Astillero
Riña en las alturas
Oportunidades electoreras
Amagos de cárcel
Nuevos aires judiciales
Oportunidades electoreras
Amagos de cárcel
Nuevos aires judiciales
Julio Hernández López
EN HUIXQUILUCAN. El presidente Enrique Peña Nieto, saluda a decenas de mexiquenses que asistieron ayer al acto en el que, junto con el gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, entregaron vehículos y equipamiento de seguridad pública en el municipio de Huixquilucan
Foto José Antonio López
Ping pong: Los Pinos acumula evidencias de que durante el calderonismo se dio uso politiquero y delictivo a la Procuraduría General de la República (PGR, en el tramo de Marisela Morales) y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP, con Genaro García Luna como el gran especialista en montajes), y deja correr la versión de que podrían darse aprehensiones relevantes, mientras el PAN endereza misiles videograbados contra el uso electoral, y también presuntamente delictivo, de los programas sociales del gobierno federal en 14 entidades, con la siempre enturbiada administración veracruzana como ejemplo ya denunciado en solicitud de acción penal contra más de medio centenar de funcionarios de diversos niveles.
Balacera política en las alturas, con Oportunidades y Rosario Robles acusados de operar una red de complicidades entre operadores del priísmo y
servidores públicosdel equipo de Javier Duarte, el gobernador formal, en el Veracruz al que ha llegado a retomar riendas Fidel Herrera Beltrán. Hay videos puestos por el Partido Acción Nacional y por ciudadanos ( http://bit.ly/Yw3Vlg y http://bit.ly/11eFM5W ) en los que se puede apreciar el mecanismo de conversión de los recursos públicos en votos partidistas. No ha sido ajeno a esos procedimientos el partido de blanco y azul, pues durante 12 años sus operadores realizaron semejantes condicionamientos del voto ciudadano, pero ahora usan las evidencias visuales y auditivas para lanzarse contra el partido de tres colores con el que aún sostienen gozoso pacto (
por México) de colaboración.
Más allá de las motivaciones coyunturales de estos esfuerzos
justicieros, quedan en grave evidencia la Secretaría de Desarrollo Social, como tal, y la titular, Rosario Robles. Con gran impudicia, esa secretaría y sus programas de ayuda a marginados han sido convertidos en instrumentos electorales del PRI, con ciertos funcionarios expresamente reclutados por sus habilidades en la adulteración de urnas, pero no por su sapiencia o experiencia en los temas colocados a su disposición. El botón veracruzano de muestra debería llevar al peñismo a una corrección de fondo, a menos que el carro completo fuera una política gubernamental expresa y confesa.
En otros temas (que son los mismos), ha de decirse que aun cuando técnicamente está facultada para presentar conclusiones de inculpabilidad, la PGR ha actuado con un sentido selectivo y politizado en el caso del general Tomás Ángeles Dauahare, quien quedó ayer en vías de expedita liberación gracias al virtual desistimiento practicado por un agente del Ministerio Público Federal 10 días atrás y que ayer ratificó el procurador Jesús Murillo Karam.
La maniobra de insólita exculpación coloca en entredicho la función del órgano acusador y coloca al Poder Judicial en una condición de inutilidad práctica, pues bastará con la abstención o desistimiento de la PGR para que los jueces –de por sí sometidos a las presiones de los nuevos dueños del avasallante aparato presidencialista– se queden sin sustancia para continuar con la tarea presuntamente impartidora de justicia. Tan individual gesto de la PGR, para con un militar que sufrió el desafecto de Felipe Calderón y ahora goza del afecto de Enrique Peña Nieto, contrasta escandalosamente con los miles de expedientes que podrían merecer semejante tratamiento exculpatorio pero, en cambio, deben continuar por largos pasillos del infierno procesal sin que agente ministerial o procurador afanoso se dignen presentar conclusiones de inculpabilidad.
