¿ESTADO FALLIDO?, LEY DE SEGURIDAD NACIONAL: HACIA EL ESTADO POLICIAL

 

Inicia la Semana Santa con 12 ejecutados
La redacción

Demanda RSF a México reexaminar expulsión de periodista italiano

Sus derechos a solicitar asistencia consular de su país no le fueron respetados, expuso el organismo.

Víctor Ballinas
Publicado: 21/04/2011 14:57

México, DF. Reporteros Sin fronteras (RSF) manifestó su protesta por la expulsión, de manera rápida y arbitraria del periodista Giovanni Proiettis, colaborador del diario italiano Il Manifesto. Esta organización demandó al gobierno mexicano reexaminar su decisión ya que “fue tomada sin tener en cuenta los procedimientos jurídicos en vigor”.
RSF destaca que el periodista "no habría sido notificado previamente de su obligación de abandonar el territorio ni de las razones de esta decisión. Sus derechos a solicitar asistencia consular de su país o de un abogado no le fueron respetados en violación de los acuerdos internacionales de protección de los derechos humanos, ratificados por México y contenidos en la Ley Mexicana de Inmigración”.

Proiettis reveló al organismo en entrevista que "estaba renovando mi permiso anual de residencia y de trabajo como cada año. Un trámite que inició una semana antes. El viernes 15 de abril me convocaron a las 10:30 a la oficina de inmigración. Me pidieron que me instalara en una pequeña sala donde llegaron agentes de inmigración y me condujeron al aeropuerto. Me montaron en un avión directo a Madrid que iba a Roma. Estuve acompañado todo el tiempo de dos agentes. En el aeropuerto de Madrid me pusieron en un área de policía española bajo vigilancia de los agentes mexicanos que no tenía jurisdicción allá”.

El periodista añadió: “no recibí ningún papel, no me dijeron las razones por las que me expulsaron, ya tenía 18 años en México; ni siquiera me dejaron ir a mi casa para llevar al menos una maleta con mis cosas personales”.

"Miente el Instituto Nacional de Migración cuando dicen que no pude acreditar mi estancia legal en el país. Dicen que en mi trabajo pedí un año sabático y que no les había informado, pero eso no es cierto, sólo pedí cinco meses de licencia, pero seguía ligado a la universidad”, señaló.

Proiettis abundó que “la libertad de expresión en México está deterioradísima. Existe mucha intimidación, hay autocensura porque escribir del narcotráfico o criticar al gobierno es muy peligroso. La libertad de expresión no existe en México”.

MÉXICO, D.F., 21 de abril (apro).- El enérgico llamado que hoy hizo el cardenal Norberto Rivera para frenar la violencia en el país fue desoído por el crimen organizado que, en pleno inicio de la Semana Santa, ejecutó a 12 personas en cinco estados de la República Mexicana.
    En la capital de Durango, un custodio del Centro de Reinserción Social No.1, identificado como Javier Enrique Flores Soto, de 25 años de edad, fue ejecutado a tiros cuando circulaba en su vehículo, un Neón dorado, por la calle Talabarteros del fraccionamiento Fidel Velázquez II, al oriente de la ciudad de Durango.
Mientras tanto, en Chihuahua tres hombres fueron acribillados por un comando al norte de la ciudad, en un parque de la colonia Infonavit, en las calles Río Aros y Paseo Vallarta, donde un grupo de sujetos armados descargó armas de grueso calibre en contra de los tres hombres, de quienes se desconoce su identidad.
En el lugar de los hechos, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguraron al menos 60 casquillos percutidos calibre 7.62×39 y .223 milímetros.
Por otra parte, en Nuevo León dos hombres fueron ultimados y uno más resultó herido cuando un grupo de sujetos armados les disparó con armas cortas desde una camioneta.
Los hechos ocurrieron la madrugada de este jueves, mientras los tres hombres ingerían bebidas alcohólicas en un paraje deshabitado, en el municipio de Santiago, 36 kilómetros al sur de Monterrey.
De acuerdo con el sobreviviente, él y sus amigos arribaron ayer en dos autos a la comunidad El Socavón, y alrededor de las 3.30 horas de este jueves, mientras conversaban a un lado de los coches, pasó una camioneta desde la que les dispararon con armas cortas.
El lesionado se desplazó en su auto hasta la Clínica 8 del Seguro Social para recibir atención médica. Hasta esta mañana su estado era delicado.
Tras conocer los hechos, elementos de la Agencia Estatal de Investigación se desplazaron al lugar del tiroteo, donde encontraron los dos cadáveres y varios casquillos percutidos.
En Mazatlán, Sinaloa, el profesor de secundaria Heriberto Tirado Velázquez, de 47 años de edad y habitante de la sindicatura de La Noria, fue asesinado este jueves junto a otra persona identificada como Antonio Patrón Arvallo, de 54 años, quien tenía su domicilio en Nuevo San Marcos.
De acuerdo con reportes de la policía local, el grupo armado que ejecutó a las dos personas portaba armas de grueso calibre.
En el lugar del crimen, los peritos de la Procuraduría General de Justicia en la zona sur de Sinaloa recogieron más de 40 casquillos de calibre AK- 47
La violencia se extendió al estado de Nayarit: los cadáveres de cuatro personas fueron hallados con impactos de arma de fuego en dos puntos distintos del estado.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que el reporte del primer hallazgo se recibió a las 6:14 horas, tiempo local, en la localidad de Camichín de Jauja, municipio de Tepic.
Elementos de la Policía Estatal Preventiva acudieron al lugar y encontraron los cadáveres de tres hombres.
Cuatro horas más tarde, en el municipio de Xalisco, fue hallado el cuerpo de otra persona en la localidad de Pantanal, sobre la carretera que va de esta comunidad al Aeropuerto.
Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones del área de Homicidios y agentes del Ministerio Público arribaron al sitio para iniciar las indagatorias.

