos, con la documentación responsable de los casos de sus violaciones, eran los instrumentos necesarios e indispensables para defender los derechos de las personas injusta e ilegalmente presas.

Lo que comenzó entonces como una lucha por cuatro presos, pronto se convirtió en la lucha por obtener la libertad de todos los presos por motivos políticos y de conciencia. Para ello el Comité Cerezo participó, con otras organizaciones, en los años 2002 y 2003, en la Coordinación Nacional por la Libertad de los Presos Políticos y de Conciencia, y hasta finales de 2006 en la comisión de derechos humanos de la Promotora por la Unidad contra el Neoliberalismo, que ese año impulsó la lucha por una ley federal de amnistía. En octubre de 2007 se incorporó también al Frente Nacional Contra la Represión.

Fueron éstos años difíciles, pues a las limitaciones materiales se fueron sumando las amenazas de muerte a sus integrantes (la primera en diciembre de 2001, hasta llegar a 13) y la estigmatización como terroristas o fachada de grupos subversivos de los presos y de quienes luchaban por su libertad. Sin embargo la perseverancia tuvo buenos resultados: en marzo de 2005 Alejandro Cerezo Contreras obtuvo su liberación y salió de un penal de máxima seguridad, exonerado de todo delito. En agosto de 2006 Pablo Alvarado Flores fue también liberado y, por último, en febrero de 2009 Antonio y Héctor Cerezo Contreras salieron libres después de siete años y medio de permanecer presos en tres diferentes cárceles del país.

Este mes el Comité Cerezo celebra 10 años de actividades, y la lucha por la libertad de todos los presos por motivos políticos sigue siendo un eje fundamental de su trabajo. Por ello participaron en el Comité Libertad y Justicia para Atenco y colaboraron en la elaboración del informe sobre ese caso, realizando el Informe sobre las condiciones penitenciarias en los penales del Altiplano y de Molino de las Flores (2010). Hicieron también este año el Resumen del caso de Miguel Márquez Ríos, preso de conciencia del SME. Sin embargo, al eje de la lucha por los presos por motivos políticos se han agregado otros: la formación de defensores de derechos humanos, capaces de identificar sus violaciones, de documentarlas y de acompañar a las víctimas en su lucha por la verdad, la justicia, la reparación integral de daños y la memoria.

Con ese objetivo, tan sólo en un año el Comité Cerezo ha impartido 22 talleres a diferentes personas y organizaciones, y de abril a julio del presente año llevó a cabo la Escuela de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, en la cual se graduaron 23 personas. Otro eje de su trabajo es fortalecer la cultura de la seguridad entre las organizaciones sociales y los defensores de derechos humanos, para lo cual el comité ha impartido 26 talleres de agosto de 2010 a agosto de 2011, e impulsado también a través de la asociación civil Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos otros mecanismos de protección para ellos.

Otro eje de trabajo son los informes: en 2010 el Comité Cerezo presentó el informe La cárcel: una forma de criminalización de la protesta social en México (2002-2008). Su objetivo era demostrar con datos duros que la cárcel por motivos políticos existía en el país. Sin embargo, en ese informe ya se planteaba someramente que la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada eran una forma de agresión a defensores que tendía a subir, y es este precisamente el tema que toca de manera central el nuevo informe, Saldos de la represión en México 2009-2010: una guerra contra el pueblo, que el Comité Cerezo presentó el pasado 24 de agosto en el Centro Universitario Cultural.

En dicho informe se plantea la tesis de que vivimos un proceso de conformación de un Estado terrorista, aunque no exento de contradicciones, avances y retrocesos debidos a las resistencias que le opone la sociedad organizada, el que ha relegado casi por completo su función de promover y garantizar los derechos humanos, y de investigar y sancionar las violaciones a los mismos. Se puede o no estar de acuerdo con dicha tesis, pero en el informe podemos encontrar datos duros que la sustentan: de 40 defensores agredidos entre 2009 y 2010, 18 (45 por ciento) fueron encarcelados, 15 (38 por ciento) fueron ejecutados extrajudicialmente y siete (17 por ciento) fueron detenidos y desaparecidos. Podemos identificar además que el número de presos y ejecutados es casi el mismo, lo cual es grave. El informe es un intento por explicar por qué fenómenos como la militarización, la paramilitarización y la criminalización de la protesta social crecen y se arraigan lamentablemente en la vida cotidiana de nuestra sociedad, en vez de disminuir. Sin embargo hay esperanzas. Las que nacen de la lucha por la verdad, la memoria y la justicia.