Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

viernes, 1 de febrero de 2013

LAS MAS DEL 1 DE FEBRERO DE LA PORTADA DE LA JORNADA EN INTERNET

Varios pisos del edificio B2 se derrumbaron; 101 heridos
Marinos y rescatistas especializados en derrumbes participaron en la búsqueda y auxilio de víctimas en la explosión ocurrida a las 15:40 horas en el complejo administrativo B2 de la Torre de Petróleos Mexicanos, ubicado en Marina Nacional. En el inmueble, de 13 pisos, se colapsaron planta baja, sótano y mezzanine, entre otros 
Foto Francisco Olvera
en la sede de Pemex
La explosión
25 muertos
El estallido en edificio de Pemex deja al menos 101 heridos
Ningún reporte sobre desaparecidos
Mirna Servín e Israel Rodríguez
Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 2
Un estallido seguido de una onda expansiva –que se sintió como un temblor– causó pánico entre miles de trabajadores de los edificios de Petróleos Mexicanos (Pemex). La versión oficial de lo sucedido fue la de un corto circuito, y por la noche la conclusión anunciada fue que se requerirá la intervención de expertos nacionales e internacionales.
Antes de las 16 horas de ayer, y aún sin saber la magnitud de lo ocurrido, cientos de trabajadores empezaron a desalojar las torres ubicadas sobre Marina Nacional, en la colonia Verónica Anzures, delegación Miguel Hidalgo.
En el edificio B2, que tiene 13 pisos, ocurrió el derrumbe de varios pisos, entre ellos la planta baja, el sótano y el vestíbulo, lo que dejó decenas de personas atrapadas y heridas.
El conteo preliminar de la noche de ayer era de 25 muertos y 101 heridos, aunque la suma no había concluido, y más de un centenar de personas reportadas como lesionadas, las cuales fueron enviadas a los hospitales de la paraestatal. No se habló del número de personas desaparecidas o no localizadas.
El caos y la incertidumbre generados por la falta de información se extendieron desde las autoridades de Pemex, que a través de su cuenta de Twitter a las 15:58 horas daban a conocer que el desalojo se debía a una falla eléctrica, cuando a esa misma hora los familiares de los trabajadores llegaban al lugar preguntando por lesionados de la explosión y del derrumbe reportado por las últimas llamadas telefónicas que habían recibido desde el interior del edificio. El humo blanco que salía del lugar se podía observar desde el Circuito Interior.
Vecinos de la sede de la paraestatal que se acercaban al lugar, que inmediatamente se empezó a congestionar de unidades de rescate, ambulancias, bomberos y policías, dieron cuenta de las llamas que momentáneamente habían salido del edificio.
Alrededor de las 16 horas, elementos de la policía capitalina y agentes federales empezaban a acordonar el lugar, en el cual no se percibía olor a gas, al menos en el exterior de la torre B, donde los vidrios de las ventanas de al menos tres pisos estaban rotos.
Los trabajadores que salían de los edificios hablaban de una onda expansiva que se sintió en inmuebles aledaños y en la calle, donde comerciantes ambulantes empezaron a retirar sus puestos.
Los primeros heridos, que salían en camillas o caminando, tenían raspones, cortaduras de vidrio y golpes. Uno de ellos explicó que eran los de la parte alta del edificio porque toda la zona de recursos humanos, ubicada en la planta baja, estaba en medio del colapso.
El chofer de un alto funcionario de Pemex, de quien se reserva su identidad, relató que al sentir la onda expansiva fue proyectado hacia una columna y, después de unos segundos, se recuperó de la conmoción inicial y entró para ayudar al menos a ocho trabajadores. El testigo aseguró que nunca vio fuego ni percibió ningún olor. Sólo oí una explosión. No vi llamas; lo que sí vi fue el pasillo del edificio B2, que recientemente había sido techado con un cobertizo, y toda la estructura metálica estaba retorcida.
