Democracia secuestrada
Manlio Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto.
Foto: Senado
Foto: Senado
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Las luchas políticas que libran los dos aspirantes a la candidatura presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones, mantienen paralizada la acción legislativa, muy particularmente en lo referente a reformas constitucionales y legales que permitan avanzar en la construcción de una nueva institucionalidad más acorde a la pluralidad existente en la realidad mexicana.
La parálisis se genera porque cada uno de los presidenciables tricolores controla a la mayoría de los integrantes de la fracción parlamentaria de su partido en una de las cámaras: Beltrones tiene mayoría en la de senadores, y Peña Nieto en la de diputados. Y son esas divisiones las que impiden lograr la mayoría necesaria en ambas cámaras.
La iniciativa de reforma política aprobada el 27 de abril de este año en el Senado de la República está congelada en la Cámara de Diputados porque no incluye las propuestas de quien fue gobernador del Estado de México hasta el pasado viernes 16, Enrique Peña Nieto, entre las que destaca su intención de “…retomar la cláusula de gobernabilidad, que permitiría alcanzar la mayoría absoluta al partido que obtenga una mayoría relativa de 35% o más de la votación”, como señaló en un artículo publicado en el periódico El Universal el 16 de marzo del año pasado.
Ante su perspectiva de alcanzar la Presidencia de la República en las elecciones del 1 de julio del 2012, el hoy exgobernador mexiquense busca obtener mediante una disposición constitucional una mayoría que no piensa que la ciudadanía le otorgue en las urnas. La denominada cláusula de gobernabilidad es una forma de lograr mayorías parlamentarias burlando la voluntad popular, bajo el pretexto de que es la única vía para construir gobiernos funcionales.
Ahora el otro aspirante a dicha nominación, que según todas las encuestas de preferencia electoral tiene menores probabilidades que Peña Nieto de lograr la candidatura del tricolor y, por ende, la Presidencia de la República, presenta una nueva iniciativa de reforma constitucional para dar paso a los gobiernos de coalición, que contempla una participación de las cámaras en la observancia de las “políticas públicas convenidas por las partes” que respalden al gobierno de coalición.
Asimismo, inventa una fórmula sui géneris de gobierno de coalición (que él denomina en la exposición de motivos “…única y específica para el sistema político mexicano…”), que obliga a los partidos políticos que lo respalden a convenir desde el acuerdo de coalición y las políticas públicas que implementarán hasta el registro de éstas ante cada una de las cámaras para su observancia.
En este proyecto de reforma, Beltrones no precisa qué implica pactar “un gobierno de coalición”, pero se deduce que dicho pacto incluye la integración de un gabinete pluripartidista (aunque, según su iniciativa, para dar paso a un gobierno de coalición la integración del mismo debe proceder de un acuerdo de “carácter institucional y democrático”) y el impulso de las políticas públicas convenidas. Esto, pese a que, en la práctica, ambas acciones se pueden realizar sin la necesidad de reconocer formalmente que se optó por “un gobierno de coalición”.
El problema de esta iniciativa es que condiciona y, eventualmente, cancela la adopción de una disposición trascendente y positiva por sí misma, la ratificación de los integrantes del gabinete presidencial por el Senado, que fue propuesta el año pasado por el propio Beltrones como líder de su grupo parlamentario.
De acuerdo con esa iniciativa de reforma política, presentada en febrero de 2010, el objetivo de la ratificación del gabinete por parte del Senado, como “medida de control y de mera verificación sobre la idoneidad de los colaboradores del presidente (…) es impedir la improvisación de los funcionarios y evitar que el ejercicio del poder político se lleve a cabo de una manera irresponsable…”. La misma iniciativa señala, por otra parte, que tal disposición “…implica una gran ventaja desde el punto de vista de la efectividad del gobierno: El hecho de que los colaboradores del Ejecutivo sean ratificados, facilita la cooperación política entre estos dos poderes, sobre todo en un escenario en el cual el partido del presidente pudiera no tener la mayoría parlamentaria”.
Como es evidente en la exposición de motivos de esta propuesta de Beltrones, la sola ratificación del gabinete por parte del Senado genera incentivos para la construcción de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas y, eventualmente, puede conducir a un gobierno de coalición. En consecuencia, no hay razón para establecer más requisitos y candados, como lo hace la más reciente iniciativa beltronista, para la integración de gobiernos de coalición.
Basta revisar la exposición de motivos de la primera iniciativa priista para valorar la importancia de que el Senado ratifique la designación de los secretarios de Estado, medida que por sí misma sería de gran importancia para avanzar en la construcción de la democracia en México. Mas si tras esa revisión persistieran las dudas, éstas se disiparían al observar, por ejemplo, la gran movilidad que ha tenido el gabinete del actual presidente Felipe Calderón y lo arbitrario y discrecional de sus designaciones, que no se fundan en competencias y funciones, sino en el grado de amistad y lealtad que los funcionarios tienen con el presidente.
