29 de julio de 2011
Videos del Mundo
Bancada fujimorista intenta opacar acto de juramentación
Ollanta Humala se ha convertido oficialmente en el nuevo presidente de Perú y realizó el acto de juramentación de los vicepresidentes y ministros del gobierno, bajo constantes interrupciones y rupturas del protocolo por parte de simpatizantes de Keiko Fujimori, que intentan opacar la ceremonia. El presidente Humala inició su primer mensaje a la nación reafirmando su compromiso de trabajar para erradicar la exclusión y la pobreza en el país. TeleSUR
Videos de México
Beltrones: Ustedes tienen la palabra y nosotros la obligación de escuchar
El senador dio la bienvenida, a nombre de la Comisión Permanente, al movimiento que encabeza Javier Sicilia y aseguró que están interesados en escucharlos.
Bloqueo de transportistas en el DF
Transportistas de distintas partes de la República Mexicana realizaron un bloqueo en distintas partes de la Ciudad de México. La SSPDF detuvo a nueve personas, sin que se especificaran los motivos.
Ley general de atención integral a las víctimas: Icaza
Refirió que en el contexto de guerra, que no se llama ahora así, pero que padece el país, son ineficientes e insuficientes.
Encuentro Sicilia - legisladores
Mientras los parlamentarios se disculparon, el escritor y su movimiento exigieron resultados contra la violencia.
Monumento por Ricardo Rocha
AMLO el elegido
Astillero
Remisión de los pecados
El poeta del perdón
Besar para cambiar
Julio Hernández López
El poeta Javier Sicilia ha convertido un movimiento social de exigencias en un vehículo personal de traslado y transferencia de emociones individuales. Ambivalente, contradictorio, centrado y concentrado en sí mismo y en un pequeño grupo que le rodea, asesora y conduce, el padre de uno de los jóvenes asesinados meses atrás en Cuernavaca ha ido derivando la suerte de mandato colectivo que en un principio tuvo hacia meros ejercicios espirituales, retóricos y fotográficos que están siendo aprovechados gozosamente por diversos personajes de la elite política nacional.
Del perdón como demanda ética a una clase política inmoral, al reparto entusiasta de besos y abrazos como una especie de comunión expiatoria. Sicilia ha colocado en el centro de su estandarte eclesiástico la demanda de que los políticos pecadores pidan perdón, como si el simple hecho de expresar determinadas palabras convirtiese a los cínicos oficiantes del poder en entes redimidos y, a partir de esa conversión verbal, el mundo pudiese cambiar. No es perdón lo que este México reclama, sino justicia y eficacia: justicia para castigar a los responsables de tantas muertes impunes, olvidadas o menospreciadas, y eficacia para restaurar al Estado como fuente de seguridad pública y protección de los ciudadanos.
La indulgencia puede ser exigida o concedida como un acto personalísimo, de índole y satisfacción íntimas, pero no debe ser elevada a una categoría central de discurso político y movilización social, a menos que el abanderado de esa doctrina de la remisión civil de los pecados sea movido exclusivamente por resortes personales y no por un plan sensato y eficaz de lucha política, y entonces se diluya conscientemente el interés colectivo y las metas concretas por los ceremoniales de Amor y paz (ya no está solo el otro predicador romántico, Andrés Manuel López Obrador) como palancas para la transformación del mundo, según las misas sicilianas que terminan con los participantes dándose la paz (sobre todo por la vía oscular), en un remolino de pasiones que en sus primeras partes pareció contar con fuego desatado por la parte cívica contra los malvados legisladores a los que se trató con un látigo oratorio que en el mismo escenario, el castillo de Chapultepec, no fue usado contra otro poderoso, individual, no colegiado, aquel Felipe Calderón cuyo discurso de satanización del oficio legislativo fue reproducido ayer por Sicilia aunque, al final, esos corresponsables de los crimenes nacionales, esos diputados y senadores que aprueban los presupuestos para la maquinaria de guerra y no ponen controles ni exigen cuentas verdaderas, fueron besados, abrazados y apapachados en algunos de sus representantes notables por el poeta compasivo.
