A Elba Esther, ni todo el amor ni todo el poder
Elba Esther Gordillo, líder vitalicia del SNTE.
Foto: Marco Antonio Cruz.
Foto: Marco Antonio Cruz.
El gobierno entrante lanza mandobles a la cabeza del sindicato de los maestros –coloca en la SEP a un personaje, Emilio Chuayffet, en cuyo historial destaca un triunfo sobre Elba Esther Gordillo, al tiempo que a ella la margina de la planeación de la reforma del sector–, y por otro lado le regala a la líder sindical los amarres necesarios para que siga beneficiándose con las prebendas gremiales y de su partido, sin que ninguna investigación judicial ensombrezca su horizonte.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Días antes de su toma de posesión Enrique Peña Nieto se reunió con Elba Esther Gordillo. Hablaron del Pacto por México y de la propuesta de reforma educativa. Sin embargo, la profesora no fue convocada para la elaboración de la iniciativa.
Desde el regreso del PRI a Los Pinos la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) aparentemente no las ha tenido todas consigo. El poder que alcanzó durante los gobiernos panistas –entre otras cosas colocó allegados suyos en las direcciones generales de la Lotería Nacional y del ISSSTE, en la Subsecretaría de Educación Básica y en la Secretaría Técnica de Seguridad Pública– se ve desdibujado.
Además el gobierno peñista le puso como cuña en la Secretaría de Educación Pública a Emilio Chuayffet Chemor, con quien Gordillo tuvo serias desavenencias hasta que fue desconocida como coordinadora del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados en 2004.
Mientras la maestra guarda silencio –no asistió a la presentación de la propuesta de reforma educativa y no ha emitido declaración personal alguna–, Chuayffet manifestó que esperaba no tener problemas con ella. En entrevistas diversas, ha expresado su respeto por ella: ambos somos profesionales, dice.
Ahora Gordillo está limitada por la iniciativa de reforma educativa, que restringe sus poderes para el manejo de las plazas de los maestros de educación básica y media de todo el país. Aparentemente aceptó, a cambio de mantener el control del SNTE –lo que le significa disponer de 170 millones de pesos mensuales–, seguir recibiendo las prebendas del Partido Nueva Alianza (Panal) y no ser investigada por la tenencia de más de 70 propiedades a su nombre y al de miembros de su familia, como consta en documentos oficiales de los que Proceso tiene copia.
Según versiones de dirigentes magisteriales y legisladores, Gordillo fue excluida de tomar parte en la elaboración de la iniciativa de ley en materia educativa que reforma los artículos 3 y 73 de la Constitución, proyecto en el cual participaron varios especialistas opuestos al liderazgo vitalicio de la política chiapaneca.
Pero ella sí se mantuvo enterada de la reforma educativa y la aceptó. A cambio de ello, señalan algunos disidentes del sindicato magisterial, hace unos días el magistrado Álvaro Castro Estrada –nombrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje apenas una semana antes del fin del gobierno de Felipe Calderón– le otorgó la toma de nota de los cambios al estatuto del SNTE realizados en octubre en su Congreso Nacional.
Con esta toma de nota Gordillo es reconocida legalmente como presidenta del Consejo General del SNTE para cualquier negociación con el gobierno federal y de los estados como la única representante del millón 700 mil trabajadores de la educación que integran el sindicato magisterial.
Ese tribunal tiene pendientes de resolver 150 mil demandas interpuestas por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en los cinco últimos años contra la Alianza por la Calidad de la Educación y la aplicación de la evaluación universal.
Pago de facturas
Para el profesor Artemio Ortiz Hurtado, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE, es más que claro que se trata de un pago de facturas a Gordillo por su trabajo en las elecciones pasadas y por aceptar la reforma educativa. “Le dijeron que podía seguir al frente del sindicato siempre y cuando sometiera o mediatizara a la disidencia”, advierte en entrevista.