Tan dañina para la salud pública resultó la locura cesarista blanquiazul de Felipe Calderón, quien enderezó las baterías institucionales contra sus adversarios políticos en maniobras que una a una se le cayeron incluso durante su administración y con más razón ahora, como ya lo está siendo la generosidad cesarista selectiva de tres colores que está usando sus instrumentos de presión para favorecer a sus allegados (el general Ángeles Dauahare había participado en un acto de campaña de EPN en San Luis Potosí antes de ser aprehendido) pero también (caras de la misma moneda) podrá usar más delante esos mecanismos pervertidos contra opositores y contrincantes.
La suerte judicial también ha cambiado para MVS, la empresa de telecomunicaciones que durante el calderonismo sufrió encono y maltrato. Entre otros agravios, esta firma fue notificada en agosto del año pasado de que no serían renovadas las concesiones relacionadas con la banda de 2.5 GHz porque habían estado
subutilizadasconforme al criterio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que así cumplía instrucciones vengativas de Los Pinos, según lo que luego denunciaría Joaquín Vargas. La
subutilizaciónprovenía de una trampa elemental: no las habían utilizado porque el gobierno federal había puesto mil trabas, en un bloqueo sistemático, agudizado en su último tramo por la postura periodística de Carmen Aristegui en su noticiero matutino y específicamente por la manera en que abordó el tema del presunto alcoholismo de quien entonces ocupaba Los Pinos, denunciado en la cámara de diputados por Gerardo Fernández Noroña.
Con el nuevo inquilinato de Los Pinos (y con Eduardo Sánchez como subsecretario de normatividad de medios de la Secretaría de Gobernación, abogado que antes lo fue de MVS), las cosas han cambiado (como le cambiaron al ex
zarantidrogas, Noé Ramírez Mandujano, a quien un juez absolvió), de tal manera que, en una decisión dividida, una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió (mediante el otorgamiento de cuatro recursos de amparo) echar abajo la disposición de la SCT de 2012 pero sin entrar al fondo del asunto sino dejando a la SCT de 2013 la responsabilidad de volver a resolver sobre el mismo caso. Tache a Calderón y manga ancha a Peña Nieto, en los nuevos aires judiciales mexicanos (inaugurados con el huracán Florence).
Y, mientras la propuesta obamista de reforma en materia de armas ha sufrido el primer revés derivado del efecto Boston, ¡hasta mañana!
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La salud en Michoacán-Hernández 
¿Es privatizadora la reforma? Sí
Manuel Pérez Rocha
El incentivo de un buen maestro lo constituye el avance de sus estudiantes, esa es su mayor satisfacción y lo que da sentido a sus afanes. Un buen maestro es aquel que tiene la pasión, el compromiso de lograr que sus estudiantes progresen porque los valora como personas, porque los respeta y los aprecia. Si un maestro tiene esta actitud vital, y el Estado garantiza las condiciones laborales y materiales adecuadas, lo demás vendrá por añadidura. Los
reconocimientos, las
promociones, los
estímuloseconómicos –conceptos que dirigen a la mal llamada reforma educativa–, son sobornos que se practican en los medios empresariales (y en otros ámbitos) para lograr que los trabajadores realicen tareas que en sí mismas no les interesan, les desagradan, los enajenan. Para los patrones, los trabajadores son sus subordinados, sus empleados (según la etimología de esta palabra, sus
doblegados); sin los sobornos no es previsible que hagan las cosas como quiere el patrón o el jefe. Esta no es la relación que ha de establecerse entre el Estado y el magisterio.
motivaciones externasa los maestros, los
estímulos, no hacen mal pues, argumentan, refuerzan sus motivaciones intrínsecas, o remedian su ausencia. Falso: esos sobornos causan destrozos en las actitudes de los individuos y en las relaciones de los cuerpos académicos. Sobre esto no es necesario especular, esos perjuicios son ya resultado grave de la aplicación prolongada de los mecanismos de soborno en todos los niveles de nuestro sistema educativo: la
carrera magisterialen la educación básica, los diversos programas de
estímulosen la educación media y superior, el SNI en la investigación.
