Ley de Seguridad Nacional: divisiones e improcedencia
A cinco días de que concluya el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, y en medio de los empeños en la Cámara de Diputados por aprobar al vapor la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional –la cual, entre otras cosas, dota al Ejecutivo federal de un amplio margen para instaurar virtuales estados de excepción y en general para acotar las garantías individuales ante alteraciones diversas de mayor peligro para la seguridad interior–, salieron ayer a relucir nuevas y significativas fricciones y resistencias legislativas a la minuta que se discute en San Lázaro.
En el Senado de la República, el ex aspirante presidencial priísta Francisco Labastida afirmó estar en contra de las modificaciones realizadas por los diputados al dictamen –originalmente elaborado por la cámara alta–, y su correligionario Jesús Murillo Karam dijo que el cambio radical que se pretende hacer en San Lázaro rompe el pacto federal. Tales críticas se sumaron a las formuladas por los integrantes de las bancadas senatoriales de los partidos de la Revolución Democrática –el cual convocó a la movilización social para impedir la reforma–, del Trabajo, Convergencia e incluso del Verde Ecologista.
Tanto más reveladoras resultan las crecientes diferencias suscitadas en el seno de la propia bancada del tricolor en la Cámara de Diputados: mientras que el coordinador priísta en San Lázaro, Francisco Rojas, y el diputado Rogelio Cerda advirtieron, respectivamente, que el dictamen sería votado esta misma semana y que el PRI se impondría en una sesión rápida y furiosa en caso de no haber consenso, otros integrantes de la bancada se negaron a aprobar el documento sin cambios; acordaron incluso retirar del proyecto de ley aspectos particularmente impresentables, como la intervención del Ejército contra movimientos sociales, políticos, laborales y electorales, y cuestionaron la procedencia y la premura por aprobar el dictamen.
La evidente tensión que el tema ha generado entre los dos grupos parlamentarios del tricolor –por no hablar del rechazo que ha propiciado en el resto de las bancadas legislativas de la oposición– da cuenta de una fractura en el aparente consenso que existía en ese partido en torno a la citada reforma; pone en entredicho la expresión del diputado Alfonso Navarrete Prida de que el PRI estaba dispuesto a asumir el costo político de la misma –pues es evidente que hay sectores de ese partido que no lo están–, y subraya la improcedencia del afán de una fracción del tricolor en San Lázaro por aprobar el dictamen de ley antes del sábado: tal insistencia, en cambio, alimenta la percepción de que la premura de los legisladores priístas está motivada por presiones políticas inconfesables, más que por un verdadero interés por la seguridad del país.
Más allá de lo anterior, el dictamen de reforma ha propiciado, en unos cuantos días, el repudio de un sector amplio y creciente de la ciudadanía, y son sobradas y de peso las razones para ese rechazo: la reforma a la Ley de Seguridad Nacional no sólo da cobertura generalizado del estado de derecho –la decisión de enfrentar a la delincuencia organizada mediante operativos policiaco militares ineficaces contrproducentes–, sino constituye una afectación severa a las libertades y derechos fundamentales de la población.
El combate al crimen es una de las responsabilidades irrenunciables del gobierno y, para realizarla, éste debe contar con instrumentos jurídicos adecuados y eficaces. Pero resulta imperativo que tales mecanismos, además de no ser lesivos para las garantías individuales, estén respaldados por un amplio consenso legislativo y social. Por el contrario, la reforma a la Ley de Seguridad Nacional amenaza, en caso de ser aprobada por los diputados, con volverse un factor de división y tensión nacional mayúscula, en un entorno y en un momento en que el país está sobrado de esos elementos.
La importancia de hacer que se cumplan las leyes
Martes 26 de Abril, 2011
México D.F., SME.-
Desde muy temprana hora los camaradas del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) hicieron presencia a las puertas del Congreso de la Unión. En busca de una respuesta al conflicto que iniciara Felipe Calderón con su decreto ilegal el 11 de octubre de 2009, los smeitas unieron sus voces para exigir justicia a los representantes del pueblo.
Alrededor del medio día nuestro Secretario General Martin Esparza Flores acompañado del Secretario del Interior Humberto Montes de Oca Luna, el Secretario del Exterior Fernando Amezcua Castillo y el Secretario del Trabajo Eduardo Bobadilla Zarza ingresaron a la Cámara Diputados y momentos más tarde se entrevistaron con el Coordinador de la bancada priista Francisco Rojas. Durante la reunión la comitiva del SME tuvo oportunidad de dar los argumentos en contra del decretazo de Calderón, además de entregar pruebas de la ineficiencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) además de la violación de esta a los convenios de Delimitación de Zona.
La reunión concluyo a las 18:00hrs con la tarea pendiente de que los diputados en próximos días establezcan una postura con respecto a la iniciativa de ley que propone una reforma a la Ley del servicio Público de energía eléctrica para la creación de una nueva empresa, la cual devuelva no solo el empleo que se nos robó a los 16,900 trabajadores en resistencia hace más de 18 meses sino que se restablezca el Estado de Derecho.
Links que debes ver…
¿CFE, empresa de clase mundial?
¿Cuántos contratistas de CFE se necesitan para arreglar una falla eléctrica?
