Gran Bretaña: la protesta social
La protesta en Londres.
Foto: AP
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LONDRES (apro).- Gran Bretaña enfrenta un “verano de descontento” con una creciente protesta social por los planes de austeridad del gobierno británico, los más profundos en más de 60 años.
Este jueves, alrededor de 750 mil trabajadores estatales, incluidos maestros, empleados judiciales y de dependencias gubernamentales, realizaron una huelga general de 24 horas para oponerse a la profunda reforma del sistema de jubilación nacional.
La medida de fuerza, convocada por el Sindicato de Servicios Públicos y Comerciales (PCS, en sus siglas en inglés) y por tres gremios docentes, fue la mayor en el país desde 1926, y marca el inicio de una creciente protesta social contra los ajustes.
La huelga llevó al cierre de aproximadamente 12 mil escuelas primarias en Inglaterra y Gales, y más de 100 universidades del país. También se vieron afectadas una veintena de cortes y tribunales, aduanas, bibliotecas y museos públicos, así como agencias de empleo, de entrega de pasaportes y licencias para conducir, y también el servicio de guardacostas británicos.
Además, el paro generó demoras en los principales aeropuertos y puertos marítimos de Inglaterra y Gales, debido a la adhesión a la huelga de agentes de inmigración y control aeroportuario.
En Escocia, unos 30 mil empleados estatales se sumaron al paro.
Los trabajadores estatales afirman que la reforma al sistema jubilatorio que propone el gobierno, y por el cual se busca elevar de 60 a 66 años la edad de jubilación estatal, extenderá las horas laborales y llevará a un aumento de hasta 4% en las contribuciones salariales para las pensiones.
Sin embargo, el gobierno conservador-liberal democrático indicó que los cambios son necesarios para reducir en los próximos años el enorme déficit fiscal de Gran Bretaña, que trepa al 12% del PIB británico.
Además de la huelga, sindicalistas y trabajadores realizaron una marcha multitudinaria en el centro de Londres, que contó con una fuerte presencia policial ante el temor de las autoridades a desmanes e incidentes afuera del Parlamento de Westminster.
Una veintena de jóvenes encapuchados fueron detenidos en las cercanías de Whitehall, supuestamente por amenazar el orden público, según informó Scotland Yard.
También se registraron marchas y protestas en otras ciudades del país, incluidas Exeter, Bristol, Oxford, Birmingham, Nottingham, Liverpool, Manchester y Newcastle.
El ministro del gabinete, Francis Maude, afirmó que las reformas jubilatorias “son justas para el erario”, en tanto que el director general de la Cámara de Comercio británica, David Frost, sostuvo que los cambios “son esenciales”.
“Muchos se preguntarán por qué los maestros y algunos empleados públicos deciden ir a la huelga, cuando siguen vigentes las negociaciones”, declaró Maude.
“Es totalmente razonable pedirle a los empleados que trabajen un poco más y contribuyan más para su jubilación, teniendo en cuenta que la perspectiva de vida crece cada año”, agregó.
Sin embargo, Mark Serwotka, secretario general de PCS, afirmó que los trabajadores públicos no tuvieron más opción que ir a la huelga para intentar frenar al gobierno “que parece no quiere negociar”.
“No quieren llegar a un acuerdo en ninguno de los temas centrales por los que convocamos esta huelga”, subrayó el sindicalista.
En ese sentido, el jefe de la oposición, el laborista Ed Miliband, criticó al gobierno por lo que llamó un “mal manejo” de las negociaciones entre las partes.
En la marcha de Londres asistieron maestros, empleados de agencias gubernamentales y de inmigración.
El profesor Sandeep Bhangal, que participó de la protesta, afirmó a la BBC que su apoyo a la huelga se debe a una oposición a la reforma jubilatoria.
“Esperaba cobrar mi jubilación acorde a mi salario en el momento de jubilarme, en lugar de un promedio, que me perjudicará mucho”, declaró.
El secretario general del Congreso de Sindicatos británicos (TUC), Brendan Barber, afirmó, tras una marcha de trabajadores en Exeter, que el peso mayor por la reducción del déficit “fue puesto injustamente sobre millones de empleados públicos asalariados, que no hicieron nada para provocar la crisis financiera (de 2009)”.
El gobierno confirmó que recortará 80 mil millones de libras esterlinas (128 mil millones de dólares) del gasto público, y reiteró que toda la población debe compartir los ajustes.
Sin embargo los sindicatos prometieron resistirse a los planes de austeridad y amenazaron con una “oleada de huelgas” y un “verano de descontento popular”, en caso de que el gobierno no dé marcha atrás con sus políticas de achicamiento estatal.
La huelga general coincidió con el anuncio del Lloyds Banking Group y el HSBC –dos de los bancos más importantes de Gran Bretaña– de despidos masivos de empleados, para reducir sus gastos y generar ahorros multimillonarios.
