MENSAJE MUY IMPORTANTE
Al Escalafón de Agencias Foráneas
SALUD
El día de hoy después de una larga jornada en el exterior del Palacio Legislativo de San Lázaro se han hecho una serie de exposiciones de lo ocurrido hoy adentro de la Cámara por parte de nuestro Comité Central y la fracción del PRI en dicho recinto.
Anexamos el link del informe de nuestro Comité para que lo puedas apreciar en toda su magnitud. Dale click en la liga por favor. Escúchalo por favor…
Links que debes ver…
Informe del Srio. General Martín Esparza
Y Srio. del Interior Humberto Montes de Oca Luna
En San Lázaro 26 de abril de 2011
Derivado de lo anterior, mañana la asamblea General que habrá de verificarse en la Plaza de la Constitución (Zócalo capitalino) tiene características muy muy importantes.
Habida cuenta de ello te pedimos que acudas al zócalo capitalino a partir de las 17 horas acompañado por toda tu familia, el reto es demostrar la fuerza de nuestra presencia el día de mañana 27 de abril en el zócalo.
Te hacemos un llamado fraterno para que te acerques a la carpa de Agencias Foráneas para depositar en el buzón respectivo una carta, un mensaje de aliento a nuestro hermano. Maestro y amigo, Eusebio Valdez Morales, preso político de éste maldito gobierno represor.
Cada palabra de aliento dejado en el Chevobuzón, le será entregada al compañero Eusebio Valdés en su lugar de reclusión.
Asimismo convocamos a todo el escalafón a estar presentes todos, absolutamente todos, como un solo hombre el día jueves 28 de abril (pasado mañana) a partir de las 9 de la mañana en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro a efecto de presionar ante la eventualidad de que el Congreso de la Unión discuta nuestra iniciativa de Ley.
Te esperamos mañana en la asamblea con toda tu familia y el jueves en San Lázaro desde las 9 horas.
Fraternalmente
“Por el derecho y la justicia del trabajador”
Comisión de Trabajo de Agencias Foráneas
Gobierno militar
John M. Ackerman
MÉXICO, D.F., 25 de abril.- Con la nueva versión de la Ley de Seguridad Nacional, que se pretende incluir en la avalancha de dictámenes que aprobará en los próximos días la Cámara de Diputados, se busca abrir la puerta al franco establecimiento de un gobierno militar en el país. En lugar de escuchar el reclamo popular de “No + sangre” y empezar a construir una ruta para el retiro de las Fuerzas Armadas de las calles y el establecimiento de un ejercicio de rendición de cuentas ante tribunales civiles, Felipe Calderón está empeñado en normalizar y ampliar el nuevo papel de los militares de control directo sobre la población.
La verdadera nuez de esta reforma, que ha sido negociada en sigilo entre las Fuerzas Armadas, la Presidencia y algunos sectores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es la nueva definición de “paz” que incluye. El dictamen contiene joyas argumentativas como la siguiente: “La paz debe interpretarse como el estado contrario a la guerra, pero no como el estado exento de conflictos o alteraciones diversas de mayor o menor peligro. La Constitución no señala expresamente que existen diversos ‘niveles o grados’ de paz, por lo que no se debe interpretar este concepto en ‘blanco y negro’. Existen las más variadas gamas de grises; la paz en todo lugar y momento es relativa”.
Estos absurdos malabares, que de forma peligrosa plantean la existencia de una “paz conflictiva”, tienen el macabro objetivo de ignorar lo expresado en los artículos 29 y 129 de la Constitución. En el primero, la Carta Magna permite la declaración temporal de un estado de excepción únicamente frente a casos de “perturbación grave de la paz pública”. En el segundo, el texto constitucional señala tajantemente que, “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. La jurisprudencia en la materia (Tesis 38/2000) también es explícita al señalar que las fuerzas militares únicamente pueden trabajar en auxilio de las autoridades civiles, y nunca sustituirlas o suplir sus funciones constitucionales.
Pero Calderón ya ha demostrado que no le presta demasiada atención a lo que dice la Constitución. Y tampoco cuenta con la legitimidad social y política requerida para lograr modificaciones a la Carta Magna. Así que, tal como ocurrió con la reforma petrolera, y más recientemente con la reforma laboral, el Partido Acción Nacional y el PRI se proponen empujar su agenda por la vía de una reforma capciosa a una ley secundaria que supuestamente permitiría una reinterpretación del texto constitucional.
