IRRESPONSABILIDADES VAN E IRRESPONABILIDADES VIENEN Y LA SOCIEDAD COMO EL CHINITO "NOMAS MILANDO"

El PRI protegió al narco (dice EU) y PAN aumentó violencia y uso de drogas

Víctor Hernández

@toliro
2011-04-22

 Un reporte del Congreso de Estados Unidos señala que la violencia por el narco en México ha aumentado a niveles sin precedentes, pero eso no es noticia (como que los 34 mil muertos por la guerra inútil de Calderón contra el narco ya lo dejaron muy claro). Lo que es noticia es lo que dice el reporte sobre el narco y el PRI.
Según el reporte, los gobiernos del PRI "a un elevado grado toleraban y protegían la producción y tráfico de drogas en ciertas regiones del país" mientras manejaban el asunto del narco con "una política de acomodación".
Tal y como lo leyeron: el PRI protegía al narco.
¿Y el PAN no? El PAN también. Lo documentó la periodista Anabel Hernández en su libro “Los Señores del Narco”, donde se muestran documentos de la DEA que señalan que el Chapo Guzmán se escapó de Puente Grande con ayuda de funcionarios panistas de la administración de Vicente Fox, de los cuales uno se convirtió en asesor de Felipe Calderón.
Por cierto: el reporte del congreso de EU señala que la estrategia de Calderón de capturar capos ha sido poco efectiva y que sólo está aumentando la violencia. Y que si continúa esta estrategia, la situción podría ser tan grave que habría gente que preferiría que el PRI volviera a solapar y proteger a los narcos.
Pero de pilón, con el PAN además de aumentar la violencia también aumentó el consumo de drogas en México.
No lo digo yo. Lo admitió el secretario de salud de Felipe Calderón, José Ángel Córdova Villalobos. De 2004 a 2010 el consumo de cocaína en México se duplicó y el consumo de marguana casi se duplicó, dijo Córdova Villalobos el pasado 27 de enero.
¿Pues no que la guerra contra el narco de Calderón era para que la droga no llegara a los mexicanos?
De esta manera usted, elector de clase media, tiene tres opciones en 2012:
1. Votar por el PRI y que vuelvan a solapar y proteger a los narcos.
2. Votar por el PAN y seguir protegiendo y solapando a los narcos Y ADEMÁS aumentando la violencia y el consumo de drogas.
3. AMLO 2012 y detener la violencia y el consumo de drogas por medio de políticas de combate a la pobreza, de apoyo a las PyMEs para la creación de empleos, y mediante el combate a la corrupción.
Por eso mejor AMLO 2012.

INTERES PUBLICO Y VERACIDAD

MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA.

La primera sala civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal emitió el 7 de abril una sentencia llamada a tener importancia capital en la práctica del asedio judicial contra periodistas, para evitarlo o para hacerle frente. Revocó la resolución de primera instancia de la juez 54º civil, que había expresado una inadmisible e insostenible doctrina sobre el interés público y por ello condenado a un grupo de cuatro periodistas a satisfacer la demanda de personas y empresas que se consideraron dañados moralmente por información publicada en diversos medios sobre el otorgamiento irregular de contratos en Pemex.

La sala de apelación, además, estableció el criterio de veracidad como excluyente de responsabilidad, aunque lo haya hecho en términos discutibles. En fin, los magistrados Alicia Pérez de la Fuente, José Luis Castillo Lavín y Martha Lucía Elizondo Télles fijaron la prevalencia, sobre el artículo 1916 del Código Civil, de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen del Distrito Federal (LRCPDVPHPIDF). Ésta es la norma aplicable a los casos en que se alega daño a la reputación inferido por medio de la prensa, porque ésa fue la explícita intención del legislador.

