ME DUELE MEXICO- LA LEY DE SEGURIDAD, UN VIRTUAL GOLPE DE ESTADO

Me duele México

Marcos Roitman Rosenmann

Hace unos meses, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, una colega mexicana, profesora de la UNAM, leía su tesis para obtener el grado de doctora en ciencias políticas. Hoy vive en el Distrito Federal y ejerce como docente. Sin embargo, durante todo el tiempo que duró la tutoría nunca me contó nada de lo que era una tragedia familiar en medio del proceso de elaboración de su tesis. Para mí fue una sorpresa que aquel día y frente al tribunal dedicase la tesis a su hermana, asesinada en Cuernavaca durante un fin de semana en el cual asaltaron la casa donde se hospedaba con una amiga. Los atracadores se llevaron algunas joyas y menos de 2 mil pesos, según me relató más tarde. Sin embargo, el asalto fue violento y con saña. Acribilladas a balazos, murieron su hermana y la amiga. A pesar del dolor y la rabia, había algo que no me era extraño. Su historia no es la primera que escucho en esta dirección. Hace siete años, en el Distrito Federal, la esposa de un colega fue abordada violentamente, mientras su coche frenaba ante un semáforo en rojo. Los asaltantes se introdujeron en el vehículo y la obligaron a ir a su domicilio. Allí, secuestrada y secuestradores esperaron a que llegara su marido. La negociación duró toda la noche, pero hubo acuerdo. A la mañana siguiente uno de los atracadores se quedó con la mujer y otro acompañó al marido al banco. Le desvalijaron las cuentas y de paso se quedaron con el coche. Conseguido el objetivo, se fueron no sin antes decirles: somos profesionales, no los vamos a matar, sólo sigan nuestras órdenes. Podría seguir narrando historias como éstas, pero tampoco se trata de ello. Sin embargo, todas tienen algo en común: la violencia y la mala fortuna. Estar en el lugar equivocado en el momento inoportuno. A todos les puede tocar, nadie está exento de verse en una situación como la enunciada. Esta parece ser la máxima que anida en la mente de la mayoría de los ciudadanos que pueblan las ciudades en México hoy día. Una especie de pesimismo avalado por los hechos. Ni modo, será que hay que vivir con ello. Familias destrozadas, viudas, huérfanos y vidas tempranamente cercenadas en medio de una ley de la selva es la estela que deja la violencia tan absurda como desmedida. Una pérdida de confianza se une a la desazón que produce la inoperancia de las fuerzas de seguridad del Estado. También víctimas, cuando no cómplices. El virus del narco, el dinero fácil, la buena vida y la impunidad son parte del atractivo de convertirse en transgresores de la ley desde dentro. Por eso el sentimiento de rabia, el sentirse desprotegido, se ha transformado en protesta generalizada. Así, son muchas las razones para dar legitimidad a la expresión acuñada por el poeta Javier Sicilia tras el asesinato de siete personas, entre las cuales estaba su hijo, Juan Francisco. ¡Que se larguen!

Hoy, la frase es símbolo para todo mexicano bien nacido que pide responsabilidades y justicia. México ha sido secuestrado por plutócratas, gente sin honor, palabra y dignidad. Con un desprecio hacia la democracia y un odio profundo a su pueblo. En este contexto, el ¡ya basta! enarbolado durante el alzamiento zapatista sigue mostrando toda su vigencia. Ya no es políticamente correcto callar los asesinatos múltiples, el tiro en la cabeza, por la espalda y en medio de la calle, en nombre de los buenos modales. Hacerlo nos acerca a la sumisión y la idiotez.
Hoy se vuelve necesario denunciar un poder político ilegítimo, tanto por origen como por sus métodos. La muerte en manos de sicarios se ha instalado como la fórmula perfecta para mantener el poder. La unidad de intereses y acción entre una élite política corrupta y el crimen organizado pasa factura. Se compran cargos públicos. Diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, concejales, jefes de policía, periodistas, académicos, jueces, abogados, fiscales o deportistas. Nada se detiene a su paso. Todos son posibles de corromper y tienen su precio, están a merced de las bandas de narcotraficantes y la mafia. Pero con decirlo seguramente no estoy descubriendo nada nuevo al lector. Siempre ha existido una relación entre el poder político y la mafia. Lo realmente novedoso es la subordinación de la política a los intereses del crimen organizado. Las decisiones sobre megaproyectos, concesiones urbanísticas o privatizaciones no se toman en el parlamento; se hace en yates de lujo, mansiones ideadas para el latrocinio y casas de prostitución. Allí, en medio de orgías, donde los invitados se atiborran de coca, alcohol y sexo, se sellan los pactos para gobernar. Hoy es necesario explicar la relación entre los intereses de los llamados cárteles de la droga y los detentadores del poder político para comprender las formas que adopta la violencia.
Ciudad Juárez. Jóvenes violadas y descuartizadas engrosan la lista de lo que más tarde se convertirá en feminicidio, nombre acuñado para una realidad a la que el Estado no quiere hacer frente. Le vuelve la espalda y habla de reyertas callejeras, ajuste de cuentas entre bandas y drogadictos. Pero la realidad es otra. Naciones Unidas y Amnistía Internacional hablan de acciones premeditadas de grupos organizados en trata de blancas y esclavitud infantil. Los datos son terribles. Entre 1993 y 2002 hubo más de 400 mujeres mutiladas y asesinadas. Y sólo entre 2009 y 2010 la cifra se elevó a 423. Según Marcela Lagarde, perteneciente a la Red de investigadoras por la vida y la libertad de las mujeres, habría más de 10 mil mujeres y niñas en la primera década del siglo XXI muertas por violencia de género. A ese dato hay que sumar la edad de las víctimas, que según el Observatorio Nacional del Feminicidio oscila entre 21 y 40 años en más de 50 por ciento de los casos.
Siento un profundo cariño y amor por México, su pueblo y sus luchas, y por ello me adhiero, desde el respeto, al llamado del poeta Javier Sicilia, desde Madrid, elevando mi voz y declamando: ¡Que se vayan! México no merece ser gobernado por una panda de crápulas cuyo único fin consiste en matar a sus mejores hijos. Por ello me duele México.

