El Plan Nacional de Desarrollo- Las tareas del INEE- Día del Maestro

El Plan Nacional de Desarrollo

Napoleón Gómez Urrutia

El gobierno difunde actualmente las tareas que realiza para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del periodo 2013-2018. Surgido en los años 70 del siglo pasado, el PND se propuso en un principio regular la actividad económica y social de tal manera que el país pudiese sortear y superar las crisis y problemas que por entonces confrontaba, derivadas del cambio del llamado Modelo de Desarrollo Estabilizador hacia uno distinto, y que atendiera las condiciones cambiantes y peligrosas por las que se atravesaba.

 

La elaboración del PND ha sido sexenal, correspondiente a cada nuevo gobierno federal y cada vez que se iniciaban los trabajos para su confección se llamaba a las fuerzas importantes de la sociedad para que emitieran su opinión respecto de las características del plan en turno. Con el PND resultante, el gobierno informaba sobre el camino que seguiría en cada renglón que considerara vitalmente importante.

En los dos sexenios del Partido Acción Nacional (PAN), de 2000 a 2012, también se elaboraron los PND respectivos, con la diferencia de que no les dieron la difusión masiva que sí habían tenido estos planes en gobiernos anteriores bajo el dominio del PRI. Debido a su casi nula difusión, no es aventurado decir que el PND casi desapareció para la sociedad.

Los gobiernos del PAN minimizaron la intervención del Estado en la economía y dejaron en manos de las fuerzas libres del mercado las determinaciones a futuro, entrando a una improvisación mayúscula en la tarea de gobernar, pero hoy se ve que eso fue sólo una manera de halagar y someterse a los grandes capitales y empresas privadas, esto es, al mercado libre.

Con el proyecto para elaborar el PND 2013-2018 el país no está ante un cambio de modelo económico y social que revierta las bases de la apropiación de la riqueza, de su concentración brutal en pocas manos, ni de una radicalmente más justa distribución. Todo parece indicar que será un esquema de reordenamiento económico y social, que se parece mucho a un intento gatopardista, según el cual todo debe cambiar para seguir siempre igual con algunas variantes. Las opiniones de los empresarios sí han sido recogidas para este PND, pero no hay registros de que la misma intensidad haya sido empleada para invitar a los sectores populares ni a la clase trabajadora para que aporten su opinión.

Esto es evidentemente notorio en el caso de los sindicatos, a los cuales se les sigue tratando con el mismo desprecio que en el pasado panista, que abundó, además, en persecuciones políticas contra diversos sectores sindicales. Esto a pesar de lo que dijo el presidente Enrique Peña Nieto el 9 de mayo durante el último Foro de Consulta Ciudadana para la Elaboración del PND, denominado México próspero. Las grandes políticas económicas deben reflejarse en los bolsillos de los mexicanos y en la calidad de vida de los hogares del país. En ello habremos de trabajar.

Las preguntas son ¿cómo mejorar el bienestar de la población con un modelo que mantiene bajos los salarios y que incluso retroceden en términos reales? ¿Cómo estimular la demanda cuando hay un poder adquisitivo en disminución constante, con su efecto negativo sobre un mercado deprimido? Y todo para favorecer la competitividad de las empresas, como si aun necesitaran más apoyo. Es decir, en su diseño un plan basado en un modelo equivocado lleva intrínsecamente sus contradicciones, su freno y su autodestrucción. Por el contrario, Brasil, China, Corea e India, entre otras naciones, siguieron una estrategia totalmente diferente y han logrado revertir esa tendencia marcada hacia la crisis.
 

El propósito del presidente no puede ser mejor, pero no se capta que el sector sindical haya recibido una invitación tan enfática como sí ha ocurrido con la clase empresarial, para opinar directamente sobre el rumbo económico y social del país en este sexenio. Y en las expresiones de algunos altos funcionarios, tampoco priva tal intención. Tal es el caso del secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, para quien vivimos en el mejor de los mundos posibles. Afirmó el viernes 10 de mayo en otra mesa de análisis sobre el PND: hay una inobjetable paz laboral en el país, con el registro de sólo 23 huelgas en la actualidad. Y abundó: México tiene décadas de paz laboral; algunos conflictos vienen desde el sexenio del presidente Salinas, los cuales no involucran a más de mil trabajadores, y eso en palabras llanas y simples se llama paz laboral. Agregó que el diálogo y el equilibrio entre los factores de la producción seguirán teniendo la mayor prioridad para la gobernabilidad del país, condición para la atracción de inversiones”. Traducida a la realidad, esa afirmación significa salarios más bajos, incluso por debajo de los de China hoy, y una mayor explotación para que la concentración del ingreso sea cada vez mayor.

