Alberto Osorio Méndez
La ejecución del capo sinaloense Ignacio Coronel Villarreal hace ocho meses en Zapopan dejó un vacío en Jalisco que las organizaciones criminales no logran llenar. Desde que desapareció, los enfrentamientos entre los cárteles rivales –el del Golfo, el del Milenio y La Resistencia– se disputan las plazas dejadas por el lugarteniente de Joaquín El Chapo Guzmán. Jalisco dejó de ser “zona de paso” para convertirse en un mercado de consumo de drogas con gran capacidad de crecimiento, de ahí que las bandas se disputen el territorio en las calles y municipios del estado, dice el investigador Alfonso Partida Caballero.
GUADALAJARA, Jal., 22 de abril (Proceso).- La muerte del capo Ignacio Coronel Villarreal a manos del Ejército a finales de julio del año pasado en el límite entre Zapopan y Guadalajara dejó un vacío de poder y desató una guerra entre los cárteles de Sinaloa, del Milenio y Los Zetas, que hoy se disputan la hegemonía en territorio jalisciense.
Hoy, ocho meses después de la desaparición del lugarteniente de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, los grupos criminales no sólo desataron la violencia, también comenzaron a intimidar a las autoridades estatales y municipales, sostiene el investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Alfonso Partida Caballero. Hoy, insiste, Jalisco es una de las entidades más violentas.
Y pone un ejemplo: a menos de 15 días de que concluya el primer cuatrimestre del año van ya 190 ejecutados, cifra que representa un aumento de casi 200% en relación con el periodo correspondiente a 2010. Lo peor, dice, es que el consumo de drogas en la zona metropolitana de Guadalajara se disparó notablemente.
“Le menciono que los estudios entre jóvenes de edad escolar nos hablan de un crecimiento de hasta 5,000% en algunos estratos de la sociedad jalisciense, pero sobre todo en la mancha urbana”, comenta el investigador.
Partida Caballero asegura que Jalisco “dejó de ser zona de paso”; lo que ahora ven las bandas del narco es un mercado con gran capacidad de crecimiento. Es ahí donde se ubica la guerra descarnada que ahora nos toca ver en las calles y en los municipios”.
Los recientes acontecimientos en municipios alteños, como Arandas y Atotonilco, así como en Tlaquepaque y Zapopan y otros, son muestra de que los grupos criminales se disputan abiertamente el control del territorio jalisciense. Hoy, son constantes las refriegas entre las bandas que pelean la plaza y las balaceras de sicarios con los uniformados, sobre todo en localidades donde la infraestructura de seguridad es precaria.
El miércoles 6, la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) reportó que en el municipio de Atotonilco el Alto, gobernado por el PAN, fueron aprehendidos cinco presuntos sicarios de La Resistencia. Según la dependencia, también se detectó que funcionarios del gobierno municipal y un agente de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) estaban implicados con la banda criminal.
Uno de los detenidos, Óscar Cárdenas Fonseca, declaró que el director de la policía municipal, José García Santiago, brindaba protección a los miembros de La Resistencia; cada mes recibía 20 mil pesos para permitir las operaciones de ese grupo en la zona, expuso el detenido.
Proceso Jalisco consultó la nómina de la corporación, según la cual García Santiago tenía un sueldo nominal de 9 mil pesos, que cobraba cada quincena. La cantidad es menor de la que presuntamente recibía de La Resistencia.
Otro de los funcionarios mencionados por los detenidos es la síndico del ayuntamiento de Atotonilco, Alejandra González Hernández, quien solicitó licencia por tiempo indefinido en tanto se investiga la denuncia en su contra. En su declaración, Cárdenas Fonseca expuso que entre los detenidos se encuentra Eduardo González Hernández, El Güero Polvos, hermano de la síndico.
