ASTILLERO- Presidente non grato- Ningún pacto sin justicia- Agua y desviación de poder en México

Astillero

Granaderos y CU

En los bordes

Provocación e infiltración

Priístas combativos

Julio Hernández López

Personas vestidas de civil portando cadenas y un guante negro fueron fotografiadas dentro del cerco de la Policía Federal en San Lázaro

Foto tomada del muro de Facebook del movimiento #YoSoy132

 

 

La provocación y el abuso vistos el pasado primero de diciembre forman parte de un conjunto de acciones con las que los gobiernos capitalino y federal tratan de desgastar e inhibir el espíritu crítico, participativo y progresista de una población que encabeza la resistencia nacional a la instalación del peñanietismo y que recela del presunto talante izquierdista de la dupla Ebrard-Mancera.

 

 

En seis días la capital del país ha vivido un concertado ataque a sus derechos y libertades. Muchos de quienes han hecho de sus calles un espacio ganado para las manifestaciones públicas han entendido que el mensaje de fondo del 1DMX es la amenaza de detenciones sin justificación, arbitrarias, muchas veces relacionadas intencionalmente con la protesta de esos ciudadanos frente a previas golpizas dadas por uniformados a jóvenes que no estaban participando en hechos violentos o destructivos. Otra franja de ciudadanos ha exacerbado sus ánimos contrarios a la manifestación y la crítica al hacer suyos los misiles teledirigidos de los medios de comunicación que, en una proporción muy alta, se han colocado de manera canallesca al servicio de los propósitos represivos de los nuevos poderes. Unos y otros están frente a un escenario de injusticia manifiesta: la mayoría de quienes causaron destrozos el sábado histórico están libres, ya sea porque formaban parte de contingentes protegidos por los propios poderes tejedores de provocaciones o porque legítimamente lograron escabullirse mientras los policías se entretenían en aprehender a otros.

 

Al agravio generalizado que se produjo el sábado en el Centro Histórico se ha añadido la presencia de granaderos y policías en bocacalles y vialidades correspondientes a Ciudad Universitaria. Días atrás, grupos relacionados con el anarquismo publicaron en una de sus páginas de Internet una invitación para obstruir este jueves el tráfico en Insurgentes Sur, en tramos colindantes con la UNAM (los administradores de una de las más importantes de esas páginas han denunciado infiltración y prefirieron dejar el manejo de esa cuenta, que por lo demás sigue vigente y convoca a jóvenes a acciones agresivas). Según diversas denuncias de estudiantes, el miércoles hubo en el campus del sur del DF una evidente presencia de agentes policiacos vestidos de civil que se asomaron a lugares de reunión de miembros del movimiento 132 que recababan firmas en demanda de libertad para los presos del sábado negro y se preparaban para la asamblea interuniversitaria que se realizará hoy en CU.

 

Con esos antecedentes, destacamentos de policías y granaderos fueron enviados de manera disuasoria a las inmediaciones de CU, en especial en el tramo correspondiente a Insurgentes Sur y contuvieron a unas decenas de jóvenes que, según la apreciación policiaca, pretendían realizar el bloqueo anunciado. Hasta donde fue posible saber a la hora de realizar los presentes teclazos vespertinos, en términos técnicos no hubo violación a la autonomía universitaria, pues los policías se mantuvieron en áreas que no pertenecen ni están bajo el manejo de la UNAM, sobre todo en la avenida Insurgentes.

 

Sin embargo, y como era de esperarse, el despliegue de fuerzas represivas junto a la UNAM constituyó una calculada provocación política, mucho más allá de la temática vial. Miguel Ángel Mancera (ex procurador de justicia, políticamente cargado a la derecha, ansioso de desmarcarse de la izquierda militante) había tocado de mañana el tema de los detenidos del sábado inaugural, esbozando cierta comprensión en los casos en que no hubiera sustento para las detenciones, aceptando la posibilidad de que se hubieran producido abusos. Pero en la tarde ya estaban siendo reinstalados los fantasmas del diazordacismo y del atenquismo represor en Ciudad Universitaria, temerosos los gobiernos unidos, el federal y el capitalino, de que las universidades públicas alcancen a organizar protestas fuertes antes de irse de vacaciones escolares.

