Historias de la tercera edad- Derechos humanos: deterioro inadmisible- Decisiones lamentables

Historias de la tercera edad

Tramitología crucifica a jubilados y pensionados

Errores administrativos los obligan a peregrinar por un sello

Enfrentan insensibilidad y burocratismo por personal del IMSS

Pensionados y jubilados protestan frente a las instalaciones del sindicato del IMSSFoto Marco Peláez

Jubilados del IMSS hacen fila para el cobro de su pensión. Imagen de archivoFoto Guillermo Sologuren

Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada
Sábado 7 de abril de 2012, p. 2

Los jubilados y pensionados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reciben una atención cuyos denominadores comunes son insensibilidad y burocratismo.

Cuando van a una cita médica, solicitan una consulta, gestionan o completan sus trámites de retiro o pensión, al acudir a la farmacia por su dotación de medicinas del mes y al cobrar sus pensiones o firmar la supervivencia, la tramitología e indolencia son la constante en el trato que reciben por el personal administrativo y en ocasiones también del médico.

Por eso muchos deben peregrinar sin sentido de una ventanilla a otra, de una oficina a otra o incluso de una unidad médica a otra.

La Jornada hizo un recorrido por las unidades de medicina familiar (UMF) 7, 11, 28, 31 y 41, entre otras, los hospitales regionales de zona Los Venados, Francisco del Paso (Troncoso), Carlos Mc Gregor (Gabriel Mancera), Hospital número 32 y Centro Médico Nacional Siglo XXI, así como por las subdelegaciones 3 y 10 y observó algunas de las situaciones que experimentan decenas de estos derechohabientes.

Escuchó sus airados reclamos: Se nos trata con indiferencia, los viejitos les valemos; nos discriminan.

A Guadalupe la han enviado a tres especialidades: medicina interna, neurología y diálisis, pero los doctores que la atendieron en esas áeras le dijeron que había sido mal remitida, pues su problema no se relaciona con ninguna de ellas, por lo tanto, indica, sólo ha perdido tiempo yendo de su UMF a la clínica 27 sin tener, ni menos vislumbrar una solución a su problema.

Guadalupe fue pensionada por su esposo, quien falleció hace casi ocho años, y cuenta que tiene problemas frecuentes en la atención debido a que por un error no dieron de baja a su marido ni la registraron a ella como su pensionada; pese a que en innumerables ocasiones ha solicitado se corrija la situación, no ha tenido éxito.

Otra pensionada se forma en la fila de archivo de la UMF 11, tiene el mismo problema y se queja de que no se subsane y de que a la hora de solicitar una cita la hagan, a sus años, ir de una ventanilla a otra, para que un empleado le diga de mala gana que eso a veces pasa con las pensionadas, plasme un sello en su hoja y le envíe otra vez a su consultorio.

Teresa lleva casi dos horas formada en la fila de la farmacia de la clínica 31 de Iztapalapa, una de las más saturadas de esa zona. Ya está hecha a la idea de que existe una posibilidad real de que al llegar al mostrador el despachador le diga que se agotó su medicina. Sabe que, si bien le va, se la darán al día siguiente, y que si no sucede en las próximas 72 horas su prescripción habrá caducado y otra vez tendrá que solicitarla a su médico familiar. Esta vez no fue así, y de inmediato comenta que al menos valió la pena la espera al sol.

Silvia impaciente espera a que su madre sea atendida por la endrocrinóloga. Su cita era a las 11 de la mañana en el consultorio 14 del Hospital General de Zona de Troncoso. Ambas son jubiladas. Pasan de las 12 y la sala de espera se va quedando vacía, mientras el calor aumenta y hace difícil la espera.

Silvia no entiende por qué no son atendidas. La doctora está ahí, y no tiene pacientes. Se levanta, pregunta y la respuesta es la misma: debe seguir esperando.

Mientras tanto cuenta su experiencia. Desde hace cinco años padece hipertensión y señala que aunque fue en el IMSS donde se la detectaron, no le advirtieron que podría tener daños en la vista. Ahora casi ha perdido la visión de su ojo izquierdo, y como en el instituto no me ayudaron optó por seguir los consejos de sus vecinas y fue al Hospital de la Ceguera de Coyoacán. Allí en una consulta que me costó 100 pesos, me hicieron todo lo que no logré en cinco citas en La Raza.