Los cambios
Ante el escándalo que provocaron las revelaciones de Cárdenas Fonseca, el alcalde de Atotonilco, Francisco Godínez Arias, optó por guardar silencio. Al día siguiente subió un comunicado al sitio electrónico del ayuntamiento en el que anunció que García Santiago sería destituido de su cargo y que la licencia de González Hernández sí procedía.
La resolución fue tomada “a efecto de no entorpecer las investigaciones” de la PGJ, aunque omitió hablar sobre los señalamientos que implican a varios de sus colaboradores.
Poco antes de que se conociera el documento, corrió la versión de que García Santiago había sido levantado, aunque el ayuntamiento se apresuró a desmentirla. García Santiago estuvo sólo dos meses en el cargo, que ocupó después de que su antecesor, Jorge Valencia Sánchez, renunció luego de que lo acusaron de proteger a la delincuencia organizada.
La destitución de García Santiago como titular de la policía de Atotonilco fue aprovechada por la diputada local del PRI, Patricia Retamoza, del Grupo Universidad, quien criticó al gobernador Emilio González Márquez, sobre todo porque en los últimos meses cuestionó a los gobiernos priistas por su tibieza en el combate al narco en décadas pasadas y ahora guarda silencio.
El lunes 11 se registró otro enfrentamiento de uniformados estatales con presuntos sicarios en las inmediaciones del rancho El Aguacate, en Ayotlán. Los policías realizaban un operativo de vigilancia por la zona aledaña a la carretera Ayotlán-Jesús María cuando fueron atacados. En la balacera, que duró 20 minutos, murieron cuatro de los agresores y dos oficiales resultaron heridos.
El 23 de mayo de 2010, el director operativo de la policía de Zapopan, José Nicolás Araujo, fue asesinado en el fraccionamiento Vistas de Tesistán. Él fue la pieza clave en la detención de Óscar Nava Valencia, El Lobo, cabecilla del cártel del Milenio, en 2009.
La turbulencia en Atotonilco se inició en junio de 2010, a raíz de la detención de 11delincuentes en Atotonilco y Yahualica, a quienes se les aseguraron armas de grueso calibre, incluidos lanzacohetes Rocket HE que se utilizan en ataques antiaéreos o contra tanques, así como fusiles Barrett y AK-47, granadas de fragmentación y lanzagranadas, además de mariguana, metanfetaminas y precursores químicos para elaboración de droga sintética.
En noviembre último, cuatro personas –dos hombres y dos mujeres– fueron asesinadas en el restaurante El Mandamás, ubicado a menos de tres kilómetros de Atotonilco, sobre la carretera que une a ese municipio con Tototlán. Uno de los ejecutados fue El Negro, dueño del establecimiento y a quien se le vinculó con el movimiento del narcomenudeo en la región.
El mismo mes, en Tepatitlán de Morelos fue acribillado el director de Seguridad Pública municipal Víctor Muro Ávalos por un grupo de hombres armados. Otros crímenes cometidos en Atotonilco aún sin resolver son los del comerciante Luis Gutiérrez, El Gato, y su hermano Manuel. Ambos fueron secuestrados. Sus cuerpos aparecieron poco después.
Desde la muerte de Coronel Villarreal, la lucha por el tráfico y el control del mercado de las drogas convirtió a amplias áreas de Jalisco, incluida la zona metropolitana y Puerto Vallarta, en campo de guerra que los llamados chapos disputan a sus rivales de los cárteles del Golfo, del Milenio y de La Familia Michoacana, que en Jalisco actúan bajo el nombre de La Resistencia, según la SSP estatal.
La misma institución admite que en diferentes zonas de la entidad operan también Los Zetas, cuyo ámbito de influencia comprende los municipios de Tequila y Magdalena y otros ubicados al norte de Jalisco, además de Puerto Vallarta.
En Tonalá, un grupo de criminales cercanos a La Resistencia fueron detenidos en septiembre de 2010 por autoridades estatales. Durante el interrogatorio, confesaron que su objetivo era ejecutar al director de la policía municipal. Se les decomisaron más de cuatro kilos de un explosivo altamente peligroso llamado C4, que suelen utilizar los grupos terroristas en Oriente (Proceso Jalisco 306).