Ley de Seguridad Nacional

Es un virtual golpe de Estado, advierte Jaime Cárdenas Gracia

El PRI dice estar dispuesto a asumir el costo político por aprobar la iniciativa

Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Martes 26 de abril de 2011, p. 2

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados afirmó que está dispuesto a asumir el costo político de aprobar la Ley de Seguridad Nacional que, a propuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional, concede al Presidente de la República la atribución de sofocar con el Ejército movimientos sociales, políticos, laborales y electorales, y decretar el estado de excepción en entidades o regiones del país.

Junto con Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) confirmó que desde la Junta de Coordinación Política gestiona con las comisiones de Defensa, Seguridad Pública, Justicia, Derechos Humanos y Gobernación para que sólo una o dos de ellas voten el dictamen y el resto se allanen, para tratar de que se vote esta misma semana.
No obstante, en la mesa directiva se consideró difícil que el documento entre al pleno en el actual periodo de sesiones, debido a la inconformidad que ha generado en el resto de las bancadas.
En conferencia de prensa, Alfonso Navarrete Prida (PRI) dijo que su grupo parlamentario está dispuesto a asumir los costos políticos de votar una reforma que, como publicó este diario la semana pasada, facilita al Ejecutivo el uso de tropas cuando considere que está en riesgo la seguridad interior. Incluso, el priísta acotó que si en los operativos se cometen abusos contra la población civil, ello será responsabilidad de la autoridad que los aplique y no resultado de una ley.
Al concluir ayer la segunda reunión para evaluar la propuesta de Navarrete Prida que modifica sustancialmente la minuta del Senado, diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) informaron que se solicitó modificar el artículo 74, fracción VII, párrafo segundo del proyecto de dictamen, porque como está planteado abre la puerta para que las fuerzas armadas actúen contra protestas civiles.
Ese párrafo advierte: No procederá la declaratoria de afectación a la seguridad interior cuando la solicitud tenga su origen o causa para dar cumplimiento a requerimientos o resoluciones emitidas por autoridades administrativas o del trabajo; tampoco procederá por acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social, excepto cuando las acciones derivadas de los mismos constituyan un desafío o amenaza en los términos del artículo 3 de esta ley.
Según Navarrete Prida, esa redacción “camina en la intención de prohibir que las fuerzas armadas puedan reprimir una manifestación pacífica y civil… salvo que de un asunto de éstos se rebase y constituya un obstáculo o amenaza” a la seguridad interior.
En contraste, el presidente de la Comisión de la Función Pública y secretario de la de Defensa, Pablo Escudero (PVEM), resaltó que en las observaciones al texto de Navarrete se insistió en dejar muy claro que las fuerzas armadas no pueden acometer movilizaciones civiles.
Además, debe definirse con precisión que en la declaratoria de afectación a la seguridad interior no pueden suspenderse las garantías individuales, declaró.
Teresa Incháustegui (PRD), secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, afirmó que si PRI y PAN pretenden que el dictamen se vote sólo por una comisión, primero deben reunirse las mesas directivas de las cinco que tienen la minuta. De otra manera, la Junta de Coordinación no tiene capacidad de excluir a tres o cuatro de las comisiones, a menos que quiera pasar por encima del reglamento, dijo.
Expresó que aun cuando las bancadas priísta y panista argumentaron ayer que existen candados en la propuesta para evitar la violación de derechos humanos, es evidente que quieren criminalizar los movimientos sociales; además, no hay garantía de respeto a las garantías individuales, y los derechos quedan sujetos al protocolo de la declaratoria de riesgo a la seguridad interior.
Incháustegui aseguró que sería un despropósito que, aun con el riesgo que esas disposiciones representan, PRI y PAN aplicaran una mayoría mecánica para aprobar el dictamen.
Por su parte, Jaime Cárdenas Gracia (PT) consideró que el documento contiene al menos cuatro deficiencias constitucionales. Primera, el Consejo de Seguridad Nacional, que también tomará decisiones en torno a la declaratoria de estado de excepción, no está sujeto a revisión, y sus acuerdos no podrían combatirse con una controversia constitucional.
Segunda, la exposición de motivos incluye una definición muy libre sobre el estatus de guerra y de paz, al suponer que existe una etapa intermedia, con la que justifica la intervención militar.
Tercera: la posibilidad de intervención del Ejecutivo federal con operativos del Ejército y la Marina sin consultar a los gobernadores, a los congresos de los estados y a las presidencias municipales.
Y cuarta, la aplicación de detenciones, interrogatorios a civiles, allanamientos, retenes e investigación y persecución de delitos, que son atribuciones exclusivas del Ministerio Público.
Más aún, se entromete hasta en las atribuciones que son del Instituto Federal Electoral, al considerar que el consejo nacional realice campañas de cultura democrática, que corresponden a la autoridad electoral, afirmó.
El ex consejero electoral aseguró que, en suma, como está planteado el proyecto de dictamen concede un poder inmenso al Ejecutivo y al Consejo de Seguridad Nacional, y constituiría un golpe de Estado, porque además el presidente de la República puede ordenar la intervención militar en situaciones urgentes, sin el permiso del Congreso.
Asesinan a catedrático de la Universidad Autónoma de Sinaloa

