Si uno de nosotros está preso, todos lo estamos. Energía en el Pacto- ¿Primeros compromisos?-Corrupción y responsabilidades - Calma, paciencia y un instrumento adecuado

Si uno de nosotros está preso, todos lo estamos. Energía en el Pacto

José Antonio Rojas Nieto

 

Lo primero, no olvidarlo nunca: si uno de nosotros está preso todos los estamos. Cantémoslo en coro, con agradecimiento a los actores aliados. Muchos capturados injustamente en la burda acción policiaca del primero de diciembre (1D). Entre ellos brillantes estudiantes y profesores de la UNAM y otros centros educativos. Bien lo documentó el área jurídica del movimiento #YoSoy132. Y bien lo han señalado La Jornada, Proceso y otros medios. ¡Que se aclaren los hechos! Todos los que no forman parte del evidente grupo de provocadores, deben ser liberados. Ya.

 

Léase, por favor en voz alta, el vergonzoso compromiso 32 del Pacto por México, el de la curiosa coincidencia de dígitos con el movimiento #YoSoy132, lo que, según el accionar de este 1D, parece ser ya el demagógico y autoritario pacto peñista: Se actualizará el marco jurídico para prevenir y sancionar eficazmente los actos inhumanos y degradantes, así como la tortura, la crueldad y la desaparición forzada.

Y por si fuera poco el compromiso 28 dice:Como sucede en otros países, se creará una ley que establezca parámetros claros para el uso de la fuerza pública. ¡Carajo!

Lo segundo, los compromisos 54 a 60 en el área de petróleo y gas de ese mismo Pacto por México (sic, Por México dice). Se enmarcan en la realización de una nueva reforma energética (Por cierto, ¿dónde están el diagnóstico de la situación energética actual y la evaluación de la reforma energética de 2008?) que pretende convertir al sector en uno de los más poderosos motores (sic) de crecimiento económico a través de tres lineamientos fundamentales: 1) atracción de inversión, 2) desarrollo tecnológico y 3) formación de cadenas de valor. ¿Qué significa esto? No se aclara explícitamente en ninguno de los compromisos.

Pero el compromiso 54 es de antología. Es la nueva y anhelada redacción del 27 constitucional, para la que este gobierno no tiene legitimidad, no siquiera sumando la votación del PAN: Se tendrá en manos de la Nación, a través del Estado, la propiedad y el control de los hidrocarburos y la propiedad de Pemex como empresa pública. En todos los casos (en todos añado), la Nación recibirá (aquí el nuevo verbo constitucional sustituto, recibir) la totalidad de la producción de hidrocarburos.

O sea que el nuevo gobierno se compromete (¡vaya!) a garantizar que la Nación reciba la totalidad de la producción de hidrocarburos que –permítaseme la redundancia– se producirá. ¿Por quiénes, debemos preguntar? La respuesta es obvia: los inversionistas atraídos…Aquí leamos, por favor, contratos de servicios múltiples, contratos incentivados, contratos integrales, incluso –si se puede– excepciones constitucionales (¿Qué dirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación?) ¿Qué excepciones? Tres primordiales: 1) desarrollos en la cuenca de Chicontepec, 2) desarrollos en aguas profundas, 3) desarrollos de gas no convencional en Coahuila y Tamaulipas, del hoy famoso shale gas.
 

Preguntemos, entonces. ¿Qué votarán legisladores del PRI y del Verde? ¿Qué votarán legisladores del PAN, de Nueva Alianza? ¿Qué votarán legisladores del PRD, del Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo? Hay problemas severos en el sector energía que amenazan el suministro y con altas facturas –económicas y sociales– a la sociedad.

 

Un sector con muy débil regulación, pero, sobre todo, con problemas muy severos para la vida energética de las familias. Dentro y fuera de sus hogares. Y es que tenemos un balance energético nacional muy costoso. Excesivamente concentrado en combustibles fósiles. Con emisiones excesivas de bióxido de carbono. Con una concentración enfermiza en un transporte caro, ineficiente y sucio.