La escalada de asesinatos
A finales de 2010 corrió el rumor de que el alcalde Antonio Mateos pretendía renunciar debido a las presiones y amenazas del crimen organizado. Nada sucedió. En Zapopan, la segunda ciudad más importante de Jalisco por su participación económica y número de población, el director de la policía, Rosario Joel Pinto Cárdenas, dejó el cargo tras ser acusado de la autoría intelectual de un homicidio.
Asimismo, en los pasillos de la corporación se habla de la desaparición de al menos dos policías, pero ningún funcionario toca el tema.
De las 190 ejecuciones ocurridas en el último cuatrimestre, destaca la de Rubén Pérez Jáuregui, acribillado el 9 de marzo en El Salto. Dos semanas después fueron detenidos ocho policías municipales acusados de brindar protección al cártel de La Resistencia.
El día 4 de ese mismo mes fue asesinado Juan Carlos Tafolla, comandante de la Policía de Tlaquepaque; el 30 de marzo se reportó el homicidio del jefe de los juzgados municipales de Tlaquepaque, Juan José Fierros Haro. Aún no se aclara su muerte.
El miércoles 6, los habitantes de Arandas presenciaron una batalla campal en la que participaron varias decenas de sicarios. Se desplazaron en camionetas por varias partes de la cabecera municipal. Lo curioso, según los testigos, es que mientras duró la reyerta desaparecieron los policías municipales.
Dijeron que ese hecho les recordó el de la noche del 10 de diciembre de 2010, cuando los vecinos de Tecalitlán quedaron en medio de un tiroteo de bandas rivales. En esa ocasión murieron 11 personas, entre ellas el Doctor Símil, un ciudadano ajeno a las bandas criminales.
El catedrático Alfonso Partida Caballero sostiene que en los próximos meses los delincuentes presionarán aún más a los cuerpos de seguridad municipal, sobre todo en las regiones donde se disputa el control de la plaza, como la zona metropolitana.
Para él, Ignacio Coronel, el capo abatido por el Ejército el 29 de julio de 2010 en una residencia de Colinas de San Javier, en Zapopan, es el producto más logrado de la impunidad y corrupción que permeó a las autoridades del estado y penetró incluso a empresarios e industriales locales que se prestaron a lavar dinero y guardaron silencio durante mucho tiempo.
Sin embargo, se pregunta el investigador, “¿dónde quedaron las redes de Nacho? ¿Qué pasó con su dinero? ¿Cuántas casas tenía? ¿Quiénes eran sus socios? El gobernador de Jalisco dice que nunca se dio cuenta de que uno de los capos más importantes del narco en el país vivía en la zona metropolitana?”.
Y remata: “Coronel habitaba a menos de cinco kilómetros de Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Emilio González, ¿cómo es que el mandatario nunca se dio cuenta de eso?”.
El capo del PAN y Los Zetas
Jorge Carrasco Araizaga
Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, D.F.; 23 de abril (Apro).- En la “guerra a las drogas” de Calderón sí hay un claro vencedor: Joaquín El Chapo Guzmán, el jefe del cartel de Sinaloa. Pero la consolidación de esa victoria antes de que sus tácitos aliados panistas dejen el poder depende de lo que suceda con el cartel de Los Zetas.
El pasado jueves 21, la firma texana Stratfor, dedicada al análisis de inteligencia de los conflictos en el mundo, confirmó lo que muchos, de diversas maneras, han dicho en México desde hace tiempo, que El Chapo y el cartel de Sinaloa son los beneficiados de la violenta estrategia de Calderón.
Después de pasar como el narco del sexenio de Vicente Fox, a quien “se les escapó” del penal de Puente Grande en cuanto el primer panista llegó a Los Pinos, El Chapo es a ojos de todo el mundo el ganador hasta ahora de la campaña sangrienta propiciada por Calderón.