Aumenta a 75 el número de cuerpos hallados en narcofosas de Durango

De la Redacción

Periódico La Jornada
Martes 26 de abril de 2011, p. 11

Con el hallazgo ayer de 17 cadáveres, se incrementó de 41 a 58 el número de cuerpos encontrados en una fosa clandestina del fraccionamiento Las Fuentes, en la ciudad de Durango. En dos semanas suman 75 los restos humanos exhumados en ese sitio y otra fosa ubicada en la colonia Providencia, a un kilómetro de la anterior.

Este lunes por la mañana elementos de la Policía Federal reanudaron las excavaciones en la finca de la calle Constituyentes, fraccionamiento Las Fuentes. Los trabajos no han concluido y este martes continuarán.
El gobierno de Durango nombró al subdirector operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, Juan Rafael Rosales Sida, como vocero estatal para asuntos relacionados con el crimen organizado.
En su primera declaración, Rosales Sida dijo que se trabaja en la identificación de los cádaveres y en seguir sacando más restos humanos. Dio a conocer que la noche del domingo policías estatales fueron emboscados y atacados a balazos por desconocidos, con un saldo de tres agentes heridos.
Los uniformados regresaban de su labor de vigilancia en el paraje turístico denominado Tres Molinos y poco antes de llegar al poblado La Ferrería, municipio de Durango, desconocidos abrieron fuego en su contra.
Además, elementos del Ejército Mexicano detuvieron en el municipio de Pueblo Nuevo a una persona y decomisaron cuatro granadas de fragmentación, diversas armas y droga.

Ultiman a agentes de tránsito

Ayer por la tarde, en dos ataques perpetrados aparentemente por un mismo comando, tres agentes de tránsito fueron ejecutados a balazos en el sector Linda Vista, del municipio de Guadalupe, conurbado a Monterrey.

Marco Antonio Mejía y Arturo Javier Ruiz, ambos con 10 años de servicio en la corporación y expediente limpio, fueron asesinados en la avenida Las Américas, a la altura de Francisco Somohano, conocida como Anillo Vial.
Cinco minutos después fue acribillado Cesáreo Arriaga Leija, con 19 años de servicio en la corporación y expediente limpio. De acuerdo con algunos testigos, los pistoleros viajaban en una camioneta tipo Blazer
El secretario de Seguridad Pública de Guadalupe, coronel Enrique Sanmiguel Sánchez, informó que los tres elementos habían pasado las pruebas de confianza. Agregó que no portaban chaleco antibalas debido a que el ayuntamiento devolvió los que le habían entregado recientemente por no haber pasado las pruebas de calidad.
En Chihuahua, la Fiscalía General dio cuenta de 10 asesinatos presuntamente relacionados con la delincuencia organizada entre la noche del domingo y el lunes. Cuatro de los homicidios se cometieron en la capital del estado, tres en la fronteriza Ciudad Juárez y el resto en los municipios de Cuauhtémoc, Namiquipa y Guachochi.
En Sinaloa, autoridades policiacas informaron sobre el asesinato de dos personas en el municipio de Salvador Alvarado, entre ellas Álvaro Antonio Rendón Moreno, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Versiones extraoficiales indican que se trató de un intento de asalto y que el ahora occiso se resistió.
En la ciudad de Aguascalientes se encontró el cuerpo de una mujer dentro de una maleta, abandonada en calles del fraccionamiento Ojocaliente III, y que fue encontrada por un grupo de niños que jugaba cerca de ahí.
En Altamira, Tamaulipas, las fuerzas de seguridad hallaron ayer por la tarde un campamento de hombres armados y abatieron a cuatro de ellos.
Según informó Notimex, en San Juan del Reparo, municipio de Juan R. Escudero, Guerrero, dos presuntos delincuentes fueron ultimados por la policía durante un enfrentamiento.