La sentencia de segunda instancia que comentamos (conste que conjugo el verbo comentar, en vez de usar la manida expresión "en comento" a que se inclinan con demasiada frecuencia abogados y jueces) cierra un juicio iniciado el 13 de abril de 2009 por tres empresas y sus accionistas en lo individual contra Miguel Badillo, por sí mismo y como director del Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, SA de CV, editora de las revistas Contralínea y Fortuna; las reporteras Nancy Paola Flores Nández y Ana Lilia Pérez Mendoza, y el cartonista David Antonio Manrique Ramírez. El caso fue concluido en primera instancia a principios de enero pasado. La responsable de resolverlo fue la jueza Yassmín Alonso Tolamatl. Hizo tan mal su trabajo que la sala de apelación no juzgó conveniente devolverle el expediente para que emitiera una nueva resolución, sino que en plenitud de jurisdicción lo hizo ella misma. En su sentencia, además de atender razonamientos de fondo, los magistrados hicieron bien las cuentas, algo en que también falló la juzgadora, y determinaron que había prescrito la acción contra el dibujante Manrique Ramírez, pues su trabajo impugnado apareció en la revista Fortuna en marzo de 2007 y la demanda respectiva se presentó en abril de 2009, 25 meses después, más allá del término permitido por la LRCPDVPHPIDF.

La jueza 54 había incurrido en un dislate mayúsculo al considerar, sobre razonamientos tan torpes que enternecían, que "las licitaciones efectuadas por Pemex no pueden ser consideradas como de interés público". En sentido contrario, la sala sostuvo que los textos periodísticos considerados agraviantes son de interés nacional porque los demandantes "hacen negocios con Petróleos Mexicanos, empresa del Estado mexicano, propiedad de todos los mexicanos, y por lo mismo involucra los recursos de la nación, derivados de negocios obtenidos de las licitaciones que ambas partes tienen por ciertas".

Con amabilidad rayana en la lenidad, la sala llamó "infortunada" la expresión de la juzgadora sobre lo que es y no de interés público. Califica la sentencia también de "desacertada", "dada la trascendencia de una indebida licitación de la naturaleza y monto económico como es la que nos ocupa, que implica en su caso irregularidad en el manejo de los recursos del erario público, esto es por el solo hecho de tratarse de recursos de la nación atañe al interés público, aunado a que se trata de una información periodística veraz y lícita...es una información verídica al haber sido extraída de fuentes confiables que sustentan dicha información, ya que solamente se transmitió el resultado de investigaciones periodísticas, según las fuentes aportadas por la parte demandada, de las consideradas no confidenciales, en base al derecho a la secrecía en algunos casos en que se solicitó confidencialidad...
por lo que debieron necesariamente valorarse las fuentes que se señalaron por la parte demandada para demostrar la veracidad de la información; amén de que para los efectos de acreditamiento del daño y su vinculación entre el ataque y la propia afectación nociva, tratándose en el caso del abuso del derecho a la información y de la libertad de expresión en términos de lo previsto por el artículo 5º. de la (LRCPDVPHPIDF), pues en el caso concreto no hubo ataque a la vida privada de los coactores ni abuso de la información y por ende no es de alegarse afectación alguna".

En cuanto al criterio de veracidad, a través del cual se establece la licitud de una publicación o su contrario, la sala, si bien reprendió a la jueza por no analizar "los elementos de convicción aportados por la parte demandada", se enredó al presentar su propia posición y produjo un galimatías en que, sin embargo, son rescatables estas líneas: "para que un reportaje periodístico sea considerado 'veraz' es necesario que se demuestre que el trabajo realizado tenga sustento en la realidad, es decir que sus fuentes de información existen, que no son falsas, inexistentes o inventadas, lo que se logra acreditando que realizaron un razonable ejercicio de...corroboración sobre los hechos informados".

Es deseable que Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo, hostigados en los tribunales, obtengan otros resultados como éste.

La toma de nota, en manos de la Suprema Corte

Arturo Alcalde Justiniani

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomará pronto una decisión trascendental para el futuro de la libertad sindical en nuestro país, decidirá el alcance de la toma de nota, odioso mecanismo de control, resabio del corporativismo mexicano mediante el cual los gobiernos tanto del ámbito federal como local condicionan la personalidad jurídica de los gremios por medio del registro y la elección periódica de sus directivas.

