Sobre la organización política de los sindicatos
Guillermo Almeyra
Martín Esparza y la dirección del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) hablaron, primero, sobre la necesidad de crear una asociación nacional política y, después, una organización política nacional, con base en el SME y en algunos otros sindicatos. Sin embargo, no discutieron esa idea en asambleas de base de los electricistas y postergaron la concreción de su iniciativa, pues, apremiados por la urgencia de obtener una solución gremial positiva no abandonaron del todo las esperanzas de lograr un acuerdo con el gobierno respecto a la organización de una empresa que sustituya a la desmantelada Luz y Fuerza del Centro (LFC), que era la fuente de trabajo de las decenas de miles de afiliados al SME ilegalmente cesanteados por ese mismo gobierno. Ni tampoco perdieron por completo las ilusiones en que el PRI no siga adelante con su antiobrero y reaccionario proyecto de reforma de la Ley Federal del Trabajo (LFT).
El obrero es un pequeño productor que vende en el mercado su mercancía, fuerza de trabajo (y eso lo acomuna con otros pequeños propietarios y le hace aceptar el sistema), pero al mismo tiempo es una víctima de una explotación que siente pero no comprende a fondo. Por su parte, el sindicato reúne a trabajadores de todos los niveles de conciencia e ideologías y participa en el mercado de trabajo donde negocia colectivamente el precio y las condiciones de venta de la mercancía fuerza de trabajo con los patrones (los compradores de la misma) y con el Estado, lo que agrava la falsa conciencia de sus miembros y hasta su dificultad para encarar los grandes cambios.
Hay que recordar al respecto que los anarquistas de la Casa del Obrero Mundial lucharon junto a Venustiano Carranza contra los zapatistas –el motor de la Revolución– a los que veían como bárbaros para que sus miembros se formen políticamente y puedan superar la ideología burguesa que absorben como natural de los medios de comunicación monopólicos y de la educación pública y las capas pequeñoburguesas –artesanales, comerciantes y campesinas– de la sociedad son necesarias una independencia de clase frente al Estado y a los partidos capitalistas y una acción intensa y persistente. A eso sirve una organización política propia, incluso si la misma no es revolucionaria (cosa que, por otra parte, es imposible desde el comienzo ya que en los sindicatos la pluralidad de ideas y corrientes es la misma que existen en la sociedad y la minoría revolucionaria debe, por consiguiente, convencer a la mayoría que no lo es analizando las experiencias comunes y ofreciendo propuestas eficaces).
Les pregunto a los camaradas del SME: ¿creen ustedes que el PRI, el partido que llevó al gobierno al neoliberalismo desenfrenado de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo y vendió el país, que los que reprimieron ferozmente a los pobladores de Atenco, se va a diferenciar del PAN y no va a continuar con su intento de modificación de la legislación laboral, para dejar a los trabajadores aún más indefensos y acabar con los sindicatos? Cuando en Estados Unidos –en tres importantes estados– se prohíbe el derecho de huelga y el de agremiación, revelando así el intento feroz del capital de superar su crisis rebajando aún más los salarios reales de los trabajadores y tornando ilegal su resistencia, ¿creen que los políticos achichincles actuarán independientemente de sus amos y modelos?
La salvación de los puestos de trabajo y de la existencia misma del SME no vendrá de los pasillos gubernamentales ni de una utópica toma de conciencia de los diputados priístas (que votan siempre junto al PAN contra los intereses del México que construyeron las luchas populares). Sólo la fuerza organizada y consciente y la independencia de clase de los trabajadores de todo tipo defenderá a éstos de la ofensiva redoblada y fascistizante que ya ha causado en nuestro país decenas de millares de muertos y pérdidas de conquistas históricas.
Cada grupo gremial actúa por sus propias reivindicaciones particulares –para eso existe el sindicato–, que no siempre coinciden con los de otros gremios o los de los indígenas, los campesinos, los consumidores. Lo único que puede unir a los trabajadores del campo y de la ciudad, de las empresas y del llamado trabajo intelectual, es un partido propio, una organización política nacional que socialice las luchas, las organice en un solo haz, prepare una huelga general y popular a escala nacional para imponerlas, presente las grandes reivindicaciones nacionales que reúnen a todos.