 

La sugerencia al señor Navarrete Prida es que antes de apasionarse por la atracción de capitales, recuente una y otra vez a los trabajadores que mantienen huelgas y no minimice la importancia de las que dice existentes, o de los conflictos en los que fueron simplemente despedidos decenas de miles de trabajadores o sus sindicatos agredidos y políticamente perseguidos, como los electricistas, los pilotos aviadores, los de la industria automotriz, los maestros, los campesinos y de manera muy marcada el Sindicato Minero, a pesar de que es el tercer sector más importante de la economía de México, y de la entrada de divisas al país.

 

Tal parece que al actual titular de la Secretaría del Trabajo le ha prendido el virus del antisindicalismo, propio de los anteriores gobiernos panistas, por su misma negativa al diálogo, pero que Enrique Peña Nieto no tiene por qué ni para qué tomar como herencia. Y la sugerencia se extiende a que en todos los casos de conflicto real con trabajadores, el funcionario honre su afirmación de que hay diálogo y equilibrio entre los factores de la producción, pues hasta ahora no se ha visto que haya tal diálogo ni tal equilibrio, eso sí, muchos privilegios.

 

Al maestro con cariño-Ahumada

ahumada@jornada.com.mx

Las tareas del INEE

Manuel Pérez Rocha

La junta directiva del INEE y su presidenta tienen ya la facultad y responsabilidad legales de emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad. No obstante, esa junta directiva ha emitido un documento en el que anuncia, de manera general, unos principios (indiscutibles, casi obvios) y unas líneas de trabajo, y señala que La definición más precisa de las actividades del INEE y de sus plazos depende, entre otros factores, de la legislación secundaria que se discute en el Poder Legislativo relativa a las reformas necesarias a la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del INEE.

 

Pero la junta directiva del INEE y su presidenta no tendrían que esperar a la emisión de las leyes secundarias para actuar con celeridad, como exigen las circunstancias, pues esas leyes no pueden limitar las facultades que ya les da la Constitución, y su actuación inmediata podría ser determinante en la evolución del conflicto en el que muchos miles de maestros participan en movilizaciones que han llegado a situaciones graves que ellos mismos no desean. No basta con que la junta directiva haga declaraciones políticamente correctas, es indispensable que en los hechos muestre su autonomía respecto de las autoridades gubernamentales y de los poderes fácticos (OCDE, Televisa, Mexicanos Primero y demás) que han impulsado, con irresponsable actitud provocadora, las reformas que nada tienen de educativas y sí mucho de amenazante control autoritario y burocrático del magisterio.

En primer lugar, la junta directiva del INEE debe emitir una directriz respecto de las leyes secundarias que discutirán los diputados y senadores, pues ese marco jurídico será determinante en la calidad y la equidad de la educación. En la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del INEE pueden reorientarse algunos elementos de la reforma que han encendido la movilización magisterial, por ejemplo el asunto de la evaluación para la permanencia de los maestros en servicio.

El comunicado de la junta directiva del INEE anuncia que la evaluación se hará con un propósito constructivo y no punitivo, pero lamentablemente de nuevo pone el acento en la evaluación de los maestros y concede menor importancia, o nula, a la evaluación de otros factores determinantes de los resultados de la educación que deberían estar en primerísimo lugar, por ejemplo: las condiciones materiales de las escuelas, el contexto social y cultural (anticultural) que destruye la motivación de los estudiantes, el marco jurídico del sistema educativo (incluyendo los borradores de las nuevas leyes) y, sobre todo, la filosofía economicista que impregna el sistema educativo y que es reforzada por la ideología gerencial que inspiró las reformas impuestas. Estos importantísimos elementos a evaluar se incluyen, quizá, en el comunicado del INEE, en un otros, referidos al paso, en un párrafo titulado La mirada a futuro. A pesar de que la junta directiva del INEE afirma que El docente es un factor fundamental del sistema educativo, su programa de acción inmediata refuerza la imagen, creada por los poderes fácticos, del maestro como el factor explicativo de lo que ocurre en la educación.
 