Contratistas dormilones de CFE
El Correo Ilustrado
Sobre Santa Anna y el derecho de tránsito
El lunes 25 apareció una Rayuela que relaciona la privatización de las calles del DF con la época de Santa Anna (El fantasma de Santa Anna se pasea por la ciudad de México. Así como su Alteza Serenísima cobró impuestos por las ventanas y vendió la Mesilla, ahora se venden las calles a particulares.). Habrá que añadir a esas privatizaciones ilegales las más preocupantes de las vías de cuota que ya plantea el GDF. Si se cobra en los segundos pisos y si se hiciera la supervía Poniente con el consiguiente riesgo ambiental y financiero para el DF, sin que se resuelva problema de movilidad alguno, sería la primera vez en la historia de esta ciudad que se cobrará por transitar en sus calles.
No olvidemos que el derecho de vía nos pertenece a quienes habitamos aquí. Poner en manos de la iniciativa privada los principales accesos de las carreteras que confluyen en el DF tendría serias consecuencias. Reflexionemos y detengamos estas acciones que no corresponden a un gobierno que debería velar por los intereses de la gente.
Cristina Barros
En defensa del derecho de Wikileaks a publicar
Creemos que un periodismo que haga que los gobiernos y las empresas rindan cuentas es el que mejor sirve a las sociedades libres, en todas partes. Afirmamos que el derecho a publicar es igual al –y la consecuencia del– derecho a saber del ciudadano. Si bien creemos en la privacidad personal y aceptamos la necesidad de confidencialidad, sostenemos que la divulgación, cuando es de interés público, es lo más importante. La libertad, la rendición de cuentas y la verdadera elección democrática sólo pueden ser garantizadas mediante un riguroso escrutinio. Defendemos el derecho a publicar la verdad de manera responsable, sin obstrucción ni persecución por parte del Estado. El principal deber de los periodistas en todas partes es promover la causa del entendimiento, no ayudar a los gobiernos y a los poderosos intereses en la supresión de información, ni condescender con hábitos arraigados de secrecía.
Con estos principios en mente, declaramos nuestro apoyo a la publicación de documentos liberados mediante filtraciones. Éstos han arrojado una importante luz sobre el comportamiento de los gobiernos y las empresas en el mundo moderno. Wikileaks le ha hecho un gran servicio al mundo. Denunciamos enérgicamente las amenazas de muerte y la acción judicial contra su director por publicar, junto con muchas organizaciones en el mundo, información que es claramente de interés público.
Las autoridades cotidianamente se oponen a tales revelaciones, como han hecho desde la lucha por publicar las actas del Parlamento Británico, hace más de 200 años, hasta la revelación de los Papeles del Pentágono. Creemos que las democracias jamás han sido dañadas por un mayor conocimiento y comprensión del público. Por lo tanto los firmantes declaramos nuestro firme apoyo a los principios de la investigación periodística y la transparencia, y condenamos a las fuerzas que amenazan a ambos.
Lisa Appignanesi, John Berger, Fatima Bhutto, Rachel Billington, Sue Birtwistle, Rosie Boycott, Heather Brooke, Mike Burns, Noam Chomsky, Patrick Cockburn, Steve Coogan, Jeremy Dear, Molly Dineen, Ariel Dorfman, David Edgar, Daniel Ellsberg, David Elstein, Bill Emmott, Richard Eyre, Richard Gizbert, Woody Harrelson, Tom Hayden, Sue Hollick, Hugh Hudson, Will Hutton, Philip Jacobson, Terry Jones, John Kampfner, Michael Kennedy, Helena Kennedy, Imran Khan, Philip Knightley, Hanif Kureishi, Jeremy Leggett, Mike Leigh, Kim Longinotto, Edward MacMillan Scott, Terry McDonell, Michael Moore, Philip Pullman, David Puttnam, Salman Rushdie, John Ryle, Richard Sambrook, Susan Sarandon, Alexandra Shulman, Oliver Stone, Tom Stoppard, Bill Thompson, Laura Wade, Marina Warner, AN Wilson y miles de firmas más
Manos llenas de sangre
El que presumía ser el candidato de las manos limpias hoy las tiene sucias y llenas de sangre por la muerte violenta de decenas de miles de personas, de las cuales varias centenas son niños, mujeres y hombres inocentes, por daños colaterales, dice, de su guerra insensata, inmoral e ilegal.
El comandante en jefe de las fuerzas armadas decidió, con el consentimiento del gobierno estadunidense y en clara capitulación ante intereses extranjeros, promover la guerra directamente con las fuerzas armadas, contraviniendo los ordenamientos de la Carta Magna.
El saldo de esta guerra a las bandas criminales es el incremento de la violencia y la pérdida del control en amplias zonas del territorio, no sólo geográfico, sino también económico, financiero, político y social. En síntesis, el gobierno panista va perdiendo la guerra, a pesar de estar incendiando y sembrando violencia por todo el país. Y es que también más de alguna banda goza de protección y es apoyada desde el propio Estado mexicano.
Ahora se pretende, con la Ley sobre Seguridad Nacional, legalizar el uso de las fuerzas armadas para cualquier conflicto social o político y proporcionarles impunidad y discrecionalidad. Representa un intento de golpe al Estado de derecho, en clara violación a la Constitución. Y de todo esto el principal responsable es Calderón. Al crimen se le combate desde dentro del Estado y en sus ganancias y patrimonio. El Ejército debe regresar a los cuarteles. Nunca es demasiado tarde para exigir la inmediata renuncia del Presidente que ha faltado a su promesa de respetar y hacper respetar la Constitución y que cubre de sangre, dolor y muerte a la nación.
Mario Saucedo Pérez, coordinador del Movimiento Cívico-PRD
No hay comentarios:
Publicar un comentario