De manera preocupante, con la nueva Ley de Seguridad Nacional también se buscaría eliminar la posibilidad de enjuiciar en tribunales civiles a los militares que cometan delitos contra la población. En cumplimiento de una serie de fallos recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la minuta aprobada por el Senado señalaba que “las conductas que (las Fuerzas Armadas) realicen y pudieran ser constitutivas de delito, que afecten a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes con estricta observancia de los principios de objetividad, independencia, imparcialidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 (que se refiere a la competencia de las ‘autoridades civiles’) y 133 (que otorga a los tratados internacionales la calidad de ‘ley suprema’) constitucionales”. Sin embargo, el dictamen de los diputados señala que los delitos de los militares únicamente serán perseguidos y sancionados “de conformidad con las normas legales que los rigen”. En otras palabras, será el Código de Justicia Militar el único instrumento a ser aplicado.
El dictamen que se discutirá en comisiones incluye disposiciones que permitirían a las Fuerzas Armadas liberarse de los mandos civiles para convertirse en “coordinadores responsables” ante “afectaciones a la seguridad nacional”. Así, los militares ya no serán solamente “auxiliares” sujetos a las órdenes de los mandos civiles, sino que estarían directamente a cargo de la “guerra” de Calderón. De esta manera, ya no serán Genaro García Luna ni Marisela Morales los encargados de informarnos sobre el estado de la seguridad de la nación, sino el general Guillermo Galván y el almirante Mariano Saynez, quienes directamente asumirían la conducción pública y política de la estrategia de seguridad pública. De aquí solamente faltaría un pequeño paso para que estos poderosos mandos militares puedan ocupar directamente el mando de todo el país desde Los Pinos.
Otros detalles problemáticos del nuevo dictamen son la autorización a los militares para coadyuvar con la PGR en detenciones y cateos, realizar “operaciones de vigilancia y seguimiento” y establecer retenes de manera indiscriminada. También se autoriza a los militares dilatarse en la entrega a la PGR de los delincuentes detenidos “en flagrancia” con el fin de “proteger la integridad física de la autoridad”. Asimismo, el nuevo capítulo octavo de la ley amplía de manera radical las facultades del presidente de la República para utilizar unilateralmente a las Fuerzas Armadas cuando existan “amenazas provenientes del exterior”. Así que bastará con la participación de un par de narcos colombianos en algún acto de violencia para que Calderón realice su sueño de “disparar misiles” contra cualquiera que se le ponga en frente.
Pero quizás el elemento más preocupante de la pretendida reforma es la autorización incluida en el artículo 74, VIII para la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión de “acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social” cuando constituyan un “desafío” o “amenaza” para el país. Estos términos se definen, respectivamente, como un “obstáculo” que “afecta parcial o totalmente la integridad o estabilidad del Estado mexicano” y uno que “atenta contra la permanencia o la existencia del Estado mexicano”. Al parecer, Calderón se ha inspirado en la respuesta violenta que el general Gadafi ha dado a los rebeldes libios.
La paz no se debe matizar, negociar ni dejar al arbitrio de las fuerzas militares o de Calderón. Ojalá que los diputados actúen y defiendan las instituciones estatales y la Constitución antes de que el verdadero “peligro para México” se materialice por medio de un golpe militar.
Riesgos a la seguridad nacional
Alejandro Encinas Rodríguez
Martes, 26 de abril de 2011
En las últimas semanas ha cobrado fuerza la versión de que existen expedientes judiciales que acreditan vínculos de funcionarios del PRI en actividades relacionadas con la delincuencia organizada en diferentes entidades de la república. Se especula que se ha llevado una oscura negociación en la que el gobierno federal ha ofrecido detener las indagatorias a cambio de que prosperen diversas reformas legales, en particular la Ley de Seguridad Nacional, que dota al Ejecutivo federal y a las Fuerzas Armadas de facultades extraordinarias que llevarían a la militarización del país.
Más allá de rumores, que de ser ciertos implicarían uso indebido de la función pública, omisión y responsabilidad penal, el hecho es que en la Cámara de Diputados se procesa un dictamen que modifica sustancialmente la minuta aprobada por el Senado, dando marcha atrás en los acuerdos alcanzados y redefine la seguridad nacional como la “condición de integridad, estabilidad y permanencia del Estado para los fines del proyecto nacional”.
Bajo este concepto, correspondería solo al titular del Ejecutivo preservar las condiciones para la permanencia del Estado, al acotar esta responsabilidad como atribución del gobierno y no del Estado mexicano, lo que resulta especialmente grave en un país como el nuestro, donde el Ejecutivo concentra un enorme poder, más aún cuando la seguridad nacional no puede entenderse sin el Estado de derecho que debe preservar el Poder Judicial, sin el control y fiscalización que corresponde al Poder Legislativo, o sin el reconocimiento a la soberanía de los estados y municipios.