Más testarudos que los dichos del ocupante de Los Pinos de que su estrategia está dirigida a todos los carteles de la droga, los hechos revelan cada vez más la apuesta del gobierno panista por el modelo Sinaloa de narcotráfico.
Hay un acuerdo de facto: debilitar a las organizaciones rivales, reducir la violencia y luego entonces estabilizar de nueva cuenta el mercado ilegal de las drogas pero con un grupo hegemónico, el de Sinaloa.
Esa estrategia ha sido explícita por parte del cartel de Sinaloa, que en mantas desplegadas en varias partes del país le ha pedido a Calderón que le ayude a acabar con Los Zetas para acabar con la violencia.
Funcionarios de Calderón han hecho saber más o menos lo mismo al extranjero. En enero del año pasado, un “alto funcionario de seguridad” le dijo a la revista inglesa The Economist: que ni con 100 mil hombres del Ejército se podría detener al Chapo. En otras palabras: mejor ni dar esa pelea. Además, reconoció su capacidad de operación internacional y, cerca del elogio, dijo que se concentraba en el tráfico de drogas, a diferencia de otras organizaciones delictivas que atentan contra la sociedad.
Ahora, los informantes gubernamentales fueron más explícitos. Aunque la firma usó el término “aparentemente”, dice que el gobierno mexicano está dispuesto a continuar la actual guerra de desgaste entre los cárteles y dejar que el de Sinaloa se fortalezca como de hecho ha ocurrido durante el gobierno de Calderón.
Más clara no pudo ser la empresa en la que trabajan exagentes de seguridad e inteligencia estadounidenses: la desestabilización que comenzó en 2006 con la campaña anticárteles de Calderón rompió el equilibrio entre los grupos y creó vacíos de poder.
Añade: Con la posible excepción de Los Zetas, la fragmentación y vacíos de poder han debilitado o destruido algunos cárteles, mientras que el de Sinaloa no ha sido afectado y es el primer beneficiario.
Stratfor sistematiza los avances del Chapo en los pasados cuatro años: Primero, desplazamiento, aun no acabado, del cartel de Juárez para controlar la principal salida de drogas a Estados Unidos en la frontera con Texas.
Segundo, consolidación de su presencia en la costa del Pacífico, con el empequeñecimiento del cartel de Tijuana, una alianza con lo que resulte de la evolución de La Familia Michoacana y según estima una próxima “conquista” del puerto de Acapulco.
En tercer lugar, el reforzamiento de su presencia en el Golfo de México a través de su alianza con el cartel del Golfo al que refuerza en su batalla contra el cartel paramilitar de Los Zetas. Y como coronación, mayor presencia en la ciudad de México; es decir, en el centro político, económico y militar de México.
Es obvio que el gobierno calderonista no pretende acabar con los cárteles de la droga; sencillamente nadie en el mundo puede ni pretende terminar con el tráfico de drogas y el lucrativo mercado que significa.
Lo que queda, por tanto, es reducir lo más pronto posible la violencia. Pero no será fácil, por lo menos en lo que resta del sexenio y tal vez ya entrado el siguiente, pues la última palabra la tienen por ahora Los Zetas, el cartel que por su extracción militar es el más difícil de enfrentar.
Victoria inalcanzable
Jorge Carrasco Araizaga
Jorge Carrasco Araizaga
Desde 2009, Alfonso Reyes Garcés, capitán de fragata de infantería e integrante de las Fuerzas Especiales de la Armada de México, advirtió que la estrategia del gobierno federal para combatir el narcotráfico estaba encaminada al fracaso. De no cambiarla, dijo, la guerra contra los cárteles no tendrá fin. Y se explayó sobre el tema en su tesis de maestría, que presentó en diciembre de ese año en la Escuela de Posgrado Naval en Monterey, California. Entre sus críticas, el oficial de marina afirma que si el narcotráfico es una amenaza para la seguridad nacional, entonces debe ser tratado como tal. La estrategia no ha cambiado y, en efecto, el gobierno y sus fuerzas armadas no tienen manera de sostener que pueden alcanzar la victoria...