Por ahora, es evidente que las ocurrencias y ambiciones divergentes de Beltrones y Peña Nieto impiden avanzar en la construcción de una institucionalidad democrática.
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La parálisis se genera porque cada uno de los presidenciables tricolores controla a la mayoría de los integrantes de la fracción parlamentaria de su partido en una de las cámaras: Beltrones tiene mayoría en la de senadores, y Peña Nieto en la de diputados. Y son esas divisiones las que impiden lograr la mayoría necesaria en ambas cámaras.
La iniciativa de reforma política aprobada el 27 de abril de este año en el Senado de la República está congelada en la Cámara de Diputados porque no incluye las propuestas de quien fue gobernador del Estado de México hasta el pasado viernes 16, Enrique Peña Nieto, entre las que destaca su intención de “…retomar la cláusula de gobernabilidad, que permitiría alcanzar la mayoría absoluta al partido que obtenga una mayoría relativa de 35% o más de la votación”, como señaló en un artículo publicado en el periódico El Universal el 16 de marzo del año pasado.
Ante su perspectiva de alcanzar la Presidencia de la República en las elecciones del 1 de julio del 2012, el hoy exgobernador mexiquense busca obtener mediante una disposición constitucional una mayoría que no piensa que la ciudadanía le otorgue en las urnas. La denominada cláusula de gobernabilidad es una forma de lograr mayorías parlamentarias burlando la voluntad popular, bajo el pretexto de que es la única vía para construir gobiernos funcionales.
Ahora el otro aspirante a dicha nominación, que según todas las encuestas de preferencia electoral tiene menores probabilidades que Peña Nieto de lograr la candidatura del tricolor y, por ende, la Presidencia de la República, presenta una nueva iniciativa de reforma constitucional para dar paso a los gobiernos de coalición, que contempla una participación de las cámaras en la observancia de las “políticas públicas convenidas por las partes” que respalden al gobierno de coalición.
Asimismo, inventa una fórmula sui géneris de gobierno de coalición (que él denomina en la exposición de motivos “…única y específica para el sistema político mexicano…”), que obliga a los partidos políticos que lo respalden a convenir desde el acuerdo de coalición y las políticas públicas que implementarán hasta el registro de éstas ante cada una de las cámaras para su observancia.
En este proyecto de reforma, Beltrones no precisa qué implica pactar “un gobierno de coalición”, pero se deduce que dicho pacto incluye la integración de un gabinete pluripartidista (aunque, según su iniciativa, para dar paso a un gobierno de coalición la integración del mismo debe proceder de un acuerdo de “carácter institucional y democrático”) y el impulso de las políticas públicas convenidas. Esto, pese a que, en la práctica, ambas acciones se pueden realizar sin la necesidad de reconocer formalmente que se optó por “un gobierno de coalición”.
El problema de esta iniciativa es que condiciona y, eventualmente, cancela la adopción de una disposición trascendente y positiva por sí misma, la ratificación de los integrantes del gabinete presidencial por el Senado, que fue propuesta el año pasado por el propio Beltrones como líder de su grupo parlamentario.
De acuerdo con esa iniciativa de reforma política, presentada en febrero de 2010, el objetivo de la ratificación del gabinete por parte del Senado, como “medida de control y de mera verificación sobre la idoneidad de los colaboradores del presidente (…) es impedir la improvisación de los funcionarios y evitar que el ejercicio del poder político se lleve a cabo de una manera irresponsable…”. La misma iniciativa señala, por otra parte, que tal disposición “…implica una gran ventaja desde el punto de vista de la efectividad del gobierno: El hecho de que los colaboradores del Ejecutivo sean ratificados, facilita la cooperación política entre estos dos poderes, sobre todo en un escenario en el cual el partido del presidente pudiera no tener la mayoría parlamentaria”.
Como es evidente en la exposición de motivos de esta propuesta de Beltrones, la sola ratificación del gabinete por parte del Senado genera incentivos para la construcción de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas y, eventualmente, puede conducir a un gobierno de coalición. En consecuencia, no hay razón para establecer más requisitos y candados, como lo hace la más reciente iniciativa beltronista, para la integración de gobiernos de coalición.
Basta revisar la exposición de motivos de la primera iniciativa priista para valorar la importancia de que el Senado ratifique la designación de los secretarios de Estado, medida que por sí misma sería de gran importancia para avanzar en la construcción de la democracia en México. Mas si tras esa revisión persistieran las dudas, éstas se disiparían al observar, por ejemplo, la gran movilidad que ha tenido el gabinete del actual presidente Felipe Calderón y lo arbitrario y discrecional de sus designaciones, que no se fundan en competencias y funciones, sino en el grado de amistad y lealtad que los funcionarios tienen con el presidente.