Desgaste y confusión de aquel movimiento original no solamente por el hecho de que el líder Sicilia ha decidido imponer su visión y métodos, sin que haya consulta o decisiones compartidas con algún segmento representativo que no sea el de quienes forman parte de su comité central, sino, sobre todo, porque las escenografías hasta ahora montadas solamente están consolidando al mismo sistema supuestamente combatido o al que presuntamente se exigen cuentas y correcciones, mismas que le son prometidas pero sin seriedad procesal ni compromisos de calendario, en algo parecido a jugar el dedo en la boca a sabiendas de que los tiempos electorales están encima y nada de lo que hoy se diga o jure habrá de tener espacio para cumplimiento real sino después de las elecciones de 2012, cuando los reacomodos que haya, de ese segmento de poderosos, dejarán muy atrás a este movimiento que ahora simplemente sobrellevan, torean y, políticamente, desangran y aprovechan.
Un punto altamente demostrativo de la confusión y miopía que se ha impuesto a ese movimiento desde su cúpula directiva es el relacionado con el inconsulto apoyo que se ha dado al remedo de reforma política que Calderón ha acordado con Beltrones (quien ayer vivió uno de los momentos difíciles de su templada carrera, a la hora de enfrentarse al hecho en curso de ser besado por el poeta del perdón) y que Peña Nieto ha frenado en San Lázaro. De manera acrítica, apresurada y simplista, Sicilia ha decidido por sus puras estrofas que ese texto taimadamente propuesto por especialistas en el engaño político constituye una llave de esplendorosa transformación nacional que debe ser ardorosamente empujada. La república del beso y el perdón aplaude y concelebra, decidida a sacrificarse en aras del amor que todo lo puede. Amén.
México SA
Sicilia: corresponsabilidad
México, la otra violencia
¿Basta que pidan perdón?
Carlos Fernández-Vega
Con falsa humildad, los representantes del Legislativo pidieron perdón a los integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia, luego de que éste les reclamara: ustedes son también corresponsables de nuestros muertos y de nuestro dolor. Tristeza de utilería la expresada por los inquilinos de San Lázaro y de Reforma, en el nuevo cuan oneroso recinto senatorial, quienes escuchaban los reclamos sociales como si fueran novedad, como si apenas se enteraran de la lacerante realidad nacional que, de la mano del Ejecutivo y el Judicial, han promovido.
Pero Sicilia se quedó corto, porque si bien el Legislativo es corresponsable, junto con el Ejecutivo y el Judicial, del lúgubre saldo de la guerra contra el crimen organizado desatada por el inquilino de Los Pinos (50 mil muertos, más de 10 mil desaparecidos, más de 120 mil desplazados y la inseguridad y el miedo de millones de mexicanos, como resumió el poeta), lo es también de mucho más: de la miseria de millones de mexicanos, de las condiciones de sobrevivencia de la mayoría, de la espeluznante concentración del ingreso y la riqueza, del saqueo permanente de la nación, del desvío de recursos públicos para fines privados, de la sistemática violación de los derechos sociales y económicos de los mexicanos, del desmantelamiento del país. De la otra violencia, pues.
Los actuales integrantes del Congreso son los mismos (cuando menos de la misma rama familiar) que han participado en la toma de decisiones en los últimos 30 años; es la misma monarquía política que de liana en liana ha brincado, brinca, de una diputación local a una federal, de allí al Senado, para más adelante aterrizar en una gubernatura, una secretaría de Estado o un organismo estatal, para después regresar a San Lázaro o la sede senatorial, para reiniciar el periplo en movimiento perpetuo. Tres décadas al hilo abrazados al presupuesto, al poder y a la impunidad, en un partido u otro, desmantelando a la nación. Pero tal vez lo más delicado es la corresponsabilidad que en todo esto tiene la ciudadanía, silenciosa y pasiva, que lo ha permitido. Sólo con esta actitud social se puede entender por qué la clase política ha llegado tan lejos sin freno alguno.