 

La exhibición de fuerzas y de ánimos represivos va acompañada de la infiltración y la provocación. Los halcones del peñismo-mancerismo están a la espera de acontecimientos masivos que les dén justificación para ir contra más activistas e incrementar el miedo social. Hoy habrá un espectáculo popular en la Plaza de la Constitución, con el cantante Joan Sebastian, en el primer concierto gratuito de los que el GDF acostumbra realizar en ese lugar, con decenas de miles de asistentes. Y el sábado será el Teletón. Todo lo que ayude a generar rechazo social conservador ante protestas o movilizaciones juveniles será fomentado por los propios entes represivos. La ciudad de México, su espíritu crítico y libertario, está en la mira.

 

Mientras tanto, la nueva guerrilla institucional se remontaba hasta algún lugar de las alturas del Senado, sumamente molesta porque sus opositores normalmente bien pactados no le permiten al peñanietismo contar con las modificaciones administrativas deseadas. Es significativo el punto de desacuerdo: el peñanietismo pretende que le sea aprobada una iniciativa de concentración autoritaria de la fuerza pública en Bucareli, que convertiría a Miguel Ángel Osorio Chong en manejador de los asuntos políticos con una mano y de los mecanismos represivos con la otra.

 

PAN, PRD y PT ni siquiera se oponen a la esencia de ese proyecto de mano dura, pero desean que ciertos nombramientos sean ratificados por el Congreso y buscan otros paliativos menores. Ayer, cuando se dieron cuenta de que estaban en ruta de perder la votación que desatorara este asunto a favor del PRI, los senadores opositores decidieron romper el quórum. Los priistas, encabezados por el subcomandante Gamboa, tomaron la tribuna para protestar y convirtieron al calderonista Ernesto Cordero, quien preside la mesa directiva, en motivo de su enojo.

 

Y, mientras los nuevos nombramientos peñistas siguen yendo por la línea de lo voraz y lo grupal (el primo Alfredo del Mazo, el hijo de Miguel de la Madrid), ¡feliz fin de semana!

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Un demócrata en campaña-Helguera

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Presidente non grato

 

 

Gilberto López y Rivas

El gastado ritual de toma de protesta del nuevo encargado del Poder Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, se desarrolló el primero de diciembre conforme a lo previsto, incluyendo el extenso e ilegal cerco policiaco-militar en torno a la Cámara de Diputados que instituyó una suspensión de garantías de facto, la represión brutal de la protesta ciudadana en varias ciudades del país, con sus secuelas de heridos graves y detenciones indiscriminadas (los primeros presos políticos del sexenio), que ya forman parte de estas alternancias gatopardistas en las que todo cambia para seguir todo igual. En apresurada ceremonia, la banda presidencial pasó de quien impuso una guerra contra el pueblo que provocó más de 80 mil muertos, miles de desaparecidos y desplazados y un desastre en todos los ámbitos de la vida nacional, a un individuo autoritario que representa el retorno de un régimen regresivo marcado igualmente por la violencia, la corrupción, la impunidad y la defensa a ultranza de los intereses del capital y del imperio.

 

 
Ese mismo día, mientras los halcones renovados, los gases lacrimógenos y las macanas se hacían cargo de quienes ejercían el legítimo derecho de manifestarse, en el Campo Marte se refrendaron las rutinas protocolarias que establecen la entronización de un nuevo jefe supremo de las fuerzas armadas de ocupación, con vacuas ceremonias castrenses en las que se juramentó la lealtad militar al orden impuesto por la defraudación electoral, las instituciones violatorias de la Constitución y los poderes fácticos de las corporaciones, incluyendo la delincuencia organizada y los medios de comunicación masiva.
 
