De Atenco a San Lázaro
Un manifestante recibe un chorro de agua durante la toma de posesión de Peña en San Lázaro.
Foto: Rubén Espinosa
Foto: Rubén Espinosa
MÉXICO, D.F. (apro).- Hace seis años Enrique Peña Nieto era el gobernador del Estado de México, cuando en San Salvador Atenco se perpetró una de las represiones más duras en contra del movimiento social y campesino que rechazaba la construcción del nuevo aeropuerto en sus tierras ejidales.
Un sexenio después, el hijo pródigo de Atlacomulco se vio involucrado en un nuevo acto de represión, cuando varios miles de jóvenes y ciudadanos expresaron de manera violenta su inconformidad el arribo del mexiquense a la Presidencia de la República. El autoritarismo y la mano dura parecen ser su marca como gobernante.
En aquella ocasión, cuando los campesinos de Atenco levantaron sus machetes, el gobierno de Peña Nieto utilizó las Brigadas de Operación Mixta (BOM) para reprimir a los campesinos.
Esa agrupación, que forma parte de una operación especial de contrainsurgencia integrada por el Ejército y la policía, fue diseñada en 1994, para aplicarla en las zonas de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en contra de las comunidades de base.
Desde entonces, esa estrategia militar policiaca ha sido aplicada contra movimientos sociales, como ocurrió durante las protestas de Guadalajara en 2004, en la clausura de la Tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea; en Cancún, en 2005, en la reunión de la Organización Mundial de Comercio, y en 2006, contra el movimiento popular de Oaxaca.
Pero, a diferencia de las anteriores ocasiones, la estrategia utilizada el pasado sábado 1 resultó más sofisticada, más planeada, ya que no sólo se utilizó la represión, sino que además ésta fue dirigida con toda intención para provocar confusión mediante la filtración de provocadores profesionales, para luego culpar al grupo que convocó a la manifestación: el movimiento estudiantil #YoSoy132.
De acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), así como de testigos de las refriegas registradas en las afueras de la Cámara de Diputados, hubo agentes infiltrados y jóvenes que recibieron dinero para ocasionar los desmanes y crear la imagen de violentos entre quienes protestaban por la llegada de Peña Nieto a la presidencia de la República.
La estrategia funcionó. Aprovechando el cóctel de organizaciones que se dieron cita en las manifestaciones, la violencia provocada se propaló como fuego en pasto seco, y mientras en la Cámara de Diputados, Peña Nieto rendía protesta en una ceremonia pactada y negociada, afuera la violencia tomaba la cara del movimiento estudiantil, por obra y gracia de la mayoría de los medios de comunicación.
Minutos después, a unos kilómetros del recinto legislativo, se dieron nuevos enfrentamientos entre jóvenes y granaderos. La presencia de contingentes bien organizados y violentos se hizo más evidente cuando empezó el saqueo y los daños a los negocios de la avenida Juárez.
En ese momento los manifestantes se convirtieron en vándalos, en delincuentes. Sobre ellos cayó la maquinaria policiaca, mediática y política, condenándolos sin juicio previo. A partir de entonces, se volvieron los violentos.
Ahora el gobierno de Peña Nieto tiene la excusa más clara para usar mano dura en las manifestaciones sociales, sobre todo las que pueda convocar el movimiento #YoSoy132, el mismo que puso en aprietos al mexiquense en la Universidad Iberoamericana, precisamente haciéndole el reclamo de represor en Atenco.
Cobra sentido el reforzamiento de la Secretaría de Gobernación que recuperó el manejo de la fuerza pública, y la presencia de Jesús Murillo Karam –personaje conocido por su intolerancia y mano dura– al frente de la Procuraduría General de la República (PGR).
Esta es la doble cara del nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto. Por una parte, negociadora con los partidos y grupos de poder –como ocurrió en la Cámara de Diputados el día de su toma de posesión–; por la otra, mano dura con las organizaciones sociales que no están de acuerdo con el priista.
