Migrantes: los que ni huella dejan...
Patricia Dávila
Patricia Dávila
Antes de llegar al infierno migratorio de la frontera norte de México, cientos de miles de centroamericanos cruzan el país sometidos al abuso de las autoridades y a la violencia de las bandas de secuestradores ligadas a los cárteles del narcotráfico. “Las noticias en la tele dicen que el gobierno de México ya está controlando al narco, entonces uno piensa que el riesgo tal vez ya disminuyó”, dice una indocumentada que cayó en manos del Instituto Nacional de Migración.
Cerca de 100 mil migrantes indocumentados, sobre todo de origen centroamericano, desaparecieron a su paso por México, secuestrados, asesinados, asaltados, víctimas de trata y arrojados desde trenes en marcha. Los familiares que dejaron en sus países de origen o quienes los esperaban en Estados Unidos tienen pocas probabilidades de averiguar con certeza qué les sucedió.
De acuerdo con cifras de las Naciones Unidas, cada año 500 mil migrantes guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses atraviesan territorio mexicano hacia Estados Unidos. Después de los propios mexicanos, los hondureños constituyen el grupo más grande que intenta llegar allá.
La organización internacional Human Rights Watch emitió en enero pasado un informe sobre las condiciones que enfrentan estas personas en su trayecto: “Muchos sufren graves abusos durante el camino, como agresiones físicas y sexuales, extorsión y robo. Cerca de 18 mil indocumentados son secuestrados cada año, en muchos casos con el objeto de obtener pagos extorsivos de sus familiares en Estados Unidos”.
Con base en esta cifra, más otras denuncias, se calcula que en los cuatro años y medio del sexenio calderonista la cifra de secuestros y desapariciones alcanza alrededor de 100 mil víctimas.
Menciona también que en agosto de 2010 un grupo de 72 migrantes fue secuestrado y ejecutado por pandillas armadas en el estado de Tamaulipas. Entre los cadáveres identificados 23 eran hondureños, 14 guatemaltecos, 14 salvadoreños y uno brasileño.
El documento establece que las autoridades no han tomado medidas adecuadas para proteger a los migrantes ni para investigar y juzgar a quienes cometen abusos contra ellos; en muy pocos casos las autoridades les informan sobre su derecho a pedir asilo y con frecuencia ellas mismas cometen los abusos y agresiones:
“El Instituto Nacional de Migración (INM) ha despedido a 350 funcionarios desde 2007 –casi 15% de su personal– por presuntos vínculos con el crimen organizado y otros delitos, como la trata de personas. En septiembre de 2010, un grupo de agentes de inmigración golpeó y robó a 100 migrantes que descendieron de un tren en Oaxaca.”
La Ley General de Población autoriza a los funcionarios mexicanos a exigir que los ciudadanos extranjeros demuestren su situación legal antes de ofrecerles cualquier servicio, incluida la atención médica, y como condición para recibir sus denuncias sobre violaciones a sus derechos humanos. Como resultado, los migrantes no suelen denunciar estos delitos por temor a ser deportados, no obstante que en septiembre de 2010 el Senado exigió que se atendieran los reclamos de todas las personas que sufren abusos, independientemente de su ciudadanía.
Edmundo Ramírez Martínez, secretario de Asuntos Migratorios de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) del PRI, señala en entrevista que cuando era diputado en la LX Legislatura federal participó en la reforma a la Ley General de Población y Vivienda con una iniciativa para despenalizar la migración indocumentada, ya que la ley anterior preveía para el indocumentado reincidente una multa de 20 salarios mínimos, conmutable por trabajo comunitario.
De acuerdo con la CNOP, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión de Migración del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), el Movimiento Migrante Mesoamericano y Sin Fronteras, en los últimos 10 años por lo menos 60 mil salvadoreños están en calidad de desaparecidos e hicieron su último contacto con familiares mientras pasaban por territorio mexicano.
“La cifra es preocupante –comenta Ramírez Martínez– porque las estimaciones muestran que del total de guatemaltecos y salvadoreños que salen de sus países hacia Estados Unidos, sólo 60% logra llegar. Es importante comentar que las estimaciones que realizaron los congresistas del Parlatino, con datos de ONG centroamericanas, señalan que las denuncias en sus países de origen no llegan ni a 1% anual”.