Uno de los capítulos del conflicto entre el sindicato minero y empresarios del sector, especialmente el Grupo México, generó una controversia jurídica sobre la elección de su directiva, incluyendo su secretario general, quien fue relecto en mayo de 2008. Si no hubiera existido oposición empresarial, el tema no hubiera llegado a mayores; sin embargo, los patrones desplegaron todos sus recursos para lograr que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) negara la toma de nota, alegando que su líder, Napoleón Gómez Urrutia, no cumplía con el requisito estatutario de haber sido trabajador en los cinco años anteriores a la elección.

La causal de negativa carece de sustento, por la simple razón de tratarse de una relección. Desde 2001 se desempeñó como dirigente, habiendo cumplido en ese tiempo, a juicio de la misma STPS, los requisitos estatutarios; pero siguiendo la línea de una justicia selectiva, la dependencia impuso criterios discrecionales y promovió investigaciones oficiosas. En contraste a la política seguida con los dirigentes sindicales bien portados, negó el registro de la directiva al sindicato minero.

Sería ingenuo analizar este caso desligado de la estrategia de acoso implementado contra el sindicato minero, que ha provocado violencia, muertes, daños incalculables a los trabajadores y un gran desprestigio al gobierno por la forma tan burda en que ha actuado al servicio del sector empresarial. Basta recordar la toma de nota sustentada en documentos falsos en favor de Elías Morales en el año 2006 para acreditar la amañada conducta de la autoridad laboral.

Después de un largo litigio, la disputa sobre la toma de nota fue atraída por la SCJN al considerar que se trataba de un caso de particular importancia que impone la necesidad de fijar criterios futuros, más allá del caso concreto. La Corte señala que al tomar su decisión analizará básicamente dos aspectos; primero, determinar si la Dirección de Registro de Asociaciones (de la STPS) al emitir resoluciones sobre la toma de nota de la dirigencia sindical, está facultada para interpretar los estatutos sindicales en detrimento de la autonomía sindical o, si ésta corresponde al propio sindicato, por conducto de sus autoridades internas; segundo, si la reforma de los estatutos sindicales toma vigencia a partir de la toma de nota de acuerdos del sindicato o hasta la fecha en que la autoridad administrativa toma conocimiento de tales reformas estatutarias.

A la luz de nuestra Carta Magna, del convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la ley, las respuestas parecen bastante obvias. Corresponde a los trabajadores, y sólo a ellos, interpretar sus estatutos en ejercicio de su autonomía y las reformas estatutarias inician su vigor desde que el sindicato las asume. Está ampliamente explorado que la autoridad no tiene un carácter constitutivo, sólo declarativo de los actos autónomos del sindicato; por eso, se llama toma de nota.

La ausencia de democracia gremial y contratación colectiva auténtica en nuestro país, deviene en buena medida de controles que el Estado y empresarios ejercen sobre las organizaciones: uno de sus instrumentos privilegiados es precisamente la toma de nota. Esta figura ha sido duramente criticada por la doctrina mexicana y particularmente por diversos organismos internacionales; en la reciente queja del caso 2694 presentada ante la OIT, en Ginebra, Suiza, por la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM), en contra del modelo laboral mexicano, que generó una recomendación de gran importancia se señala: La manipulación de la toma de nota es un mecanismo que limita el ejercicio del derecho de asociación de los trabajadores mexicanos y está plenamente documentado en las recomendaciones emitidas por la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) y el propio Comité de Libertad Sindical en los casos que se han sometido a su revisión, lo que demuestra que no es un caso aislado o limitado a un periodo en particular, sino a un patrón de conducta del gobierno mexicano.

La SCJN ha tomado en el pasado decisiones notables en materia de libertad sindical. A favor destacan las jurisprudencia 43/99 en materia de pluralidad sindical, la 150/08 relativa al voto secreto en los recuentos, la 185/07 en relación con el derecho de los sindicatos gremiales a intervenir en la fijación de sus condiciones de trabajo, así como las tesis que han declarado la inconstitucionalidad de la cláusula de exclusión. Otras decisiones limitan el ejercicio de este derecho humano, es el caso de las jurisprudencias 56/04 en materia de registro sindical y la 86/2000 relativa a las facultades de las autoridades registradoras respecto a los procesos electorales y de administración interna sindical.