Liberan a policías de Cadereyta

Los 40 elementos de Policía y Tránsito detenidos el pasado martes en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, fueron liberados entre la tarde de ayer y la madrugada de este jueves.
Los primeros 38 fueron liberados el miércoles y los otros dos esta mañana, de los cuales 25 son policías preventivos y 15 agentes de Tránsito de ese municipio ubicado 36 kilómetros al oriente de Monterrey.
Las autoridades se reservaron detalles de la investigación de la que fueron objeto los presentados.

¿Estado fallido?

John Saxe-Fernández

Según Connie Mack, del Subcomité de Asuntos Hemisféricos de la Cámara baja de Estados Unidos, la amenaza de un Estado fallido se asoma a lo largo de nuestra frontera sur con México. Lo advirtió en una sesión en que, según David Brooks, además del uso de términos como Estado fallido y guerra, se contempló la posibilidad de enviar tropas. (La Jornada (J) 14-4-2011 p.9) ¿Cómo llegamos a este estado de cosas? ¿Cuál es la génesis del declive del Estado mexicano?

Pregunto esto porque, casi en paralelo, nuestros diputados reciberon del Senado el proyecto de Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP) impulsado por el Banco Mundial (BM) –ente subrogado al Tesoro de EU– y aprobado por el PRI y el PAN, para privatizar los servicios públicos del Estado formalizando relaciones contractuales de largo plazo entre instancias del sector público y del sector privado para la prestación de servicios al sector público o al usuario final en los que se utiliza una infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado.
Manuel Bartlett fue al meollo del asunto al advertir que así arrancaría la progresiva entrega de la gestión de inmensos presupuestos para salud, educación, transportes, seguridad, etcétera, reduciendo el perímetro del Estado. Esa merma es parte del Proyecto 2030 de privatización y desnacionalización (Contralínea 21/2/2010) en vigor desde hace 29 años, cuando se instauran las normas del BM/BID. Asoma la amenaza que menciona Mack, porque ese diseño desplomó la inversión pública en el campo y en el aparato productivo, debilitó al salario, la creación de empleo y polarizó el ingreso. Con la mira en el sector petroeléctrico, colocó en subasta bancos, 58 aeropuertos, las aerolíneas nacionales, 21 administraciones portuarias integrales, ferrocarriles, carreteras etcétera mientras el TLCAN flexibilizó las regulaciones aumentando el flujo de mercancía, incluyendo drogas, armas y dinero, mientras la gran subasta del país nos vulneralizó. Las privatizaciones ofrecen oportunidades al crimen organizado por el retiro del Estado de espacios territoriales y ahora de funciones esenciales.
Como Zedillo vendió puertos y aero-puertos a empresas extranjeras, recordó Jaime Martínez Veloz, los admi-nistradores de esos espacios de seguridad nacional son nombrados desde España, Francia, Alemania, Dinamarca, China y Estados Unidos. Ante la llamada guerra contra el narcotráfico, o ante cualquier conflicto, ¿cuál es el control que tiene el Estado en espacios administrados por personas cuyo cargo se lo deben a una empresa extranjera?. (J/8/4/2011)
Según James Moody, ex jefe de la sección drogas de la División sobre Crimen Organizado del FBI, desde el sexenio de Salinas se usaron incentivos para atraer capital extranjero. Uno de ellos, dice en un documento, es la venta de empresas paraestatales a inversionistas privados, empresas que incluyen importantes instituciones financieras, fábricas y negocios industriales y de servicios de vanguardia con valor de miles de millones de dólares. En esas privatizaciones hubo corrupción y operaciones de lavado de dinero...paraestatales en proceso de privatización fueron compradas por organizaciones de narcotraficantes mexicanos y colombianos(La compraventa de México, p.123). Para Jack Blum, ex jefe de asesores del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, el informe de Moody es la incriminación más contundente por parte de un funcionario de Estados Unidos de que el narcotráfico se enseñoreó de México a la sombra de la política modernizadora salinista, que fue alentada por Washington y los organismos financieros internacionales (123-124).
Como Estados Unidos, sus empresas y bancos, además de impulsar la LAPP no detienen el lavado de dinero ni el vasto trasiego de armas ni aclaran Rápido y furioso, México sería un Estado fallido sui generis: ¡amenaza la seguridad de la narcopotencia que lo auspicia!, ¿o es que en realidad van tras el norte del país y su mar patrimonial?