 

Por favor permítaseme terminar esta nota utilizando una expresión muy afortunada de Gustavo Leal en La Jornada de ayer sábado: El nuevo PRI carece de una sola línea para atender la primera demanda ciudadana: mejorar servicios, mejorando las condiciones de quienes son los responsables finales de la calidad: los equipos nacionales que brindan la salud y la seguridad social. El nuevo PRI tampoco formula líneas nítidas que permitan brindar la energía necesaria para las familias y la sociedad mexicana, en la que la canasta básica de combustibles y electricidad para los hogares mexicanos, por un lado, y las alternativas para el transporte y otros usos finales de energía, por el otro, exigen renovadas estrategias.

 

Se quedan –lamentablemente y con una visión miope– en la manera de hacer penetrar al capital privado en las empresas energéticas, sin considerar –ni siquiera y en ningún compromiso– la urgencia de combustibles y electricidad suficientes y limpios para los mexicanos. De veras.

antoniorn@economia.unam.mx

Verde, blanco y rojo sangre-Fisgón

rfisgon@jornada.com.mx

¿Primeros compromisos?

Arnaldo Córdova

El presidente Enrique Peña Nieto al dar a conocer las 13 acciones con las que iniciará su gobierno, en un acto realizado en Palacio Nacional el primero de diciembre pasado

Foto José Antonio López

 

Enrique Peña Nieto es un político acostumbrado a prometer lo que hará desde el gobierno. Así lo hizo cuando fue candidato a la gubernatura del estado de México, cuando se la pasó firmando ante notario miles de compromisos y promesas que luego no cumplió, cumplió a medias o hizo como que cumplió. Fue lo que hizo a lo largo de toda la campaña electoral y lo sigue haciendo, con mayor fuerza, ya una vez instalado en la silla presidencial. Su principio es, desde luego, que hasta ahora no se ha sabido gobernar y que él sí sabe hacer las cosas, con sólo señalar lo que hay que hacer para resolver los graves problemas nacionales, es decir, con sólo promesas.

 

No nos debería extrañar que, dentro de seis años, escuchemos explicaciones por el estilo de las que acaba de hacer Calderón, magnificando sus hazañas de gobierno y haga de nuevo como que cumplió, moviéndole el dedo en la boca a todo el que esté dispuesto a escucharlo. Si hubiera cumplido sólo con la mitad de dichos compromisos en el Edomex, probablemente no tendríamos los escasos niveles de desarrollo económico, político y social ni los altísimos índices de violencia delincuencial ni la insultante pobreza que son el signo de la vida diaria de esa desgraciada entidad. Ahora va por todo el país y lo hace de la misma manera que él sabe: prometiendo todo lo que se le ocurre.

 

El discurso inaugural del primero de diciembre en el Palacio Nacional, ante cientos de invitados y conmilitones, es una muestra clara del estilo ramplón y desordenado de hacer política de este exponente del llamado Grupo Atlacomulco que, para algunos cínicos del periodismo, es inexistente. Montó su discurso sobre cinco ejes de gobierno que sólo fueron emblemas genéricos sobre los que, en seguida, hizo trece promesas, también genéricas, que puede cumplir o no cumplir, daría lo mismo, pues prometer no empobrece. Deberíamos tomarlo en serio, no esperando que cumpla, sino para que no se nos olviden las engañifas que acompañan a los priístas en su retorno al poder presidencial.

 

Veamos primero sus cinco ejes. El primero es lo que él llama un México de paz, poniendo al ciudadano y a su familia en el centro de las políticas de seguridad. El segundo es lograr un México incluyente, combatiendo la pobreza y cerrando la brecha a la desigualdad. El tercero, es lograr un México con educación de calidad. El cuarto, su creencia en un México con crecimiento económico. El quinto, finalmente, lograr que México sea un actor con responsabilidad global. Un país con participación propositiva en el mundo. Como puede verse, se trata sólo de proclamas sin anclaje programático, meros buenos propósitos sin soluciones concretas.

 

A continuación enumeró las que llamó decisiones presidenciales. Se supone que éstas sí serían planteamientos programáticos pero, como podrá verse, no sólo persiste en tales decisiones el carácter emblemático, típico de Peña Nieto, sin verdaderos compromisos programáticos, sino que, en varias de ellas se ve la huella de otras corrientes políticas, en particular del lópezobradorismo, lo que hace de sus planteamientos un simple rosario de buenas intenciones o, como dirían los gringos, propuestas sin dientes.