Nuestro máximo tribunal debe considerar, al decidir el futuro de la toma de nota, las normas internacionales creadas para la defensa y protección del derecho de asociación; así lo prevé nuestra Carta Magna en su artículo 133, porque constituye una exigencia democrática, una obligación frente a los compromisos contraídos y un elemento de congruencia con la participación de nuestro país en el seno de la OIT.

Saludamos los trabajos del Tribunal Internacional de Libertad Sindical que sesionará el próximo 29 de abril en la ciudad de México.

San Fernando, otra vez. ¿Cuántas más?

Jorge Durand

Creo que todos esperábamos que el horror de la masacre de San Fernando, de septiembre pasado en Tamaulipas, no se repitiera. Con 72 cadáveres a cuestas, el repudio nacional, el escándalo internacional y el asombro generalizado eran de esperarse que el incidente no volviera a suceder. Más aún cuando el 8 de septiembre, el vocero del gobierno federal, Alejandro Poiré, anunció la captura de siete implicados en la masacre, de los cuales cuatro presuntos pistoleros fueron detenidos el 3 de septiembre luego de un enfrentamiento con elementos de la Armada mexicana y posteriormente fueron detenidos otros tres presuntos delincuentes también involucrados. Sin embargo, el 10 de septiembre, el presidente Felipe Calderón anunció la captura de ocho sujetos y la muerte de seis participantes en la masacre. Lo que, a pesar de que las cuentas no cuadran, parecía indicar que el asunto había quedado resuelto.

No obstante, meses después, en febrero de este año, salieron desplegados en los periódicos donde se ofrecían recompensas de ocho millones por la captura de Román Rincones El Coyote y Juvenal Burciaga El Alacrán, y cinco millones por José Guadalupe Reyes Rivera El Sasi. Es decir, los capturados y muertos en refriegas con el Ejército, al parecer, no eran los cabecillas de la masacre de San Fernando. Ahora resulta que El Coyote, jefe de la plaza de San Fernando, sigue libre y se le relaciona con la segunda masacre. Pero las últimas detenciones señalan a Martín Omar Estrada El Kilo, como el responsable de la plaza y de la segunda masacre.
Es complicado seguir por la prensa todos los vericuetos de la investigación. Pero lo que si podemos constatar es que a Los Zetas, después de la primera masacre, seguían tan campantes en el municipio de San Fernando, secuestrando pasajeros de los camiones y asesinando a mansalva.
Nos habíamos quedado con la idea de que el asunto de San Fernando estaba más o menos resuelto y había que pensar en otros horrores de la geografía nacional. Pero en realidad las acciones del gobierno federal fueron limitadas y deficientes y las del gobierno estatal nula. No así el accionar de Los Zetas que asesinaron al agente del Ministerio Público y al secretario de Seguridad del municipio de San Fernando, que se supone avanzaban en las pesquisas, o por lo menos, eso parece indicar el que hayan sido sacrificados.
La costumbre de encontrar culpables y no a los culpables es un cáncer que corroe al sistema de justicia mexicano desde hace décadas. Y tenemos todo el derecho a sospechar, preguntar y exigir información precisa sobre los procedimientos de la investigación y la procuración de justicia. Lo mismo que sucedía en tiempos del PRI, sucede ahora en tiempos del PAN.
De Acteal ya sabemos los resultados. El cochinero de la procuración de justicia fue tal, que hubo que liberar, 10 años después, a todos los presuntos culpables, indiciados y condenados. La ausencia total del debido proceso, el abuso en la procuración de justicia y la interferencia de intereses políticos que buscaban, lo antes posible, a unos culpables y no a los verdaderos culpables, llevó a uno de los fiascos más espectaculares de la justicia mexicana.
Los abogados de la escuela de derecho del CIDE, que retomaron el caso, desmontaron y demostraron con pelos y señales el cúmulo de arbitrariedades, abusos e inequidades de los ministerios públicos, jueces y abogados. Y ¿qué ha pasado con los responsables de semejante fiasco? Pues que siguen tan campantes en sus escritorios, procurando justicia.
Qué es lo que ha sucedido con los asesinos de los jóvenes en Morelos, vilmente asesinados sin que medie explicación alguna. Las declaraciones que dio el detenido José Luis Luquín son por demás extrañas y contradictoras. También la manera en que fue denunciado, por una llamada anónima, encontrado en una cajuela y luego detenido por el Ejército.
Por eso hay que preguntar, qué fue lo que pasó tras la primera masacre de San Fernando. Dónde están los culpables, los cómplices, los responsables de la investigación y los encargados de la procuración de justicia. No puede ser que ahora capturen a más de una docena de policías de San Fernando y que no hayan estado involucrados en la primera masacre.
El resultado de tanta desidia, ineficiencia y falta de capacidad operativa haya sido la segunda versión de la masacre. Es la impunidad la que genera la espiral de violencia. Si no les pasa nada a los asesinos después de masacrar vilmente a 72 inocentes, pues hay que esperar las consecuencias.
Cuando se detienen a seis camiones de autobuses de distintas compañías y se secuestran a los pasajeros y no pasa nada, hay que esperar consecuencias. Cuál ha sido el papel de las compañías que son responsables de llevar a los pasajeros a su destino. Donde están las denuncias, donde están las medidas tomadas por las autoridades.
Ahora nos enfrentamos con 177 cadáveres y los que falten por contar. Y los culpables no sólo son los feroces, cobardes y desalmados asesinos que presenta la televisión, muchos de ellos con caras de niños asustados. También son culpables los que se encargaron de la investigación y la procuración de justicia. Todos hablan de la masacre de San Fernando menos el novato gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, quien heredó la candidatura después del asesinato de su hermano. Su arribo reciente al poder no lo exime de la responsabilidad. Tampoco al PRI que suspira por la presidencia, cuando los gobiernos de Chihuahua y Tamaulipas se distinguen precisamente por su total incapacidad para combatir y controlar al crimen organizado. Son estados fallidos que demuestran de manera cotidiana, su incapacidad, complicidad y falta de voluntad política.
El gobierno de Calderón ya está siendo juzgado y abrumado por el peso de 35 mil cadáveres. Pero no es el único responsable. Ante la situación de emergencia que vive el país, estamos hasta la madre de ustedes, políticos.
Para Javier 