Pero habrá que ver si Peña Nieto, el presidente de la paz, como él mismo se maneja, usará esta misma mano dura contra el crimen organizado, y si es capaz de enfrentarlo con la misma fuerza, inteligencia y número de efectivos, o simplemente administrará el problema con negociaciones que les garantice seguir con su negocio, a cambio de bajar los índices de violencia.
Por lo mientras, el PRI se limpió las manos y pasó la factura de la violencia del pasado sábado al exjefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, quien mostró una cara de intolerancia al detener arbitrariamente a decenas de personas que no participaron en los desmanes, lo que le resta importantes bonos a su aspiración presidencial.
Un sexenio después, el hijo pródigo de Atlacomulco se vio involucrado en un nuevo acto de represión, cuando varios miles de jóvenes y ciudadanos expresaron de manera violenta su inconformidad el arribo del mexiquense a la Presidencia de la República. El autoritarismo y la mano dura parecen ser su marca como gobernante.
En aquella ocasión, cuando los campesinos de Atenco levantaron sus machetes, el gobierno de Peña Nieto utilizó las Brigadas de Operación Mixta (BOM) para reprimir a los campesinos.
Esa agrupación, que forma parte de una operación especial de contrainsurgencia integrada por el Ejército y la policía, fue diseñada en 1994, para aplicarla en las zonas de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en contra de las comunidades de base.
Desde entonces, esa estrategia militar policiaca ha sido aplicada contra movimientos sociales, como ocurrió durante las protestas de Guadalajara en 2004, en la clausura de la Tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea; en Cancún, en 2005, en la reunión de la Organización Mundial de Comercio, y en 2006, contra el movimiento popular de Oaxaca.
Pero, a diferencia de las anteriores ocasiones, la estrategia utilizada el pasado sábado 1 resultó más sofisticada, más planeada, ya que no sólo se utilizó la represión, sino que además ésta fue dirigida con toda intención para provocar confusión mediante la filtración de provocadores profesionales, para luego culpar al grupo que convocó a la manifestación: el movimiento estudiantil #YoSoy132.
De acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), así como de testigos de las refriegas registradas en las afueras de la Cámara de Diputados, hubo agentes infiltrados y jóvenes que recibieron dinero para ocasionar los desmanes y crear la imagen de violentos entre quienes protestaban por la llegada de Peña Nieto a la presidencia de la República.
La estrategia funcionó. Aprovechando el cóctel de organizaciones que se dieron cita en las manifestaciones, la violencia provocada se propaló como fuego en pasto seco, y mientras en la Cámara de Diputados, Peña Nieto rendía protesta en una ceremonia pactada y negociada, afuera la violencia tomaba la cara del movimiento estudiantil, por obra y gracia de la mayoría de los medios de comunicación.
Minutos después, a unos kilómetros del recinto legislativo, se dieron nuevos enfrentamientos entre jóvenes y granaderos. La presencia de contingentes bien organizados y violentos se hizo más evidente cuando empezó el saqueo y los daños a los negocios de la avenida Juárez.
En ese momento los manifestantes se convirtieron en vándalos, en delincuentes. Sobre ellos cayó la maquinaria policiaca, mediática y política, condenándolos sin juicio previo. A partir de entonces, se volvieron los violentos.
Ahora el gobierno de Peña Nieto tiene la excusa más clara para usar mano dura en las manifestaciones sociales, sobre todo las que pueda convocar el movimiento #YoSoy132, el mismo que puso en aprietos al mexiquense en la Universidad Iberoamericana, precisamente haciéndole el reclamo de represor en Atenco.
Cobra sentido el reforzamiento de la Secretaría de Gobernación que recuperó el manejo de la fuerza pública, y la presencia de Jesús Murillo Karam –personaje conocido por su intolerancia y mano dura– al frente de la Procuraduría General de la República (PGR).
