Michoacán: más militares, ¿y la inversión social?
En marzo pasado, durante una visita en Roma, Italia, el Presidente Enrique Peña Nieto afirmó que al cumplirse el primer año de su administración –es decir, el próximo 1 de diciembre– se observarían los primeros resultados “favorables” de su estrategia contra el crimen. Será entonces, afirmó, cuando se haga un corte y se evalúe si hubo eficiencia.
Ayer, luego de la reciente ola de violencia en Michoacán que cobró al menos 36 vidas en una semana, Peña Nieto pidió nuevamente “un tiempo razonable” para realizar una evaluación sobre las acciones que está llevando a cabo su gobierno en la materia.
“Pedí un año. Vamos avanzando. Ha habido disminución de violencia en otras entidades que anteriormente estaban señaladas por el alto índice de delincuencia y criminalidad como Chihuahua y Nuevo León, cuando ha habido una sensible reducción; y este caso de Michoacán es un estado donde se está prestando ahora una atención prioritaria ante lo que estamos advirtiendo”, dijo.
El Jefe del Ejecutivo federal anunció que más elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) serán enviados a esa entidad para asegurar el Estado de Derecho en cada una de sus regiones.
Sin embargo, para los legisladores de oposición esto no será suficiente para superar la grave crisis de inseguridad que sufre el estado y que la ha convertido, desde hace seis años, en un foco rojo para la seguridad nacional.
De acuerdo con el coordinador de los diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Silvano Aureoles Conejo, se reconoce el apoyo de la federación. Pero “el rescate de Michoacán no solamente implica o significa mandar policías, soldados y marinos; requiere una estrategia integral de atención en desarrollo social, de infraestructura carretera, hospitalaria y generación de empleos, entre otras muchas cosas”, afirmó.
Y sí, la entidad requiere muchas cosas porque, por décadas, ha quedado marginado del desarrollo.
De acuerdo con el Informe de pobreza y evaluación en el estado de Michoacán 2012, publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre las 32 entidades del país Michoacán ocupa el lugar 10 en porcentaje de población en pobreza y el 9 en pobreza extrema.
Pero si esto no le parece revelador de la urgente necesidad de inyectar inversión social en el estado, las cifras internas que recogió el Coneval muestran que las condiciones de desigualdad entre los michoacanos han abierto una brecha que debe corregirse con la mayor urgencia.
En 2010, del total de la población que habitaba en el estado, 54.8% se encontraba en situación de pobreza con un promedio de carencias de 2.8, lo que representa 2 millones 386 mil 141 personas de un total de 4 millones 357 mil 209.
Además, 13.5% se encontraba en situación de pobreza extrema, con un promedio de carencias de 3.9, esto es 587 mil 450 personas.
De lo anterior se deriva que el porcentaje de población en situación de pobreza
moderada fuera de 41.3% con un promedio de 2.5 carencias; es decir, un millón 798 mil 691 personas.
Para 2010, el porcentaje de población vulnerable por carencia social fue de 28.9, lo que equivale a un millón 260 mil 125 personas, las cuales aun cuando tuvieron un ingreso superior al necesario para cubrir sus necesidades presentaron una o más carencias sociales; 4.2% fue la población vulnerable por ingreso, lo que significa 182 mil 286 personas que no tuvieron carencias sociales pero cuyo ingreso fue inferior o igual al ingreso suficiente para cubrir sus necesidades básicas.
Según el Coneval, el porcentaje de población no pobre y no vulnerable fue de 12.1%, es decir que sólo 528 mil 657 personas tienen un buen nivel de vida en esa entidad.
Ahí está, pues, una de las razones más importantes para que Michoacán haya caído en las garras del crimen organizado y de la violencia que esto conlleva. La desigualdad, la pobreza y la marginación dominan el tejido social de la entidad.
Combatir la precariedad de sus habitantes debe ser también un eje fundamental en el rescate que, por ahora, sólo se centra en el envío de más fuerzas armadas a su territorio y, además, en el despliegue de programas asistencialistas.
Peña Nieto y el gobierno priista de ese estado deben impulsar con celeridad una estrategia de desarrollo económico y social de largo alcance, sin objetivos ideológicos sino humanitarios. De lo contrario, ni con cientos de miles de soldados y armas, ni en el año que pide el Presidente ni en dos, ni en 10, habrá paz, tranquilidad y justicia para la gente.
Fuent: Sinembargo.mx
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