El profesor michoacano, exlíder de la sección XVIII del SNTE en Michoacán, fue quien advirtió, antes de las elecciones del 1 de julio, sobre el Operativo Ágora, mediante el cual Gordillo movilizó a 27 mil promotores magisteriales para conseguir cinco millones de votos a favor de Peña Nieto.
Ortiz considera falso que haya una pelea entre Peña Nieto y Gordillo, porque dice que mientras la maestra le sirva al gobierno mediatizando al sindicato y atacando a la disidencia, será una garantía política.
–Da la impresión de que se pactó desde antes la reforma educativa entre Peña y Elba Esther…
–Por lo menos hay un acuerdo por debajo del agua. Un primer acuerdo fue que Elba Esther apoyara a Peña Nieto en el proceso de fraude de la elección de julio. Otro acuerdo fue que le darían nuevamente la gracia para este sexenio al otorgarle la toma de nota y el reconocimiento como presidenta del Consejo General del SNTE.
“El compromiso es que ella cumpla con los ordenamientos del nuevo gobierno federal de hacer constitucional la Alianza por la Calidad de la Educación con toda la agresión al sistema educativo nacional, al derecho laboral de los trabajadores de la educación sustentado en la Constitución.
(Fragmento del reportaje principal que se publica en Proceso 1885, ya en circulación)
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Días antes de su toma de posesión Enrique Peña Nieto se reunió con Elba Esther Gordillo. Hablaron del Pacto por México y de la propuesta de reforma educativa. Sin embargo, la profesora no fue convocada para la elaboración de la iniciativa.
Desde el regreso del PRI a Los Pinos la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) aparentemente no las ha tenido todas consigo. El poder que alcanzó durante los gobiernos panistas –entre otras cosas colocó allegados suyos en las direcciones generales de la Lotería Nacional y del ISSSTE, en la Subsecretaría de Educación Básica y en la Secretaría Técnica de Seguridad Pública– se ve desdibujado.
Además el gobierno peñista le puso como cuña en la Secretaría de Educación Pública a Emilio Chuayffet Chemor, con quien Gordillo tuvo serias desavenencias hasta que fue desconocida como coordinadora del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados en 2004.
Mientras la maestra guarda silencio –no asistió a la presentación de la propuesta de reforma educativa y no ha emitido declaración personal alguna–, Chuayffet manifestó que esperaba no tener problemas con ella. En entrevistas diversas, ha expresado su respeto por ella: ambos somos profesionales, dice.
Ahora Gordillo está limitada por la iniciativa de reforma educativa, que restringe sus poderes para el manejo de las plazas de los maestros de educación básica y media de todo el país. Aparentemente aceptó, a cambio de mantener el control del SNTE –lo que le significa disponer de 170 millones de pesos mensuales–, seguir recibiendo las prebendas del Partido Nueva Alianza (Panal) y no ser investigada por la tenencia de más de 70 propiedades a su nombre y al de miembros de su familia, como consta en documentos oficiales de los que Proceso tiene copia.
Según versiones de dirigentes magisteriales y legisladores, Gordillo fue excluida de tomar parte en la elaboración de la iniciativa de ley en materia educativa que reforma los artículos 3 y 73 de la Constitución, proyecto en el cual participaron varios especialistas opuestos al liderazgo vitalicio de la política chiapaneca.
Pero ella sí se mantuvo enterada de la reforma educativa y la aceptó. A cambio de ello, señalan algunos disidentes del sindicato magisterial, hace unos días el magistrado Álvaro Castro Estrada –nombrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje apenas una semana antes del fin del gobierno de Felipe Calderón– le otorgó la toma de nota de los cambios al estatuto del SNTE realizados en octubre en su Congreso Nacional.
Con esta toma de nota Gordillo es reconocida legalmente como presidenta del Consejo General del SNTE para cualquier negociación con el gobierno federal y de los estados como la única representante del millón 700 mil trabajadores de la educación que integran el sindicato magisterial.