Una directriz que debería emitir a la brevedad el nuevo INEE es relativa a las evaluaciones que ya se han venido aplicando a los maestros y que deben suspenderse de inmediato. La propia presidenta de este instituto ha hecho terminantes declaraciones públicas en el sentido de que no debe usarse la prueba Enlace para evaluar a los maestros y de que la pretendida evaluación universal tampoco es lo indicado para evaluar el desempeño de los docentes. Como ha mostrado Luis Hernández Navarro, estas críticas fueron expresadas por los 15 candidatos considerados por la Cámara de Senadores para dirigir el INEE. La imposición autoritaria, violenta, de estas medidas de evaluación a los maestros ha sido una de las causas que han originado marchas, mítines y otras formas de resistencia. Es apremiante, pues, que esas declaraciones de los profesionales de la educación, que están debidamente argumentadas y con las que han coincidido otros miembros de la junta de gobierno del INEE, den lugar a una postura oficial de este instituto, una directriz que, de acuerdo con las nuevas leyes, deben atender las autoridades educativas y que puede contribuir a crear un ambiente menos tenso.

 

El comunicado de la junta directiva del INEE afirma que La evaluación por sí misma no mejora la calidad de la educación. Sin duda, las evaluaciones que haga el INEE tendrán que dar lugar a las acciones que corresponden a las autoridades educativas y a los actores mismos del proceso: estudiantes y maestros. Pero hay evaluaciones que en sí mismas son educativas y, por tanto, determinantes de la calidad de la educación; este es el caso de las autoevaluaciones (de estudiantes, maestros, escuelas) que deberán formar parte sustancial del Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Hay, además, un caso medular en el cual la evaluación no solamente puede mejorar la calidad de la educación sino que la constituye: la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes (lo que mal se llaman calificaciones y exámenes), que es parte misma del proceso pedagógico, es la culminación de dicho proceso, la identificación de qué se sabe y qué no se sabe. Las prácticas actuales de evaluación del aprendizaje de los estudiantes son un factor determinante, directo e inmediato de la mala calidad de la educación. En la medida en que esta evaluación se asocia con premios y castigos, con honores y humillaciones, incluso con el castigo de reprobar o ser excluido, se destruye la motivación intrínseca para estudiar, se marginan los valores de uso del conocimiento, se aniquila la posible función formativa de la evaluación misma y se pervierte todo el sentido de la educación.

 

Esta es otra tarea que el INEE debería abordar de manera inmediata para elevar, ya, la calidad de la educación: la evaluación de los acuerdos 648 y 685 de la SEP, referentes a la evaluación del desempeño de los estudiantes.

Cero en lectura-Fisgón

rfisgon@jornada.com.mx

Día del Maestro

Adolfo Sánchez Rebolledo

Vísperas del Día del Maestro ya nada es igual. En otros tiempos la fecha era una fiesta, un rito celebratorio del gran tlatoani sexenal para agasajar al magisterio. En una horas se anunciaban con bombo y platillo los aumentos salariales a una plantilla enorme pero sujeta a la precariedad de sus ingresos, que apenas se completaban mejorando las prestaciones, cuya obtención ampliaba la capacidad de maniobra de la petrificada directiva sindical, a sabiendas de que vinieran de Vanguardia Revolucionaria o de la revuelta cupular gordillista, ellos, los líderes vitalicios, no serían nada sin la fuerza del Estado, sin la alianza que los ubicaba como pieza clave del singular corporativismo creado por la Revolución Mexicana en su fase institucional.

 

Luego, el mismo día 15, ad maiorem gloria del presidente se pronunciaban discursos solemnes invocando las virtudes del magisterio como un apostolado laico, al que la pobreza circundante, sobre todo en el medio rural entrado en decadencia productiva, le debía servir como estímulo y penitencia. La celebración terminaba, justamente, con las medallas de honor entregadas a insignes profesores que entregaron sus vidas al cumplimiento de su deber, aunque siempre hubo exclusiones ejemplarizantes, como ocurrió con Othón Salazar, expulsado en 1958 del sindicato sin que jamás la autoridad educativa le reintegrara la plaza a la que tenía derecho.
Pero la crisis de la enseñanza, encubierta por las estadísticas de la cobertura, siguió profundizándose. El Estado mexicano, sus gobiernos, aturdidos por los vientos de la modernidad del capitalismo, creyeron inútil proseguir el impulso educador con que arrostró la construcción del país pasada la lucha armada revolucionaria y dejaron que el sistema educativo se fragmentara cediendo y concediendo las funciones de rectoría a quien le aseguraba control y un consenso pasivo ratificado electoralmente. Y miraron a otra parte.

