URGENTE. Evidencias de complicidad del estado mexicano en ataque terrorista en Monterrey.
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Alerta, en México se esta preparando el escenario para imponer un estado de sitio, lo que usted esta a punto de descubrir, si es que no lo sabe aún, es que el gobierno mexicano planea una serie de…
00:08:32
Agregado el 28/08/2011
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URGENTE. Evidencias de complicidad del estado mexicano en ataque terrorista en Monterrey.
De Irak a México: violencia, injerencia y armamentismo
Un atentado suicida perpetrado ayer en una mezquita de Bagdad dejó
un saldo de 30 muertos y un número igual de heridos: una lamentable muestra más
de que Irak, a más de ocho años de la invasión estadunidense, no ha logrado
recuperar la normalidad y la convivencia pacífica. La ocupación militar que
siguió a la agresión militar de 2003 se tradujo en una polarizada violencia
facciosa que ha dejado centenares de miles de muertos. Diversos analistas han
apuntado la posibilidad de que la proliferación de cruentos atentados en las
principales ciudades de Irak no haya ocurrido a pesar de la presencia militar
estadunidense y británica, sino más bien impulsada por los propios invasores a
fin de dividir a la sociedad iraquí, debilitar cualquier intento de resistencia
y generar justificaciones para alargar la ocupación.
Luego de la serie de ataques perpetrados en México en días recientes,
especialmente el que causó más de 50 muertes en el casino Royale de Monterrey,
el presente y la historia reciente de Irak adquieren, en nuestro país, una nueva
significación. Guardando las distancias, y haya o no una relación causal directa
entre esos hechos y el accionar en territorio nacional de agencias
estadunidenses especializadas en operaciones de desestabilización y guerra
sicológica, la militarización de un entorno nacional y la existencia de un
enfrentamiento bélico son factores de aliento, no de disuasión, para la espiral
de violencia. Ejemplo claro de ello es la escalada armamentista –no se le puede
llamar de otra manera– que han protagonizado las fuerzas del orden y los grupos
irregulares al servicio de los cárteles del narcotráfico, fenómeno al
que no han sido ajenos los distintos actores policiales, militares y
empresariales de Estados Unidos que controlan la producción y la distribución de
armas de alto poder, desde fusiles de asalto hasta lanzagranadas múltiples y
armamento antiaéreo.
Es claro que esos estamentos del país vecino encuentran en el nuestro un
contexto favorable para realizar sus objetivos. La descomposición institucional,
el descontrol y la descoordinación entre distintos niveles de gobierno
constituyen terrenos fértiles para el desarrollo de toda suerte de
injerencias.
La responsabilidad de Washington en esta circunstancia va mucho más allá de
la permisividad del país vecino para con sus comerciantes de armas y del consumo
masivo de drogas ilícitas: se extiende a conductas perversas, como la
tolerancia, en su propio territorio, a un narcotráfico
pacífico–que sólo puede entenderse como resultado de una decisión política de omitir su persecución policial–, y como el doble canal para surtir de armas tanto a las autoridades mexicanas, por medio de la Iniciativa Mérida, como a la delincuencia organizada, por medio del operativo Rápido y furioso.
Con esas consideraciones en mente, es claro que la respuesta oficial a las
crecientes agresiones contra la población –de las que el mortífero incendio
provocado en el casino Royale es, hasta ahora, la muestra más atroz– no puede
ser meramente reactiva ni reiterativa de una estrategia clamorosamente señalada
de ineficaz: más soldados y policías a las calles, rondas de declaraciones y
discursos para decir lo mismo, o acciones de control tardías y propagandísticas,
como la reciente ola de cateos, revisiones, embargos y clausuras de casinos en
diversas entidades del país.
Es preciso cobrar conciencia de la gravedad de la circunstancia y actuar en
consecuencia. Más allá de las acciones de soldados, policías y recaudadores de
impuestos, se requiere de visión de Estado para reformular la estrategia de
seguridad vigente y corregir la cesión de soberanía en que se ha incurrido.
País de oportunidades-Magú
Violencia y autoritarismo
Bernardo Bátiz V.
Las noticias terribles, truculentas, se suceden una a la otra para
asombro y preocupación de todos; no acaban los programas amarillistas de la
televisión de hacernos ver, tres, diez, cien veces la escena de la gente
corriendo en el estadio, por pánico explicable al escuchar tiroteo, cuando
tienen que retirarlas para sustituirlas por otras, mucho más terribles, de un
casino de juego del que salen llamas y humo y del que se retiran muertos y
heridos por un incendio intencional y, otra vez, por salidas de emergencia
bloqueadas.
Las cosas horribles suceden y los comentaristas impecables en su vestir y en
su hablar, tranquilos, eficaces y doctorales, apoyados por sus reporteros y un
aparato infalible que les envía hasta el último detalle de lo acontecido, se
regodean con los hechos que tensan a la sociedad y voluntaria o
involuntariamente contribuyen al miedo y a la preocupación colectivas.
Por su parte, las voces oficiales, empezando por el
primer mandatario, se multiplican dando pésames colectivos y urbi et orbi aseguran, con tono y estilo de infalibles, que se encontrará a los criminales y se les castigará como merecen.
Pareciera que esa escalada de violencia, y consecuentemente de miedo,
obedeciera a un plan, a un designio de alguien que busca un fin, una
justificación, un pretexto. ¿Para qué?, podríamos preguntarnos, ¿qué puede
justificar esta secuencia cada vez más trágica? Expreso lo oído, la gente
comenta, inquiere, duda, acerca de los dolorosos acontecimientos.