La acusación de Sicilia, sin ser falsa, es limitada, porque se enfoca a la guerra calderonista y a sus violentas consecuencias. Pero la violencia en México va más allá, tiene múltiples manifestaciones y acumula muchos años: salarios de hambre, apartheid económico, expulsión de mano de obra (primer lugar mundial), desempleo creciente, impunidad absoluta (allí están los niños de la guardería ABC, por citar un doloroso ejemplo), explotación, saqueo de los bienes nacionales, desmantelamiento de las instituciones del Estado y, en fin, el interminable inventario de atrocidades en contra del pueblo de México. Y en todo esto han caminado de la mano los cinco inquilinos de Los Pinos, el Legislativo (desde luego con los partidos políticos) y el Poder Judicial, pero no a partir de la guerra calderonista.
Les reclamó el poeta la autorización de un presupuesto multimillonario para aceitar la guerra calderonista, el barril sin fondo del sexenio. Y sí, 500 mil millones de pesos son un mundo de dinero en un país que nunca lo tiene para atender las urgencias sociales. Pero el poeta olvidó que esos mismos legisladores también palomearon y legalizaron el billón 200 mil millones para el saqueo del Fobaproa, los subsidios cambiarios al gran capital, y los miles y miles de millones de pesos –todos ellos de los mexicanos– desviados para rescatar empresas privadas (desde carreteras hasta aerolíneas, sin olvidar ingenios azucareros, constructoras, consorcios hoteleros, etcétera), por citar sólo algunos casos.
Puntualmente, Sicilia les recordó: “ustedes, hasta ahora, sólo han sido operadores políticos de los intereses partidocráticos (y oligárquicos, anoto yo) y no lo que deberían ser desde el momento en que asumieron sus cargos de legisladores: servidores de los ciudadanos. Para ustedes la educación, la cultura, la ciencia, la vida de los pueblos y de los barrios, la participación ciudadana en los asuntos del Estado y la tragedia de las víctimas de la guerra, no han sido prioridad ni de su corazón ni del gasto público. Lo han sido y lo son, en cambio, sus partidos y sus elecciones onerosas y corruptas, y decimos sus elecciones porque no son las de los ciudadanos. Vean simplemente los votos que obtienen y la manera dispendiosa y corrupta en que recaudan gran parte de ellos. Lo son también el armamento, la violencia y las obras suntuarias como las que los albergan.
“Otras millones de víctimas: los destrozados por una equivocada política económica, los niños y los jóvenes, a quienes a causa de esa política les hemos arrasado el presente y cerrado el futuro –y que conforman la mayor parte de las víctimas tanto inocentes como culpables de esta guerra–, los desplazados, los que han visto, en nombre de la economía global y de los intereses del dinero y de la muerte, arrasados sus territorios, sus familias, sus relaciones de soporte mutuo y han sido arrojados al desempleo, a la mendicidad, a la migración y al abandono, los ciudadanos todos que a causa de esa economía hemos visto destrozado nuestro aire, nuestra agua, nuestros árboles, nuestra naturaleza. En nombre de ellos y de la justicia que reclamamos, en nombre también de esta corresponsabilidad que tienen en esta guerra y en este dolor, venimos, en primer lugar, a que reconozcan ustedes también su deuda como representantes del pueblo y pidan perdón a las víctimas y a toda la nación, que no han defendido ni representado con dignidad… ustedes se encierran a espaldas nuestras para en nombre nuestro negociar privilegios personales y partidistas.”
Bien por el poeta, pero ¿basta que Ejecutivo, Legislativo y Judicial pidan perdón para lograr su exoneración? ¿Borrón y cuenta nueva en aras de qué? ¿Será suficiente para un pueblo agredido, saqueado, humillado? Eso sí, con falsa humildad los legisladores, entre ellos dos aspirantes al 2012, respondieron que ahora sí se pondrán a trabajar y que bla, bla, bla.
Reforma Contrahecha
Manuel Bartlett Díaz
Al cierre del periodo ordinario de sesiones, el Senado aprobó modificaciones a nuestra Constitución. Estos cambios, denominados reforma política, remitidos a diputados, pretendían aprobación inmediata. Al negarse, se atribuyó a disputa presidencialista entre el Senado beltronista y la Cámara peñanietista, obstáculo inaceptable ante una supuesta reforma urgente y trascendente.