Pero este año ya no está La maestra que parecía eterna, aunque el sindicato que ella ayudó a organizar permanece como guardián de los intereses que, en definitiva, son materia de impugnación. Es verdad que la historia no se repite pero las crisis prolongadas agotan los mecanismos, las salidas disponibles: Elba Esther Gordillo fue la pieza de recambio colocada en el tablero para reformar la educación sin modificar el control político sobre el sindicato, justo con la intención de mantener viva la influencia de un régimen en crisis que nada tenía que decirle al país, más que prometer la modernidad a cambio de nuevos y mayores ajustes a la situación de los asalariados. Siempre hubo protestas, pero el sindicato, gracias a los apoyos del gobierno, las acallaba, ya sea estimulando el gremialismo sin filo, los acuerdos bajo la mesa, el aislamiento de los disidentes a las regiones subdesarrolladas que poco interesaban a las fuerzas vivas o, simplemente, reprimiendo a los inconformes. Hoy, ese sindicato es una sombra de sí mismo. Cierto es que algunos interesadamente hicieron creer que la caída de Elba Esther ya era la reforma educativa, pero estaban equivocados, aunque su discurso obsesivo consiguió permear en amplios sectores.

Sin embargo, cuando en la primera línea de choque por la calidad de la enseñanza se acomodaron los adversarios más contumaces de la educación pública, aquellos que al declararle la guerra a los pillos encaramados en el corporativismo en realidad pensaban en cómo deshacerse del sindicato y de los maestros, a los que consignaron como únicos culpables del desastre educativo, se hizo más que evidente que detrás de la candorosas propuestas filtradas mediáticamente se hallaban los beneficiarios absolutos de la expansión de la enseñanza privada, dispuestos al asalto de la escuela pública para convertirla en la gran reproductora de valores encadenada al negocio de instruir a esa clase media imaginaria, definida por su condición de target mediático, consumidora en potencia pero ideológicamente esterilizada.
 

Es obvio que una reforma de la educación no puede soslayar las diferencias reales surgidas a partir de distintas atalayas sociales y conceptuales. La gran pregunta es si en ese contexto de lucha de clases las instituciones, en primer lugar el Congreso, así como la sociedad civil organizada, comenzando por el magisterio, son capaces de hallar, no el punto medio, sino una visión donde se retome el interés general, el proyecto nacional de desarrollo como el eje de la deliberación y los acuerdos. La magnitud del desastre educativo, visto a la luz del desempleo que agobia a los jóvenes y la pérdida de cohesión social originada por la violencia que asfixia la convivencia, exige propuestas audaces que sólo pueden hacerse si se fundan en los principios de la democracia y la igualdad.

 

A favor juega la creciente conciencia nacional de que hemos llegado a un límite: nuestra educación sí requiere una transformación a fondo, integral, cuya puesta en práctica requiere tiempo, audacia e imaginación y, desde luego, el abandono de los clichés que hasta ahora han impedido situar en sus justos términos los grandes temas a debate. Es impensable una verdadera reforma que no sea también un ajuste de cuentas con el pasado, el desistimiento de prácticas, tradiciones, usos y costumbres que en conjunto impiden avanzar.

 

Entiendo como un paso positivo el diálogo iniciado entre la coordinadora y los representantes del pacto. El acercamiento molesta sobre todo a quienes calcularon desde el comienzo la exclusión de los disidentes, cuyas voces son indispensables. Según la reseña de La Jornada, los maestros señalaron “que no se trató de que una de las partes convenciera a la otra. Por eso insistimos en que queremos claridad en su propuesta, sobre todo en los ejes centrales de la gratuidad de la educación, la evaluación, el ingreso y la promoción de los docentes’’. El secretario de Gobernación dijo que las leyes secundarias se van a construir con todas las voces y reiteró “que no habrá privatización ni despidos’’. Vale la pena proseguir el diálogo.

 

PD. ¿Hasta cuándo se taparán las violaciones a la Constitución por parte de gobernadores, líderes partidistas o miembros del clero? En defensa del laicismo, un grupo de ciudadanos denuncia: “En los días recientes hemos atestiguado diversas manifestaciones de actores políticos que violentan y ponen en peligro el principio de la laicidad que, por mandato constitucional, caracteriza a la República Mexicana. En concreto, los gobernadores de Chihuahua, César Duarte; Veracruz, Javier Duarte, y del estado de México, Eruviel Ávila, todos del Partido Revolucionario Institucional, han realizado pronunciamientos o participado en actividades de indiscutible índole religiosa. En los tres casos, al realizar esas acciones actuaron en su carácter de gobernadores constitucionales de sus respectivos estados. Por su parte, el Partido del Trabajo y el Partido Acción Nacional celebraron una alianza electoral en Durango para la que pidieron –y obtuvieron– la bendición de un arzobispo.” IETD. ¿Y el supremo gobierno tendrá algo que decir?

Riesgo presidencial-Magú

magu@jornada.com.mx