En vista de las alarmantes estadísticas, “parece que los legisladores han olvidado los secuestros de los últimos días: los 50 migrantes salvadoreños privados de su libertad en Chahuites, Oaxaca; los 72 ejecutados en San Fernando (los restos hallados en agosto de 2010) y los 47 rescatados en Reynosa, ya que pretenden elevar a 500 salarios mínimos la sanción a los migrantes indocumentados”.
Con ello, dice, el Senado “promueve” la industria del secuestro de indocumentados, ya que al elevar la sanción se incrementará a más de 30 mil pesos el rescate exigido por las bandas de secuestradores, lo cual hará más rentable ese delito.
“Si esta iniciativa se convierte en ley, se multiplicarán exponencialmente los secuestros, la extorsión y la violación a los derechos humanos; el entre o mordida a cualquier autoridad corrupta ya no será de 100 o 200 pesos, sino, de acuerdo a la ley, de hasta 500 salarios mínimos. Esto, al final, estarían promoviendo los senadores.”
Red centroamericana
Al finalizar en México el Foro Mundial de Migración y Desarrollo (FMMD), realizado en noviembre de 2010, y tras reunirse con el titular del INM, Salvador Beltrán del Río, y el entonces procurador general Arturo Chávez, el vicecanciller hondureño, Alden Rivera, informó que mil de cada 75 mil de sus conciudadanos emigran cada año hacia Estados Unidos por territorio mexicano. “Esto significa –añadió– que unos 30 hondureños por día pudieran ser objeto de atentados a su dignidad, a sus derechos humanos, incluso atentados a su propia vida”.
Retomó un estudio de la CNDH sobre secuestros contra migrantes en 2009 para recalcar que de cada 100 indocumentados plagiados, 67 fueron hondureños. “Los rescates solicitados van de los 100 hasta los 3 mil dólares. Para su cobro, (los plagiarios) se comunican con los familiares en Honduras y utilizan empresas de envíos de remesas e instituciones financieras para recibir el dinero”, explicó.
De acuerdo con el funcionario hondureño, el gobierno de su país y el mexicano se acercarán a las instituciones financieras para encontrar la forma de rastrear los rescates y así contar con más elementos para aprehender a los criminales.
Además, Honduras trabaja con los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana para integrar una red de protección a los migrantes en su travesía por México. De acuerdo con un comunicado del gobierno hondureño, estas naciones realizaron un seminario para definir la política regional sobre derechos humanos.
Héctor Ramírez Sipac Cuin, cónsul guatemalteco, explica al respecto: “La red se trata de tener consulados conjuntos, principalmente entre El Salvador y Honduras”, ahí donde existe más tráfico de migrantes y donde son más vulnerables, como los estados de Chiapas, Veracruz, Tabasco y Oaxaca, y las ciudades de Tijuana, Monterrey, Guadalajara y Ciudad Juárez.
Con los hondureños, los guatemaltecos son los migrantes centroamericanos que sufren más violaciones a sus derechos humanos al internarse ilegalmente en México. En la fosa localizada en la localidad tamaulipeca de San Fernando en agosto de 2010, 14 de los cadáveres correspondían al país vecino del sur, y al menos uno de los encontrados en la misma localidad el reciente miércoles 6: Feliciano Tagual Ovalle, de 44 años.
El 24 de marzo pasado, Tagual se comunicó por última vez con su esposa. Le dijo que estaba en México con otros guatemaltecos. Desde entonces la señora Blanca y sus siete hijos no supieron de él hasta que fue encontrado su cadáver. La PGR proporcionó el acta de nacimiento y fotos de sus tatuajes. De acuerdo con la viuda, era la primera vez que Feliciano cruzaba la frontera. Al cierre de esta edición el cuerpo permanecía en México.
De acuerdo con el cónsul Ramírez, de 2010 a la fecha el gobierno guatemalteco ha registrado 57 denuncias por desaparición de ciudadanos en México, la mayoría en Querétaro y Tamaulipas (en este caso, tanto en la capital como en San Fernando y Ciudad Victoria). Añade que el gobierno guatemalteco se coordina en México con la Secretaría de Seguridad Pública federal para verificar si sus nombres aparecen en las bases de datos policiacas.
El pasado 22 de febrero el titular de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva dio a conocer el Informe especial sobre secuestro y migración en México, donde señala que el organismo documentó 244 secuestros masivos de migrantes tan sólo de abril a septiembre de 2010, con un total de 11 mil 333 víctimas (Proceso 1785).