En realidad, la reforma es una degradación de la grandilocuente reforma del Estado lanzada en el Senado en 2007 y relanzada durante 2010 con una iniciativa de Calderón que, al competir con la beltronista, fue descalificada: presidencialista, acota al Congreso. Calderón respondió iracundo. Pero una milagrosa concertación logró que pedazos de la vituperada calderoniana, con retazos beltronistas, se convirtieran en reforma política. Reconociendo que omite muchos temas, pero —afirman— “los acuerdos se alcanzan cuando llega el tiempo y se genera la circunstancia que los hace posibles”. Visto el amasijo entendemos que “llegó el tiempo” electoral y la “circunstancia” de la necesidad para ambos reformadores del Estado de acreditarse como tales. La llaman “reforma posible”, “acicate” para cambios pendientes.
Exponen como motivaciones que “las críticas a los partidos políticos debe mover a reflexión y cambios”, se requieren “partidos fuertes vinculados a la sociedad”, que son “organizaciones cerradas sujetas al control de sus dirigentes”. Consideran, además, urgente “fortalecer la gobernabilidad” y evitar “discrepancias entre poderes”.
Ante el descrédito de los partidos y la deficiente representatividad de los legisladores que afirman, instauran figuras de democracia directa y reforman “obstáculos a la cooperación entre poderes sin demeritar su equilibrio”.
Establecen: la iniciativa ciudadana: derecho de los ciudadanos a iniciar leyes si tienen apoyo del 0.25% del padrón. La consulta popular: pronunciamiento directo de la ciudadanía en asuntos de trascendencia a solicitud del presidente de la república, una parte de legisladores, o un grupo de ciudadanos, el 2% del padrón, vinculante si participa el 40% del padrón. Candidaturas independientes con requisitos equivalentes a los de un partido.
Para la relación entre poderes instituyen: la iniciativa preferente del Ejecutivo a dictaminarse de inmediato. Observaciones del Ejecutivo al Presupuesto de Egresos: el Ejecutivo veta, devuelve el Presupuesto, y la diputación necesita dos terceras partes de votación para superar el veto. La reconducción presupuestal: de no aprobarse la Ley de Ingresos se mantiene la del año anterior, hasta que el Congreso la apruebe.
Sustitución del Presidente de la República por falta absoluta: en lugar de que el Congreso de la Unión nombre al Presidente interino, automáticamente el secretario de Gobernación ocupa la presidencia; a su falta el de Hacienda y a la de éste el de Relaciones Exteriores. Reelección inmediata de legisladores: hasta 12 años los senadores y seis los diputados.
La reforma es demagógica, su democracia directa por los requisitos es impracticable; desequilibra a los poderes, quita de facto a la Cámara de Diputados la aprobación del Presupuesto, trasladándola al Presidente por la votación casi insalvable para superar su veto, y al eliminar al Congreso del nombramiento del Presidente por falta absoluta asignando al secretario de Gobernación por supuesto riesgo de demoras del Congreso, entronizando un funcionario del Ejecutivo con mayores riesgos de manipulación y permanencia. Presumen del pluralismo del Congreso para desconfiar de su funcionalidad y presidencializar funciones.
Finalmente, la reelección, antidemocrática, que permitirá la intervención de los intereses, el dinero y la consolidación oligárquica, con falacias: profesionalización y atenciones a los electores por interés reelectoral.
El maridaje de Calderón y Beltrones por intereses electorales cocinó una reforma contrahecha. Esperemos que la Cámara revisora analice al margen de ambiciones personales. Con la Constitución no se debe jugar.
El almirante
Índice Político
Francisco Rodríguez Elizondo
¡Cómo se parece aquel almirante a nuestro almirante! Aunque no con las mismas palabras, pero en serio que sus dichos se escuchan iguales. Uno y otro, en su momento, justifican sus respectivas guerras. Uno y otro se muestran incomprendidos. Uno y otro tienen una peculiar perspectiva –la misma- sobre los derechos humanos.