 

La primera es casi idéntica al primer eje: México exige vivir en paz; la propuesta programática es la instrucción a las secretarías de Gobernación, Hacienda, Desarrollo Social y Salud, para la creación de un Programa Nacional de Prevención del Delito (Peña cree que se trata sólo de un problema de presupuesto, pues sólo habla de esto). La segunda es poner al Estado al lado de las víctimas y de sus familiares y, para ello, propone simplemente instruir a la Consejería Jurídica para que se desista de la controversia constitucional en curso sobre la Ley General de Víctimas. Como propuestas programáticas, resultan francamente miserables.

 

La tercera decisión es contar con un solo Código Penal y otro de Procedimientos Penales, únicos y de aplicación nacional. El pretexto es que la existencia de muchos códigos penales dificulta la acción de la justicia. Ya varios insignes penalistas y procesalistas han hecho notar que, tratándose de jurisdicciones distintas (fuero federal, fuero local o fuero militar) es lógico que se cuente con una diversidad de códigos. Una eventual reforma constitucional debería anular en los hechos y en la ley el entramado federal de nuestra República.

 

La cuarta decisión es, otra vez, puramente emblemática y se refiere a la lucha contra el hambre. A Peña Nieto se le ocurre convocar a todos los sectores sociales, económicos y políticos para emprender una Cruzada Nacional Contra el Hambre… Las mujeres son el objeto de su quinta decisión: el Estado tiene la obligación moral de respaldarlas; por ello, instruirá a las secretarías de Desarrollo Social y de Hacienda para crear el Programa de Seguro de Vida para las Jefas de Familia. La sexta toca a los adultos mayores y, en virtud de ella, se instruirá a las mismas secretarías para que modifiquen y amplíen el Programa 70 y Más y todos los mayores de 65 años reciban una pensión.

 

La séptima decisión se refiere a la reforma educativa y comienza reivindicando para el Estado la rectoría de la política educativa. Se enviará, para comenzar, una iniciativa de reforma al artículo tercero constitucional y una subsecuente de la Ley General de Educación. Muchos piensan que le llegó su hora a la Gordillo y a su corrupta corporación sindical. En realidad, eso está por verse; pero sí es un hecho positivo que se pida al Inegi un censo de escuelas y personal docente para terminar con las plazas vitalicias y hereditarias en el sistema educativo nacional.

 

La octava decisión consiste en dar un impulso decisivo a la creación de infraestructura para paliar la desigualdad en las diferentes regiones en desarrollo. La novena, parece una copia de una original propuesta de López Obrador y tiene que ver con la reintroducción de los ferrocarriles de pasajeros y la construcción de nuevas líneas. La décima viene a ser una añeja demanda de la sociedad mexicana y toca al renglón de las telecomunicaciones. Se reconocerá en la Constitución el derecho de acceso a la banda ancha, se aprobará un conjunto de reformas para generar mayor competencia en la telefonía, servicios de datos, televisión y radio y próximamente se licitarán dos nuevas cadenas de televisión abierta.

 

La decisión décima primera está para atender el espantoso endeudamiento de estados y municipios. La solución planteada será una Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública. Veremos para qué podrá servir esa ley. La décimo segunda es una enésima reiteración del manejo responsable de las finanzas públicas, mediante un Paquete Económico que se pondrá a consideración del Congreso. La décimo tercera, por fin, tiene que ver con la responsabilidad moral de ser medidos y austeros en los gastos. Otro emblema más que se resolverá con un próximo decreto en la materia.

 

Naturalmente, no podía faltar la reiteración de las intenciones de este gobierno en materia de reforma energética, hacendaria y de seguridad social. Esas son las promesas.

Agresión-Hernández

hernandez@jornada.com.mx

Corrupción y responsabilidades

La información contenida en el reporte Países en la encrucijada, de la organización estadunidense Freedom House, respecto de que el costo de la corrupción en México puede equivaler a 9 por ciento del producto interno bruto es, más que una revelación, una confirmación de que las intrincadas redes que alimentan ese flagelo dentro y fuera de las oficinas públicas gozan de cabal salud, y de que los alegatos sobre un cambio relacionado con la alternancia de siglas partidistas en la Presidencia y los diversos mecanismos de supuesta transparencia y rendición de cuentas implantados en la década reciente sirvieron de poco o nada para contenerlas.