Un trabajador reveló que en el área del siniestro no hay calderas, como se había especulado. En el sótano está el archivo muerto, las máquinas pulidoras y de limpieza. Las calderas se encuentran en un edificio diferente. El edificio B2 está contiguo a la torre principal de Pemex, que es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de México por sus 214 metros de altura y por ser la sede de la principal compañía de América Latina.
Foto
Foto Alfredo Domínguez
Minutos antes de las 17 horas el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, llegó al lugar y poco después lo hizo el jefe de la policía capitalina, Jesús Rodríguez Almeida. El cerco a los complejos de Pemex se empezó a extender varias manzanas con la ayuda de granaderos capitalinos. Los vidrios habían caído a gran distancia.
Poco a poco se distinguían varios círculos de vigilancia. El más cercano al lugar del incidente estaba llenos de militares y escuadrones de rescate. Le seguían las fuerzas federales, acordonando el resto de las calles, y los policías capitalinos.
Al lugar llegaron el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, y el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo Cevallos, quienes no informaron nada, pero las más de 100 ambulancias de distintas corporaciones que habían salido y entrado del lugar hablaban por sí mismas. Los helicópteros de la SSPDF no dejaban de sobrevolar la zona, que junto a otros de medios de comunicación eran alrededor de cinco.
Cerca de las 18 horas se negaba toda información sobre personas fallecidas, pero en contraste llegaban ambulancias de servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que habitualmente sólo son requeridos para el levantamiento de cadáveres.
Personal especializado de la UNAM entró acompañado de perros entrenados para la localización de personas; a esto siguieron personal de rescate de la SSPDF, con palas y polines, y cinco binomios de perro y entrenador de la Secretaría de Marina. La zona del derrumbe había quedado completamente oscura, por lo que también acudió personal con dos plantas de luz.
La zona se empezó a llenar de elementos de la Policía Federal, del Ejército que iban con armas de alto poder. Casi a las 20 horas aparecieron elementos de la Marina. Era el agrupamiento antibombas. Había tensión.
En total, se estima que en la circunferencia y en el edificio colapsado había más de 800 elementos especializados, entre policías y trabajadores de rescate. Paradójicamente, horas antes de la toma policiaca de la paraestatal, a la 13:59, la cuenta de Twitter de la paraestal anunciaba: es un logro de Pemex mantener los indicadores de seguridad por debajo del estándar internacional.
A la zona, poco a poco empezaron a llegar más familiares de trabajadores que ya habían recorrido diversos hospitales sin éxito. Ni los gritos ni el llanto de mujeres y hombres derivaron en una respuesta oficial.
En cambio, a la llegada de camionetas blindadas llenas de personal de seguridad abrían inmediatamente el cordón de seguridad instalado para delimitar la zona.
Tras la primera explosión de la tarde, hubo una nueva alerta por la noche que produjo el desalojo de gran parte de los elementos policiacos, reporteros y gente reunida en el lugar.
Eran las 10:10 horas y una sirena de emergencia se escuchó. Todos los que estaban ahí corrieron indistintamente por la puerta 15 ubicada en la calle de Bahía de Banderas. Al parecer el peligro aún era inminente.
 