Ese tribunal tiene pendientes de resolver 150 mil demandas interpuestas por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en los cinco últimos años contra la Alianza por la Calidad de la Educación y la aplicación de la evaluación universal.
Pago de facturas
Para el profesor Artemio Ortiz Hurtado, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE, es más que claro que se trata de un pago de facturas a Gordillo por su trabajo en las elecciones pasadas y por aceptar la reforma educativa. “Le dijeron que podía seguir al frente del sindicato siempre y cuando sometiera o mediatizara a la disidencia”, advierte en entrevista.
El profesor michoacano, exlíder de la sección XVIII del SNTE en Michoacán, fue quien advirtió, antes de las elecciones del 1 de julio, sobre el Operativo Ágora, mediante el cual Gordillo movilizó a 27 mil promotores magisteriales para conseguir cinco millones de votos a favor de Peña Nieto.
Ortiz considera falso que haya una pelea entre Peña Nieto y Gordillo, porque dice que mientras la maestra le sirva al gobierno mediatizando al sindicato y atacando a la disidencia, será una garantía política.
–Da la impresión de que se pactó desde antes la reforma educativa entre Peña y Elba Esther…
–Por lo menos hay un acuerdo por debajo del agua. Un primer acuerdo fue que Elba Esther apoyara a Peña Nieto en el proceso de fraude de la elección de julio. Otro acuerdo fue que le darían nuevamente la gracia para este sexenio al otorgarle la toma de nota y el reconocimiento como presidenta del Consejo General del SNTE.
“El compromiso es que ella cumpla con los ordenamientos del nuevo gobierno federal de hacer constitucional la Alianza por la Calidad de la Educación con toda la agresión al sistema educativo nacional, al derecho laboral de los trabajadores de la educación sustentado en la Constitución.
(Fragmento del reportaje principal que se publica en Proceso 1885, ya en circulación)
Los 14 retenidos por disturbios, una cuota política
Estudiantes protestan contra los abusos policiacos el 1 de diciembre.
Foto: Germán Canseco
Foto: Germán Canseco
Para los integrantes del movimiento #YoSoy132 y de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, es claro que los 14 jóvenes retenidos por los disturbios del sábado 1 –13 hombres y una mujer– son la “cuota política” que el Estado se arroga ante la falta de elementos para demostrar su presunta responsabilidad en la comisión del delito de ataques a la paz pública, expresión propuesta en 2002 por Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de gobierno. Por eso insisten en que se derogue el artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal que tipifica ese delito, equiparable al de disolución social, de infausta memoria. Y sostienen: “El culpable aquí es el Estado”
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El delito de ataques a la paz pública en pandilla que mantiene en la cárcel a 14 de los jóvenes que se manifestaron el sábado 1 es equiparable al de disolución social que se aplicó a los estudiantes del movimiento de 1968 y culminó el 2 de octubre de ese año con la matanza de decenas de ellos en la Plaza de las Tres Culturas.
Este aspecto le pesa “políticamente” a la juez 47 de lo Penal, Patricia Mora Brito, pues según el razonamiento que aparece en los expedientes de los otros 55 detenidos –quienes tuvieron que ser puestos en libertad porque los partes de policía eran genéricos, imprecisos y contradictorios– es similar al de los autos de los otros 14 que aún están en prisión.
Para integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Mora Brito “se contradice en su propia resolución”, por lo que, arguyen, los 14 que se quedaron presos son una “cuota política”.
Los litigantes promueven, a través del movimiento #YoSoy132, la desaparición del artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal vigente, que a la letra dice:
“Artículo 362. Se le impondrán de cinco a treinta años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, al que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del Gobierno del Distrito Federal, o presionen a la autoridad para que tome una determinación”.
El jueves 14, abogados de la ANAD entregaron a Dinorah Pizano, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), la propuesta de iniciativa para derogar ese artículo.