El ombudsman aclaró que la cifra puede ser más alta en realidad, pues la naturaleza del delito y la vulnerabilidad de los migrantes impiden conocer “la cifra negra”, es decir, el número de plagios que no se han detectado.
Corrobora esta dificultad la organización Amnistía Internacional, que en su informe Víctimas invisibles, migrantes en movimiento, de 2010, aborda los problemas que se presentan al reunir datos para hacer cálculos confiables sobre la “migración irregular”.
Como ejemplo de la indefensión de los migrantes, la organización Sin Fronteras presentó el lunes 11 el análisis Perspectiva jurídica y social de la detención de migrantes en Iztapalapa, del Distrito Federal, y en Tenosique, Tabasco, donde se indica que la frontera entre México y Guatemala es una zona de difícil acceso, por lo que es utilizada por las bandas delictivas para el tráfico de drogas y de armas, así como para la trata de personas y el secuestro.
En este documento queda claro que los ataques y vejaciones contra los migrantes no sólo provienen del crimen organizado, sino también de las autoridades que los detienen y los concentran en alguna de las 50 estaciones migratorias de México. En éstas fueron recluidos entre un día y cuatro meses los 69 mil 903 extranjeros detenidos por agentes del INM durante 2010: 41.4% de ellos guatemaltecos, 34.1% hondureños y 15.1% salvadoreños.
Migrantes ecuatorianos citados en el análisis consideran que el panorama para ellos es incierto por la presencia de Los Zetas. Uno afirma: “Ellos son los que reciben e instalan a uno en casas de seguridad, no se dejan ver, ya que están encapuchados, y piden dinero a los familiares para dejarlos ir, comunicándose con un chip del teléfono de Houston para que ellos crean que uno ya está del otro lado de la frontera. Al final, como los ecuatorianos sí pagan, son cruzados; pero en el caso de los centroamericanos, son golpeados, las mujeres violadas y al final sólo los dejan tirados o a algunos los matan”.
Una de las nueve mujeres entrevistadas explicó: “Las noticias en la tele dicen que el gobierno de México ya está controlando al narco, entonces uno piensa que el riesgo tal vez ya disminuyó”. Otra dijo : “Sabemos que esto puede pasar, pero no hay alternativas, uno allá no puede vivir, no hay ni para comer; yo por ejemplo mejor traía condones por si me pasaba (violaban), pues que no me fuera a dar una infección”.
Tres de estas entrevistadas fueron víctimas de violencia sexual y describieron a sus agresores como probables miembros de Los Zetas, por las capuchas y las armas que traían.
Según el informe de Sin Fronteras, el INM tiene interés en ubicar otra estación migratoria en El Ceibo, Tabasco, pero requiere mucho personal y mejores protocolos de seguridad, pues en la zona suelen circular individuos armados y el personal del instituto teme ser objeto de agresiones.
En cuanto a la estación migratoria de Izatapalapa, se documentó que los detenidos les dieron dinero a oficiales del INM para ingresar bebidas alcohólicas y drogas; incluso, en Navidad consiguieron todo lo que pidieron porque había menos vigilancia.
“Te llevan ahí y es como una cárcel, no puedes meter ni una coca cola, ni aunque sea comprada, pero sí entra la mariguana”, dice un testimonio. “Había un cubano, jefe de los cubanos y dominicanos allí; él tiene mando, lo llevan a la farmacia y a Tepito, compra mariguana, esteroides, lleva a sus compañeros agentes de Migración, se prestan al juego y hacen la chamba completa”, complementa otro.
Además, las autoridades cobran por cambiarles dólares, recoger envíos de dinero y comprarles cigarros a los extranjeros recluidos. Uno de éstos cuenta: “Un inmigrante centroamericano no tiene la posibilidad de retirar dinero que le manden por Western Union. A otras nacionalidades sí se lo permiten, como de la India, China y Nepal; el oficial los acompaña, hacen negocios. Con el centroamericano no se puede hacer nada, me dijeron: ustedes son nicaragüenses, con ustedes no se puede ir a retirar dinero”.
El maltrato sistemático de los migrantes a su paso por México repercute en la posición que el embajador Arturo Sarukhán debe sostener ante el gobierno de Estados Unidos para defender a los connacionales. En enero pasado, durante una visita que hizo a la cancillería el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Permanente, el senador perredista Rubén Velázquez, el diplomático confesó que estaba avergonzado. “¿Cómo defiendo allá a los migrantes, si aquí estamos haciendo cosas iguales o a veces peores?”, le dijo. l
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