Las dos mujeres esperan más de una hora 40 minutos, y su estancia con la especialista apenas dura unos pocos minutos. No obstante salen contentas y Silvia desea a los que siguen esperando: ¡suerte!

A Víctor Manuel García Mendoza, un hombre de 68 años, no le asombran las malas caras ni que los bastones y las andaderas no conmuevan al personal administrativo del IMSS. Su teoría es que son indolentes e irresponsables en sus trabajos porque están amparados en su sindicato y saben que difícilmente recibirán alguna amonestación o llamado de atención.

Muchos no hacen su trabajo con pasión ni menos por vocación, además se olvidan de que también van a llegar a viejos. Aquí es la suerte, depende de quien te toque, lamenta mientras se da masajes en sus piernas afectadas por ulceraciones, mientras espera a que atiendan a su madre en la sala de urgencias.

Dice que trabajar 35 años como visitador médico le da elementos para afirmar que en el instituto se está a la suerte de quien te atienda. Citó el ejemplo de su madre, una mujer de 91 años que tuvo una caída en la casa y casi hemos tenido que andar mendigando la atención médica; pedimos una ambulancia para trasladarla al hospital y nunca la mandaron. Tuvimos que traerla en carro, ahora está esperando a que la revisen, está en urgencias.

Ismael Frausto Martínez, presidente de la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados del Seguro Social Siglo XXI, lamenta que en el instituto nada sea expedito. Refiere que el último día de cobro los jubilados que acudieron al centro de pagos de Manuel Villalongín debieron esperar hasta ocho horas por su dinero.

Es una muestra más de la poca consideración que tienen con nosotros los jubilados; somos personas de la tercera edad, muchas con enfermedades y discapacidades, no puede ser que hagan esperar por la pensión desde las ocho de la mañana hasta después de las tres de la tarde, porque las camionetas de valores no llegaban. Muchos vienen de lejos y sin dinero y no podían regresar al otro día. Esta es la segunda vez que sucede en los últimos meses.

En cuanto a la atención médica, considera que cada vez es más deficiente. Hay gente que nos trata muy mal por ser adultos mayores.

María Luisa López, integrante de la Asamblea Nacional de Trabajadores Activos y Jubilados del IMSS, coincide en que un problema gravísimo es el desabasto de medicamentos para enfermedades crónico-degenerativas y lamenta que a los jubilados nos traigan a vuelta y vuelta antes de tener que pedir una nueva receta, porque la que te dieron originalmente caduca.

Para María Luisa, ex trabajadora del Hospital Gabriel Mancera, la razón de mucho de lo que se culpa al personal administrativo radica en su sobrecarga de trabajo, porque no hay suficiente personal para atender una demanda creciente. Además, la plaza del trabajador que se jubila se pierde. Hay unidades que no tienen personal completo; se jubilan 13 mil por año y el IMSS ha retenido las contrataciones en deterioro de la atención. Pero para Teresa esa no es excusa para que algunos trabajadores se desquiten con los adultos mayores. La verdad es que los viejitos les valemos.

A Manuel Villaseca Serrano le fue amputada, hace casi 13 años, su pierna derecha tras ser arrollado por una camioneta que conducía una mujer en estado de ebriedad. Hoy tiene 83 años y una pensión por invalidez. Hace poco en el Hospital General Manuel Gea González de la Ssa le detectaron cáncer de próstata, diagnóstico que había sido negativo en el IMSS. Por esta razón, cada tres meses debe colocarse una costosa inyección que le ayuda a sobrellevar el mal, biológico que le proporciona el IMSS, reconoce, pero lamenta que no me quieren poner la inyección. Por eso una de sus hijas se encarga de ello. Pero tiene temor de que el fármaco no haga el efecto deseado debido a una eventual mala administración. Es una inyección muy complicada, debe ser subcutánea y en el abdomen, pero en el Seguro no se la quieren poner porque dicen que no es su responsabilidad, precisó su hija de nombre Rosa María.