La educación pública democrática nada tiene que ver con los antivalores en que se sustentan las actividades empresariales. La educación pública democrática no es siquiera un servicio más del Estado benefactor. La educación pública democrática es un derecho humano básico, esencial para el desarrollo de las personas y de la sociedad. En la educación pública, el Estado democrático realiza, como en ninguna otra responsabilidad, una función social e histórica esencial. La Constitución establece que la educación que imparta el Estado debe
desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano; no es una educación que se limita a capacitar para el empleo, o a enseñar a leer y manejar las matemáticas (como ordena la OCDE). Es una educación integral que comprende el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, no solamente el entrenamiento en
competencias.
Los valores definidos por el artículo tercero de la Constitución, tal como lo redactó el Constituyente surgido de la Revolución, están en el polo opuesto del individualismo y la competencia que reina en el mundo empresarial. De manera reiterada, la Constitución establece como sujeto un
nosotros. Dice de la educación:
atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. La educación que imparta el Estado debe contribuir
a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.
La reforma impuesta con precipitación irresponsable por los intereses políticos del nuevo gobierno institucionaliza antivalores que contradicen esta filosofía. Consagra al maestro como “ homo economicus” y a la escuela como una estructura jerárquica en la cual el director es considerado como un
líder(sic) que ha alcanzado este puesto de privilegio, esta
promoción, por medio de la rivalidad con sus colegas (concursos). Los maestros quedan como empleados cuyos ingresos y
permanenciaestán sujetos a los resultados de evaluaciones. Ha quedado desechada como una
utopía, o una ingenuidad, una organización escolar horizontal, democrática, que permita la construcción de
comunidades de aprendizaje.
Por supuesto, tienen que extirparse del sistema escolar los escandalosos vicios que en materia de contratación y designación de funcionarios introdujeron, en complicidad, la dirección del SNTE y los gobiernos del PRI, y consolidaron los del PAN, y que han sido combatidos por la CNTE. Pero este grave problema no se va a resolver con la adopción de los antivalores y modos de operación de las empresas privadas, en las cuales la moda es confiar en los
liderazgosy la compra de las voluntades de los empleados. La reforma educativa necesaria exige cambios de fondo, de concepción, propios de la trascendental función pública de la educación. Las funciones de dirección y supervisión deberían ser asumidas colegiadamente y definidas como un servicio, no como una
promocióno
estímuloque generan codicia; esos concursos que se presentan como una panacea se traducirán en la destrucción del tejido social de la institución y en el desarrollo de todo tipo de corrupciones.
La reforma se desentiende de la responsabilidad del Estado en cuanto al sostenimiento de la educación pública. Niega a las escuelas la necesaria autonomía que deberían tener para resolver los problemas propiamente educativos, en cambio determina esta
autonomía(¿abandono?) en el ámbito económico. Sin hacer la menor consideración acerca de la obligación del Estado de atender las necesidades materiales de las escuelas, se asigna a éstas, como si se tratara de entes privados, la responsabilidad de gestionar
ante los órdenes de gobierno que corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta. Esta
autonomía económicaes una puerta más para que intereses privados mercantiles hagan negocios en las escuelas.
No faltan, pues, razones para que los maestros vean en estas reformas una política de privatización. Por supuesto, el gobierno no va a ofrecer en venta las escuelas. No, la privatización consiste en la imposición de los antivalores y las formas de operar de las empresas privadas en el sistema escolar público.
Puerta abierta-Ahumada 
MVS: arbitrariedad acotada
P or mayoría de tres votos contra uno, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió ayer una serie de amparos a la empresa de telecomunicaciones MVS contra la negativa del gobierno federal a prorrogar sus concesiones en la banda de 2.5 gigahercios (GHz), reconocida en el ámbito internacional como propicia para las aplicaciones móviles de banda ancha, lo que se conoce como Internet de cuarta generación.
rescatartales frecuencias, anunciada en agosto de 2008 por el entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Dionisio Pérez Jácome.