Dictamen del Proyecto de Reforma de la Ley de Seguridad Nacional
Posted: 23 Apr 2011 11:49 AM PDT

Este documento nos llega gracias a @roblesmaloof y en él se desglosan los cambios propuestos a la Ley de Seguridad Nacional, así como la valoración que de ellos realizaron las Comisiones unidas de Gobernación, de Justicia, de Defensa Nacional, de Seguridad Pública y de Derechos Humanos.
DICTAMENSEGURIDADNACIONA.PRI.Sedena

El Correo Ilustrado

Demanda cese de la represión contra chiapanecos

La escalada de violencia y estulticia que los personeros de la clase política están aplicando a lo largo y ancho de nuestra nación se aplica con inusitada fuerza en contra de los compañeros chiapanecos, bases de apoyo del EZLN y adherentes de la otra campaña. En el ejido Monte Redondo, de Frontera Comalapa, Chiapas, militantes de los partidos PRD, PV y PAN, encabezados por el comisariado ejidal Emar Sánchez Carrillo, el agente del Ministerio Público Daniel Zúñiga Ballinas y el presidente municipal David Escobar, han atacado, incendiado, despojado de sus tierras y bienes, a los habitantes de esta comunidad. El campesino Patricio Domínguez Vázquez sufrió una fuerte agresión física, la destrucción y quema de su hogar y, además, está privado de su libertad de manera absurda. Se aplica la vieja concepción corrupta del priísmo al ladrón, al ladrón, cuando fueron ellos los que atacaron, golpearon, vejaron y robaron a los dignos campesinos, integrantes de la junta de buen gobierno Hacia la esperanza.

En mi calidad de ciudadano mexicano, exijo que se detenga este horror que la derecha enquistada en el gobierno ha desatado en contra del pueblo de esta nación.
Atentamente.
Enrique Ávila Carrillo

Pide privilegiar interés de los trabajadores

¿Cómo es posible que haya tanto desempleado, habiendo tanto que hacer?