En el otro espectro de la realidad nacional y pasando casi inadvertido por la dictadura mediática, un nuevo grupo armado anunciaba su aparición pública con un Comunicado Revolucionario No. 1, firmado bajo las siglas de Ejército Popular Magonista de Liberación Nacional. Fechado el 30 de noviembre, el comunicado del EPM-LN se inicia con dos epígrafes que sustentan el derecho a la rebelión, uno de la autoría de Ricardo Flores Magón y el otro consagrado en el artículo 39 de la Constitución. Sostiene que su conformación responde a la imposición de Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República, a través del fraude electoral, el cual repudia, y exige respeto a la voluntad popular. La nueva organización armada afirma que varias organizaciones, grupos y comandos que reivindican el magonismo, a partir de un profundo proceso de discusión política, decidieron constituir el EPM-LN, después de varios años de clandestinidad y con un sólido trabajo político de masas en varios estados del país. Denunciando a lo que consideran una dictadura policiaco-militar, los asesinatos políticos, las desapariciones forzadas y la criminalización de la protesta social y los luchadores sociales, afirman surgir para detener con nuestro accionar político-militar la creciente ola represiva contra el pueblo y sus organizaciones. Al igual que otras organizaciones armadas del país, reivindican la memoria de las masacres del 68, del 71, las de Aguas Blancas, Acteal y El Charco, y sostienen no olvidar la guerra declarada contra el pueblo en el pasado, pero también hacen mención a las represiones recientes de los jóvenes del movimiento #YoSoy132 y los normalistas de Michoacán. Proponen, por último, entre otras acciones políticas y militares: profundizar la resistencia popular en todo el territorio nacional y pasar a la ofensiva, impulsar la resistencia popular de masas, acelerar la construcción de policías comunitarias y de gobiernos autónomos, tomar en nuestras manos el destino de nuestros pueblos, declarando que su lucha es por la liberación nacional y la construcción de una nueva patria sin explotados ni explotadores.

 

A este nuevo grupo armado que se pronuncia por acciones ofensivas y que destaca que no tolerará más impunidad hay que sumar en la complejidad de la situación nacional la apertura de un frente norte y el anuncio de acciones directas del Comando de Resistencia Urbana Saltillo, que se reclama parte del Ejército Popular Revolucionario- Partido Democrático Popular Revolucionario (EPR-PDPR), lo que significa, en los hechos, el fin de la tregua que esta organización mantuvo a solicitud expresa de la comisión de mediación, que cesó sus funciones recientemente ante la carencia total de voluntad política del gobierno federal para investigar el paradero de dos de su militantes, quienes fueron víctimas de desaparición forzada por parte del Estado.

 

Este comando reclama la autoría de ataques al Poder Legislativo de Coahuila, las instalaciones del PRI, las de su directiva estatal, así como de otras acciones de propaganda armada. Asimismo, desconocen a Peña Nieto y al gobernador Humberto Moreira y afirman que al consumarse la imposición del primero se han agotado las vías legales, pacíficas y democráticas de lucha. A los simpatizantes de AMLO y Morena les dedican un párrafo de su comunicado: si después de dos fraudes electorales (1988 y 2006) y de la reciente imposición no han entendido, son un caso perdido.

Por su parte, el propio EPR-PDPR hizo público el 2 de diciembre un nuevo comunicado condenando duramente la imposición de Enrique Peña Nieto, bajo la protección masiva de un aparato policiaco-militar con pertrechos, infraestructura y armamento especializado para acciones ofensivas predeterminadas a reprimir físicamente, detener, causar bajas que lesionen de gravedad a los manifestantes, a manera (de) sanguinario escarmiento para sembrar el terror a los heridos y sus familiares, así como infundirlo en el resto del pueblo que protesta y repudia a Peña Nieto, a las instituciones del Estado mexicano y al sistema capitalista. Esta organización critica a la izquierda electoral por participar en el pacto de la clase en el poder y defiende a los detenidos en las jornadas de protesta contra la imposición, exigiendo su libertad inmediata e incondicional.

 

 

 

 Debate-Fisgón

rfisgon@jornada.com.mx

Ningún pacto sin justicia

 

Víctor M. Quintana S.

Mal termina el sexenio del juvenicidio, el de los 7 millones de jóvenes excluidos del estudio y del empleo, cuando mal comienza el nuevo sexenio criminalizando, golpeando, encarcelando precisamente a los jóvenes que manifiestan su indignación por toda la cauda de agravios sufridos, incluyendo ahora el de un gobierno impuesto por el dinero.

 

 
El haz es el Pacto por México firmado allá en las alturas, donde apenas llega o se acalla el rumor de las inconformidades. El envés es la batalla de la Alameda, los jóvenes golpeados, detenidos, consignados en el Distrito Federal y en Guadalajara. Arriba se imponen los pactos; abajo, los impactos.
 