Aquel, Emilio Massera, dijo al embajador estadounidense en Buenos Aires –el 16 de marzo de 1973- “que los militares son totalmente conscientes de que si toman el poder deben evitar problemas con los derechos humanos”, de acuerdo a un cable del diplomático destacado en la capital argentina dirigido a su jefe, el entonces subsecretario de Estado William Rogers.
El nuestro, Francisco Saynez, recién ha pronunciado en público y teniendo como destinatario a Felipe Calderón un discurso harto falaz y sobremanera maniqueo, del que los medios han destacado que “es obligación del Estado el respeto a cabalidad de los derechos humanos, pues no se requiere violar la ley para hacerla cumplir”.
¡Suenan igualito los almirantes! El nuestro. Y aquél.
Massera dio un golpe de Estado. Y tras haber encabezado una Junta Militar, con Jorge Videla y Orlando R. Agosti, fue acusado y enjuiciado por haber perpetrado 83 homicidios, 623 privaciones ilegales de la libertad, 267 aplicaciones de tormentos, 102 robos, 201 falsedades ideológicas de documentos públicos, cuatro usurpaciones, 23 reducciones a servidumbre, una extorsión, dos secuestros extorsivos, una supresión de documentos, 11 sustracciones de menores y siete tormentos seguidos de muerte. Ocho años después por una causa de robo de bebés y también por la apropiación de propiedades de desaparecidos.
Saynez dio un golpe teatral, de espectacularidad. Y luego de haber incursionado de manera tardía –pero, eso sí, dicen sus panegiristas que exitosamente- en la guerra de Felipe Calderón en contra de la delincuencia organizada, es corresponsable de los más de 50 mil muertos, de los más de 10 mil desaparecidos, del casi millar de infantes a quienes eufemísticamente se llama “daños colaterales”.
¡Cómo se parecen los almirantes!
Y todo ese parecido, por supuesto, no es mera coincidencia.
Saynez, nuestro almirante, dijo apenas, justificándose, que “los grupos delictivos tratan de manchar el prestigio y buen nombre de las instituciones utilizando a grupos ciudadanos y la bandera de los derechos humanos, con el fin malévolo de obstruir la participación de las mismas en su contra y así tener el campo abierto a su maldad.” En pocas palabras, los malos de Malolandia, contra los buenos de Calderolandia. ¡Puaf!
Massera, aquél de los argentinos, pronunció un discurso al inicio de su juicio ante tribunales creados ad hoc: “…por deformación profesional estábamos absortos en la lucha armada; y estábamos convencidos de que defendíamos a la Nación y estábamos convencidos y sentíamos que nuestros compatriotas no sólo nos apoyaban. Más aún, nos incitaban a vencer porque iba a ser un triunfo de todos. Ese ensimismamiento nos impidió ver con claridad los excepcionales recursos propagandísticos del enemigo y mientras combatíamos un eficacísimo sistema de persuasión comenzó a arrojar las sombras más siniestras sobre nuestra realidad hasta transformarla, al punto de convertir en agresores a los agredidos, en victimarios a las víctimas, en verdugos a los inocentes...”. Y otra vez, ¡puaf!
¡Qué parecidas las palabras y actitudes de los almirantes!, ¿verdad?
Porque eso del respeto a los derechos humanos, en una y otra voz, no dejan de ser sino palabras sin sentido en voz de los almirantes.
Massera no “evitó problemas” con los derechos humanos. Por el contrario, los violó consuetudinariamente.
Saynez, no los “respeta a cabalidad”. ¿Recuerda usted aquellas fotografías del narcotraficante semidesnudo y cubierto de billetes? ¿Las acusaciones en contra de marinos por decenas de vejaciones? Y ahora las propias palabras del secretario de Marina, degradando el papel de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Uno el discurso, otras muy distintas las acciones.
Las de Massera. Las de Saynez. Y ¡cómo se parecen aquél almirante y nuestro almirante! ¿No cree usted?