 

Desde hace décadas, y sexenio tras sexenio, la sociedad ha asistido a la exhibición pública de algunos casos emblemáticos de desaseo administrativo, privatización ilegal de bienes públicos, infiltración de organizaciones ilícitas en las oficinas gubernamentales, pago de sobornos a funcionarios a cambio de otorgamiento de contratos favorables para particulares, y otros episodios similares que son, cabe suponer, la punta del iceberg de un panorama de descomposición mucho más generalizado, a juzgar por el enorme monto de recursos que involucra. El correlato de esta situación es la práctica inexistencia de consecuencias penales o administrativas –salvo por la presentación de meros chivos expiatorios– con que se han saldado los episodios de presunta corrupción y manejo ilícito de los recursos públicos por gobernantes, funcionarios o personas de su círculo cercano, lo cual ha sido uno de los muchos hilos de continuidad entre las presidencias priístas y panistas.

Más allá de ser una inaceptable manifestación de atraso cívico y político, una carga exasperante para la economía –cabe preguntarse sobre qué bases puede funcionar un país en el que una décima parte de los recursos van a parar a los bolsillos de servidores públicos de todos los niveles de gobierno– y un motivo justificadísimo de descontento social, el flagelo de la corrupción es particularmente peligroso por cuanto vuelve insostenible e inverosímil cualquier propósito oficial de combatir la delincuencia y restablecer el estado de derecho.
 

Significativamente, en el mismo reporte de Freedom House se señala que la guerra contra el narcotráfico puesta en marcha por la pasada administración federal terminó por convertirse en el principal factor de deterioro de la gobernabilidad, lo que, además de dar la razón a los cientos de voces críticas que adviritieron, hace seis años, sobre la improcedencia de someter a los narcotraficantes mediante el despliegue de efectivos castrenses, da cuenta de que el calderonismo incurrió en una irresponsabilidad política mayúscula al involucrar al país en una estrategia de seguridad destinada de antemano al fracaso, por cuanto se desarrolló en un entorno gubernamental descompuesto y minado, propicio para el desenvolvimiento de la criminalidad.

 

La persistencia de este flagelo lleva necesariamente a moderar el afán de fabricar perspectivas halagüeñas que no tienen fundamento en la realidad, y que parecen sugerir que la corrupción se podrá erradicar mediante la mera creación de instancias burocráticas o mediante reformas legales. Antes al contrario, un paso obligado para conseguir tal objetivo es el desmantelamiento de la vieja cadena de encubrimiento y hasta de complicidad transexenal que ha caracterizado a los gobiernos priístas y panistas, y que, a juzgar por los datos disponibles, se mantiene intacta.

Haciéndose pacto-Rocha

rocha@jornada.com.mx

Calma, paciencia y un instrumento adecuado

Guillermo Almeyra

No se puede hablar con propiedad de un retorno del PRI porque hasta los años 80 ese partido, incluso en sus peores momentos, tenía lazos lejanos con la Revolución Mexicana, en cuyo nombre pretendía hablar. Era el partido que desarrollaba mediante el Estado una burguesía nacional corrupta y parasitaria pero estaba obligado a hacer concesiones a un poderoso movimiento social, obrero y campesino que trataba de controlar mediante el sistema corporativo y los charros.

 

Era un partido clientelista, que debía corromper masivamente para ejercer la corrupción, y un partido que vivía del mercado interno y de la política. Desde Salinas es, en cambio, un instrumento del capital financiero internacional, una bomba de succión de los recursos mexicanos para pagar la deuda externa y las ganancias de las trasnacionales y ha borrado toda diferencia de fondo con el PAN, el enemigo de la Reforma, el adversario lleno de odio del gobierno de Lázaro Cárdenas, el partido de los imperiales y de los imperialistas. El PRI de Peña Nieto, del viejo PRI sólo conserva los métodos sin escrúpulos, las políticas rayanas en la delincuencia, los nexos con el crimen.

El México nacido del pacto con campesinos y obreros está muerto y fue enterrado oficialmente por el Innombrable ya en 1988. Hoy es un país que ofrece al capital internacional la libra de carne de millones de emigrantes baratos y, mientras dura, la riqueza petrolera y minera; el Estado es un semiestado en descomposición, los gobernadores del PRI participan en los diversos cárteles que se dividen el territorio, desde Estados Unidos controlan las políticas de las fuerzas armadas, las finanzas, la política internacional, y todas las conquistas sociales, ya desgastadas y roídas hasta los huesos, desaparecen día a día para acabar de poner la mano de obra mexicana por debajo del costo de la china.