http://jsaxef.blogspot.com

Ley de Seguridad Nacional: hacia el Estado policial

Hay la pretensión, en la Cámara de Diputados, de aprobar en comisiones el próximo lunes el proyecto de dictamen de reformas a la Ley de Seguridad Nacional que otorga al Presidente amplias facultades discrecionales para enfrentar, mediante las fuerzas armadas y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y por medio de la represión, el espionaje a los ciudadanos e interrogatorios a civiles, estados de conflictos o alteraciones diversas de mayor peligro para la seguridad interior.

El documento contiene puntos tan anticonstitucionales, autoritarios y peligrosos como el facultar al jefe del Ejecutivo federal para que use a las fuerzas armadas contra movimientos o conflictos de carácter político, electoral, de índole social o del trabajo, cuando se considere que constituyan un desafío o una amenaza a la seguridad interior; el dar a soldados, marinos y agentes del Cisen atribuciones para intervenir comunicaciones telefónicas e integrar expedientes confidenciales, incluso de carácter político; el facultar a las fuerzas armadas la atribución de restringir la circulación de mercancías y vehículos, así como revisar las pertenencias de particulares en las calles; requerir información a los civiles, con cualquier herramienta que resulte necesaria, y el permitir a los efectivos de la Marina, del Ejército y del Cisen contar con informantes anónimos y que, en sus tareas de inteligencia y contrainteligencia, hagan uso de cualquier método de recolección de información.
La iniciativa se fundamenta en consideraciones absurdas y tramposas que pretenden dar la vuelta a mandatos constitucionales inequívocos, como la afirmación de que en todo lugar y momento, la paz (en contraposición a la guerra) es relativa, y la pretensión de que la fuerza armada debe participar, como coordinadora de acciones para enfrentar un desafío o una amenaza que, sin llegar al extremo de la restricción o suspensión de derechos humanos y sus garantías, requiere atención inmediata y eficaz que los cuerpos policiacos preventivos y las autoridades civiles no están capacitados para proporcionar.
En suma, se pretende dar cobertura legal a la supensión de facto de las garantías individuales que ya prevalece en extensas regiones del país, pero sin asumir los costos políticos derivados de una declaración formal de estado de excepción. Semejante posibilidad haría imposible una defensa efectiva de los derechos humanos de la población; daría impunidad total a los empleados públicos que los violan; crearía las condiciones para la criminalización generalizada de las oposiciones políticas, los movimientos sociales y las protestas laborales, y daría fundamento legal a la persecución y represión de inconformidades poselectorales. Es por demás significativo y ominoso que se pretenda imponer tales normativas en vísperas de los procesos comiciales federales previstos para el año entrante.
Finalmente, sería doblemente trágico que, tras la pérdida de la seguridad pública provocada por los malos resultados de la estrategia gubernamental contra la delincuencia organizada, la ciudadanía tuviera que enfrentar una grave e injustificable afectación a sus libertades y garantías individuales, como consecuencia de una reforma legal de dudosa utilidad para enfrentar a la delincuencia, pero de consecuencias inevitablemente desastrosas para los derechos humanos, para la libertad y para las perspectivas de la democracia en el país.