Esta es la doble cara del nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto. Por una parte, negociadora con los partidos y grupos de poder –como ocurrió en la Cámara de Diputados el día de su toma de posesión–; por la otra, mano dura con las organizaciones sociales que no están de acuerdo con el priista.
Pero habrá que ver si Peña Nieto, el presidente de la paz, como él mismo se maneja, usará esta misma mano dura contra el crimen organizado, y si es capaz de enfrentarlo con la misma fuerza, inteligencia y número de efectivos, o simplemente administrará el problema con negociaciones que les garantice seguir con su negocio, a cambio de bajar los índices de violencia.
Por lo mientras, el PRI se limpió las manos y pasó la factura de la violencia del pasado sábado al exjefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, quien mostró una cara de intolerancia al detener arbitrariamente a decenas de personas que no participaron en los desmanes, lo que le resta importantes bonos a su aspiración presidencial.
Despertamos y el duopolio seguía allí
Salinas Pliego y Azcárraga Jean, dueños de TV Azteca y Televisa, respectivamente.
Foto: Octavio Gómez
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (Proceso).- ¿Qué se sentirá ser miembro de un órgano regulador que no cumple con su cometido? ¿Qué se sentirá abdicar en vez de actuar? ¿Cuál será la explicación con la que viven los miembros de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel)? ¿Cómo se justifican a sí mismos ante la incapacidad –a lo largo de todo un sexenio– para regular la televisión abierta? Porque el gobierno de Felipe Calderón termina sin haber licitado una tercera cadena de televisión. Sin haber promovido la competencia indispensable. Sin haber instrumentado la regulación necesaria. De allí las dudas legítimas sobre la capacidad, la imparcialidad y el profesionalismo de los órganos reguladores en este sector. Más que regular, parecería que las dos entidades se han ocupado de claudicar.
El sexenio acaba y ni la Cofetel ni la Cofeco cumplirán su acuerdo de licitar nuevas frecuencias de television digital abierta. Y como lo señala la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), esta omisión no puede considerarse fortuita. Ingenua. Accidental. No es resultado ni de criterios técnicos ni de argumentos económicos. Más bien la omisión revela cómo la política mata la regulación. Cómo los intereses de la televisión prevalecen sobre los intereses de la población. Cómo Televisa y Televisión Azteca logran capturar a los órganos regulatorios y ponerlos a su servicio. Ganando tiempo. Postergando decisiones. Consolidando el duopolio. Incrementando su influencia.
Felipe Calderón se va a Harvard dejando los poderes fácticos en la televisión peor de lo que los encontró. Su gobierno permitió que los dos únicos competidores se aliaran y fortalecieran sus intereses corporativos. Calderón se va como el presidente que más prebendas otorgó; como el mandatario que más privilegios consagró. Y ello en contradicción con la Declaración de Principios del propio PAN, que proclama airosamente: “El Estado debe regular los mercados para que los agentes económicos concurran a ellos y compitan en condiciones de equidad, y para evitar que el más fuerte imponga condiciones que terminen por destruir la competencia misma”.
Pero las condiciones de equidad no se han promovido. Los imperativos de la competencia no se han impulsado. Al revés. El gobierno permitió la insólita alianza entre Televisa y Televisión Azteca, condicionándola a un acuerdo en el cual la Cofeco, la Cofetel y la Secretaría de Hacienda se comprometieron a publicar las bases y la convocatoria para licitar nuevas señales de televisión antes del 30 de noviembre de 2012. La fecha pasó y nada ocurrió. Y ello revela el error procesal en el cual se incurrió: lo correcto hubiera sido abrir a la competencia primero y permitir la fusión después. Ahora la fusión se ha dado, pero la licitación no. El incumplimiento del acuerdo institucional es criticable, inaceptable y revelador. Evidencia a un gobierno incapaz de cumplir los objetivos que desde hace años prometió. Desnuda a un gobierno doblegado.