Revés en medicina del trabajo

Manuel también se queja de que tras el accidente, ocurrido en 1999, medicina del trabajo le negó la indemnización por la pérdida de su pierna, ya que no consideró el accidente como laboral, porque argumentaron que me había desviado del trayecto al trabajo, pese a que la empresa en que trabajaba lo avaló. Aun con este revés logró pensionarse al 100 por ciento, aunque por lo complicado del caso fue un proceso engorroso, tardé más de un año en recibir mi primer pago.

Otro de sus pendientes es que los médicos que lo ven están repartidos por varios centros de salud y a Manuel le cuesta desplazarse, porque aunque tiene una prótesis y cuenta con la ayuda de sus hijos, le es difícil visitar tantos centros de salud. Por su edad y sus dolencias ya me pesa mucho mi pierna, por lo que requiere que esa atención se le brinde en un solo hospital.

Derechos humanos: deterioro inadmisible

 

      La cifra de 5 mil 176 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a varias entidades gubernamentales –Ejército, Marina y policías de diversos niveles, entre otras– por violaciones a las garantías individuales durante el presente sexenio, el incremento consistente en los casos comprobados de atropellos de autoridades contra la población –de 336 en 2006 a mil 666 en 2011– y la proliferación de denuncias ante el organismo público encargado de defender los derechos fundamentales a escala federal permiten constatar la persistencia de los escenarios de violencia en el país, que incorporan –como prácticas recurrentes– las detenciones ilegales, los tratos crueles e inhumanos, la tortura y otras prácticas similares por parte de quienes debieran resguardar el estado de derecho.

Tal situación confirma, de forma particularmente dolorosa, las advertencias lanzadas en su momento por diversas organizaciones de la sociedad civil, académicos, miembros de la clase política y por la propia CNDH, en el sentido de que el involucramiento de las fuerzas armadas en tareas policiales derivaría, más temprano que tarde, en condiciones propicias para los atropellos masivos a las garantías de delincuentes reales o presuntos, pero también de civiles inocentes.
Casi tan desoladora como la evidencia de crímenes como los referidos –que se suman a la cuota diaria de ejecuciones y levantones asociados al narcotráfico–, es la persistencia, en el tramo final de este gobierno, de un discurso oficial extraviado y ajeno a la realidad: en un documento recientemente divulgado en su revista electrónica, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sostiene que el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos respetan los derechos humanos, y señala que es falso que exista una violación sistemática de los mismos por parte de sus efectivos, pues únicamente se han confirmado ilícitos en 92 casos, equivalentes a 1.6 por ciento del total de quejas presentadas ante la CNDH.

Aun dando por buenas las cifras de la Sedena, los 92 casos aludidos dan un promedio de más de un atropello por mes en lo que va de la actual administración; ese ritmo es indicativo de un patrón de violaciones a los derechos humanos que resulta impresentable incluso en el contexto de la desmedida movilización militar ordenada por el gobierno calderonista para hacer frente al crimen organizado. Por otra parte, una sola violación al marco legal cometida por una autoridad desvirtúa el empeño de hacer valer la ley, contribuye a multiplicar la zozobra de la población, de por sí indemne frente a los delincuentes y, en el caso concreto de los militares, transforma el respeto y la confianza en temor y repudio.

Es claro que por la vía transitada hasta ahora no podrá lograrse el acuerdo social indispensable para que el combate a la delincuencia desemboque en algún resultado positivo. Para ello, además de una real disposición a combatir la delincuencia y la inseguridad desde sus causas originarias –lo que implica un viraje de fondo en el actual rumbo económico del país, generador de pobreza, marginación, desempleo, desintegración social y otros elementos que componen un caldo de cultivo para la delincuencia–, es necesario un compromiso real de los distintos niveles de gobierno en la observancia de la legalidad en todos sus aspectos, y la comprensión de que la ilegalidad no puede combatirse con ilegalidad y de que ésta no se reduce al narcotráfico, el secuestro, el homicidio y el robo, sino incluye la corrupción, el desvío de recursos, las distorsiones a la voluntad popular y, desde luego, las violaciones a las garantías individuales, que en este sexenio han alcanzado niveles indignantes y escandalosos.

Decisiones lamentables

Ana María Aragonés

 

      Se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, que plantea la forma en la que se van a aplicar los procedimientos para procesar a menores infractores de 12 a 18 años.