Índice Flamígero: Nombres, nombres, señor secretario de Marina. Diga usted los nombres de esas organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos que, según usted, son parapeto de los delincuentes. ¿o va a emular a su jefecito Calderón, quien acusa y también omite referirse a los sujetos de su ira? Nombres, nombres o…. ¡mejor quédese callado!
Aquel, Emilio Massera, dijo al embajador estadounidense en Buenos Aires –el 16 de marzo de 1973- “que los militares son totalmente conscientes de que si toman el poder deben evitar problemas con los derechos humanos”, de acuerdo a un cable del diplomático destacado en la capital argentina dirigido a su jefe, el entonces subsecretario de Estado William Rogers.
El nuestro, Francisco Saynez, recién ha pronunciado en público y teniendo como destinatario a Felipe Calderón un discurso harto falaz y sobremanera maniqueo, del que los medios han destacado que “es obligación del Estado el respeto a cabalidad de los derechos humanos, pues no se requiere violar la ley para hacerla cumplir”.
¡Suenan igualito los almirantes! El nuestro. Y aquél.
Massera dio un golpe de Estado. Y tras haber encabezado una Junta Militar, con Jorge Videla y Orlando R. Agosti, fue acusado y enjuiciado por haber perpetrado 83 homicidios, 623 privaciones ilegales de la libertad, 267 aplicaciones de tormentos, 102 robos, 201 falsedades ideológicas de documentos públicos, cuatro usurpaciones, 23 reducciones a servidumbre, una extorsión, dos secuestros extorsivos, una supresión de documentos, 11 sustracciones de menores y siete tormentos seguidos de muerte. Ocho años después por una causa de robo de bebés y también por la apropiación de propiedades de desaparecidos.
Saynez dio un golpe teatral, de espectacularidad. Y luego de haber incursionado de manera tardía –pero, eso sí, dicen sus panegiristas que exitosamente- en la guerra de Felipe Calderón en contra de la delincuencia organizada, es corresponsable de los más de 50 mil muertos, de los más de 10 mil desaparecidos, del casi millar de infantes a quienes eufemísticamente se llama “daños colaterales”.
¡Cómo se parecen los almirantes!
Y todo ese parecido, por supuesto, no es mera coincidencia.
Saynez, nuestro almirante, dijo apenas, justificándose, que “los grupos delictivos tratan de manchar el prestigio y buen nombre de las instituciones utilizando a grupos ciudadanos y la bandera de los derechos humanos, con el fin malévolo de obstruir la participación de las mismas en su contra y así tener el campo abierto a su maldad.” En pocas palabras, los malos de Malolandia, contra los buenos de Calderolandia. ¡Puaf!
Massera, aquél de los argentinos, pronunció un discurso al inicio de su juicio ante tribunales creados ad hoc: “…por deformación profesional estábamos absortos en la lucha armada; y estábamos convencidos de que defendíamos a la Nación y estábamos convencidos y sentíamos que nuestros compatriotas no sólo nos apoyaban. Más aún, nos incitaban a vencer porque iba a ser un triunfo de todos. Ese ensimismamiento nos impidió ver con claridad los excepcionales recursos propagandísticos del enemigo y mientras combatíamos un eficacísimo sistema de persuasión comenzó a arrojar las sombras más siniestras sobre nuestra realidad hasta transformarla, al punto de convertir en agresores a los agredidos, en victimarios a las víctimas, en verdugos a los inocentes...”. Y otra vez, ¡puaf!
¡Qué parecidas las palabras y actitudes de los almirantes!, ¿verdad?
Porque eso del respeto a los derechos humanos, en una y otra voz, no dejan de ser sino palabras sin sentido en voz de los almirantes.
Massera no “evitó problemas” con los derechos humanos. Por el contrario, los violó consuetudinariamente.
Saynez, no los “respeta a cabalidad”. ¿Recuerda usted aquellas fotografías del narcotraficante semidesnudo y cubierto de billetes? ¿Las acusaciones en contra de marinos por decenas de vejaciones? Y ahora las propias palabras del secretario de Marina, degradando el papel de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Uno el discurso, otras muy distintas las acciones.
Las de Massera. Las de Saynez. Y ¡cómo se parecen aquél almirante y nuestro almirante! ¿No cree usted?