El Lloyds confirmó que despedirá a otros 15 mil empleados, un 14% de su plantilla, como parte de un plan de reestructuración interno.
La empresa busca ahorrar mil 500 millones de libras esterlinas (2 mil 410 millones de dólares) anuales para 2014.
Desde su fusión con el grupo bancario HBOS, el Lloyds anunció el despido de 27 mil 500 empleados, aunque confirmó que no cerrará ninguna de sus sucursales en Gran Bretaña.
Los recortes se llevarán a cabo en las áreas de oficinas, y legal y técnica.
Tras el anuncio, las acciones de Lloyds en la Bolsa de Londres treparon un 7.2% en los primeros minutos de cotización.
Los despidos forman parte de un plan de reestructuración ideado por el nuevo director ejecutivo del banco, el español Antonio Horta-Osorio, quien abandonó la unidad de negocios de Santander en Reino Unido para hacerse cargo de Lloyds el 1 de marzo.
La pérdida de empleados representa el 14% de la plantilla del Lloyds Banking Group, que cuenta con un total de 104 mil trabajadores.
“Nuestro objetivo es convertirnos en el mejor banco para clientes. La idea es crear una organización más simple, más ágil y eficiente, al invertir en productos y servicios eficaces para nuestros clientes”, afirmó Horta-Osorio.
En tanto, el gigante bancario HSBC confirmó que despedirá a 700 empleados en Gran Bretaña, como parte de una reforma para hacer frente a cambios en la ley de asesoramiento financiero.
Bajo la nueva legislación, los bancos británicos no podrán ofrecer asesoramiento financiero gratis, un cambio que llevará a una baja en la demanda de clientes para ese servicio.
El HSBC informó que a pesar de los despidos, mantendrá a unos mil 500 asesores financieros dentro de la empresa.
Lo cierto es que el gobierno de coalición conservador-liberal democrático que encabeza el premier David Cameron enfrenta su mayor desafío político ante una creciente protesta social en el país, con millones de británicos que rechazan los ajustes y despidos, y un temor de la población a la caída del nivel de vida del trabajador de clase media.
Desde que asumió al poder en mayo de 2010, el gobierno de Cameron ha prometido instrumentar el mayor plan de austeridad en 60 años para erradicar el déficit fiscal, que trepa al 12% del PIB británico, incluyendo despidos masivos y elevando la edad de jubilación estatal de los 60 a los 66 años para 2020.
Una de las promesas electorales de los conservadores antes de los comicios generales del año pasado fue recortar masivamente el gasto y dar marcha atrás con las políticas de inversión públicas implementadas desde 1997 por los gobiernos laboristas de Tony Blair y Gordon Brown, quienes priorizaron el financiamiento estatal para generar empleo y crecimiento.
Ello ocurrió cuando Gran Bretaña mantenía un nivel de crecimiento anual ininterrumpido desde 1997, algo sin precedentes en la historia del país.
Sin embargo, y con la crisis crediticia de 2009, el Reino Unido se vio sumergido en la peor debacle económica desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), con un desempleo en aumento (que llegó ese año a 8%), un mercado inmobiliario estancado y el temor al colapso del sistema bancario nacional, dependiente en gran medida de las deudas hipotecarias de los británicos.
La huelga general de este jueves en el Reino Unido marca el comienzo de un período de protesta social creciente en el país, aunque también de división entre los distintos sindicatos por los métodos de oposición a los planes de ajuste.
La medida de fuerza fue apoyada por cuatro gremios, principalmente el PCS, cuyo lema es modificar el rumbo económico del gobierno y hasta hacer caer a la coalición.
Pero otros gremios de empleados públicos consideran que la medida es un grave error, debido a que la administración de Cameron dijo estar dispuesta a negociar una salida, incluyendo la disminución de las contribuciones para pensiones y del número de despidos en el sector público.
De hecho, y desde que asumió el poder en mayo de 2010, el gobierno se vio obligado a dar marcha atrás en polémicas reformas, como la del Servicio Nacional de Salud y al sistema judicial, ambas por descontento de sindicatos y activistas.
Christine Keates, secretaria general del sindicato de maestros NASUWT, que no participó de la huelga de este jueves, sostiene que los gremios deben negociar hasta las últimas instancias antes de optar por un paro general.
Keates, como otros gremialistas del país, considera que muchos afiliados podrían retirar su apoyo a los sindicatos si perciben que la campaña de huelgas “es una guerra por la guerra en sí, y no para mejorar las condiciones de los trabajadores”.
Otro de los temores es que la ola de protestas aliene a la opinión pública, crucial para el apoyo nacional que busca el movimiento sindicalista en el país.
