PLEITOS DE FAMILIA, LEGISLACION DEL TALION, DE VICTIMAS A SUJETOS

Astillero

Pleitos de familia

Legislación del Talión

Arely Gómez: TelevIFE

Quique va al Vaticano

Julio Hernández López

Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones dirimen la candidatura presidencial priísta de 2012, o la redistribución de poder que se desprenda de esa postulación y de su eventual arribo a Los Pinos, con cargo a las cuentas políticas de las cámaras que dominan. Y en el forcejeo de las alturas han quedado encaminadas a mejores tiempos (que se supone serán peores) las propuestas legislativas que con más denuedo ha impulsado cada uno de esos precandidatos en sorda pugna. Versión en tres colores del ojo por ojo, pues el diluído sueño de reformismo político del sonorense fue enviado a la congeladora, para que en el siguiente periodo de sesiones de los diputados federales se analice la posibilidad de retomarlo, mientras el guiño dictatorial de la Ley de Seguridad Nacional (con dedicatoria precoz de Peña Nieto a sí mismo, viéndose ya en Los Pinos) ni siquiera fue llevada a transitar el sendero procesal de San Lázaro, habida cuenta de que el beltronismo respondón estaba claramente decidido a frenar tal propuesta en el Senado.

Juegos políticos de guerra en los que a fin de cuentas lo menos importante es el público: Peña Nieto ya se cree imbatible candidato presidencial priísta al que sólo faltaría el cumplimiento de protocolos partidistas para comenzar su campaña rumbo a 2012, y por ello apostó en San Lázaro a los asuntos de seguridad nacional, es decir, a un acerado tema de gobernabilidad apuntalada por la carta explícita del uso discrecional de las fuerzas armadas en momentos de crisis regional o nacional. Beltrones va en seria desventaja de imagen y promoción mediática respecto del mexiquense, pero trata de llevarlo a terrenos que no son de índole gráfica sino política e ideológica: que debatan ambos, en el ámbito priísta, respecto a las razones por las que desean llegar al poder y, en el plano de la función pública, que se rediseñen aspectos del ejercicio político mediante reformas que el gobernante en turno podría capitalizar para su beneficio mediante inteligencia y buen oficio y no mediante mano dura o imposiciones.

Pleitos en las alturas que hoy dejan en suspenso pretensiones polémicas, pero que bien pueden terminar en reconciliaciones que resuelvan los casos de discordia cuando los bandos priístas definan repartos de poder con la vista puesta en el retorno a Los Pinos. Sabido es que en momentos decisorios la clase política priísta es capaz de cerrar filas en torno a proyectos de poder y, por tanto, en septiembre venidero, cuando inicie el siguiente periodo de sesiones de las cámaras, podría producirse un milagroso entendimiento entre jefes grupales para presentar un frente común y sacar adelante los proyectos hoy pospuestos, pero la dinámica política hace prever que, por el contrario, llegados esos tiempos serán más marcadas las divisiones internas de los partidos y con mucha dificultad se podrá llegar a acuerdos sobre temas tan polémicos como la LSN y la escuálida reforma política. Otra vía de reconciliación apresurada se podría dar mediante una convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones para atender esos dos temas específicos, pero al menos hasta anoche poca disposición parecía haber en los mandos de las bancadas legislativas para impulsar esa alternativa.

A fin de cuentas, el interés electoral de Peña Nieto está definiendo el curso de los ánimos reformistas recientes. Para no generar una rebelión de líderes sindicales tradicionales en el estado de México se frenaron las pretensiones de cambio en la normativa laboral del país, y ahora, en el caso de la Ley de Seguridad Nacional, también se consideró la importancia táctica de no entregar banderas políticas a la oposición de izquierda, con Alejandro Encinas y Andrés Manuel López Obrador al frente, en los comicios estatales venideros. Habrá de verse si, superada esa aduana electoral local, el peñanietismo considera que ya no son necesarios los pruritos actuales y decide retomar con fuerza las negociaciones con el calderonismo para aprobar los pendientes. Dado que hoy han sido frenadas las reformas laboral, política y de seguridad nacional por cálculos electorales mexiquenses y por pleitos internos por la postulación presidencial, es de considerarse también la posibilidad de que resueltos esos nudos pudieran regresar al foro decisorio las mismas pretensiones.

Un ejemplo de la manera como el PRI acaba imponiendo sus deseos o arreglos está a la vista en el caso de Arely Gómez, la aspirante a consejera del IFE que ha sido largamente impugnada por su relación no sólo familiar sino marcadamente política con el gran poder nacional que es Televisa, de uno de cuyos vicepresidentes es hermana. Empeñado el partido tricolor en quedarse con dos de las tres consejerías electorales vacantes, y que una de ellas fuera para sellar su alianza con Televisa, mediante la entrega a Arely Gómez, ayer parecía dispuesto a ceder parte del botín a condición de que la plaza tricolor fuera para quien así se constituiría en teleconsejera del IFE, en una conquista política más de la poderosa televisora que además cuenta con una telebancada de diputados y que, para efectos de confirmar en la percepción pública lo implacable de su autoridad, consiguió que fuera encarcelada recientemente la viuda de Emilio Azcárraga Milmo, padre del actual accionista mayoritario de Televisa al que Paula Cusi había demandado desde años atrás por razones no de índole sentimental sino de crudas posesiones accionarias y de presuntos incumplimientos testamentarios. Ayer, sin embargo, una juez determinó que las bases a partir de las cuales la procuraduría capitalina había apresado, con premura poco frecuente, a la oponente judicial de Azcárraga Jean eran insuficientes y por ello dictaminó la puesta en libertad de la litigante incómoda. Como de telenovela.

