Astillero- El estigma de Acteal: 15 años de impunidad de Estado- Mancera y los 14- Proteger a todos los miembros de nuestra familia humana

Astillero

Neofelipismo tricolor

Cambios procesales

Moreira y el borracho

Derogar el 362

Julio Hernández López

EN PALACIO NACIONAL. El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam; el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón, y el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Franco Arroyo Vieyra, durante la segunda sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública

Foto María Luisa Severiano

 

Fue una especie de neofelipismo teñido de tres colores. Pareciera lo mismo, con todo y descalificaciones, desacreditaciones y artillería verbal dirigida más a los procedimientos y los resultados específicos, que a la esencia, al espíritu calderonista. Priísmo camaleónico parapetado entre demagogia pronunciada con más oficio por parte de Jesús Murillo Karam y un discurso insustancial del propio Peña Nieto.

 

Novedades de procedimiento: regionalización, gendarmería, planes, proyectos, promesas. Genaro García Luna habría aplaudido con verdadero convencimiento. Y Felipe Calderón podría sonreír, satisfecho por el fondo de las cosas, aunque los diagnósticos y la palabrería fueran necesariamente adversas a la administración recién pasada a la que las reglas básicas del priísmo clásico aconsejan atacar y culpar de cuanto se pueda, aunque a fin de cuentas la línea de continuidad siga vigente.

 

Peña Nieto ni siquiera mostró enjundia pareja. Sólo parecía emocionarse en los pasajes de voluntarismo elemental, convocando a trabajar en equipo, a salir adelante, a luchar por México. Su audiencia falló al no levantarse emocionada a corear muchas veces un ¡Sí se puede! que habría sido el complemento ideal de los esfuerzos oratorios peñistas que parecían provenir de un manual de superación personal e institucional .

 

El tradicional rosario retórico se producía ahora bajo la batuta priísta, con Miguel Ángel Osorio Chong como coordinador, mientras otro distinguido militante del partido de tres colores se lanzaba jurídicamente contra el ex ocupante de Los Pinos, Felipe Calderón. Profundamente dolido por el asesinato de uno de sus hijos, el ex gobernador Humberto Moreira criticó el deficiente desempeño indagatorio de la nueva administración coahuilense, a cargo de su hermano Rubén. Además, enderezó una demanda ante la Corte Penal Internacional contra Felipe Calderón, al que señaló como briago en sangre y borracho. El ex presidente del PRI consideró que FCH no conocerá el cielo, porque está condenado a no ir ahí. Un hombre que trae en sus espaldas más de 100 mil muertos, el desgraciado, el que me persiguió y me peló los dientes.

 

Aun cuando en su fase actual el enfrentamiento entre Calderón y Humberto Moreira tiene como referente principal el lamentable asesinato de uno de los hijos del ex gobernador, lo cierto es que la confrontación entre ambos personajes ha sido larga, intensa y, en términos generales, plenamente ganada por los priístas Moreira. Ahora, Humberto anuncia que está escribiendo un libro, El odio del águila, en el que narrará pasajes escandalosos del desequilibrado panista michoacano, a quien dice haber llamado borracho en un programa de televisión y en Los Pinos frente al entonces secretario de Gobernación, Francisco Blake. Aparte de describirlo como idiota y estúpido, el ex gobernador Moreira ha señalado a Calderón como el loco presidente usurpador y ratero. Para responderle, el PAN habilitó a Juan Molinar Horcasitas, quien siempre será recordado por su papel en el drama de los niños muertos en la guardería sonorense ABC.

 

Luego de leer la crónica y reflexión de Adolfo Gilly titulada La provocación del primer día (http://bit.ly/TsFsw1), este tecleador testimonial comparte lo que escribió Carlos Brito, uno de los más lúcidos partícipes del movimiento 132. “Rebasado y conmovido, pensé que no importaría cuánto documentáramos esto. Habría una herida que ya no podría sanarse nunca. Me sentí finalmente derrotado. Sintiendo vértigo ante el cambio de época. Confundido, cansado y con el ánimo devastado me fui a mi casa. De camino me enteré ya de los detenidos, poco a poco iría siendo más claro todo, y a la vez, más preocupante. En esas seis horas todos salimos siendo distintas personas: llenas de agravios y con buena parte de la confianza perdida. Seis horas en las que nunca volteé la mirada al reloj.