Exige la oposición española la renuncia del presidente
Documentos los involucran en evasión fiscal y sobornos durante 19 años
La cúpula del partido conservador cobró sobresueldos en dinero negro
Importantes empresas aportaron los recursos para tener privilegios
Cercan miles la sede del partido en Madrid y exigen que Rajoy dimita y convoque a elecciones
La cúpula del PP en España, involucrada en delitos que van de evasión fiscal a sobornos
Foto
Al grito de ¡este presidente es un delincuente!, miles de españoles se manifestaron ayer en Madrid, en repudio al gobierno del derechista Partido Popular por los actos de corrupción en que está involucrado
Foto Ap
Armando G. Tejeda
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 32
Madrid, 31 de enero. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, así como algunos miembros de su gabinete y la cúpula de su formación política, el Partido Popular (PP), están presuntamente involucrados en una trama de corrupción, en la que habría desde evasión fiscal hasta sobornos en un periodo de 19 años (1990 a 2009).
El escándalo ha alterado la agenda de todos los grupos parlamentarios y del propio gobierno, mientras en la calle y en las fuerzas de oposición crece el clamor de la dimisión y el adelanto de elecciones.
El periódico El País publicó los documentos que avalan la noticia que sacó a la luz hace dos semanas el diario El Mundo, que afirmó que la cúpula del partido conservador español cobró sobresueldos en dinero negro (sin pasar por el fisco), a través de sobres entregados en mano y gracias a una contabilidad opaca que llevaron a cabo los dos gerentes del partido en dicho periodo, Alvaro Lapuerta y Luis Bárcenas.
Ahora se conoció que ese dinero procedía además de importantes empresas que comulgaban con las ideas de la formación conservadora y que durante su gestión beneficiaron sus intereses, entre ellas la constructora OHL –con presencia en México–, Sacyr, Mercadona y FCC Construcción.
El escándalo de los sobres del PP está en su fase inicial, pero de confirmarse los hechos ello supondría que entre los dirigentes políticos que incurrieron en prácticas ilegales están los máximos gobernantes del país: Rajoy, presidente actual y que hasta la fecha no ha ha dado ninguna explicación, salvo el anuncio de que el próximo sábado convocará de forma extraordinaria al comité ejecutivo de su partido: Javier Arenas, alto directivo del PP; María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP; y otros dirigentes como Jaime Mayor Oreja, quien fue vicepresidente y ministro del Interior durante el gobierno de José María Aznar, y Rodrigo Rato, también vicepresidente y que fue director general del Fondo Monetario Internacional.
El origen de la trama todavía es difuso, pero se ha podido conocer gracias a las investigaciones abiertas sobre el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción política y empresarial de años recientes, con 115 imputados, incluidos numerosos dirigentes del PP.
Una de las piezas claves de esta trama es, precisamente, el ex gerente del PP Luis Bárcenas, quien anotó –según la publicación de los documentos de El País– de puño y letra la contabilidad del partido de los últimos 20 años y en la que aparecen todos los pagos de dinero negro a la máxima cúpula de la formación. Uno de los episodios todavía por aclarar sobre el ex gerente del PP es la cuenta en Suiza en la que tenía más de 22 millones de euros, de los cuales 11 fueron regularizados recientemente gracias a una amnistía fiscal temporal aprobada por el gobierno de Rajoy para los evasores fiscales que tenían su dinero en paraísos fiscales.
Una vez publicado el escándalo, la número dos del PP, Cospedal –una de las acusadas de cobrar sobresueldos– compareció en rueda de prensa para expresar su indignación ante lo que calificó ataques destinados a las personas que tienen que sacar a España adelante. Negó la autenticidad de los documentos y apeló a una auditoría interna para conocer el estado real de las finanzas del partido.
A pesar de que Cospedal negó veracidad a los documentos, casi de forma simultánea a su comparecencia el vocero del PP en el Senado, Pío García Escudero, reconoció que la información que aparecía en los documentos sobre él eran ciertos y que en efecto había recibido el pago de 5 millones de euros, a manera de préstamo y que había devuelto después.
El escándalo provocó, tanto en las calles como en el Parlamento, la exigencia de la dimisión inmediata del mandatario español y, por tanto, realizar elcciones anticipadas al considerar que es insostenible un gobierno de ladrones. Primero fue en la sede de la soberanía nacional, en el Congreso de los Diputados, donde todas las fuerzas de izquierda aseguraron que si la corrupción se comprueba, Rajoy debe dimitir y convocar a elecciones.
En la calle de Génova, en Madrid, donde se ubica la sede del PP, miles de personas se concentraron para exigir la dimisión de Rajoy y la depuración de sus responsabilidades penales. Al grito de: ¡Este presidente es un delincuente!; y ¡Fuera los ladrones, de las instituciones!, los manifestantes cercaron durante más de dos horas la sede del partido en el poder.
A su vez, el ayuntamiento de la ciudad española de Palma de Mallorca solicitó hoy que el yerno del rey Juan Carlos, Iñaki Urdangarin, deje de utilizar su título de duque de Palma, en medio del revuelo por el caso de corrupción en que está imputado.
 