Mientras cunde la euforia por el acuerdo cupular, queda muy claro que al mismo tiempo que incluye, excluye. Quienes se incluyeron se sienten con el derecho de arremeter contra quienes no quieren o ni siquiera son tomados en cuenta para incluirse. Así, el inicio represor en las calles de la ciudad de México alienta opciones autoritarias por varios lados: envalentonado por la hegemonía priísta y el despliegue policiaco de fuerza, el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, lanza la iniciativa de instaurar la pena de muerte para el secuestro agravado ahora que se van a unificar los códigos penales de todo el país. En Morelos, gobernado por uno de los gobernadores pactistas, la policía estatal detiene a cuatro dirigentes de la comunidad de Jaltetelco que se oponen al proyecto del paso de un gasoducto. En las cámaras avanzan las iniciativas de reforma a la Ley Agraria y a la Ley de Administración Pública Federal que desmantelan el entramado institucional que protege la propiedad de ejidos y comunidades y abren la vía para la apropiación de sus territorios y recursos naturales por compañías mineras, turísticas, de energías renovables o inmobiliarias. Reformas legales profilácticas para que no cundan los atencos, benitojuárez, zautlas, etcétera.
 
En medio de este acuerdista cuanto represivo inicio de sexenio es muy significativo lo que un conglomerado de organizaciones sociales fronterizas, el grupo de Articulación Justicia en Juárez, manifiesta en un desplegado al terminar el sexenio más terrible en la historia de esta ciudad, tomada por la violencia de los criminales y de las supuestas fuerzas del orden. Primero que nada hacen constar la enorme deuda política y social con la que Calderón terminó su mandato, la enorme estela de terror, muerte e impunidad que dejó en esta ciudad y en todo el país la inútil guerra contra el narcotráfico, que, sin embargo, deja intactas las estructuras y operaciones de éste.

 

Este es el piso del que debe partir todo planteamiento sólido, toda convocatoria desde el nuevo gobierno: el México devastado, las decenas de miles de vidas perdidas, las innumerables personas que padecen violaciones a sus derechos humanos. La impunidad no sólo de los criminales, sino de los militares, policías y funcionarios cómplices de ellos; de quienes han aprovechado el terror de estos años para atropellar los derechos más fundamentales de las personas y de las comunidades. A estas víctimas colectivas e individuales, a ellas y no a los supuestos representantes de la nación, ungidos en clase política, es a quienes se les debe convocar antes de cualquier acuerdo o programa de gobierno.

 

Porque, como apuntan certeramente las organizaciones sociales juarenses: Ante el inminente relevo de la Presidencia advertimos que no aceptamos que el haiga sido como haiga sido se perpetúe como razón de Estado ante la cancelación de nuestros derechos. Le recordamos a Enrique Peña Nieto, elegido con un mínimo margen de mayoría, que la única vía para la pacificación del país y de nuestra entidad es la verdad y la justicia. Iniciativas como Todos somos Juárez ejemplifican de manera obscena la simulación gubernamental frente al reclamo ciudadano de respuestas, pero también deben alertar sobre el fracaso a que están destinados los programas en cuyo centro no se coloque a las personas y a su dignidad, o que busquen reemplazar la procuración de justicia con remedios asistencialistas.

 

Excelente interpelación desde la periferia del dolor hacia el centro del poder: por más que a algunos políticos y politólogos los llenen de contento, los pactos no son primero que la justicia. Nada en México sin justicia.

La amenaza-Rocha

rocha@jornada.com.mx

 

Agua y desviación de poder en México

Raúl García Barrios y Dolores Carrillo*

El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), en respuesta a la demanda de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) contra la Semarnat, la Conagua, la Profepa y la Secretaría de Salud, resolvió el pasado 6 de noviembre: 1) condenar al Estado mexicano por la violación a los tratados internacionales y al ordenamiento jurídico interno que garantizan el derecho al agua como derecho humano fundamental y la incapacidad de las autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para establecer mecanismos efectivos de acceso a la justicia ambiental; 2) reconocer el creciente deterioro del derecho humano al agua en la República Mexicana y la insuficiencia de los mecanismos jurídico-políticos para detenerla; 3) alertar por los niveles de conflictividad social en la República Mexicana y la ausencia de instrumentos de participación ciudadana para canalizarla. ¿Por qué la condena internacional?