La madre de la corrupción es el sistema. Este sistema ha convertido al ser humano en mercancía y al capital en dueño. Empleado y patrón respectivamente. El patrón es dueño y el empleado solo un efímero sueño. El patrón capitaliza y puede heredar su buena fortuna, el empleado no capitaliza nada y es desechable.
En la naturaleza nadie es dueño de nada, cada cual toma lo que necesita y su trabajo contribuye a mantener un equilibrio en el patrimonio natural del que todos se benefician sin ser dueños. El comunismo se corrompió porque continuó con la misma tendencia de explotación y el Estado se hizo patrón y el ciudadano empleado. Si una empresa no le produce ganancia al dueño, se despide a los empleados y se cierra; el dueño se va con su capital y el empleado con su despido.
La cooperativa es un sistema que ha dado muchas muestras de funcionar muy bien, hay varios ejemplos exitosos en México. Aunque no haya ganancia para el dueño hay empleo para el empleado. Mexicana de Aviación quebró porque el dueño se hizo millonario exprimiendo las ganancias sin importarle la empresa. Mexicana de Aviación podría funcionar perfectamente sin dueño si el gobierno rescatara la empresa para los empleados y no para los dueños. Un empresa puede funcionar sin dueño pero no sin empleados. La ganancia de un dueño puede ser equivalente a mil empleados o más.
Por eso es posible que haya tanto desempleado habiendo tanto que hacer.
Carlos Noriega Félix, www.carlosnoriegafelix.com

En defensa de electricistas

Ante la feroz represión gubernamental y la campaña mediática contra el Sindicato Mexicano de Electricistas, queremos expresar públicamente nuestro apoyo a la lucha de los electricistas contra el ilegal decreto de Calderón, por la recuperación de su fuente de trabajo y la liberación de Miguel Márquez Ríos y los 11 compañeros apresados injustamente el lunes 11 de abril, a 18 meses de la toma ilegal de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro.

Nos sumamos a las acciones convocadas por el SME y las familias de los presos para exigir su inmediata liberación. ¡Basta de criminalizar la lucha social! ¡Estamos hartos de que se pisoteen nuestros derechos, mientras los verdaderos vándalos y criminales gozan de total impunidad!
Por el Comité por la Liberación de Miguel Márquez Ríos y los presos políticos del país, Angélica García Olivares

Domingo de resurrección
Miguel Ángel Granados Chapa

MÉXICO, DF., 24 de abril (Proceso).- La liturgia católica en torno de la pasión, muerte y resurrección de Cristo ha sido desplazada, cada vez en mayor medida, por montajes escénicos diseñados ex profeso para atraer visitantes. No es el caso de Iztapalapa, donde la reunión de cientos de miles de espectadores es resultado, sí, del interés mediático rutinario, pero también de una tradición centenaria, que no es parangonable en los lugares que quieren ser conocidos por su propia escenificación de la muerte de Jesús.

El acontecimiento más importante de la Semana Santa, sin embargo, no es escenificable por su propia naturaleza. Se trata de la resurrección del Hijo de Dios, que discretamente abandonó la tumba en que lo había depositado su dolorosa madre y desapareció mientras todos creían que como todos los muertos yacía en el espacio reservado a los cadáveres. 

Ignoro si en algún lugar se intenta representar la resurrección. Supongo que se consideraría blasfemo que el señor que dos días atrás fue el centro de la escena al ser crucificado abra la gruta en que, conforme a la tradición, fue depositado  el cuerpo de Cristo, y que envuelto en su propio sudario  se retire con rumbo desconocido. Porque los textos y la tradición lo presentan semanas después en el camino de Emaús con algunos de sus apóstoles, pero nada dicen acerca de dónde se repuso del ajetreo hiriente que padeció luego de ser condenado por romanos y judíos, cargar su propia cruz y ser clavado en ella y rematado por la lanza de Longinos. 