 
Integrantes de seis municipios de la Costa Chica presentan cargos por delincuencia organizada
 
 
Los 54 detenidos en los retenes que desde el 6 de enero colocaron los pobladores de Ayutla de los Libres y Tecoanapa, fueron presentados en asamblea en la comunidad El Mezón, en la Costa Chica guerrerense. Una mujer leyó que serán juzgados por un tribunal popular. Todo se regirá por los principios de inmediatez, oralidad, imparcialidad e independencia, y con pleno respeto a los derechos humanos, expuso
  Foto Víctor Camacho
 
Acuden representantes de 60 comunidades
Comienza juicio a 54 capturados en la Costa Chica
Acuerdan no revelar identidad de víctimas ni de testigos
Se respetarán garantías, aseguran
Foto
Foto
Cincuenta y cuatro personas acusadas de diversos delitos fueron presentadas ayer ante una asamblea comunitaria en el ejido El Mezón, municipio de Ayutla, Guerrero
Foto Víctor Camacho y Sergio Ocampo
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 39
Ayutla de los Libres, Gro., 31 de enero. Representantes de 69 comunidades de seis municipios de la Costa Chica crearon hoy el tribunal popular que juzgará a las 54 personas presuntamente vinculadas con la delincuencia organizada que fueron detenidas en retenes que los pobladores de Ayutla de los Libres y Tecoanapa instalaron el 6 de enero.
En una asamblea efectuada en la comunidad El Mezón, habitantes y autoridades de los municipios de Ayutla de los Libres, Tecoanapa, San Marcos, Cruz Grande, Copala y Cuautepec acordaron que el 22 de febrero se inicie el desahogo de pruebas a favor y en contra de los detenidos, en el poblado de Buenavista.
Luego de presentar a cada uno de los detenidos y mencionar los delitos que se les imputan, una mujer leyó ante pobladores, comisarios municipales y ejidales, comandantes y policías ciudadanos, que los acusados serán juzgados en juicio público que se inicia el día de hoy. Su actuación se regirá por los principios de inmediatez, oralidad, imparcialidad e independencia, y con pleno respeto a los derechos humanos.
Descartan penas corporales
El tribunal, dijo, “recibirá las pruebas, testimonios, documentos y demás pruebas de cargo que presentarán las víctimas, y por razones de seguridad, la identidad de las víctimas y testigos se mantendrá en reserva. Los detenidos rendirán su declaración y presentarán las pruebas que demuestren su inocencia, y sus familiares podrán fungir como defensores, aportando los elementos de prueba y haciendo los alegatos.
“Al término de las exposiciones orales de las partes y de la aportación de sus pruebas, el tribunal sesionará el tiempo necesario y presentará su veredicto, condenando o absolviendo a los detenidos. El tribunal popular será el único facultado para la imposición de las penas, quedando estrictamente prohibido imponer sanción corporal alguna.
Los detenidos que resulten culpables serán llevados a un proceso de reeducación itinerante en los pueblos que conformen nuestro movimiento por el tiempo que determine nuestro tribunal, previo juicio popular, concluyó.
Aguirre anuncia comisión oficial
En Chilpancingo, el gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció que este viernes se instalará una comisión para la paz y desarrollo de los pueblos indígenas, en particular para analizar “la entrega de los (54) detenidos que se encuentran en el municipio de Ayutla, particularmente en El Mezón, donde de acuerdo con sus usos y costumbres habrán de presentar a estas personas que, dicen ellos, cometieron diversos delitos, y que deberán de ser sometidos a las leyes y a las instituciones debidamente establecidas.
Hoy por la mañana tuve una plática con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con quien acordé constituir esta comisión. El gobierno federal va a designar a Jaime Martínez Veloz como enlace con los pueblos indígenas, adelantó.
Aseguró que esta comisión, que se instalará en Casa Guerrero, es una propuesta aceptada por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, esta última con influencia en la Costa Chica. En ella participarán también los alcaldes de esos municipios.
Sin embargo, solicitó a los representantes de esas comunidades que designen una comisión que dé seguimiento al proceso al que serán sometidos los detenidos, para que éstos tengan garantía plena, y a los que no se demuestre algún delito tendrán que liberarlos de inmediato.
Aguirre aseguró también que ya está lista la redacción del decreto que enviará al Congreso del estado, mediante el cual se dará legalidad a las policías comunitarias como coadyuvantes en labores de seguridad.

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