Frente a eso, es necesaria la rebelión. Pero ¿cuál, cómo, cuándo? En un país con una amplia mayoría conservadora (que se abstiene sosteniendo así al poder o vota por los partidos de sus opresores y explotadores y bebe sin chistar buena parte del veneno que destilan Televisa y Tv Azteca porque todavía no lee diarios ni tiene un pensamiento crítico), lo esencial es dar la batalla por las conciencias, organizar, difundir, enseñar tanto en la lucha tenaz y punto por punto por preservar lo que queda de las conquistas del pasado como en la vida cotidiana y gris en barrios, fábricas, comunidades.

Al dominio de los medios monopólicos del capital hay que contraponerle la paciente y calma construcción permanente de una contracultura, que es también contrapoder.

Los asesinos y violadores en el caso de Atenco están extendiendo sus métodos a todo el país, pues sólo dependen de la coerción, ya que no tienen consenso. Ellos tienen interés en hacer abortar, mediante provocaciones que justifiquen represiones masivas, los intentos de organización alternativa del país real, el de los trabajadores, entendiendo por tales todos los que, de un modo u otro, hacen posible que el capitalismo funcione. Llevar a choques prematuros entre pequeños destacamentos aún aislados de jóvenes justamente furiosos y los órganos de represión, les resulta esencial para evitar la organización vasta del repudio y también la politización de parte de los soldados y granaderos. El gobierno necesita provocadores en las manifestaciones, llamados a la guerrilla y falsos guerrilleros que ni siquiera disparan una idea organizadora y que son verdaderos cazabobos.
 

Un embarazo requiere nueve meses. Si el padre impaciente, para apresurarlo, salta sobre el vientre de su compañera a los cinco, seis o siete, matará parturienta y criatura. La pelea que hay que dar, y por todos los medios, habrá que darla después de conseguir que la relación de fuerzas sea menos desfavorable, para que el combate no sea una aventura.

 

Por consiguiente, lo que México necesita hoy es un partido que se apoye en el movimiento obrero y campesino y en una mayoría popular, los organice en forma independiente del Estado y de los instrumentos de éste (comprendidos los partidos institucionales), e incorpore a las izquierdas a una vida interna democrática y plural basada en principios y orientaciones anticapitalistas consensuadas.

 

El esqueleto de ese partido es la Organización Política de los Trabajadores, creada por el SME y otros sindicatos y fuerzas de izquierda: ahora depende del pueblo mexicano darle carne, nervios, músculos, sangre, insuflarle vida y lanzarlo a la acción.

 

La transformación capitalista dependiente del país ha fusionado la gran burguesía nacional con el capital financiero internacional, del cual es socia y parte constitutiva. Esa burguesía nacida en México pero no mexicana tiene su corazón y su billetera en Wall Street y, como las trasnacionales, es antisindical, hostil frente a los consumidores, explotadora desenfrenada de sus trabajadores, depredadora del ambiente y de los bienes comunes. La alianza que le ofrece Morena (o incluso alguno de los componentes de la OPT) es utópica. Los cerdos no vuelan, ni cambian jamás sus hábitos.

 

México resiste en cambio en las comunidades indígenas, en las heroicas luchas como la de los electricistas, con sus policías comunitarias. Es posible unir todos los puntos de lucha y engarzarlos en un collar común de resistencias, donde se eleve el nivel político de los objetivos puntuales y de las luchas. Tan dañino como la desesperación y la impaciencia de quienes no saben esperar actuando y construyendo y llaman a la pelea ya, pero ya mismo y en cualquier condición, dando audiencia a los provocadores, es el sectarismo de quienes no están dispuestos a dar siquiera un paso adelante con alguien que no concuerda en un ciento por ciento con lo que ellos dicen. Marchando juntos, aunque sea un trecho, se podrán discutir mejor las perspectivas. Llegó, por lo tanto, la hora de hacer el balance de la otra campaña o del electoralismo ciego, para salvar lo que en ambos, pese a todo, era y sigue siendo justo. Llegó la hora de pensar.