Índice Flamígero: Nombres, nombres, señor secretario de Marina. Diga usted los nombres de esas organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos que, según usted, son parapeto de los delincuentes. ¿o va a emular a su jefecito Calderón, quien acusa y también omite referirse a los sujetos de su ira? Nombres, nombres o…. ¡mejor quédese callado!
La endeble coartada del alcalde
El asalto a la razón Carlos Marín
Héctor Agustín Murguía Lardizábal no desaprovecha oportunidades para exhibir, a la par que su característica prepotencia, su ineptitud para gobernar Ciudad Juárez.
A Ciro Gómez Leyva le dijo antier (en Radio Fórmula) que “sólo Dios puede garantizar” que no vuelva a suceder otra matanza como la que el domingo restó 17 a la cifra de tres mil 800 reclusos en el penal municipal, planeado para contener… dos mil menos.
“La única forma en que yo pudiera desfogar ese Cereso es abrir la puerta y dejar que los reos se escapen y salgan, para que no estén hacinados”, ironizó.
En el hacinamiento, pues, el alcalde halla refugio para eludir su responsabilidad y la de sus subalternos que facilitaron la pachanga que unos 40 reos realizaban en la cárcel, en la que no faltaron el alcohol, las drogas y… las prostitutas ¡menores de edad!
"Hay el compromiso de no solapar a nadie", promete hoy, después de, cuando menos, haber sido omiso frente a usos y costumbres criminales que incluyeron la introducción hasta de metralletas a su penal.
Indígenas violadas exigen que tribunales civiles investiguen a militares agresores
Deben cumplirse fallos de CIDH y Suprema Corte: Inés Fernández y Valentina Rosendo
Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas que acusan a elementos del Ejército de haberlas violado, exigieron a la procuradurías General de la República (PGR) y General de Justicia Militar (PGJM) que sus agresores sean investigados en el fuero civil, en cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que recientemente se manifestó por restringir el fuero castrense.
Las dos mujeres informaron que entregaron una misiva a la PGR, en la cual le exigen que atraiga el caso de los militares acusados, y otra a la PGJM para que renuncie a este caso y entregue de inmediato las averiguaciones previas iniciadas tras la denuncia de las agresiones, cometidas en 2002 en Guerrero.
En conferencia de prensa –en la que Inés Fernández y Valentina Rosendo, integrantes de la etnia me’phaa, estuvieron acompañadas de representantes de organizaciones de derechos humanos–, se informó que cuando menos hay 500 denuncias de violaciones de garantías en las que están involucrados elementos de las fuerzas armadas, de acuerdo con informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Esos casos deben ser juzgados en tribunales civiles, y no en cortes castrenses, como hasta ahora, señalaron.
La entrega de esas cartas se realiza tras ocho meses de que la CIDH ordenó al Estado mexicano que las investigaciones fueran trasladadas al fuero civil, y luego de que hace unas semanas la SCJN, en una resolución histórica, decidió restringir el fuero militar.
Pero hasta el momento los casos de los militares acusados de violaciones contra ambas indígenas, así como del resto de los casos existentes, permanecen en tribunales castrenses.
Por lo anterior, Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Sergio Méndez Silva, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Édgar Cortez, del Instituto Mexicano para los Derechos Humanos y la Democracia, y Agnieszka Raczynska, de la red Todos los Derechos para Todas y Todos, señalaron que está en juego la congruencia del Ejecutivo para dar cumplimiento a las sentencia dictada por la CIDH.
Méndez Silva señaló que hasta el momento el Estado mexicano está en desacato de la sentencia del órgano internacional, pues sus resoluciones son obligatorias y no revisables, a lo cual se añade, dijo, la resolución recientemente tomada por la SCJN.
Édgar Cortez señaló que esta resolución obliga también al Congreso a modificar el artículo 57 de Código de Justicia Militar, que, hasta ahora, en una interpretación muy amplia, indica que los integrantes del Ejército involucrados en algún delito, aunque no sea estrictamente de disciplina u orden militar, deben ser juzgados por tribunales castrenses.