Renuente a modificar la estrategia que exacerbó la violencia en el país, el gobierno de Felipe Calderón quedó entrampado en “una guerra sin fin” contra el narcotráfico y a menos de dos años de abandonar el poder ni siquiera sabe bajo qué parámetros puede demostrar una victoria.
Esta evaluación de lo que ha sido la principal política del sexenio es autoría de un jefe de la Marina, Armada de México, el capitán de fragata de infantería e integrante de Fuerzas Especiales Alfonso Reyes Garcés. La escribió en su tesis de maestría que presentó en la Escuela de Postgrado Naval (NPS, por sus siglas en inglés) de Monterey, California, centro de formación académica naval de Estados Unidos.
Adscrito actualmente al Batallón de Infantería de Marina 27, en el Distrito Federal, Reyes Garcés se graduó en diciembre de 2009 de la NPS, donde se especializó en el Departamento de Análisis de Defensa, división dedicada a la preparación de cuadros para los futuros campos de batalla, en especial en temas de terrorismo, insurgencia, guerras no convencionales y operaciones de información.
Militares estadunidenses y extranjeros egresados de esa división están ahora operando en Irak, Afganistán, Filipinas y Colombia como parte de su formación en guerras irregulares, dentro de las cuales algunos analistas estadunidenses ubican la “insurgencia delictiva” que padece México y que la secretaria de Estado Hillary Clinton y otros funcionarios estadunidenses han tipificado como “narcoinsurgencia”.
Contrario al entusiasmo del titular de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), Francisco Saynez Mendoza, con la estrategia de Calderón –que llevó incluso al almirante a declarar el miércoles 20 en Veracruz que la violencia desatada en el país se debe a que “la fiera está acorralada” y un día después a decir “que los cárteles se están desbaratando” –, Reyes Garcés hace una revisión sin paliativos de la manera en que se ha pretendido combatir el narcotráfico en el actual sexenio y las consecuencias negativas que ha tenido, sobre todo por la creciente violencia.
Desde el título, el jefe naval cuestiona los logros que reclama Calderón en su decisión de privilegiar la violencia: ¿Se está ganando la guerra a las drogas en México? La primera respuesta de Reyes Garcés es contundente: Calderón realmente no ha innovado en el combate al narcotráfico. Se ha limitado a repetir lo que se ha hecho desde el siglo pasado en México y el mundo y que ha probado su fracaso: atacar la oferta de droga, sin tomar en cuenta las raíces sociales del narcotráfico.
En ese ataque frontal a los cárteles, las autoridades mexicanas no han tenido los resultados esperados debido a que su principal problema es la “falta de una estrategia bien coordinada”. El resultado, dice a la luz del círculo vicioso de violencia en que está atrapado el país, es que la guerra a las drogas en México “se ha convertido en una historia sin fin”.
La tesis publicada por la NPS –cuya sede se ubica al sur de San Francisco, en el Pacífico– tiene como subtítulo: Hacia un enfoque integrado del comercio de las drogas ilegales. Pasada ya la primera mitad del sexenio, el capitán de fragata Reyes Garcés explicó la necesidad de un cambio de estrategia:
“México está sufriendo cada vez más los efectos negativos de los crecientes niveles de narcotráfico y de consumo de drogas. La política orientada al combate de la oferta de droga, que implica ataques a los poderosos cárteles, ha alcanzado sus límites estructurales. Los signos son claros de que es tiempo de intentar un nuevo enfoque.”
La principal propuesta del jefe militar es pasar de la lógica de que “si no hay disponibilidad de drogas no hay daño” a la de considerar la reducción de los daños sociales causados por las drogas, en especial la “violencia sistemática”.