Esa organización, ese partido obrero basado en los sindicatos y organizado por asambleas de éstos, podría dar un poderoso refuerzo al movimiento cívico que, desde el año 2006, se está organizando y resistiendo al gobierno del capital en el plano legal y de la lucha electoral. Existe también, por supuesto, el peligro de que ese partido obrero sindical sea cooptado por el capitalismo, como le pasó al Partido Laborista inglés, que en su nacimiento era un partido clasista, o como les sucedió al Partido Laborista argentino, que llevó a Perón al triunfo, pero fue corrompido y absorbido por el gobierno de éste, o al Partido de los Trabajadores brasileño. Todo recién nacido, en efecto, corre el peligro de convertirse en narcotraficante, asesino, guarura, panista y contra el mismo no hay otra garantía que la formación cultural y ética por sus parientes y por la sociedad.
Para evitar que un posible partido obrero nacido de los sindicatos sea visto por sus dirigentes como un instrumento de negociación con los partidos y fuerzas precapitalistas, sólo se puede contar con la participación activa de las bases sindicales en asambleas que discutan, deciden, revoquen a los dirigentes si es necesario, con la más amplia democracia interna de la organización y la pluralidad en la discusión de las ideas y con la plena claridad y transparencia de las resoluciones y posiciones anticapitalistas, y no meramente nacionalistas democráticas, que sus fundadores adopten.
Campaña de desprestigio contra el SME esconde privatización
Para Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la campaña de desprestigio en contra del sindicato y la falta de solución al conflicto, rebasa el tema laboral, por lo que insistió, se trata de intereses económicos que pretenden privatizar el servicio que daba Luz y Fuerza del Centro (LyFC) a casi 20 millones de habitantes de la zona centro del país.
En conferencia de prensa, Esparza Flores aseguró que las acusaciones de sabotaje al sistema de distribución de energía eléctrica en la zona centro del país, forman parte de la campaña de criminalización al movimiento que sostienen más de 16 mil electricistas por la restitución de sus empleos.
La criminalización del gremio en resistencia permite a las autoridades federales justificar la represión contra las y los electricistas, y aseveró que las fallas son resultado de la falta de mantenimiento e inadecuada operación de la red automática de suministro de energía eléctrica, así como a la obsolescencia del equipo y a la inadecuada operación de la red, única en el país.
En días recientes funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) declararon a medios de comunicación nacionales que había elementos para sospechar que gente del SME cortó un cable de mediana tensión con una “segueta”.
Los trabajadores aseguraron que cortar un cable de 23 voltios con una herramienta -como la que dijo el funcionario de la Comisión- sin que la persona que lo intente ponga en riesgo su vida, “es imposible”
Esparza Flores indicó que actualmente 50 por ciento de la capacidad instalada en CFE pertenece a la empresa española Iberdrola, entre otras empresas de capital extranjero, por lo que “la energía que se consume aquí no la genera la Comisión; es de los privados”.
Tan sólo de 2000 a 2009 por brindar este servicio la iniciativa privada recibió 288 mil millones de pesos y actualmente existe una deuda de 1.3 billones de pesos por los contratos a 25 y 30 años, a ello se debe “el alto costo de tarifas”, sostuvo.
Además de los intereses económicos para la explotación de la industria eléctrica, Esparza Flores mencionó que detrás de la extinción de la empresa pública está la pretensión de eliminar los contratos colectivos de trabajo, como el que amparaba los derechos de 44 mil electricistas, de los cuales 10 por ciento eran mujeres.
Tras el despido masivo, 16 mil 599 trabajadoras y trabajadores no se han liquidado, a pesar de que esta ha sido una condición en la Secretaría de Gobernación (Segob) para negociar su reinstalación laboral.
En este panorama Martin Esparza afirmo que no renunciaran a la exigencia de su derecho de trabajo por el cual continuaran con la apertura de negociacion en la Secretria de Gobernacion e inisistiendo para que la Camara de Diputados apruebe la iniciativa de ley propuesta por el sindicato para modificar la Ley de Servicio Publica de Energia Electrica y crear una empresa Publica que atienda la zona de atencion de la extinta LyFC.
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