Respecto de los casos, Valentina Rosendo, originaria de Caxitepec, Guerrero, denunció que fue amenazada, golpeada y violada por dos soldados cuando lavaba ropa en un arroyo cerca de su casa. Tenía 17 años.
También en 2002, Inés Fernández Ortega, de la comunidad Barranca Tecuani, en el municipio guerrerense de Ayutla los Libres, asegura que fue violada y torturada también por militares.
El poder infinito de García Luna
El martes pasado, el jefe de la Policía de Ciudad Juárez, Julián Leyzaola, denunció que fue atacado a tiros por unos 20 agentes de la Policía Federal mientras se dirigía con sus escoltas al Cereso, en donde una riña dejó 17 reos muertos y más de 20 heridos. El miércoles, el militar denunció a los agentes federales por los excesos, y dijo: fue un ataque con dolo. Sabían quién iba en ese auto; dispararon al jefe policiaco a sabiendas de que era él.
Ayer, las agencias internacionales, medios locales y hasta el mismo alcalde, Héctor Murguía Lardizábal, no daban crédito a la noticia: El gobierno federal decidió congelar el subsidio de 57 millones de pesos para Ciudad Juárez, el municipio más violento de México, “por no haber cumplido con una serie de compromisos para mejorar la calidad de sus fuerzas policiacas”. Castigo, pues. Para que sepan quién manda.
¿Pues qué Julián Leyzaola no llegó a Ciudad Juárez desde Tijuana recomendado por el Ejército mexicano y por el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora? ¿Por qué le disparan los federales? ¿Qué no estamos hablando del mismo hombre que el presidente Felipe Calderón ha alabado en público? ¿No es al que el jefe del Ejecutivo federal ensalzó un 7 de octubre de 2010 y puso como ejemplo para la Nación?
Pues sí. Pero ese es el poder de Genaro García Luna.
Nunca en la historia de este país un presidente y todo el aparato federal había estado al servicio de un policía, como hoy.
El mismo hombre que llevó al país a una guerra, ahora le suspende los recursos al municipio más afectado por una estrategia armada equivocada. Se los suspende, además, a un hombre recomendado por otras partes del gabinete federal. Nadie es, queda claro, más poderoso en la administración calderonista.
Ese es el país que vivimos.
Da miedo.
Y mientras, el país en manos de los delincuentes.
Dos notas: Ayer se confirmó que Fortino Cortés Sandoval, alcalde de Florencia de Benito Juárez y presidente de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas (UGRZ), así como su tesorero Gilberto Pérez, fueron torturados y asesinados y lanzados como despojos humanos en el Huejúcar, Jalisco, municipio limítrofe con Zacatecas.
Un día antes, un comando los había sacado de una reunión con otras 20 personas. Les valió una tiznada. Los secuestraron a plena luz del sol y se los llevaron para torturarlos y matarlos. Sin más.
La otra nota: Cinco reporteros del periódico veracruzano Notiver abandonaron la ciudad ante la falta de garantías para proteger su integridad física y el desarrollo de su profesión. Reporteros de televisión, radio y prensa escrita también se fueron.
La madrugada del lunes se encontró el cuerpo sin vida de la reportera Yolanda Ordaz de la Cruz. Estaba decapitada y con signos de tortura. Antes, el 20 de junio, fue ejecutado en su domicilio junto con su esposa e hijo menor, el columnista de Notiver Miguel Ángel López Velasco.
Otra vez: Ese es el país que vivimos.
Da miedo, mucho miedo
Las rebanadas del pastel
Carlos Fernández-Vega
Hoy, y no ayer, como erróneamente se anotó en la entrega previa de México SA, el Coneval actualizará el de por sí abultado inventario de pobres en el país, cuya sociedad parece tener ojos y capacidad de análisis sólo para una de la manifestaciones de la violencia, crudísima, sí, pero no exclusiva. Es la misma sociedad que lleva tres décadas soportando, en silencio, la brutalidad de la política económica, la cual, todo indicaría, es ya tan cotidiana que los mexicanos se habrían habituado a ella sin más, pasivamente.
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