La propuesta de Reyes Garcés
Integrante de las Fuerzas Especiales de Infantería de Marina, el componente terrestre de la Armada de México que ha sido fortalecido por Calderón como parte de su “guerra al narcotráfico”, Reyes Garcés asegura que la violencia asociada al narcotráfico y el crecimiento en su tamaño son síntomas de una enfermedad más grande: la adicción de la gente y los costos sociales asociados con un extendido uso de drogas ilegales.
Pero también considera que la violencia relacionada con el narcotráfico puede estar vinculada, en un grado importante, con los altos niveles de desigualdad y pobreza, debido a que los cárteles de la droga ofrecen una atractiva fuente de trabajo ante la crisis económica.
Más aún, la estrategia de descabezar a los cárteles ha generado una promoción más rápida en su interior, lo que se ha vuelto atractivo para los jóvenes: “Como resultado de la alta tasa de muertes y detenciones de narcotraficantes, los cárteles están en una constante necesidad de nuevos reclutas”, sostiene Reyes.
Lo que también ha hecho la actual estrategia, dice, es que “el negocio sea más riesgoso, pero más lucrativo”, pues no ha afectado ni la demanda de drogas ilegales en México ni su flujo, especialmente a Estados Unidos.
Alejado de la respuesta represiva, afirma que, más allá de la confrontación a los cárteles, una estrategia diferente a la actual debe tomar en cuenta la dinámica social que incentiva a la gente a participar en el narcotráfico.
En todo caso, el jefe naval propone un balance entre el combate a la oferta de drogas y la reducción del daño social que ocasionan; lo que lo lleva incluso a considerar la legalización de la mariguana. Eso tendría un impacto importante en las finanzas de los cárteles y podría reducir su participación en el mercado de las drogas ilegales debido a que la mariguana representa más de 61% de los ingresos de los narcotraficantes, argumenta.
Reyes apunta que pese a la gran cantidad de recursos destinados por las autoridades mexicanas a las operaciones antidroga, el flujo de las drogas ilegales en el país continúa más o menos en los mismos niveles desde la llegada del PAN a la Presidencia en el año 2000.
En cambio, los efectos negativos asociados con el narcotráfico siguen creciendo. El más visible, la violencia de los cárteles que se disputan el control de las principales rutas hacia Estados Unidos y los centros de distribución en México y la que resulta del conflicto armado con las fuerzas gubernamentales, en lo que el jefe militar define como “un intento fallido de detener o eliminar el tráfico de drogas”.
La principal razón de estas expresiones de violencia es que el gobierno ha desestimado las profundas raíces sociales, como la pobreza y la desigualdad socioeconómica, que propician la continua importancia y expansión del narcotráfico, dice el experto militar.
Lo mismo ocurrió con su antecesor, Vicente Fox, cuya administración se jactaba en 2002 de que en su “guerra a las drogas” había detenido a 40 jefes del narcotráfico. Sin embargo, observa, “el vacío creado por esas detenciones fue rápidamente llenado por miembros de los mismos cárteles o por cárteles rivales que aprovecharon la oportunidad para expandir sus áreas de influencia”.
Aunque Fox presentó como un gran éxito que durante su gobierno le haya causado pérdidas por 17 mil millones de dólares a los cárteles de la droga, además de haber extraditado a Estados Unidos más de 200 miembros de esas organizaciones, “el impacto en el comercio de drogas ilegales fue, de hecho, insignificante”.
Entre 2005 y 2006, los dos últimos años del gobierno foxista, los niveles de violencia entre los cárteles y contra el gobierno alcanzaron niveles sin precedente. La respuesta de Calderón fue lanzar a los militares a combatir a narcotraficantes, usando la misma estrategia “que a lo largo de los años ha probado ser inefectiva” y que al ser más de lo mismo “no permitirá que se obtengan mejores resultados”.
La debilidad del gobierno
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