David Peña, afiliado a la asociación y a la Liga de Abogados 1 de Diciembre, explica que el citado artículo data de 2002, cuando el entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, modificó el código. En la exposición de motivos se hacía referencia a los antecedentes de este tipo penal.
La iniciativa de 2002
El 30 de abril de ese año, la ALDF aprobó la redacción del artículo 362 en el cual se hablaba de terrorismo. El 16 de junio siguiente los legisladores enviaron la iniciativa a López Obrador para su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Sin embargo, dos días después, López Obrador devolvió el proyecto de decreto con algunas observaciones, entre ellas propuso sustituir la palabra “terrorismo” por “ataques a la paz pública”. La moción fue aceptada por la ALDF el 27 de junio y se publicó en la Gaceta Oficial el 16 de julio posterior.
De acuerdo con los abogados, la represión del sábado 1 es equiparable a la que sufrieron los estudiantes que acudieron el 2 de octubre de 1968 al mitin convocado por el Consejo Nacional de Huelga (CNH) en Tlatelolco. Por ello urgen a la ALDF a derogar el artículo 362 antes de que concluya el año para que los 14 detenidos recobren su libertad.
“Los integrantes de la ANAD elaboramos la iniciativa inspirados en la represión ejercida contra los jóvenes el sábado 1 de diciembre. La acusación que les imputaron fue desproporcionada y desmedida. También lo hicimos porque en los últimos tres años este mismo delito –‘ataques a la paz pública’–ha sido utilizado para criminalizar sólo a jóvenes, como los reggaetoneros que fueron detenidos a mitad de año por presuntos actos vandálicos en estaciones del metro.
“Asimismo, el movimiento #YoSoy132 asumió la propuesta de pedir la derogación a partir de esta coyuntura política”, sostiene el abogado Peña.
En cuanto a los conceptos de “ataques a la paz pública” y “disolución social”, refiere: “Hicimos un comparativo entre los puntos del CNH del 68 y lo que ahora reivindica el #YoSoy132. En aquella época, los estudiantes pedían la derogación del delito de disolución social; los jóvenes de ahora demandan la derogación del de ataques a la paz pública. En el 68 exigían la destitución del jefe de la policía; hoy ya se fue, pero si se hubiera quedado la demanda sería la misma”.
Peña añade dos puntos de convergencia: los estudiantes del 68 pedían la disolución del cuerpo de granaderos por su actuación en la matanza del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Y aunque eso no sería posible ahora pese a la agresión del sábado1 en el centro de la ciudad, dice, debe hacerse algo con este cuerpo policial cuyos integrantes llevan años capacitándose en leyes, técnicas y tácticas para el uso de la fuerza.
Lo grave es que en el momento de los incidentes no se acuerdan de la ley ni de la capacitación y actúan con la fuerza bruta, dice el litigante.
Y así como el CNH abogaba por la libre manifestación o de expresión, lo que hoy se pide es la no criminalización de la protesta.
“Si en el 68 participabas en una manifestación, era suficiente que alguien dijera: ¡Abajo el gobierno!, para que lo acusaran de disolución social. En la actualidad esta práctica sigue vigente. En el 68, a la disolución social se le consideraba una modalidad de terrorismo; ahora, el gobierno del Distrito Federal lo aplica con el mismo criterio.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1885, ya en circulación)
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El delito de ataques a la paz pública en pandilla que mantiene en la cárcel a 14 de los jóvenes que se manifestaron el sábado 1 es equiparable al de disolución social que se aplicó a los estudiantes del movimiento de 1968 y culminó el 2 de octubre de ese año con la matanza de decenas de ellos en la Plaza de las Tres Culturas.
Este aspecto le pesa “políticamente” a la juez 47 de lo Penal, Patricia Mora Brito, pues según el razonamiento que aparece en los expedientes de los otros 55 detenidos –quienes tuvieron que ser puestos en libertad porque los partes de policía eran genéricos, imprecisos y contradictorios– es similar al de los autos de los otros 14 que aún están en prisión.