Se pretende facultar al Ejecutivo para que pueda adoptar medidas extraordinarias ante obstáculos y amenazas a la seguridad interior, la defensa exterior y la agenda de riesgos a la seguridad nacional. Los obstáculos se definen como la serie de actos tendientes a “afectar, atentar, agredir” instituciones o condiciones que podrían “impedir, obstaculizar o bloquear” a los agentes del Estado, y “agredir, quebrantar y destruir” a personas, bienes, instalaciones y consumar ilícitos. Lo que genera una enorme ambigüedad ante actos de inconformidad social, que, sin constituir actos dolosos o planificados, pudieran acusarse como afectación a la paz, pues si bien se establecen “candados” a la Declaración de Afectación a la Seguridad Interior para que no proceda ante actos administrativos o del trabajo, o por conflictos de carácter político, electoral o de índole social, el dictamen establece una excepción “cuando las acciones derivadas de los mismos constituyan un desafío o amenaza”, lo que abre un amplio margen de discrecionalidad para reprimir o criminalizar actos de grupos sociales al no diferenciarlos de un grupo criminal, una potencia extranjera o un grupo armado.
Así, el Ejecutivo federal podría ordenar las acciones necesarias, empleando todos los recursos de que disponga, para emitir la Declaratoria de Afectación y disponer de la Fuerza Armada permanente, sin la autorización del Congreso de la Unión ni de los congresos locales, lo que extralimitaría las facultades constitucionales establecidas al Ejecutivo, el que mediante un acto administrativo podría decretar un estado de excepción bajo el argumento de afectación a la seguridad interior, lo que allanaría el camino a un Estado autoritario, pues, independientemente de que no se suspendan garantías, se otorgan facultades del Ejecutivo federal sobre los otros poderes y vulnera el sistema federalista consagrado en la Constitución. Lo que hace que el bien jurídico tutelado por este dictamen sea la autoridad del Estado y no la integridad de las personas, lo que constituye la verdadera amenaza a la seguridad nacional.
Más allá de rumores, que de ser ciertos implicarían uso indebido de la función pública, omisión y responsabilidad penal, el hecho es que en la Cámara de Diputados se procesa un dictamen que modifica sustancialmente la minuta aprobada por el Senado, dando marcha atrás en los acuerdos alcanzados y redefine la seguridad nacional como la “condición de integridad, estabilidad y permanencia del Estado para los fines del proyecto nacional”.
Bajo este concepto, correspondería solo al titular del Ejecutivo preservar las condiciones para la permanencia del Estado, al acotar esta responsabilidad como atribución del gobierno y no del Estado mexicano, lo que resulta especialmente grave en un país como el nuestro, donde el Ejecutivo concentra un enorme poder, más aún cuando la seguridad nacional no puede entenderse sin el Estado de derecho que debe preservar el Poder Judicial, sin el control y fiscalización que corresponde al Poder Legislativo, o sin el reconocimiento a la soberanía de los estados y municipios.
Se pretende facultar al Ejecutivo para que pueda adoptar medidas extraordinarias ante obstáculos y amenazas a la seguridad interior, la defensa exterior y la agenda de riesgos a la seguridad nacional. Los obstáculos se definen como la serie de actos tendientes a “afectar, atentar, agredir” instituciones o condiciones que podrían “impedir, obstaculizar o bloquear” a los agentes del Estado, y “agredir, quebrantar y destruir” a personas, bienes, instalaciones y consumar ilícitos. Lo que genera una enorme ambigüedad ante actos de inconformidad social, que, sin constituir actos dolosos o planificados, pudieran acusarse como afectación a la paz, pues si bien se establecen “candados” a la Declaración de Afectación a la Seguridad Interior para que no proceda ante actos administrativos o del trabajo, o por conflictos de carácter político, electoral o de índole social, el dictamen establece una excepción “cuando las acciones derivadas de los mismos constituyan un desafío o amenaza”, lo que abre un amplio margen de discrecionalidad para reprimir o criminalizar actos de grupos sociales al no diferenciarlos de un grupo criminal, una potencia extranjera o un grupo armado.
Así, el Ejecutivo federal podría ordenar las acciones necesarias, empleando todos los recursos de que disponga, para emitir la Declaratoria de Afectación y disponer de la Fuerza Armada permanente, sin la autorización del Congreso de la Unión ni de los congresos locales, lo que extralimitaría las facultades constitucionales establecidas al Ejecutivo, el que mediante un acto administrativo podría decretar un estado de excepción bajo el argumento de afectación a la seguridad interior, lo que allanaría el camino a un Estado autoritario, pues, independientemente de que no se suspendan garantías, se otorgan facultades del Ejecutivo federal sobre los otros poderes y vulnera el sistema federalista consagrado en la Constitución. Lo que hace que el bien jurídico tutelado por este dictamen sea la autoridad del Estado y no la integridad de las personas, lo que constituye la verdadera amenaza a la seguridad nacional.
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Violaciones y Represión del Ejército, en Comunidades Indígenas
Dictadura militar en Mexico. El dictador fascista Felipe Calderon Hinojosa
México: aumentan denuncias de abusos de militares y policías
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