Gran Bretaña podría verse sumida en el período de descontento social más grave desde 1926, similar al registrado actualmente en otros países de la Unión Europea (UE), que luchan por reducir el gasto público para mantener sus economías a flote.
Este jueves, alrededor de 750 mil trabajadores estatales, incluidos maestros, empleados judiciales y de dependencias gubernamentales, realizaron una huelga general de 24 horas para oponerse a la profunda reforma del sistema de jubilación nacional.
La medida de fuerza, convocada por el Sindicato de Servicios Públicos y Comerciales (PCS, en sus siglas en inglés) y por tres gremios docentes, fue la mayor en el país desde 1926, y marca el inicio de una creciente protesta social contra los ajustes.
La huelga llevó al cierre de aproximadamente 12 mil escuelas primarias en Inglaterra y Gales, y más de 100 universidades del país. También se vieron afectadas una veintena de cortes y tribunales, aduanas, bibliotecas y museos públicos, así como agencias de empleo, de entrega de pasaportes y licencias para conducir, y también el servicio de guardacostas británicos.
Además, el paro generó demoras en los principales aeropuertos y puertos marítimos de Inglaterra y Gales, debido a la adhesión a la huelga de agentes de inmigración y control aeroportuario.
En Escocia, unos 30 mil empleados estatales se sumaron al paro.
Los trabajadores estatales afirman que la reforma al sistema jubilatorio que propone el gobierno, y por el cual se busca elevar de 60 a 66 años la edad de jubilación estatal, extenderá las horas laborales y llevará a un aumento de hasta 4% en las contribuciones salariales para las pensiones.
Sin embargo, el gobierno conservador-liberal democrático indicó que los cambios son necesarios para reducir en los próximos años el enorme déficit fiscal de Gran Bretaña, que trepa al 12% del PIB británico.
Además de la huelga, sindicalistas y trabajadores realizaron una marcha multitudinaria en el centro de Londres, que contó con una fuerte presencia policial ante el temor de las autoridades a desmanes e incidentes afuera del Parlamento de Westminster.
Una veintena de jóvenes encapuchados fueron detenidos en las cercanías de Whitehall, supuestamente por amenazar el orden público, según informó Scotland Yard.
También se registraron marchas y protestas en otras ciudades del país, incluidas Exeter, Bristol, Oxford, Birmingham, Nottingham, Liverpool, Manchester y Newcastle.
El ministro del gabinete, Francis Maude, afirmó que las reformas jubilatorias “son justas para el erario”, en tanto que el director general de la Cámara de Comercio británica, David Frost, sostuvo que los cambios “son esenciales”.
“Muchos se preguntarán por qué los maestros y algunos empleados públicos deciden ir a la huelga, cuando siguen vigentes las negociaciones”, declaró Maude.
“Es totalmente razonable pedirle a los empleados que trabajen un poco más y contribuyan más para su jubilación, teniendo en cuenta que la perspectiva de vida crece cada año”, agregó.
Sin embargo, Mark Serwotka, secretario general de PCS, afirmó que los trabajadores públicos no tuvieron más opción que ir a la huelga para intentar frenar al gobierno “que parece no quiere negociar”.
“No quieren llegar a un acuerdo en ninguno de los temas centrales por los que convocamos esta huelga”, subrayó el sindicalista.
En ese sentido, el jefe de la oposición, el laborista Ed Miliband, criticó al gobierno por lo que llamó un “mal manejo” de las negociaciones entre las partes.
En la marcha de Londres asistieron maestros, empleados de agencias gubernamentales y de inmigración.
El profesor Sandeep Bhangal, que participó de la protesta, afirmó a la BBC que su apoyo a la huelga se debe a una oposición a la reforma jubilatoria.
“Esperaba cobrar mi jubilación acorde a mi salario en el momento de jubilarme, en lugar de un promedio, que me perjudicará mucho”, declaró.
El secretario general del Congreso de Sindicatos británicos (TUC), Brendan Barber, afirmó, tras una marcha de trabajadores en Exeter, que el peso mayor por la reducción del déficit “fue puesto injustamente sobre millones de empleados públicos asalariados, que no hicieron nada para provocar la crisis financiera (de 2009)”.
El gobierno confirmó que recortará 80 mil millones de libras esterlinas (128 mil millones de dólares) del gasto público, y reiteró que toda la población debe compartir los ajustes.
Sin embargo los sindicatos prometieron resistirse a los planes de austeridad y amenazaron con una “oleada de huelgas” y un “verano de descontento popular”, en caso de que el gobierno no dé marcha atrás con sus políticas de achicamiento estatal.
La huelga general coincidió con el anuncio del Lloyds Banking Group y el HSBC –dos de los bancos más importantes de Gran Bretaña– de despidos masivos de empleados, para reducir sus gastos y generar ahorros multimillonarios.