Y opaco. Nadie sabe cúales han sido los pasos de diseño de las bases de licitación. Ninguno de sus elementos ha sido sometido al escrutinio y a la discusión pública. Ninguno de sus criterios ha sido evaluado de manera abierta y transparente. De allí la importancia de empujar un llamado a la Cofetel para que haga públicos todos los estudios económicos y jurídicos relacionados con el mercado de la television abierta, la licitación de frecuencias y la transición a la televisión digital terrestre. Ocultar información sólo incrementa la sospecha; deliberar a espaldas de la sociedad sólo confirma cúanto se le desprecia.
Peor aún. Apenas el 14 de noviembre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer los resultados de una licitación en la cual resultaron ganadores filiales de TV Azteca y Televisa para ofrecer servicios de banda ancha en 38 de 40 localidades, a pesar de que dichas empresas son socias. Las dos restantes fueron adjudicadas a Telmex. Y la Cofeco guardó silencio. No se pronunció. No objetó una decision que incrementa la concentración en lugar de evitarla. No intervino para asegurar la competencia, sino que permitió una transacción que la inhibe.
El juicio es severo y debería serlo: La Cofeco y la Cofetel han fracasado. Y las razones del fracaso son producto de la captura, la complicidad, la debilidad. Órganos fragmentados y pusilánimes han permitido el fortalecimiento del duopolio y su institucionalización. De allí la demanda –enarbolada por la Amedi– de una reestructuración profunda de ambas instituciones para asegurar una independencia que hoy no tienen. De allí el imperativo de obligarlas a que antepongan el interés público a los intereses particulares. De allí la exigencia urgente de reformar la Ley Federal de Radio y Televisión y de proponer un rediseño institucional sectorial. De allí el llamado al gobierno entrante de Enrique Peña Nieto a que demuestre independencia política de la pantalla que lo llevó al poder.
Es cierto. La licitación de nuevas cadenas de televisión no es la panacea. No va a resolver de golpe los problemas –políticos y económicos– que produce la acentuada concentración de la propiedad mediática. Pero constituiría un primer paso en la dirección correcta. El Estado no puede ni debe renunciar a la responsabilidad de combatir los monopolios y las prácticas competitivas. El Estado no debe abdicar de la obligación de fomentar la competencia en telecomunicaciones que tantos beneficios traería consigo a la población. Enrique Peña Nieto no podrá tener un gobierno eficaz si evita controlar a los suprapoderes que intentarán controlarlo a él. Si en lugar de regular a Televisa y a Televisión Azteca ofrece un gobierno a la medida de sus intereses. Si en vez de gobernar el país, gobierna para los dueños de la pantalla.
El sexenio acaba y ni la Cofetel ni la Cofeco cumplirán su acuerdo de licitar nuevas frecuencias de television digital abierta. Y como lo señala la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), esta omisión no puede considerarse fortuita. Ingenua. Accidental. No es resultado ni de criterios técnicos ni de argumentos económicos. Más bien la omisión revela cómo la política mata la regulación. Cómo los intereses de la televisión prevalecen sobre los intereses de la población. Cómo Televisa y Televisión Azteca logran capturar a los órganos regulatorios y ponerlos a su servicio. Ganando tiempo. Postergando decisiones. Consolidando el duopolio. Incrementando su influencia.
Felipe Calderón se va a Harvard dejando los poderes fácticos en la televisión peor de lo que los encontró. Su gobierno permitió que los dos únicos competidores se aliaran y fortalecieran sus intereses corporativos. Calderón se va como el presidente que más prebendas otorgó; como el mandatario que más privilegios consagró. Y ello en contradicción con la Declaración de Principios del propio PAN, que proclama airosamente: “El Estado debe regular los mercados para que los agentes económicos concurran a ellos y compitan en condiciones de equidad, y para evitar que el más fuerte imponga condiciones que terminen por destruir la competencia misma”.
