México-EU: subordinación y responsabilidades políticas
Según revelaciones hechas por funcionarios gubernamentales del área
de seguridad y procuración de justicia, de las cuales dio cuenta este diario en
su edición de ayer, altos mandos de la Procuraduría General de la República, la
Secretaría de Seguridad Pública federal y las instituciones castrenses del país
son sometidos a exámenes de control de confianza aplicados por agencias
estadunidenses, a efecto de ser considerados por éstas interlocutores válidos y
confiables y certificarlos para la colaboración en investigaciones conjuntas y
en intercambios de información.
Los hechos referidos no sólo permiten ponderar la creciente injerencia
política, policial, militar y de inteligencia de Washington en nuestro país:
revelan, además, una supeditación inadmisible de encumbrados funcionarios del
gabinete calderonista a los designios de un gobierno extranjero, lo que
constituye a su vez una contravención inaceptable, por la actual administración,
del marco legal vigente, así como una liquidación, en los hechos, del principio
de la soberanía nacional.
Sin dejar de reconocer el grado de infiltración de las organizaciones
delictivas en las instituciones nacionales de seguridad pública y procuración de
justicia, permitir a una potencia extranjera, sea cual sea, que certifique a los
funcionarios de un Estado soberano e independiente abre la posibilidad de que la
conducta de éstos deje de regirse por el interés nacional y que terminen por
plegarse a los intereses de las agencias de seguridad e inteligencia
estadunidenses. Esa perspectiva coloca a la nación y a sus habitantes en un
estado de vulnerabilidad extrema.
Por añadidura, si a esto se le suma el creciente intervencionismo de la Casa
Blanca en asuntos relacionados con la seguridad pública y nacional –el cual ha
sido tolerado y aun promovido, según la información disponible, por el gobierno
calderonista–, se asiste a la configuración de un panorama en que la nación
queda reducida –al menos en lo que toca a esos temas– a la condición de
proconsulado de Estados Unidos.
Por desgracia, y aunque los elementos de juicio disponibles ponen en relieve
un incumplimiento alarmante de la obligación gubernamental de cumplir y hacer
cumplir la ley y de salvaguardar la cohesión nacional, los principales medios de
información y sus opinadores han venido ensayando alegatos orientados a
minimizar la gravedad de la presencia y operación de agentes estadunidenses en
el territorio; a presentar las resistencias generadas por esa circunstancia como
producto de concepciones
anacrónicasy
pasadas de modasobre la soberanía, y a facilitar, en suma, justificaciones a la inaceptable abdicación de los deberes institucionales del Estado mexicano. Tales posturas pasan por alto la consideración elemental de que la defensa de la independencia y la soberanía no es un capricho; que tales principios constituyen conquistas históricas irrenunciables en las que se cifra la viabilidad misma del país, y que no se puede, por tanto, hacerlos a un lado en aras de un pretendido cosmopolitismo o de una
modernidadmal entendida.
En suma, el comentado retroceso del Estado mexicano frente el gobierno
estadunidense configura, cuando menos, una responsabilidad política de suma
gravedad por el grupo que detenta, en lo formal, la conducción del país, y ese
solo aspecto tendría que dar pie a un rechazo social, político e institucional
de gran extensión, y a una amplia presión para que las autoridades federales no
sólo den explicaciones a la opinión pública, sino, ante todo, rindan cuentas a
la ciudadanía.
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