Migrantes en México, en situación de catástrofe
En una reunión con senadores de la República, el relator para temas
migratorios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Felipe
González Morales, alertó ayer sobre la falta de eficacia de la Ley de Migración,
en la medida en que ésta aún carece de un reglamento que permita su aplicación
adecuada, y destacó que los migrantes detenidos por las autoridades tienen
menos derechos que los que cometieron delitos; por ejemplo, no se da derecho al
debido proceso ni a la defensa jurídica de su situación
. Asimismo, demandó
que se permita que las organizaciones de derechos humanos ingresen a las
estaciones migratorias, a fin de que puedan observar la situación en la que se
encuentran los indocumentados.
La presencia del funcionario internacional en el país coincide con la multiplicación de las violaciones a los derechos humanos de los indocumentados cometidas por elementos gubernamentales y con las agresiones criminales perpetradas en su contra por grupos delictivos. Ambos fenómenos configuran una situación catastrófica en la cual los migrantes sin documentación han quedado situados como la parte más indefensa del conglomerado humano que reside en el país o transita por él. Si se considera la extremada vulnerabilidad en la que se encuentran grandes porciones de la población mexicana ante la ofensiva delincuencial y la estrategia gubernamental para contenerla, el desamparo de esos migrantes –centro y sudamericanos, caribeños, asiáticos, africanos, europeos del este, en su enorme mayoría–, incluso mayor que el de los connacionales ubicados en regiones tomadas por la delincuencia, resulta una vergüenza para el país, un grave atropello a las leyes nacionales e internacionales, así como un agravio a los principios básicos de humanidad y de ética.
Un dato escalofriante que ilustra la circunstancia de los indocumentados en nuestro país es la desaparición de miles de ellos en su tránsito por territorio nacional. Ayer mismo, la caravana Paso a paso hacia la paz, formada por familiares de algunos de esos desaparecidos de origen centroamericano, ingresó a México por Ciudad Hidalgo, Chiapas, con la intención de recorrer las rutas más frecuentadas por la corriente migratoria que procede del sur, hasta llegar a la ciudad de México, donde tiene previsto realizar un encuentro en el Zócalo y reunirse con legisladores de la República.
Ante la indolencia del gobierno federal frente a los atropellos cometidos contra dichos migrantes, resulta urgente y necesario que el Legislativo tome cartas en el asunto y se comprometa a impulsar la búsqueda y el rescate de los desaparecidos, pero también a completar un marco normativo que permita otorgar a los extranjeros un trato digno, justo, humanitario y apegado a los principios contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que para México es vinculatoria.
El enorme saldo de muerte, destrucción y dolor que deja día a día la guerra a la que fue llevado el país no tiene nacionalidad. La sociedad en general tiene ante sí el deber de solidarizarse con quienes vienen en la caravana Paso a paso hacia la paz, porque su situación trágica es parte de la nuestra. Pugnar por la erradicación de las condiciones infernales que afrontan los migrantes en su paso por el país es una forma de contrarrestar la degradación legal, moral y humana que padece México en la hora presente.
Tengan su justicia-Fisgón
El pastorcillo víctima de un grave descuido militar
Autor: Álvaro Cepeda Neri *
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Sección: Conjeturas
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27 Julio 2011
Se entiende que los narcotraficantes y sus sicarios son enemigos de todos los mexicanos. Y que los militares, metidos a policías por la garrafal estrategia de Calderón (el único que puede y ha dado esa orden, conforme al artículo 89, fracción VI, y cuya legalidad es parcial porque no se sustenta en el artículo 29 de la Constitución), disparan contra todo lo que se mueve, en esta “guerra” de Calderón, con lo cual los homicidios suman más de 50 mil. Esa carnicería continuará si los contrincantes por la Presidencia de la República no ofrecen un nuevo método para detener a esos enemigos en plena rebelión, que mantienen a la población a merced de un terrorismo sangriento, perpetrando crímenes con la máxima barbarie.
Para colmo, soldados, marinos y los de la Fuerza Aérea abusan apresando, torturando y matando a inocentes; y tienen descuidos como la granada olvidada en un campo de entrenamiento en tierras de pastoreo de la comunidad indígena El ídolo, en la localidad de Petlalcingo, Puebla. El niño Osvaldo Zamora Barragán pastoreaba su rebaño para la subsistencia de su madre y él, cuando le explotó una granada haciéndole perder una pierna, un brazo y daños irreversibles en todo el cuerpo. El padre, indocumentado en territorio estadunidense tuvo que regresar al recibir la noticia. Al redactar estas líneas, el niño se debatía entre la vida y la muerte. Calderón envió a su esposa Margarita Zavala para ofrecer prótesis y ayuda económica, que en nada resolverá lo que produjo el fatal error militar.
Calderón puede ser llevado a los tribunales internacionales (los nacionales no se atreverán a enjuiciar a un expresidente, como ha sido desde Díaz Ordaz, y al parecer no lo será Calderón… a menos que…), por crímenes de lesa humanidad que rayan en genocidio, mexicanos caídos que Calderón califica como “daños colaterales”. Otro niño en el municipio de Juchitán, Guerrero, fue baleado por policías. Y otro en Nuevo León, asesinado por la policía de García Luna. La lista de niños y adolescentes privados de la vida desde 2006 es larga, enlutando a la Nación y dañado irreversiblemente a sus familias. El pastor poblano si sobrevive, estará casi muerto en vida.
La “guerra” calderonista ha ordenado a los militares (y cuando sobre ellos caiga el deslinde de responsabilidades, han de probar que Calderón les ordenó combatir a los enemigos del país y, sobre la marcha cometieron graves errores que no tendrán disculpa), tirar a matar, ya que estos están por su férrea disciplina de guerra, profesionalizados para eso. Empero, sin la vigencia del artículo 29 constitucional, su ley reglamentaria y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgarlos cuando violen los derechos humanos, son corresponsables, aunque no al cien por ciento como su jefe nato el Presidente Calderón, quien ya prepara irse fuera del país para, mientras lo extraditan si es acusado ante los tribunales, escapar de la acción de juicio político y acción penal. Calderón carga miles de homicidios de mexicanos que nada tuvieron que ver con su “guerra”.
*Periodista
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