Pero las condiciones de equidad no se han promovido. Los imperativos de la competencia no se han impulsado. Al revés. El gobierno permitió la insólita alianza entre Televisa y Televisión Azteca, condicionándola a un acuerdo en el cual la Cofeco, la Cofetel y la Secretaría de Hacienda se comprometieron a publicar las bases y la convocatoria para licitar nuevas señales de televisión antes del 30 de noviembre de 2012. La fecha pasó y nada ocurrió. Y ello revela el error procesal en el cual se incurrió: lo correcto hubiera sido abrir a la competencia primero y permitir la fusión después. Ahora la fusión se ha dado, pero la licitación no. El incumplimiento del acuerdo institucional es criticable, inaceptable y revelador. Evidencia a un gobierno incapaz de cumplir los objetivos que desde hace años prometió. Desnuda a un gobierno doblegado.
Y opaco. Nadie sabe cúales han sido los pasos de diseño de las bases de licitación. Ninguno de sus elementos ha sido sometido al escrutinio y a la discusión pública. Ninguno de sus criterios ha sido evaluado de manera abierta y transparente. De allí la importancia de empujar un llamado a la Cofetel para que haga públicos todos los estudios económicos y jurídicos relacionados con el mercado de la television abierta, la licitación de frecuencias y la transición a la televisión digital terrestre. Ocultar información sólo incrementa la sospecha; deliberar a espaldas de la sociedad sólo confirma cúanto se le desprecia.
Peor aún. Apenas el 14 de noviembre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer los resultados de una licitación en la cual resultaron ganadores filiales de TV Azteca y Televisa para ofrecer servicios de banda ancha en 38 de 40 localidades, a pesar de que dichas empresas son socias. Las dos restantes fueron adjudicadas a Telmex. Y la Cofeco guardó silencio. No se pronunció. No objetó una decision que incrementa la concentración en lugar de evitarla. No intervino para asegurar la competencia, sino que permitió una transacción que la inhibe.
El juicio es severo y debería serlo: La Cofeco y la Cofetel han fracasado. Y las razones del fracaso son producto de la captura, la complicidad, la debilidad. Órganos fragmentados y pusilánimes han permitido el fortalecimiento del duopolio y su institucionalización. De allí la demanda –enarbolada por la Amedi– de una reestructuración profunda de ambas instituciones para asegurar una independencia que hoy no tienen. De allí el imperativo de obligarlas a que antepongan el interés público a los intereses particulares. De allí la exigencia urgente de reformar la Ley Federal de Radio y Televisión y de proponer un rediseño institucional sectorial. De allí el llamado al gobierno entrante de Enrique Peña Nieto a que demuestre independencia política de la pantalla que lo llevó al poder.
Es cierto. La licitación de nuevas cadenas de televisión no es la panacea. No va a resolver de golpe los problemas –políticos y económicos– que produce la acentuada concentración de la propiedad mediática. Pero constituiría un primer paso en la dirección correcta. El Estado no puede ni debe renunciar a la responsabilidad de combatir los monopolios y las prácticas competitivas. El Estado no debe abdicar de la obligación de fomentar la competencia en telecomunicaciones que tantos beneficios traería consigo a la población. Enrique Peña Nieto no podrá tener un gobierno eficaz si evita controlar a los suprapoderes que intentarán controlarlo a él. Si en lugar de regular a Televisa y a Televisión Azteca ofrece un gobierno a la medida de sus intereses. Si en vez de gobernar el país, gobierna para los dueños de la pantalla.
Detenciones arbitrarias, la verdadera provocación
Las detenciones arbitrarias en Guadalajara.
Foto: Rafael del Río
Foto: Rafael del Río
MÉXICO, D.F. (apro).- Como dos gotas de agua, las jornadas de protesta en la Ciudad de México y en Guadalajara el pasado 1 de diciembre tienen una similitud que hace pensar en una provocación armada, quizá desde los sótanos del poder político o de los cuerpos policíacos y parapolicíacos.