 

El traspaso de poderes se llevó a cabo entre el acoso de la policía, la incertidumbre sobre provocadores e infiltrados, la violencia desmedida que venía de todos lados, las detenciones arbitrarias, el fuego, las balas de goma, las bombas molotov, las explosiones; el mensaje que se mandaba a la sociedad civil más que a organizarse era de parálisis. Una trampa. ¿Quién ganaba en todo esto?, ¿quién había buscado que las cosas fueran así?, me seguí preguntando a la vez que recordaba los días de mayo. No lo sé aún, pero lo voy a saber. Poner las piezas juntas es el inicio de la historia. En http://bit.ly/XBjFSQ está disponible el texto de Brito.

 

Perredistas pertenecientes a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal impulsan la derogación del artículo 362 del Código Penal capitalino que establece el delito de ataques a la paz pública. Es importante en sí mismo retirar un instrumento de fácil utilización desde el poder para endilgar a opositores una conducta punible que los puede mantener en la cárcel durante periodos prolongados, aunque al final nada se les pruebe y por tanto deban ser puestos en libertad.

 

Pero, además, en las actuales circunstancias derivadas del pasado día primero, la ALDF podría estar brindando un doble servicio, derogando ese delito de corte político y pavimentando el camino para que con efectos de retroactividad en favor de los 14 inculpados que aún están en prisión, pudieran alcanzar con rapidez su libertad bajo caución, procesados solamente por otras acusaciones menores. Por lo pronto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar, ha dicho que las primeras sentencias de los 14 detenidos por el 1DMX se producirían a mediados de enero para aquellos acusados que hubieran optado por juicios sumarios y que, para quienes prefirieron la vía ordinaria, la tardanza será mayor.

 

Y, mientras cobra fuerza la batalla legislativa por el presupuesto 2013, en un terreno en el que alianzas crujirán y proyectos naufragarán, ¡hasta mañana, entre santos peregrinos!

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El apagón maya... nos la pellizca-Magú

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El estigma de Acteal: 15 años de impunidad de Estado

Magdalena Gómez

Entre la enorme cauda de agravios impunes contra los pueblos indígenas, destaca Acteal, para hablar de los más recientes. La matanza del 22 de diciembre de 1997 fue perpetrada por grupos paramilitares cuya sola denominación indica el origen, y a estas alturas ya se han quedado sin argumentos quienes desde la órbita estatal pretendieron justificar tal ignominia bajo el manto del concepto de conflictos intracomunitarios. Recordemos el llamado Libro blanco, de la Procuraduría General de la República (PGR), donde se pretendió dar sustento a tal planteamiento.

 

La trayectoria de búsqueda de la justicia en el caso Acteal guarda paradojas que parecen inimaginables. En lógica estatal no se puede ocultar la existencia ominosa de la masacre, pero su autoría y consecuente responsabilidad es hoy jurídicamente fantasmal. Queda el estigma cierto de que 45 indígenas, en su mayoría mujeres y niños que oraban por la paz en una ermita en el municipio de Chenalhó, fueron asesinados. Y sin embargo llega el decimoquinto aniversario sin culpables materiales e intelectuales, pues los primeros han sido liberados en virtud de que la Suprema Corte de Justicia encontró las consuetudinarias fallas en el debido proceso (20 de ellos el 12/8/2009 y siete más el pasado 2 de febrero). En septiembre de 2011 se presentó en Estados Unidos una demanda de carácter civil contra el ex presidente Ernesto Zedillo, quien logró el apoyo del calderonismo para gestionar la recomendación del Departamento de Estado para que se considere la inmunidad. Este episodio está rodeado de secreto en cuanto a sus promoventes oficiales y oficiosos. A los primeros se les ocultó la identidad y no se logró verificar si se trata de auténticos supervivientes de las víctimas de Acteal y la información que manejó la demanda proviene del reporte de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en la Procuración y Administración de Justicia en el Poblado de Acteal, dado a conocer dos meses antes de la presentación de la demanda. La fiscalía que había sido creada en 2006 por el ex gobernador Juan Sabines prácticamente desapareció, no actuó en consecuencia a partir de sus conclusiones incriminatorias contra el ex presidente Zedillo, casualmente no así para el ex secretario de Gobernación Emilio Chuayffet, hoy convertido en titular de Educación –sin la evaluación previa que busca para quienes aspiren a obtener una modesta plaza magisterial–, y a cuyas declaraciones la fiscalía chiapaneca les dio virtual valor pleno, pues cual Pilatos se lavó las manos señalando que informó de la situación en Chenalhó al ex presidente y éste no le dio instrucciones. Hace días el funcionario mexiquense comentó a Carmen Aristegui que responsabilidad sólo existe jurídica, no moral ni social, como se señala y ésta no le ha sido acreditada . ¡Ni a él ni a nadie! Justamente de esa magnitud es el agravio. Las Abejas lograron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diera entrada al caso, pero hasta hoy no se ha presentado informe alguno.
 

