SAYNEZ: DICHOS OMINOSOS- MARINA EN BUSCA DE COARTADA

Marina en busca de coartada

Plaza Pública

Miguel Angel Granados Chapa

El secretario de Marina lanzó anteayer, en una solemne ceremonia de graduación de oficiales de la Armada, una grave insinuación respecto de los móviles de los organismos de derechos humanos que denuncian los abusos de miembros de esa corporación. Sugirió que son voceros de la delincuencia organizada, utilizados para “tener el campo abierto a su ruindad”.

La defensa de los derechos humanos ha tenido que vencer, a lo largo de las décadas recientes, la resistencia de las autoridades denunciadas por violaciones a esas prerrogativas de las personas. Las agencias policiacas promovieron la creencia de que la protección de tales derechos era un obstáculo a su labor (como si antes de que se pusiera en boga e institucionalizara esa lucha cívica tales corporaciones fueran eficaces) y llegaron al extremo de señalar complicidades entre las organizaciones ciudadanas de derechos humanos con la delincuencia. Un gobernador del Estado de México basó parte de la propaganda que según su plan lo llevaría a la Presidencia de la República en un lema que apenas disimulaba una convicción fascista: Los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas.

Tal reticencia y aun repudio a la actuación de oficinas civiles o públicas de derechos humanos se ha recrudecido al calor de la guerra contra el crimen organizado. Primero el Ejército y después la Marina, fueron involucrados en ella por la segunda administración panista de la historia, y por consecuencia quedaron en el primer plano de los señalamientos contra su conducta, que no infrecuentemente resulta en atentados contra la vida, la integridad y la dignidad de las personas.

Impreparados, o formados sólo superficialmente en el respeto a los derechos humanos, los miembros de esas corporaciones militares suelen contar con el solapamiento de las instituciones respectivas. La Secretaría de Marina, en particular, que avanzó a tierra firme y mantuvo su predominio en las zonas costeras en materia de seguridad, se ha distinguido por su afán de negar que sus miembros agravien a personas contra la ley. A veces, forzadamente, tiene que avenirse a las evidencias y aun así encuentra el modo de hurtar el cuerpo a las acusaciones directas en contra de su personal.

Un ejemplo muy a la mano, pues el caso es materia de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitida hace apenas cuarenta días, es el de José Humberto Márquez Compeán, detenido y muerto en marzo del año pasado en el municipio de Santa Catarina, NL. Si bien fue capturado por la Policía Municipal, se tuvo evidencia de que llegó a manos de marinos, que por ello quedaron como presumiblemente responsables de la muerte violenta del detenido. Aunque aceptó la recomendación de la CNDH, como finalmente ha tenido que hacerlo en otros casos, la Secretaría de Marina insiste en la inocencia de sus miembros señalados como causantes de la privación de la vida de Márquez.

En su discurso del martes, el almirante Mariano Francisco Saynez se cuidó de dejar aparte a esa comisión nacional, a la que encomió, respecto de otras instancias defensoras de los derechos humanos. Dijo el secretario de Marina, luego de asegurar que el respeto a esas prerrogativas de la persona forma parte del patrimonio moral con que la Armada se enfrenta a la delincuencia organizada:

“los grupos delictivos tratan de manchar el buen nombre y prestigio de la Marina utilizando grupos ciudadanos que, mediante engaños, pretenden que caigan en el juego perverso de los criminales que, al utilizar la bandera de los derechos humanos intentan dañar la imagen de las instituciones con el fin malévolo de obstruir la participación de las mismas en su contra, y así tener el campo abierto a su maldad”.

Como su jefe del presidente de la República al hablar de la corrupción de jueces que protegen a delincuentes, el almirante Saynez haría bien en concretar su apreciación y precisar a qué grupos ciudadanos ligados al crimen organizado se refiere, Si se piensa en los diferendos que la Secretaría de Marina tuvo apenas en junio pasado con Amnistía Internacional y el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, es de temer que el secretario se refiera a los esfuerzos de esas organizaciones, que denunciaron la desaparición de personas, con violencia y contra la ley. A una denuncia de la benemérita agrupación civil con sede en Londres, la Marina negó “categóricamente”, el 14 de junio, que “personal naval haya participado en dicho aseguramiento”. Se refería al secuestro de seis personas de cuya ilegal detención Amnistía puso sobre aviso a la opinión pública. Sin embargo, al día siguiente esa dependencia admitió (“se reconoce”, dijo hablando en tercera persona, como si el asunto no fuera de su incumbencia) que algunos de sus miembros “tuvieron contacto con seis de las personas presuntamente detenidas”. Y enseguida sugirió que después de ese “contacto”, quizá grupos delincuenciales se apoderaron de esos desaparecidos a fin de imputar su destino a las autoridades.