Debe recordarse que el referido episodio derivó en una confrontación declarativa entre los propietarios de la empresa de medios y funcionarios del gobierno que encabezó Felipe Calderón, toda vez que los primeros acusaron a los segundos de favorecer con su decisión los intereses de las empresas del duopolio televisivo y de condicionar las negociaciones para la renovación de las frecuencias de la banda 2.5 a cambio de una disculpa pública de la periodista Carmen Aristegui, quien había formulado al aire cuestionamientos sobre el presunto alcoholismo de Calderón Hinojosa.
La primera de esas acusaciones cobró verosimilitud en la medida en que el
rescatede las frecuencias mencionadas no se sustentó en argumentos técnicos convincentes y habida cuenta de la abierta parcialidad con que la pasada administración manejó los títulos de concesión sobre el espectro radioeléctrico para favorecer principalmente a Televisa y Tv Azteca. Ahora, con el fallo de la SCJN, es meridianamente claro que el desempeño de las autoridades federales en ese episodio distó de regirse por criterios técnicos e imparciales, y causó un severo daño en el desarrollo de las telecomunicaciones en el país: la decisión de
rescatarla banda 2.5 GHz generó afectaciones a MVS y a sus clientes en la medida que obligó a la compañía a cancelar su servicio de Internet y sacó de ese mercado a un pequeño competidor que fungía como contrapeso al duopolio televisivo, pero también a las empresas de telecomunicaciones propiedad de Carlos Slim y a consorcios trasnacionales del ramo.
Aunque en lo inmediato la resolución de la corte desactiva la negativa de la SCT a renovar los referidos títulos de concesión y obliga a esa dependencia a emitir nuevos lineamientos sobre la explotación de la banda 2.5 GHz, el episodio es ilustrativo del desaseo y el faccionalismo con que el calderonismo se condujo en el otorgamiento de bandas del espectro de radiofrecuencias, y hace dudar si ese patrón de conducta gubernamental se revertirá por efecto de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que se discute en el Senado: cabe traer a cuento, al respecto, las críticas y cuestionamientos formulados por especialistas sobre el nivel de autonomía real del órgano regulador que se crearía con esa modificación constitucional: el instituto federal de telecomunicaciones.
Para que el nuevo marco legal en la materia esté efectivamente orientado al beneficio del bien común y al desarrollo de la economía nacional, es fundamental que se abran las distintas modalidades tecnológicas del ramo a nuevos participantes, y no sólo a integrantes de la iniciativa privada, sino también a la sociedad civil, instituciones públicas, universidades y centros de investigación, así como a competidores empresariales que han sido sistemáticamente bloqueados y excluidos.
Saldos de Boston-Helguera 
Los trabajadores ante el desarrollo
Napoleón Gómez Urrutia
Durante la presente semana se está celebrando en Vancouver, Canadá, la Conferencia Nacional de Política, organizada por el Sindicato de Trabajadores de la Industria Siderúrgica (USW por sus siglas en inglés), la cual se inició el día 16 y terminará el día 18 de abril del año en curso. Han sido 52 ocasiones en que esta trascendente reunión se realiza para analizar y discutir temas de gran importancia como las alianzas estratégicas globales, el comercio y la economía, los retos del poder corporativo, la revisión a fondo de lo que hemos aprendido del pasado y qué es lo que sigue en el futuro por parte del grupo de la nueva generación de sindicalistas y políticos.