Siempre he pensado que cuando los movimientos se traducen en meras efemérides reflejan su debilidad. En este caso, por fortuna, no hay tal, pues la organización Las Abejas y el Centro Frayba, que han asumido la lucha por la justicia, gozan de cabal salud política y organizativa. Ni qué decir del EZLN, que fiel a su estrategia mantiene el frente de las juntas de buen gobierno para construir las llamadas autonomías de hecho y da cotidiano sentido a la línea de no relación con el gobierno, ello pese a las crecientes amenazas y provocaciones de la parte oficial, donde de nueva cuenta se busca señalar que se trata de conflictos entre organizaciones.

 

En ocasión de su aniversario, Las Abejas plantearon un mensaje muy elocuente: “Hace 20 años nosotros creíamos en la democracia institucional (teníamos esperanzas en que los gobernantes y partidos políticos nos escucharían para que fuéramos respetados los pueblos originarios). Sin embargo, todo fue una ilusión. Pero, de esas mentiras y engaños aprendimos muchas cosas y, gracias a ello, somos lo que somos ahora. Ahora, ya no creemos en ningún partido político, ni en un gobierno impuesto desde arriba. […] Vemos que en Chiapas y en México no existen condiciones de vida, no hay un estado de derecho. Compañeros y compañeras: seamos todos guardianes de la memoria, tengamos presente que nuestro México actual desangra, que los responsables de guerras y crímenes están libres, viven en impunidad, bajo el cobijo del mismo Estado” (10/12/12). La razón de Estado definida para incumplir los acuerdos de San Andrés desencadenó la operación de una estrategia para confrontar primero en la región zapatista al costo que fuera. El plan es nacional para despojar a los pueblos indígenas y darles migajas a sus integrantes. Que luego no se asusten de la respuesta.

Despertar americano-Hernández

hernandez@jornada.com.mx

Mancera y los 14

Pedro Miguel

En México hay inocentes encarcelados y muchos más delincuentes libres. De entre los primeros destacan 14 que fueron detenidos durante la cacería de ciudadanos emprendida en el centro de la ciudad por la policía capitalina el 1º de diciembre luego de los enfrentamientos provocados alrededor de San Lázaro. La cosecha de las fuerzas del orden fue de más de un centenar de personas, de las cuales 27 fueron liberadas horas después, 69 fueron consignadas y de éstas 56 fueron puestas en libertad por la juez María del Carmen Patricia Mora Brito, la cual dejó en prisión, en forma aleatoria, según los elementos disponibles, a otras 14. Para entonces ya estaba documentado que los efectivos policiales del Distrito Federal habían recibido la orden de capturar a la mayor cantidad de gente posible, sin importar que no hubieran tenido participación en el vandalismo y los destrozos.