Por ahora, es evidente que las ocurrencias y ambiciones divergentes de Beltrones y Peña Nieto impiden avanzar en la construcción de una institucionalidad democrática.
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La ruta de la narcopolítica
La presentación de “El Lince”, mando de “Los Templarios”.
Foto: Octavio Nava
Foto: Octavio Nava
MÉXICO, D.F. (apro).- El martes 20, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presentó a Saúl Solís –candidato en 2009 a diputado por el distrito 12 de Michoacán– como presunto responsable de delitos contra la salud, tráfico de narcóticos y delincuencia organizada; hoy, a dos años de distancia de esos comicios, al aspirante a legislador federal se le acusa de pertenecer al grupo criminal de Los Caballeros Templarios, una escisión de La Familia michoacana.
El partido que lo respaldó fue el Verde Ecologista de México (PVEM) y, aunque Solís Solís no ganó las elecciones, sí hizo campaña, recorrió zonas ejidales, poblados y ranchos para pedir el respaldo de los michoacanos.
Por cierto, al inscribirse como candidato presentó dos cartas de no antecedentes penales, una de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que encabeza Genaro García Luna y otra de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). En ambas se aseguraba que estaba limpio, que no tenía vínculos con el crimen organizado.
Y ahora resulta que Solís Solís, El Lince, era el responsable de la plaza de Lázaro Cárdenas y quien, desde 2007, ha traído de cabeza a las Fuerzas Armadas atacándolas, matando policías de la Federal…Y el capo además quería ser diputado federal.
En junio de 2010, Proceso publicó un reportaje que atinadamente se encabezó como “La sombra del crimen organizado planea sobre el Palacio Legislativo de San Lázaro”; entonces, PRI y PAN se indignaron por la publicación y acusaron a la revista de actuar de manera “temeraria”.
“Protestamos como partidos”, dijeron, y las respectivas coordinaciones de los grupos parlamentarios adelantaron que dejarían en libertad a los legisladores para actuar en contra de la revista.
Después de ello surgió con fuerza el caso del diputado del PRD acusado de vínculos con La Familia michoacana, Julio César Godoy Toscano, así como las ligas de destacados senadores panistas con el llamado Zar de los Casinos, Juan José Rojas Cardona.
La razón, al tiempo; sin embargo, las relaciones entre políticos y el crimen organizado ahí están. Sucedió en Italia, sucedió en Rusia, ¿por qué no habría de hacerse cada día más evidente este vínculo en México?
En la medida que crecen los cárteles de la droga o de los tratantes de blancas, o como se les quiera llamar a cualquiera de los grupos organizados que perpetran 22 de los delitos que generan dinero ilegal, en esa misma medida aumentará su relación con quienes ejercen el poder.
Los cárteles son uno de los poderes fácticos; los políticos, un poder formal. Las actividades de unos y otros quedan imbricadas de manera natural y en algunas ocasiones los políticos no tienen idea del alcance de sus nuevas relaciones. Muchos las ignoran, otros se hacen de la vista gorda y algunos más se indignan, como sucedió en la actual Legislatura federal.
Pero el caso de El Lince, excandidato a diputado federal por el PVEM, y la relación de los panistas con El Zar de los Casinos, o de los grupos criminales con la cúpula de Iglesia, son sólo una muestra de que esta relación ya forma parte del nuevo quehacer de la política.
En Estados Unidos se alarman y anuncian que los cárteles de Los Zetas, de Sinaloa y del Golfo operan ya en Centroamérica; sin embargo, si permean México, Sudamérica y parte de Europa, cómo no van a estar en América Central. El reporte estadunidense hasta parece una burla.
El poder adquirido por los cárteles mexicanos les da la capacidad de expansión, corrupción y muerte. Esto es lo que vive México, ese es el legado de Felipe Calderón Hinojosa, de los priistas, de los perredistas que se dejaron corromper, de los mexicanos a quienes el hambre les hace difícil tomar otro camino; este es el país de Elba Esther Gordillo, una mujer que lleva dos décadas creando maestros menos preparados y niños y jóvenes menos pensantes.
¡Qué se puede esperar cuando un procurador estatal o un gobernador, como Javier Duarte, de Veracruz, minimizan la masacre de 35 personas!, y todo porque las víctimas “tenían antecedentes penales”. ¿Y el derecho a la vida? ¿Dónde quedó?