Para integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Mora Brito “se contradice en su propia resolución”, por lo que, arguyen, los 14 que se quedaron presos son una “cuota política”.
Los litigantes promueven, a través del movimiento #YoSoy132, la desaparición del artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal vigente, que a la letra dice:
“Artículo 362. Se le impondrán de cinco a treinta años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, al que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del Gobierno del Distrito Federal, o presionen a la autoridad para que tome una determinación”.
El jueves 14, abogados de la ANAD entregaron a Dinorah Pizano, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), la propuesta de iniciativa para derogar ese artículo.
David Peña, afiliado a la asociación y a la Liga de Abogados 1 de Diciembre, explica que el citado artículo data de 2002, cuando el entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, modificó el código. En la exposición de motivos se hacía referencia a los antecedentes de este tipo penal.
La iniciativa de 2002
El 30 de abril de ese año, la ALDF aprobó la redacción del artículo 362 en el cual se hablaba de terrorismo. El 16 de junio siguiente los legisladores enviaron la iniciativa a López Obrador para su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Sin embargo, dos días después, López Obrador devolvió el proyecto de decreto con algunas observaciones, entre ellas propuso sustituir la palabra “terrorismo” por “ataques a la paz pública”. La moción fue aceptada por la ALDF el 27 de junio y se publicó en la Gaceta Oficial el 16 de julio posterior.
De acuerdo con los abogados, la represión del sábado 1 es equiparable a la que sufrieron los estudiantes que acudieron el 2 de octubre de 1968 al mitin convocado por el Consejo Nacional de Huelga (CNH) en Tlatelolco. Por ello urgen a la ALDF a derogar el artículo 362 antes de que concluya el año para que los 14 detenidos recobren su libertad.
“Los integrantes de la ANAD elaboramos la iniciativa inspirados en la represión ejercida contra los jóvenes el sábado 1 de diciembre. La acusación que les imputaron fue desproporcionada y desmedida. También lo hicimos porque en los últimos tres años este mismo delito –‘ataques a la paz pública’–ha sido utilizado para criminalizar sólo a jóvenes, como los reggaetoneros que fueron detenidos a mitad de año por presuntos actos vandálicos en estaciones del metro.
“Asimismo, el movimiento #YoSoy132 asumió la propuesta de pedir la derogación a partir de esta coyuntura política”, sostiene el abogado Peña.
En cuanto a los conceptos de “ataques a la paz pública” y “disolución social”, refiere: “Hicimos un comparativo entre los puntos del CNH del 68 y lo que ahora reivindica el #YoSoy132. En aquella época, los estudiantes pedían la derogación del delito de disolución social; los jóvenes de ahora demandan la derogación del de ataques a la paz pública. En el 68 exigían la destitución del jefe de la policía; hoy ya se fue, pero si se hubiera quedado la demanda sería la misma”.
Peña añade dos puntos de convergencia: los estudiantes del 68 pedían la disolución del cuerpo de granaderos por su actuación en la matanza del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Y aunque eso no sería posible ahora pese a la agresión del sábado1 en el centro de la ciudad, dice, debe hacerse algo con este cuerpo policial cuyos integrantes llevan años capacitándose en leyes, técnicas y tácticas para el uso de la fuerza.
Lo grave es que en el momento de los incidentes no se acuerdan de la ley ni de la capacitación y actúan con la fuerza bruta, dice el litigante.
Y así como el CNH abogaba por la libre manifestación o de expresión, lo que hoy se pide es la no criminalización de la protesta.
“Si en el 68 participabas en una manifestación, era suficiente que alguien dijera: ¡Abajo el gobierno!, para que lo acusaran de disolución social. En la actualidad esta práctica sigue vigente. En el 68, a la disolución social se le consideraba una modalidad de terrorismo; ahora, el gobierno del Distrito Federal lo aplica con el mismo criterio.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1885, ya en circulación)
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