 

Algunos de los 14 aún presos habían acudido en actitud pacífica a las movilizaciones de protesta por la consumación del proceso electoral fraudulento de este año. Otros fueron a indagar por la situación de amigos o compañeros que ya habían sido detenidos en forma no menos arbitraria. En un par de casos, los ahora imputados se limitaban a tomar fotos y video de los disturbios escenificados por la policía y los provocadores. Uno más estaba en su sitio habitual de trabajo cuando fue capturado. Ellos son Rita Emilia Nery Moctezuma, Enrique Rosales Rojas, Jorge Dionisio Barrera Jiménez, Daniel García Vázquez, Stylianos García Vackimes, Roberto Fabián Duarte Grcía, Carlo Miguel Ángel García Rojas, Obed Palagot Echavarría, Alejandro Lugo Morán, Sandino Jaramillo Rojas, César Llaguno Romero, Eduardo Daniel Columna Muñiz, Osvaldo Rigel Barrueta Herrera y Bryan Reyes Rodríguez. Un quinceavo, el periodista rumano Mircea Ioan Topoleanu, fue arrestado cuando tomaba fotos del enfrentamiento. Los policías le robaron la cámara fotográfica y luego fue entregado, en forma injustificada y arbitraria, al Instituto Nacional de Migración.

Cuando Miguel Ángel Mancera asumió la jefatura del gobierno del Distrito Federal el 6 de diciembre, tenía ante sí tres deberes coyunturales y perentorios: identificar, capturar y consignar a los verdaderos autores materiales e intelectuales de la violencia y los destrozos cometidos seis días antes; presentar ante la justicia a los responsables materiales e intelectuales de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por la policía, y girar instrucciones a la procuraduría capitalina para que se desistiera de las acusaciones contra los presos, no sólo porque hay pruebas de su inocencia sino porque fueron detenidos en forma irregular y en el marco de un operativo policial ilegal.
 

Hasta ahora Mancera no ha hecho ninguna de las tres cosas y, en el caso de los encarcelados, ha preferido lavarse las manos y pasar la papa caliente al Poder Judicial. Ya sea que obedezca a la pusilanimidad, a una mentalidad autoritaria o a un afán de congraciarse con Enrique Peña Nieto –el principal interesado en llevar a sus límites un escarmiento contra el movimiento #YoSoy132 y contra las resistencias en general a su presidencia comprada–, la actitud del jefe de gobierno es insostenible. Mancera parece no darse cuenta que el mantener en la cárcel a personas cuya inocencia está documentada resulta un agravio para el electorado que lo puso en el cargo.

 

Muy pocas personas en esta ciudad capital desean el caos, la violencia y la impunidad. Por ello, el repudio al vandalismo perpetrado el 1º de diciembre ha sido casi unánime. Sin embargo, de allí a enviar a prisión a personas inocentes hay mucha distancia. La mayoría de los votantes capitalinos desea para su demarcación justicia efectiva, no justicia simulada; sometimiento de los agentes del orden a la legalidad, respeto a los derechos humanos y, sobre todo, atención y no criminalización para los jóvenes. Si la ciudadanía defeña hubiese querido una autoridad represiva, arbitraria y policial, de esas que fabrican culpables para lucirse ante la opinión pública, hoy la jefatura de gobierno no estaría en manos de Mancera, sino en las de Isabel Miranda de Wallace; y si hubiera querido seguir sufriendo las artes priístas de la provocación, le habría entregado el Ayuntamiento a Beatriz Paredes. O sea que, de inicio, el actual jefe de gobierno está faltando a su mandato.

 

En el ámbito federal Peña no le debe la Presidencia a la voluntad popular sino a Televisa y a las tarjetas Monex y Soriana. El DF es distinto: aquí la autoridad representa a los votantes y si el jefe de gobierno persiste en desconocer el sentido de su encargo la ciudadanía se lo va a demandar.

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Proteger a todos los miembros de nuestra familia humana

Ban Ki-moon*

Soy un gran adalid del poder de los jóvenes para cambiar el mundo, pero lo que conmemoramos esta semana, responsable de poner en marcha enormes progresos, tiene 64 años. No se trata de una persona, sino de un documento, nacido en diciembre de 1948 y que cambió para siempre la manera en que tratamos a los miembros de nuestra familia humana. La Declaración Universal de Derechos Humanos supuso un cambio fundamental en el pensamiento global al afirmar que todos los seres humanos –no algunos, no la mayoría, sino todos– nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

 

La lucha por lograr los ideales de la declaración constituye la esencia de la misión de las Naciones Unidas. La comunidad internacional ha conseguido un firme historial de lucha contra el racismo, promoción de la igualdad de género, protección de los niños y eliminación de las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad. Queda mucho por hacer en todas esas esferas. Pero estamos logrando cambios en materia de discriminación, tanto en las leyes como en la práctica.