El Lloyds confirmó que despedirá a otros 15 mil empleados, un 14% de su plantilla, como parte de un plan de reestructuración interno.
La empresa busca ahorrar mil 500 millones de libras esterlinas (2 mil 410 millones de dólares) anuales para 2014.
Desde su fusión con el grupo bancario HBOS, el Lloyds anunció el despido de 27 mil 500 empleados, aunque confirmó que no cerrará ninguna de sus sucursales en Gran Bretaña.
Los recortes se llevarán a cabo en las áreas de oficinas, y legal y técnica.
Tras el anuncio, las acciones de Lloyds en la Bolsa de Londres treparon un 7.2% en los primeros minutos de cotización.
Los despidos forman parte de un plan de reestructuración ideado por el nuevo director ejecutivo del banco, el español Antonio Horta-Osorio, quien abandonó la unidad de negocios de Santander en Reino Unido para hacerse cargo de Lloyds el 1 de marzo.
La pérdida de empleados representa el 14% de la plantilla del Lloyds Banking Group, que cuenta con un total de 104 mil trabajadores.
“Nuestro objetivo es convertirnos en el mejor banco para clientes. La idea es crear una organización más simple, más ágil y eficiente, al invertir en productos y servicios eficaces para nuestros clientes”, afirmó Horta-Osorio.
En tanto, el gigante bancario HSBC confirmó que despedirá a 700 empleados en Gran Bretaña, como parte de una reforma para hacer frente a cambios en la ley de asesoramiento financiero.
Bajo la nueva legislación, los bancos británicos no podrán ofrecer asesoramiento financiero gratis, un cambio que llevará a una baja en la demanda de clientes para ese servicio.
El HSBC informó que a pesar de los despidos, mantendrá a unos mil 500 asesores financieros dentro de la empresa.
Lo cierto es que el gobierno de coalición conservador-liberal democrático que encabeza el premier David Cameron enfrenta su mayor desafío político ante una creciente protesta social en el país, con millones de británicos que rechazan los ajustes y despidos, y un temor de la población a la caída del nivel de vida del trabajador de clase media.
Desde que asumió al poder en mayo de 2010, el gobierno de Cameron ha prometido instrumentar el mayor plan de austeridad en 60 años para erradicar el déficit fiscal, que trepa al 12% del PIB británico, incluyendo despidos masivos y elevando la edad de jubilación estatal de los 60 a los 66 años para 2020.
Una de las promesas electorales de los conservadores antes de los comicios generales del año pasado fue recortar masivamente el gasto y dar marcha atrás con las políticas de inversión públicas implementadas desde 1997 por los gobiernos laboristas de Tony Blair y Gordon Brown, quienes priorizaron el financiamiento estatal para generar empleo y crecimiento.
Ello ocurrió cuando Gran Bretaña mantenía un nivel de crecimiento anual ininterrumpido desde 1997, algo sin precedentes en la historia del país.
Sin embargo, y con la crisis crediticia de 2009, el Reino Unido se vio sumergido en la peor debacle económica desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), con un desempleo en aumento (que llegó ese año a 8%), un mercado inmobiliario estancado y el temor al colapso del sistema bancario nacional, dependiente en gran medida de las deudas hipotecarias de los británicos.
La huelga general de este jueves en el Reino Unido marca el comienzo de un período de protesta social creciente en el país, aunque también de división entre los distintos sindicatos por los métodos de oposición a los planes de ajuste.
La medida de fuerza fue apoyada por cuatro gremios, principalmente el PCS, cuyo lema es modificar el rumbo económico del gobierno y hasta hacer caer a la coalición.
Pero otros gremios de empleados públicos consideran que la medida es un grave error, debido a que la administración de Cameron dijo estar dispuesta a negociar una salida, incluyendo la disminución de las contribuciones para pensiones y del número de despidos en el sector público.
De hecho, y desde que asumió el poder en mayo de 2010, el gobierno se vio obligado a dar marcha atrás en polémicas reformas, como la del Servicio Nacional de Salud y al sistema judicial, ambas por descontento de sindicatos y activistas.
Christine Keates, secretaria general del sindicato de maestros NASUWT, que no participó de la huelga de este jueves, sostiene que los gremios deben negociar hasta las últimas instancias antes de optar por un paro general.
Keates, como otros gremialistas del país, considera que muchos afiliados podrían retirar su apoyo a los sindicatos si perciben que la campaña de huelgas “es una guerra por la guerra en sí, y no para mejorar las condiciones de los trabajadores”.
Otro de los temores es que la ola de protestas aliene a la opinión pública, crucial para el apoyo nacional que busca el movimiento sindicalista en el país.
Gran Bretaña podría verse sumida en el período de descontento social más grave desde 1926, similar al registrado actualmente en otros países de la Unión Europea (UE), que luchan por reducir el gasto público para mantener sus economías a flote.
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