 

 
Como otras que han surgido en la historia del capitalismo, en México una amplia coalición de funcionarios públicos, inversionistas y gerentes empresariales nacionales y extranjeros han impuesto sobre la nación un modelo de fallas de mercado y Estado ajustado a sus intereses. Esta coalición ha creado un estado de derecho que ampara la flexibilidad transaccional, con el argumento que maximiza la eficiencia económica si hay: i) estabilidad en los derechos de propiedad y usufructo; ii) distribución perfecta de información; iii) mecanismos para negociar las afectaciones externas (p.ej., las hídrico-ambientales). Simulando crear estas condiciones, se han establecido varias instituciones garantes secundarias, como son la Procuraduría Agraria, el Ifai y la Profepa, por mencionar tres relacionadas con nuestro tema.
 
Pero la coalición descubrió hace tiempo que en México, donde una cantidad considerable de los recursos naturales aún está en manos de pequeños y medianos propietarios, la flexibilidad jurídica puede ser todavía más útil a sus intereses si las instituciones garantes son reconfiguradas para violentar o debilitar los derechos de esos propietarios, ocultarles información relevante para tomar decisiones efectivas y someterlos impunemente a todo tipo de impactos ambientales, económicos y sociales hasta desvalorizar sus recursos. Hacerlo crea nuevas condiciones de acumulación originaria y posibilita construir economías de escala y alcance, lo que atrae la inversión extranjera directa y aumenta el poder de los coludidos, a pesar de la ineficiencia acumulada en el resto de la economía y de un crecimiento económico mediocre.
M
El truco está en desviar el sentido de las instituciones garantes y mantener esta desviación de poder oculta detrás de un velo de ignorancia para el resto de la sociedad nacional y global. Para ello es fundamental una ingeniería legal que permita la flexibilidad de la ley por ausencia de infraestructura institucional. ¿A qué nos referimos?

El marco legal para el manejo de los recursos naturales incluye las leyes de expropiación, equilibrio ecológico, aguas nacionales, minera, etcétera, pero en ningún caso tenemos un reglamento que defina el interés público y los procedimientos para alcanzarlo. Es decir, las atribuciones y competencias reconocidas por las leyes se mantienen en un alto nivel de generalidad, por lo que un análisis de cualquiera de las leyes anteriores no permite determinar el régimen de gestión del gobierno mexicano para cumplir los propósitos constitucionales. Se supone que la mano invisible movida por el interés de los particulares corresponsables coordinará los procesos legales eficientemente. Pero detrás del velo de la ignorancia no hay una mano invisible, sino un puño de hierro corporativo, y la ausencia de infraestructura institucional permite a la autoridad ejecutiva y judicial simular competencias técnicas que no tienen, ejercer facultades discrecionales para facilitar los puñetazos contra la ciudadanía y evadir sus responsabilidades legales.

 

En materia de agua, las ausencias reglamentarias implican la imposición de patrones de tecnología y cooperación social plagados de contradicciones, por lo que ahora los condena el TLA. La consecuencia: una creciente escasez inducida de agua y un deterioro sin precedentes de los ecosistemas mexicanos, acompañados de un aumento de la conflictividad social por la violación sistemática de los derechos humanos garantizados por la Constitución mexicana. Ahora la ANAA coordina más de 200 conflictos en toda la nación.

Las instituciones mexicanas han sido siempre un misterio para propios y extraños. Tras un velo de sonrisas diplomáticas y buenas amistades internacionales –y de pretendida justicia social y respeto a los derechos humanos– se perpetran los más atroces crímenes. Pero el velo de ignorancia comienza a rasgarse, y las condenas internacionales irán en aumento. Para mitigar esta situación, la nueva administración federal deberá promover la transparencia y el rigor en la definición y aplicación de los procedimientos, normas y responsabilidades públicas, y los ciudadanos deberemos organizarnos para exigir una democracia directa con más y no menos estructura institucional, y vigilar el ejercicio exigente de los derechos humanos individuales y de los pueblos en todo el territorio nacional.

*Doctor en economía por la Universidad de Berkeley e investigador del CRIM de la UNAM; asesora jurídica en derecho ambiental

Vuelta a la palestra-Magú

magu@jornada.com.mx