Si bien algunos prejuicios antiguos han comenzado a desaparecer, otros permanecen. En todo el mundo, lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGTB) son objeto de ataques y agresiones y, en ocasiones, son asesinados. Incluso niños y adolescentes son objeto de burlas, palizas y acoso de sus compañeros. Se les expulsa de la escuela, sus familias los repudian, se les fuerza a contraer matrimonio y, en el peor de los casos, se les impulsa a suicidarse. Las personas LGBT sufren en el trabajo, en clínicas y hospitales y en las escuelas, lugares que deberían protegerlos. En más de 76 países la homosexualidad sigue siendo un delito.

He hablado repetidamente contra esta discriminación trágica e injusta y me alientan los muchos avances positivos logrados en los últimos años. Se han producido reformas de largo alcance en Europa, América y varios países de Asia y África, y cambios extraordinarios en las actitudes sociales en muchas partes del mundo. En las Naciones Unidas hemos presenciado una serie de hitos históricos. El año pasado, el Consejo de Derechos Humanos aprobó la primera resolución de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, en la que expresó grave preocupación por los actos de violencia y discriminación contra las personas LGBT. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó el primer informe de las Naciones Unidas en el que se documentaba el problema, y el Consejo de Derechos Humanos examinó sus conclusiones a comienzos de este año, la primera vez que un órgano de las Naciones Unidas celebraba un debate oficial sobre el tema.
 

Los activistas han ayudado a abrir una puerta. No podemos dejar ahora que se cierre. Todos debemos pronunciarnos contra la homofobia, en especial los líderes ante la opinión pública.

 

Es indignante que tantos países sigan penalizando a las personas simplemente por amar a otro ser humano del mismo sexo. En algunos casos se están introduciendo nuevas leyes discriminatorias. En otros casos, esas leyes no fueron originarias del propio país, sino heredadas de antiguas potencias coloniales. Leyes enraizadas en los prejuicios del siglo XIX están fomentando el odio en el siglo XXI. Mientras existan leyes que traten a algunas personas como seres despreciables, criminales y merecedores únicamente de castigo, la sociedad tendrá permiso para hacer lo mismo.

 

Esas leyes deben desaparecer. Tenemos que sustituirlas por leyes que proporcionen una protección adecuada contra la discriminación, incluida la basada en la orientación sexual y la identidad de género. También necesitamos iniciativas amplias de educación pública para ayudar a las personas a superar el odio y el temor y aceptar a los demás tal como son.

 

Cuando me reúno con líderes de todo el mundo alzo mi voz en pro de la igualdad de los miembros LGBT de nuestra familia humana. Muchos líderes dicen que les gustaría hacer más, pero mencionan la opinión pública como una barrera para el progreso. Las personas también citan creencias religiosas y sentimientos culturales.

 

Respeto plenamente el derecho de las personas a creer en las enseñanzas religiosas que deseen y a seguirlas en sus vidas. Esto también es un derecho humano. Pero nunca puede excusar la violencia o la discriminación.

 

Entiendo que puede ser difícil enfrentarse a la opinión pública. Pero el mero hecho de que una mayoría pueda reprobar a algunas personas no da derecho al Estado a negarles sus derechos básicos. La democracia es algo más que el gobierno de la mayoría. Requiere defender a las minorías vulnerables de mayorías hostiles. Los gobiernos tienen el deber de hacer frente a los prejuicios, no doblegarse ante ellos.

 

Todos tenemos un papel que desempeñar. Recientemente, Desmond Tutu dijo que la ola del cambio está compuesta de un millón de ondas. Al celebrar el Día de los Derechos Humanos en este 2012, volvamos a comprometernos con cumplir la promesa de la Declaración Universal de Derechos Humanos para todas las personas, como era su propósito original.

 

*Secretario general de la Organización de las Naciones Unidas