De acuerdo con los testimonios de varios de los participantes, en Guadalajara, después de pasar por la sede estatal del PRI se sumaron grupos de personas encapuchadas o con el rostro cubierto, dispuestas a armar destrozos en las instalaciones del tricolor y de Televisa-Jalisco. En la Ciudad de México, a la altura de Tepito y otros barrios del Centro Histórico comenzaron a salir jóvenes con palos, piedras, quienes protagonizaron los destrozos que han dado la vuelta al mundo a través de las imágenes televisadas y decenas de fotografías.
Ninguna de las personas que protestaban sin violencia había visto antes a los porros “sembrados”. Ni en las marchas del movimiento #YoSoy132 ni en las de los simpatizantes de Morena o en otros colectivos que salieron ese 1 de diciembre para expresar su descontento por la llegada de Enrique Peña Nieto al poder presidencial.
En ambos casos, la brutalidad y la torpeza policíacas quedaron documentadas en videos y cientos de fotografías que se están subiendo a Youtube, a Twitter, a Facebook y a blogs. En Guadalajara patearon a mujeres jóvenes. En la Ciudad de México los granaderos golpearon y detuvieron a muchos y robaron cámaras fotográficas a reporteros de agencias internacionales y periódicos.
La diferencia entre Guadalajara y la Ciudad de México es que en la capital tapatía el lunes 3 de diciembre fueron liberados 25 jóvenes detenidos, 8 mujeres y 17 varones, después del pago de una fianza que sumó en total 81 mil pesos, según la información local.
En la Ciudad de México se encuentran 67 personas detenidas, consignadas en el reclusorio Norte y en Santa Martha Acatitla, pero un buen número han desmentido las versiones de la Procuraduría General de Justicia capitalina. A través de la prensa, el Ministerio Público del Distrito Federal ha dicho que los agresores recibieron 300 pesos para provocar los destrozos, sin identificar quiénes fueron los “financiadores” del vandalismo. También lanzó la hipótesis de que desde dos semanas atrás se organizaron los actos vandálicos.
Es muy probable que estén en lo cierto: la ola pendenciera se armó con antelación. Lo que ha generado una ola de protestas, incluyendo la marcha de más de 2 mil personas el 3 de diciembre, es que la mayoría de los detenidos no son los responsables ni los artífices del pandillerismo.
Así lo declaró a varios medios, incluido el portal Animal Político, el abogado Armando Barrera, de Cause Ciudadano. Defensor de varios de los detenidos, Barrera informó que han sido acusados de delitos como alteración de la paz social, con el agravante de pandillerismo, equiparable a terrorismo. Por este delito pueden estar de 7 a 45 años en prisión.
“Una gran mayoría fueron detenidos sólo por transitar” en el momento del zafarrancho en las calles 5 de Mayo, Madero, avenida Juárez y en la Alameda.
Animal Político entrevistó a Claudia Ovando, novia de Rodrigo Andrés Nieto, quien fue detenido junto con Juan Carlos Jiménez. Son jóvenes de Tabasco que andaban de compras en 5 de Mayo.
“Estábamos en la calle 5 de Mayo buscando dónde almorzar cuando en eso comenzamos a escuchar cómo venían personas corriendo. Cuando nos dimos cuenta prácticamente los granaderos estaban detrás”, relató Claudia Ovando, quien logró escapar de la razzia de los policías capitalinos.
La Unión de Juristas de México también emitió un comunicado para condenar “la brutalidad policíaca ejercida para reprimir la manifestación y la detención arbitraria ejercida” de decenas de jóvenes.
Este 4 de diciembre, Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras, dos organismos internacionales también desacreditaron la versión de las autoridades ministeriales y policíacas que pretenden condenar a 67 personas, incluyendo a varios fotógrafos detenidos.
“Existen profundas dudas” acerca de las evidencias presentadas en contra de los detenidos, advirtió Amnistía Internacional.