En esos días estaba en curso una redada contra personas detenidas en sus domicilios, a los que miembros de la Marina entraron por la fuerza y se las llevaron sin mostrar órdenes de cateo o de aprehensión. Entre el primero y el 23 de junio fueron objeto de ese inhumano trato quince personas. Por si fuera poco, el 3 de julio siguiente la misma suerte padeció una persona más. Su esposa denunció públicamente tal ilegalidad. Como castigo a esa audacia, el domicilio de la denunciante fue baleado con armas de alto poder.

Saynez: dichos ominosos

El pasado martes, en una ceremonia de graduación de cadetes de la Heroica Escuela Naval, en Antón Lizardo, Veracruz, y en presencia del titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, el secretario de Marina, almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, arremetió contra organizaciones defensoras de derechos humanos, a las que acusó de caer en el juego perverso de los criminales y las caracterizó como utilizadas por los grupos delictivos (que) tratan de manchar el prestigio y buen nombre de las instituciones. En coincidencia, el mismo día, el subsecretario Enlace Legislativo de Gobernación, Rubén Fernández, negó que el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de la estrategia en curso contra la delincuencia requiera de una comisión de la verdad porque, a su juicio, tenemos instituciones que procuran la verdad.

Ambas declaraciones configuran una preocupante actitud gubernamental de rechazo a mecanismos de fiscalización social de los abusos gubernamentales y de protección a los derechos humanos que resultan, en circunstancias como las que padece actualmente el país, indispensables, y reafirman el escaso o nulo interés del Ejecutivo federal por el respeto a las garantías individuales.

En lo inmediato, las afirmaciones del almirante Saynez Mendoza llevaron a diversas organizaciones de derechos humanos a retirarse de la mesa de trabajo sobre seguridad que mantenían con la Secretaría de Gobernación, en vista de la falta de disposición oficial a entender la labor de tales grupos.

No era para menos. Fuera del gobierno federal, nadie ignora que la política calderonista de seguridad pública y combate al narcotráfico no ha logrado acercarse a sus objetivos pero, en cambio, ha multiplicado la violencia y las violaciones a los derechos humanos por parte de las corporaciones policiales de todos los niveles y por las fuerzas armadas. Como ejemplo de ello, la propia dependencia que encabeza Saynez Mendoza carga con señalamientos, documentados por Amnistía Internacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por la muerte de civiles, desapariciones forzadas, torturas y uso excesivo de la fuerza.

Ciertamente, como lo dijo el martes el titular de la Secretaría de Marina no se requiere violar la ley para hacerla cumplir, pero hay datos contundentes que indican la falta de capacidad o de voluntad de las corporaciones gubernamentales para ceñirse a ese precepto; por el contrario, la instauración de la guerra que el Ejecutivo federal libra actualmente se ha traducido en una proliferación de atropellos y abusos contra la población en general, agravando con ello el patrón que ha caracterizado al gobierno mexicano desde administraciones anteriores. Recuérdese, al respecto, la barbarie policial exhibida en tiempos de Vicente Fox en los conflictos sociales de Lázaro Cárdenas, Oaxaca y San Salvador Atenco; las masacres campesinas perpetradas durante el sexenio de Ernesto Zedillo y los abundantes asesinatos políticos –de opositores, en su gran mayoría– que caracterizaron al gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

En la presente administración los abusos gubernamentales y la impunidad subsecuente han alcanzado grados sin precedente, y ello hace especialmente necesario el trabajo de organizaciones, movimientos y activistas dedicados a promover el respeto a los derechos humanos y a denunciar las violaciones a éstos. En tal circunstancia, es inaceptable que se pretenda descalificar y hasta criminalizar, desde el poder público, a tales instancias humanitarias y sociales, con el pretexto de que le hacen el juego a la delincuencia, porque de eso a la abierta persecución hay muy poca distancia. Si existe un solo caso en el que se presuma la colusión de un grupo de derechos humanos con la delincuencia, el deber del gobierno es denunciar tal presunción y fincar los cargos que correspondan ante un juez o tribunal. Pero deslizar la sospecha sobre el conjunto de los actores sociales comprometidos con la vigencia de las garantías individuales hace pensar en un poder que busca ampliar sus márgenes de impunidad, como lo hicieron, en décadas pasadas en América Latina, las dictaduras militares, las cuales caracterizaron como enemigos no sólo a sus opositores y detractores políticos, sino también a quienes denunciaban las violaciones a los derechos humanos.