Y ante todas las desgracias que hoy vive México, ¿alguien se puede sorprender de que el crimen organizado infiltre a la policía? Que no nos extrañe lo que suceda en julio de 2012, cuando se elija al próximo presidente de la República y en que el proceso estará organizado por un Instituto Federal Electoral (IFE) que no tiene ni las herramientas ni idea de cómo detener el dinero sucio en las campañas políticas.
Hace un par de meses, precisamente un diputado federal panista dijo que no le extrañaría que próximamente asumiera un “presidente-narco” y, a como van las cosas, bien podría ocurrir, aunque sería un hecho algo complicado de comprobar.
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
El partido que lo respaldó fue el Verde Ecologista de México (PVEM) y, aunque Solís Solís no ganó las elecciones, sí hizo campaña, recorrió zonas ejidales, poblados y ranchos para pedir el respaldo de los michoacanos.
Por cierto, al inscribirse como candidato presentó dos cartas de no antecedentes penales, una de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que encabeza Genaro García Luna y otra de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). En ambas se aseguraba que estaba limpio, que no tenía vínculos con el crimen organizado.
Y ahora resulta que Solís Solís, El Lince, era el responsable de la plaza de Lázaro Cárdenas y quien, desde 2007, ha traído de cabeza a las Fuerzas Armadas atacándolas, matando policías de la Federal…Y el capo además quería ser diputado federal.
En junio de 2010, Proceso publicó un reportaje que atinadamente se encabezó como “La sombra del crimen organizado planea sobre el Palacio Legislativo de San Lázaro”; entonces, PRI y PAN se indignaron por la publicación y acusaron a la revista de actuar de manera “temeraria”.
“Protestamos como partidos”, dijeron, y las respectivas coordinaciones de los grupos parlamentarios adelantaron que dejarían en libertad a los legisladores para actuar en contra de la revista.
Después de ello surgió con fuerza el caso del diputado del PRD acusado de vínculos con La Familia michoacana, Julio César Godoy Toscano, así como las ligas de destacados senadores panistas con el llamado Zar de los Casinos, Juan José Rojas Cardona.
La razón, al tiempo; sin embargo, las relaciones entre políticos y el crimen organizado ahí están. Sucedió en Italia, sucedió en Rusia, ¿por qué no habría de hacerse cada día más evidente este vínculo en México?
En la medida que crecen los cárteles de la droga o de los tratantes de blancas, o como se les quiera llamar a cualquiera de los grupos organizados que perpetran 22 de los delitos que generan dinero ilegal, en esa misma medida aumentará su relación con quienes ejercen el poder.
Los cárteles son uno de los poderes fácticos; los políticos, un poder formal. Las actividades de unos y otros quedan imbricadas de manera natural y en algunas ocasiones los políticos no tienen idea del alcance de sus nuevas relaciones. Muchos las ignoran, otros se hacen de la vista gorda y algunos más se indignan, como sucedió en la actual Legislatura federal.
Pero el caso de El Lince, excandidato a diputado federal por el PVEM, y la relación de los panistas con El Zar de los Casinos, o de los grupos criminales con la cúpula de Iglesia, son sólo una muestra de que esta relación ya forma parte del nuevo quehacer de la política.
En Estados Unidos se alarman y anuncian que los cárteles de Los Zetas, de Sinaloa y del Golfo operan ya en Centroamérica; sin embargo, si permean México, Sudamérica y parte de Europa, cómo no van a estar en América Central. El reporte estadunidense hasta parece una burla.
El poder adquirido por los cárteles mexicanos les da la capacidad de expansión, corrupción y muerte. Esto es lo que vive México, ese es el legado de Felipe Calderón Hinojosa, de los priistas, de los perredistas que se dejaron corromper, de los mexicanos a quienes el hambre les hace difícil tomar otro camino; este es el país de Elba Esther Gordillo, una mujer que lleva dos décadas creando maestros menos preparados y niños y jóvenes menos pensantes.
¡Qué se puede esperar cuando un procurador estatal o un gobernador, como Javier Duarte, de Veracruz, minimizan la masacre de 35 personas!, y todo porque las víctimas “tenían antecedentes penales”. ¿Y el derecho a la vida? ¿Dónde quedó?
Y ante todas las desgracias que hoy vive México, ¿alguien se puede sorprender de que el crimen organizado infiltre a la policía? Que no nos extrañe lo que suceda en julio de 2012, cuando se elija al próximo presidente de la República y en que el proceso estará organizado por un Instituto Federal Electoral (IFE) que no tiene ni las herramientas ni idea de cómo detener el dinero sucio en las campañas políticas.
Hace un par de meses, precisamente un diputado federal panista dijo que no le extrañaría que próximamente asumiera un “presidente-narco” y, a como van las cosas, bien podría ocurrir, aunque sería un hecho algo complicado de comprobar.
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
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