A su vez, Reporteros sin Fronteras destacó que entre los detenidos se encuentran dos fotógrafos que estaban realizando su trabajo y no generando los destrozos que fueron ampliamente televisados. Entre ellos, el joven Mircea Topoleanu, de 32 años, de origen rumano, y Brandon Daniel Bazán, de la revista Café Mx. También mencionan los casos de los fotógrafos agredidos Quetzalli González, de Nuevo Excélsior, Ana Cecilia Méndez, Alejandro González y Martín Salas, de Milenio Diario, y de Bernardo Montoya, de la agencia Reuters.
Otro testimonio en contra de la razzia que aplicaron las fuerzas policíacas es la del grupo de alumnos del Colegio de Literatura Dramática y de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Emitieron una carta donde mencionan a varios jóvenes que fueron detenidos en la calle de Filomeno Mata, acusados de ser “vándalos” y “porros”. En realidad, son estudiantes; incluso dieron a conocer el número de cuenta de cada uno.
Son los casos de Mónica Paloma Alvarado, Daniela Sánchez Ríos, Valentina Guerrero, Fernanda Preciado Castillo y su madre Guadalupe Castillo Martínez (también detenida), Gisella Moreno Mejía, Enrique Culebro, Francisco Torres Pacheco, Luis Manuel Salazar, Marina Muñiz Nieto y Gustavo Arteaga.
Todo parece indicar que la provocación fue armada no sólo para generar la imagen de violencia pendenciera (ampliamente difundida en los noticiarios de televisión abierta y de paga), sino para detener a jóvenes que han participado en otros muchos colectivos que nunca han lanzado bombas molotov ni su afán es generar destrozos en comercios o en la recién remodelada Alameda.
Estamos, quizá, ante el germen de un movimiento como el que dio origen al #YoSoy132 después del “viernes negro” de Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana o en la contraparte más represiva y perversa: un halconazo al estilo de junio de 1971 para justificar una ola de arbitrariedad y represión para generar miedo y persecución selectiva.
Hay demasiados elementos para advertir que la tentación represiva es un bumerang peligroso.
www.homozapping.com.mx
De acuerdo con los testimonios de varios de los participantes, en Guadalajara, después de pasar por la sede estatal del PRI se sumaron grupos de personas encapuchadas o con el rostro cubierto, dispuestas a armar destrozos en las instalaciones del tricolor y de Televisa-Jalisco. En la Ciudad de México, a la altura de Tepito y otros barrios del Centro Histórico comenzaron a salir jóvenes con palos, piedras, quienes protagonizaron los destrozos que han dado la vuelta al mundo a través de las imágenes televisadas y decenas de fotografías.
Ninguna de las personas que protestaban sin violencia había visto antes a los porros “sembrados”. Ni en las marchas del movimiento #YoSoy132 ni en las de los simpatizantes de Morena o en otros colectivos que salieron ese 1 de diciembre para expresar su descontento por la llegada de Enrique Peña Nieto al poder presidencial.
En ambos casos, la brutalidad y la torpeza policíacas quedaron documentadas en videos y cientos de fotografías que se están subiendo a Youtube, a Twitter, a Facebook y a blogs. En Guadalajara patearon a mujeres jóvenes. En la Ciudad de México los granaderos golpearon y detuvieron a muchos y robaron cámaras fotográficas a reporteros de agencias internacionales y periódicos.
La diferencia entre Guadalajara y la Ciudad de México es que en la capital tapatía el lunes 3 de diciembre fueron liberados 25 jóvenes detenidos, 8 mujeres y 17 varones, después del pago de una fianza que sumó en total 81 mil pesos, según la información local.
En la Ciudad de México se encuentran 67 personas detenidas, consignadas en el reclusorio Norte y en Santa Martha Acatitla, pero un buen número han desmentido las versiones de la Procuraduría General de Justicia capitalina. A través de la prensa, el Ministerio Público del Distrito Federal ha dicho que los agresores recibieron 300 pesos para provocar los destrozos, sin identificar quiénes fueron los “financiadores” del vandalismo. También lanzó la hipótesis de que desde dos semanas atrás se organizaron los actos vandálicos.