Los mensajes y las opiniones escuchados nos llevan a reflexionar profundamente sobre el futuro de la sociedad, de la clase trabajadora, de la desigualdad y la injusticia, de los riesgos implícitos en la paz social, como son la ambición y la avaricia desmedidas, la falta de conciencia sobre el impacto para las nuevas generaciones, la ignorancia, la irresponsabilidad y la explotación insaciable. Desde luego que los temas específicos sobre el empleo, la seguridad, el medio ambiente, la salud y las condiciones de trabajo no podían haber estado fuera de las discusiones apasionadas, que fueron presentadas con una gran inteligencia, las cuales no dejan lugar a dudas sobre cómo estar mejor preparados para enfrentar los retos del capitalismo salvaje, mejorar la armonía y la tranquilidad laboral, junto con una nueva y más fresca imagen del movimiento sindical mundial.
Hoy concluirá esta conferencia. Ha sido un verdadero éxito para los cerca de mil delegados, que habrá que ampliar y difundir porque de estos foros deben salir las mejores estrategias para reducir la marginación y el atraso y avanzar más de prisa en la construcción de un mundo mejor donde exista más respeto, justicia e igualdad, que generen mayor estabilidad, paz y progreso para todos y no sólo para unos cuantos.
En México tendremos que revisar y asimilar las conclusiones que nos permitan cambiar el rumbo de la política con una mayor profundidad y eficacia, y así trascender hacia una nueva etapa de desarrollo, sobre la base de que nuestro país forma parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), junto con Canadá y Estados Unidos. A todos nosotros, trabajadores, gobiernos, empresarios y sociedad en general, nos corresponde tomar nota de las conclusiones de esta reunión, que se inscriben en las demandas de igualdad y equidad, ya que ninguno de los tres países, aunque en muy distintos niveles de desarrollo, puede pensar que tiene resueltas las profundas desigualdades sociales existentes en el interior de nuestras naciones. Por eso hemos planteado que el Tratado de Libre Comercio al cual estamos adscritos se transforme en un verdadero plan para la cooperación y el desarrollo entre los tres países.
Sólo de esta manera será posible lograr que la cooperación internacional que en sí misma implica el TLCAN, que hoy es incompleta, se transforme en una sólida herramienta del desarrollo económico y social de las tres naciones. No se puede ni debe ignorar que tanto Estados Unidos como Canadá enfrentan agudos desafíos sociales, a pesar de una comunicación parcializada y sesgada de que entre ellos no hay miseria ni pobreza, ya que sí la hay. En el caso particular de México es importante desenvolver esta nueva visión de la asociación internacional de esfuerzos, donde con apego al respeto a las soberanías de cada nación se canalicen los recursos y los esfuerzos que hoy sólo se concentran en la actividad comercial, pero no tocan los resortes del verdadero avance económico, que son la igualdad de oportunidades, el respeto a los derechos e intereses de todos los sectores de cada uno de los países involucrados.
Un primer paso en ese sentido debe establecerse en el terreno de la cooperación laboral entre las tres naciones, donde prácticamente ha sido letra muerta el acuerdo que sobre el tema está establecido por los gobiernos signatarios. Los trabajadores de Canadá, Estados Unidos y México por medio de los mineros, hemos aportado una gran suma de ideas en la dirección de convertir el acuerdo de colaboración laboral en un genuino compromiso para el desarrollo social que atienda, ciertamente, los intereses de los empleadores, pero que se aboque de manera paralela y sustancial a resolver los problemas del empleo bien remunerado, el tratamiento justo de los litigios laborales y el respeto a la libertad y la autonomía de las organizaciones sindicales, que elimine la precarización del trabajo y las formas de explotación inhumana propias del capitalismo salvaje que se practican en todas nuestras naciones, más acentuadas en la nuestra que en las otras dos.
El nuevo gobierno de México tiene ante sí la oportunidad de entrar a esta nueva visión del esfuerzo internacional para el desarrollo. Los dos anteriores gobiernos del Partido Acción Nacional estuvieron ciegos y sordos a las demandas de un genuino desarrollo económico y social de México, y totalmente de espaldas hacia las posibilidades que abre la cooperación internacional para el desarrollo.
El que sabe, sabe-Fisgón 
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