Así pues, el elemento central de este drama ocurre en la penumbra, tras bambalinas, podríamos decir. Porque el sentido de la presencia del Hijo de Dios en la Tierra, según la creencia católica, es precisamente la singularidad de su resurrección. Todos morimos, Cristo incluido, pues al encarnarse es como uno de nosotros. Pero sólo él resucitó.

No es mi intención predicar sobre la celebración litúrgica ni, mucho menos, sobre los misterios de la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo, que escapan a mi comprensión y a mi interés. Me refiero a ellos porque este número de Proceso comienza a circular el Domingo de Resurrección, y ese fenómeno, el volver a la vida, contrario a la regla biológica, es aplicable a modo de metáfora a nuestro desgarrado país. El problema es que México no puede resucitar porque no está muerto. Pero que le hace falta una resurrección no hay quien lo dude.

Admitamos, convencionalmente, que se puede resucitar cuando apenas se está medio muerto, o medio vivo. Este es el caso mexicano. No quiere decir que estemos en agonía, en un proceso que inexorablemente nos conduzca a perder la vida. Estamos medio muertos en un sentido metafórico, porque las penas que la sociedad padece merman nuestra energía y nos impiden el desarrollo de nuestras energías vitales. Estamos postrados y al mismo tiempo forzados a seguir viviendo, a ganar el pan nuestro de cada día (quienes tienen la fortuna de ejercer una actividad que los sostenga) y hasta a disfrutar los goces, complejos y sencillos, que nunca faltan por oscuro que sea el horizonte.

En estos días estamos viviendo un intento de resurrección, que significa derrotar a la muerte. Paradójicamente, tristemente, ha sido la muerte misma la que propicia que nos rebelemos frente a ella. No estrictamente en su contra, porque es ineluctable, sino frente a las circunstancias que la hacen posible.

Javier  Sicilia no es un poeta desarraigado de la realidad. Su poesía nace de experiencias vitales de lo más profundo de su ser, de su existencia plena. No es un autor contemplativo, menos aun cuando su prosa va dirigida a los medios de comunicación (Proceso entre ellos). Entonces su vínculo con la vida es más evidente, más inmediato, tanto como le ocurre cuando participa en acciones civiles destinadas, si no a mejorar la vida, por lo menos a evitar que empeore, como su lucha contra la conversión del hotel Casino de la Selva en un centro comercial cuyo funcionamiento afecta minuto a minuto el andar de los habitantes de Cuernavaca, su entorno entero.

No ha estado nunca ausente ni lejano de la vida. Pero ahora, en una de esas paradojas trágicas reservadas a los privilegiados, la muerte lo ha lanzado a la vida. El asesinato de su hijo Juan Francisco, muerto cruelmente con seis personas más, en un acontecimiento que acaso jamás comprenderemos por tan irracional que es, lo colocó al frente de una protesta signada por su sensibilidad, por el espíritu que lo singulariza y se percibe en su escritura, en su conversación, en su mera presencia.

Sus llamados han logrado un principio de organización de las varias indignaciones que nos asaltan. Demanda justicia en el caso de su hijo, es decir, que las autoridades establezcan los móviles del crimen, den con los responsables y los sancionen conforme a la ley. Lejos está de pretender una venganza, que sería estéril porque no devolvería la vida a su hijo. Pero busca justicia para todos. Y respeto a la vida. Es inevitable, por eso, que la movilización que encabeza se dirija a las acciones de los funcionarios gubernamentales que, al mismo tiempo, no son capaces de frenar la violencia y se irritan porque se les enrostra esa impasibilidad, esa imposibilidad.

Su palabra, su ejemplo, su presencia han vuelto a la vida a la plaza principal de Cuernavaca, vacía durante tanto tiempo por la inacción ciudadana. Hoy Domingo de Resurrección puede verse en ella la ofrenda a sus víctimas, a las víctimas de todos. Y el 5 de mayo, de esa ciudad donde a pesar de todo alienta aún el espíritu de don Sergio Méndez Arceo, partirá una marcha que, concluida en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México el 8 de mayo, ha de ser la primera señal de nuestra resurrección, de nuestro nuevo andar por la vida.  l