Y, mientras Enrique Peña Nieto viaja al Vaticano, como invitado no oficial a la ceremonia de beatificación de Juan Pablo Segundo, ¡feliz fin de semana!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

De víctimas a sujetos

Víctor M. Quintana S.

Ni empleo, ni crecimiento económico, sino violencia y muerte, han sido los distintivos de este sexenio, tan interminable que parece sexenio bisiesto. Cincuenta y tres meses que han convertido a cientos de miles de personas en víctimas.

Pero hay víctimas que se han hecho sujetos. Que han superado el dolor, el terror y las amenazas para que ya no le muevan, arriesgándose a participar, a combatir para que a otros no les suceda lo que a ellos y a los suyos. Este tránsito de víctimas a sujetos lo hemos visto en muchos casos: las madres de las muchachas desaparecidas en Chihuahua y en Ciudad Juárez; las familias de las y los jóvenes masacrados en Villas de Salvárcar; la parentela de Eric Le Baron y Luis Widmar; los familiares de las decenas de personas objeto de desapariciones forzadas en el norte del país, la familia Reyes del Valle de Juárez. A pesar de que el participar, exigir justicia, los lleva muchas veces a ser victimados ellos también, estas ciudadanas y ciudadanos no claudican en su opción fundamental: desde su condición de víctimas irrumpir en el espacio público e interpelar a un gobierno que ni las representa como tales, ni les hace justicia, ni repara el daño. Opción de lucha que los va convirtiendo en sujetos de su vida, de la vida de una nación donde se pretende reducir a casi todos a meros objetos.

Javier Sicilia es de esta raza. Su explosión inicial ya estamos hasta la madre es el hartazgo de ser objetos de violencia, de expropiación, de humillación. Su convocatoria a la Gran Marcha Nacional por la Justicia y la Dignidad del 5 al 8 de mayo es el llamado a un país de víctimas, para que nos construyamos juntos como sujetos de los procesos de justicia, de paz y de dignidad que no han podido ni querido construir quienes ejercen la violencia legítima y que han dinamitado siempre los grupos delincuenciales.

Es una convocatoria hecha desde el terreno que todos compartimos o pudiéramos compartir: el de los afectados por la violencia. Como ésta no respeta condiciones sociales ni ideologías, así es el llamado, más allá de creencias, partidismos y clases. Se convoca desde el núcleo duro de la sociedad, donde incandescen la ética pública, el interés general, tantas veces mencionados, tantas veces traicionados. Es una convocatoria para cambiar la sociedad, incluida su forma política, no para tomar el poder. De ahí su potencialidad unificadora, su fuerza de arrastre.

Por esto tenemos la firme convicción de que el llamado de Sicilia, hecho suyo ahora por miles de organizaciones y de personas, debe conducir a una amplia asamblea, congreso o pacto ciudadano de todo el país. Y, permítasenos aclarar, un pacto en el que no estén de inicio el gobierno ni la clase política.

Hay por lo menos tres sombríos antecedentes recientes de acuerdos o pactos donde el gobierno ha intervenido, con resultados poco menos que nulos. El de Todos somos Juárez, de muy reducido impacto en los factores sociales de las violencias y de alto beneficio en los contratos para las empresas constructoras. El Acuerdo Nacional por la Justicia y la Legalidad, del verano de 2008, que, a pesar del Si no pueden, renuncien, fue seguido de la mayor escalada de violencia y muertes del último medio siglo. Y el Acuerdo Nacional por el Campo, festejado por Fox para tener elecciones tranquilas en 2003, pero que no ha cambiado el modelo agrícola empobrecedor y destructor de la agricultura y de la sociedad campesinas.

Que gobierno y clase política participen en un pacto es brindarles una alcayata donde se atoren en el despeñadero al que se están precipitando. Para invitarlos a un pacto deben estar al nivel de la estatura moral de las víctimas que se rebelan. ¿Cómo puede firmarse nada con un gobierno cuyas fuerzas armadas han desaparecido jóvenes si antes no los presentan con vida y castigan a los actores materiales e intelectuales? ¿Cómo puede estarse al mismo nivel con quienes han encubierto a los que acribillaron niños y hasta a una mujer embarazada en los retenes policiaco-militares? ¿Qué pacto se puede hacer con quienes están conspirando para convertir el estado de excepción en recurso ordinario ante la creciente inconformidad social y laboral? Pactos apresurados, pactos sin fuerza social suficiente, son tanques de oxígeno para gobiernos agónicos y placebos para sociedades airadas.

Al gobierno federal, a los estatales, a la clase política, no se le deben proponer pactos, cuando menos por lo pronto. Lo que debe haber son mandatos claros, en términos precisos, exigibles, evaluables. Algo así como lo ha propuesto en Chihuahua el Movimiento por la Paz y la Vida Digna. El primer punto de llegada de la gran movilización ciudadana nacional es dejar bien claros los Sentimientos de la Nación ante la violencia, la represión, las violaciones a los derechos humanos, los privilegios a oligopolios económicos y grupos de interés políticos. La expresión de estos sentimientos, su traducción en mandatos, su implementación práctica, puede ser la tarea más próxima de la sociedad plural y diversa que se movilice los próximos y decisivos días de mayo.

Si, como señala Michel Wieworka, la violencia es una negación del sujeto, la convocatoria y la participación en esta marcha, en este proceso, es un urgente llamado a construirnos como sujetos como única alternativa a negar la violencia.