Violó EU derecho internacional al
ejecutar a mexicano: ONU
Navy Pillay, Alta Comisionada de Naciones
Unidas para Derechos Humanos, lamentó que ni la Junta de Indultos y Libertad
Condicional hayan tomado “medidas a su alcance” para evitar que el incumplimiento
de las obligaciones de Estados Unidos, bajo el derecho internacional, tuviera
lugar.
Ginebra • La Alta Comisionada de Naciones Unidas
para Derechos Humanos (ACNUDH), Navy Pillay, afirmó hoy que Estados Unidos
violó el derecho internacional por permitir la ejecución del mexicano Humberto
Leal García la víspera en Texas.
“Lamento profundamente la ejecución del
mexicano Humberto Leal García después de una decisión de último minuto de la
Suprema Corte de Justicia que negó la suspensión de la ejecución”, afirmó
Pillay en un comunicado.
“La ejecución de Leal García (condenado a
muerte en 1998) coloca a Estados Unidos en violación del derecho
internacional”, sostuvo Pillay, quien se encuentra en misión oficial en México.
“Lo que el Estado de Texas ha hecho en este
caso es imputable a la ley de los Estados Unidos y compromete su
responsabilidad con los tratados internacionales”, agregó.
“Estoy muy decepcionada de que ni la Junta de
Indultos y Libertad Condicional, ni el gobernador (Rick Perry) tomó medidas a
su alcance para evitar que este incumplimiento de las obligaciones de Estados
Unidos, bajo el derecho internacional, tuviera lugar”, puntualizó.
Leal García fue ejecutado este jueves con una
inyección letal en la prisión de Huntsville, Texas, por la muerte de una joven
de 16 años en 1994. Sus abogados sostuvieron durante el proceso que su derecho
a asistencia consular fue violado, porque nunca se le notificó que tenía
derecho a la asistencia de su país.
La falta de asistencia consular plantea dudas
sobre si tuvo o no derecho a un juicio justo, garantizado en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y vinculante para los Estados
Unidos.
En 2004, la Corte Internacional de Justicia
(CIJ) emitió una resolución declarando que Estados Unidos debe revisar y
reconsiderar los casos de 51 mexicanos condenados a muerte -entre ellos Leal
García-, ya que no habían recibido los servicios consulares.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos recordó que “esto nunca se llevó a cabo”.
“La ejecución socava el papel de la Corte
Internacional de Justicia y sus ramificaciones pueden extenderse mucho más allá
de Texas”, dijo Pillay tras señalar que envió dos cartas sobre el caso al
gobernador Perry y a la Junta de Indultos y Libertad Condicional.
Según la comisionada, “también es
responsabilidad de todos los gobiernos federales asegurar que todos los Estados
individuales respeten las obligaciones internacionales asumidas por el país en
su conjunto”.
“El Congreso federal también debe asumir sus
responsabilidades y actuar para remediar la brecha en la ley de Estados Unidos
para que un caso tan desafortunado como este no se repita en el futuro”,
enfatizó Pillay.
Violencia: mensajes inadmisibles
Tiro al blanco-Ahumada
En días recientes, diversos organismos defensores de derechos
humanos han denunciado el atentado sufrido por Oralia Villaseñor Vázquez, esposa
de uno de los 15 ciudadanos desaparecidos por presuntos elementos de la
Secretaría de Marina en Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre el primero y el 23 de
junio, y cuya casa fue baleada con armas de alto poder la madrugada del pasado
domingo. El episodio empata con un panorama en que se multiplican las denuncias
por acciones de intimidación o de represalia cometidas por elementos de las
fuerzas armadas o por funcionarios públicos contra las víctimas de la violencia
que se desarrolla en el país: por citar algunos, recientemente el sacerdote
Alejandro Solalinde señaló que miembros de la Procuraduría General de la
República han intimidado a testigos del secuestro de migrantes ocurrido en
Medias Aguas, Veracruz, a finales de junio pasado, y a ello han de sumarse las
acusaciones de diversos activistas de derechos humanos en Ciudad Juárez, quienes
han afirmado ser objeto de hostigamiento por parte del Ejército.
El hecho es que hay indicios claros y preocupantes, en este y en otros
episodios, de un designio por silenciar las voces que se atreven a denunciar los
abusos que involucran a servidores públicos supuestamente encargados de
salvaguardar el estado de derecho en el territorio. Tales indicios agravan un
panorama particularmente devastador, marcado por la falta de esclarecimiento de
crímenes como el cometido por supuestos integrantes de la Marina en Nuevo
Laredo, y por la consecuente ausencia de castigo para los responsables. Si
resulta grave y alarmante el involucramiento de soldados o marinos en episodios
de desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales, ahora, con la
situación de riesgo en que se encuentran quienes denuncian esos crímenes, se
pone en perspectiva la colocación de la población en general, empezando por los
deudos de las víctimas, ante un doble agravio: el que sufren con la pérdida de
sus familiares y conocidos, y el que padecen cuando se atreven a exponer ante la
opinión pública esos atropellos.
La circunstancia descrita configura, en el entorno cercano de las víctimas de
la violencia, pero también en la población en general, un mensaje terrible: que
los asesinatos, las desapariciones forzadas y en general las violaciones graves
a los derechos humanos que involucran a funcionarios públicos son sucesos
soslayables e incluso aceptables en aras del fin supremo de combatir al crimen
organizado, y que los afectados por estos sucesos pueden enfrentar la disyuntiva
de persistir en sus demandas de justicia y esclarecimiento o salvaguardar su
propia integridad física.
Desde hace más de cuatro años, cuando se pusieron en marcha los
espectaculares operativos policiaco-militares en contra del crimen
organizado, el gobierno federal ha demandado el respaldo irrestricto y acrítico
de la población y la participación de ésta en la tarea de denunciar actos
ilícitos. Al parecer, el discurso oficial omite que un factor principal de
agresión y violencia en contra de la población es la propia fuerza pública y que
el Estado debe garantizar ante todo los derechos de las víctimas de los delitos,
principalmente de aquellos cometidos por los propios servidores públicos. Sin
embargo, episodios como el comentado no hacen sino alimentar el sentir
generalizado de zozobra, temor e incertidumbre que enfrenta la población en
general, y la desconfianza de ésta en los cauces institucionales de procuración
de justicia, y tales condiciones son las menos propicias para conseguir el
respaldo y consenso social que el gobierno tanto demanda.
En todo el territorio-Fisgón
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