Una de las propuestas que más se destaca es que la edad para ser imputado por un delito bajó de 18 a 14 años. Si analizamos la situación en la que se encuentran muchos jóvenes en este país, desde nuestro punto de vista, es una solución totalmente equivocada, alejada de la ética.
En primer lugar, se evidencia la falta de apoyo del gobierno a la educación, al señalarse que de los 122 mil aspirantes del concurso de ingreso a la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para el ciclo escolar 2013-1, menos de 10 por ciento obtuvo un lugar; es decir, 11 mil 116. No es que los jóvenes no tengan la capacidad intelectual para incorporarse a estudios universitarios, sino que la UNAM no tiene la capacidad presupuestal para incorporarlos.
Por eso es también lamentable que la licenciatura de mayor demanda, la de médico cirujano, al ser una carrera considerada saturada, se pide a los jóvenes que opten por otra. Por eso, de 14 mil aspirantes que aplicaron para medicina sólo entraron 327. Esto resulta desastroso para el país, pues nunca los médicos son demasiados para una sociedad.
México tiene el segundo lugar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con 7 millones de muchachos que no estudian ni trabajan, no por decisiones propias, por supuesto, sino por incapacidad de la economía y del sector educativo, así como por un entorno familiar poco favorable. Estos jóvenes dejaron la escuela hace cinco o estudiaron hasta 15 años según la edad; 26 por ciento no terminó la primaria o secundaria; 43.8 por ciento obtuvo educación básica, pero truncó sus estudios de preparatoria y 18.6 por ciento sí la terminó; sólo 11 por ciento aprobó algún grado de educación superior.
Sin duda, se requieren cuantiosos recursos para cambiar las condiciones de la educación, pero, sobre todo, una decisión política que la ponga en el centro del proyecto nacional si se quiere desarrollar al país. Como dice Miguel Székely: el mayor costo de todos los posibles es no atender el problema, generando riesgos crecientes para el futuro.
Y si la educación se encuentra en esas condiciones desastrosas, las opciones de empleo no están en mejores condiciones, pues 66 por ciento de los jóvenes de 12 a 24 años que logran obtener un trabajo lo tienen en el sector informal. (La Jornada, 28 de marzo). A esto hay que añadir el hecho de que la opción de la migración sigue estando muy restringida, lo que incrementa la presión social interna al no cambiar las condiciones en el país.

Este escenario que se ve agravado con los datos que presenta el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) acerca de la pobreza. Si en 2006 la pobreza de ingresos ascendía a 45.5 millones de personas, para 2010 esta cifra se incrementó a 57.7 millones; es decir, creció 27 por ciento. El número de mexicanos en pobreza alimentaria pasó de 14.7 millones a 21.2 millones, lo que significa un aumento de 44 por ciento, y el número de los que están en pobreza de capacidades creció de 22 millones a 30 millones; es decir un aumentó 50 por ciento. (Carlos Fernández-Vega).

Este contexto desolador es el que gira en torno a los 25 y 30 mil jóvenes de 13 a 25 años que son detenidos como presuntos responsables de pertenecer a las bandas criminales y en el de los niños de 13 a 16 años que confiesan haberse enfrentado a grupos antagónicos. (Informador.com.mx).

Ante este panorama, nuestros preclaros legisladores han encontrado como solución la Ley Federal de Justicia para los Adolescentes. Muchas preguntas nos surgen: ¿por qué se escogió los 14 años?, ¿quiere decir que cuando se les ocurra podrán bajarla a 12 años? ¿No se está violando la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, firmados por México? ¿Han tomado en cuenta las condiciones bajo las cuales estos niños infringen la ley? ¿Se han percatado los legisladores de que estos menores nacieron prácticamente en el periodo del proyecto neoliberal y muchos en la alternancia? ¿No hay ninguna responsabilidad de los gobernantes? ¿Se puede llamar a esto justicia?

Hay que enfatizar el hecho de que una parte muy importante de estos niños vive en la pobreza, sin acceso a la educación, a la recreación, ni a un futuro decente, y a es a ellos a quienes se persigue, a los más vulnerables. Para colmo, se incorporarán a un sistema penal que no los prepara para ser rehabilitados, y el daño, por ser niño, será mucho peor.

amaragones@gmail.com