Es muy probable que estén en lo cierto: la ola pendenciera se armó con antelación. Lo que ha generado una ola de protestas, incluyendo la marcha de más de 2 mil personas el 3 de diciembre, es que la mayoría de los detenidos no son los responsables ni los artífices del pandillerismo.
Así lo declaró a varios medios, incluido el portal Animal Político, el abogado Armando Barrera, de Cause Ciudadano. Defensor de varios de los detenidos, Barrera informó que han sido acusados de delitos como alteración de la paz social, con el agravante de pandillerismo, equiparable a terrorismo. Por este delito pueden estar de 7 a 45 años en prisión.
“Una gran mayoría fueron detenidos sólo por transitar” en el momento del zafarrancho en las calles 5 de Mayo, Madero, avenida Juárez y en la Alameda.
Animal Político entrevistó a Claudia Ovando, novia de Rodrigo Andrés Nieto, quien fue detenido junto con Juan Carlos Jiménez. Son jóvenes de Tabasco que andaban de compras en 5 de Mayo.
“Estábamos en la calle 5 de Mayo buscando dónde almorzar cuando en eso comenzamos a escuchar cómo venían personas corriendo. Cuando nos dimos cuenta prácticamente los granaderos estaban detrás”, relató Claudia Ovando, quien logró escapar de la razzia de los policías capitalinos.
La Unión de Juristas de México también emitió un comunicado para condenar “la brutalidad policíaca ejercida para reprimir la manifestación y la detención arbitraria ejercida” de decenas de jóvenes.
Este 4 de diciembre, Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras, dos organismos internacionales también desacreditaron la versión de las autoridades ministeriales y policíacas que pretenden condenar a 67 personas, incluyendo a varios fotógrafos detenidos.
“Existen profundas dudas” acerca de las evidencias presentadas en contra de los detenidos, advirtió Amnistía Internacional.
A su vez, Reporteros sin Fronteras destacó que entre los detenidos se encuentran dos fotógrafos que estaban realizando su trabajo y no generando los destrozos que fueron ampliamente televisados. Entre ellos, el joven Mircea Topoleanu, de 32 años, de origen rumano, y Brandon Daniel Bazán, de la revista Café Mx. También mencionan los casos de los fotógrafos agredidos Quetzalli González, de Nuevo Excélsior, Ana Cecilia Méndez, Alejandro González y Martín Salas, de Milenio Diario, y de Bernardo Montoya, de la agencia Reuters.
Otro testimonio en contra de la razzia que aplicaron las fuerzas policíacas es la del grupo de alumnos del Colegio de Literatura Dramática y de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Emitieron una carta donde mencionan a varios jóvenes que fueron detenidos en la calle de Filomeno Mata, acusados de ser “vándalos” y “porros”. En realidad, son estudiantes; incluso dieron a conocer el número de cuenta de cada uno.
Son los casos de Mónica Paloma Alvarado, Daniela Sánchez Ríos, Valentina Guerrero, Fernanda Preciado Castillo y su madre Guadalupe Castillo Martínez (también detenida), Gisella Moreno Mejía, Enrique Culebro, Francisco Torres Pacheco, Luis Manuel Salazar, Marina Muñiz Nieto y Gustavo Arteaga.
Todo parece indicar que la provocación fue armada no sólo para generar la imagen de violencia pendenciera (ampliamente difundida en los noticiarios de televisión abierta y de paga), sino para detener a jóvenes que han participado en otros muchos colectivos que nunca han lanzado bombas molotov ni su afán es generar destrozos en comercios o en la recién remodelada Alameda.
Estamos, quizá, ante el germen de un movimiento como el que dio origen al #YoSoy132 después del “viernes negro” de Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana o en la contraparte más represiva y perversa: un halconazo al estilo de junio de 1971 para justificar una ola de arbitrariedad y represión para generar miedo y persecución selectiva.
Hay demasiados elementos para advertir que la tentación represiva es un bumerang peligroso.
www.homozapping.com.mx
No hay comentarios:
Publicar un comentario