Nadie puede dejar de ver que hay o puede haber una coincidencia entre un
hecho tan espantoso como el de Monterrey y la insistencia en la aprobación de
reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que podría, de pasar en el Congreso
como está proyectada, poner a nuestro pobre y sacudido país en el umbral de un
régimen autoritario.
Este proyecto encuentra sus fuentes remotas en la creación de una ya superada
Policía Federal Preventiva, convertida en Policía Federal, con facultades desde
2008 para investigar delitos; está también el intento de poner en evidencia a
nuestro sistema de procuración y administración de justicia, todo en busca de
cambios a favor de un Estado con más herramientas y facultades para la dureza y
la fuerza.
El proyecto de cambios a la Ley de Seguridad Nacional fue presentado por el
Presidente en ejercicio. Se aprobó una minuta en el Senado con el único voto en
contra del senador Ricardo Mon-real y, para continuar el proceso, esa minuta se
envió a la Cámara de Diputados; ahí ha tenido un largo y tortuoso camino, porque
está en juego no sólo el contenido mismo del proyecto legislativo, sino,
lamentablemente, su uso como moneda de cambio en negociaciones
políticas.
Primero, el diputado del estado de México Alfonso Navarrete Prida propuso un
dictamen que rebasó en mucho los puntos iniciales aprobados en el Senado; se
trataba de la propuesta de Enrique Peña Nieto, pero recibió tantas críticas y
comentarios adversos de académicos, organizaciones de ciudadanos y legisladores
que quedó en los archivos.
El poeta Javier Sicilia intervino entonces con su grupo y en la reunión con
los diputados les planteó detener las reformas por autoritarias y por falta de
cuidado en el tratamiento de los derechos humanos.
Recientemente, el diputado Javier Corral, en forma sorpresiva y, en opinión
del mismo Sicilia, traicionando lo platicado y ofrecido en la reunión del
castillo de Chapultepec, hizo circular un nuevo proyecto de dictamen, aprobando
en parte las reformas y conservando en lo esencial la tendencia al autoritarismo
y a la discrecionalidad; se le ha llamado el proyecto Corral con
involuntaria ironía.
El proyecto aparece aprobado por la Comisión de Gobernación, otra vez con un
solo voto en contra, el del diputado Enrique Ibarra. La objeción surgió de
inmediato, dado que la minuta fue turnada no sólo a esa comisión, sino a otras,
entre las que están la de derechos humanos.
Los hechos violentos y la noticia de injerencia de policías y militares
extranjeros en nuestro país coinciden con la delicada discusión y la difícil
determinación que tendrán que tomar nuestros representantes en el Poder
Legislativo; coinciden también con el resultado de una encuesta de la
Universidad Nacional Autónoma de México, destacada en La Jornada del
jueves, según la cual muchos, en especial jóvenes, piensan como solución a la
violencia aplicar más violencia, y les parecen aceptables la pena de muerte y la
tortura como medidas para combatir la delincuencia. Aparece la sombra de Montiel
y su comparación de los delincuentes con ratas.
Confiemos en que los legisladores no se dejen presionar ni impresionar por lo
que está pasando; la verdad es que las autoridades con las leyes vigentes tienen
herramientas útiles y eficaces en contra del crimen organizado; con más
facultades y con menos respeto a los derechos de los ciudadanos no se resolverán
los problemas.
Las causas de la violencia son de carácter social, económico y educativo y
hay que combatirlas al mismo tiempo que sus efectos. Más policías, más armas y
sentencias absurdas de decenas o cientos de años de cárcel en nada contribuyen a
modificar el negro panorama de nuestro país.
Operativo en Monterrey-Helguera
Militarización informativa
Hermann Bellinghausen
No puede minimizarse el ascenso político de militares, marinos y
policías de origen castrense desde que Felipe Calderón se hizo de la presidencia
de facto mediante procedimientos documentadamente facciosos e ilegales.
Es un hecho innegable, no siempre explícito, en buena parte del territorio
nacional y con base en una nueva idea de la seguridad nacional sin sus
tradicionales resonancias en términos de soberanía o independencia. Esta sería
una de las explicaciones de la triste, desangelada y poco prestigiosa
celebración del bicentenario en 2010, en contraste con los festejos, bastante
más espontáneos y alegres, de las también bicentenarias independencias
bolivarianas y del Cono Sur.
El estado de emergencia decretado desde Los Pinos –bajo el cual avanzan los
síntomas de descomposición, retroceso en los derechos civiles y pérdida de
soberanía– encuentra en la militarización causa y efecto. Las muertes
colaterales, los allanamientos arbitrarios, las detenciones injustificadas, la
renovada práctica de la tortura y las desapariciones se justificarían con base
en una necesidad de la seguridad que los ciudadanos, en particular los jóvenes,
consideran perdida.
Como se sabe, una reciente encuesta universitaria arrojó alarmantes
resultados al mostrar que los adolescentes justifican la tortura con
buenos finesy la pena de muerte contra los
malos. Resulta doloroso ver a qué valores responden las nuevas generaciones. No podemos deslindar de esto a la prédica ideológica de los intelectuales reaccionarios, a la devaluación cualitativa y ética de la educación pública (y el paralelo avance de la enseñanza privada, elitista y ultra conservadora), ni a la calculada histeria de los medios electrónicos.
A México le tomó más de un siglo retirar a los militares del poder político.
El último general presidente, el olvidable Manuel Ávila Camacho, dejó el poder
al terminar la Segunda Guerra Mundial. Hoy, aunque el Estado sigue formalmente
en manos de civiles, a ojos vistas militariza su conformación y sus
procedimientos con base en justificaciones falaces o profecías autocumplidas de
caos y criminalidad. El ejercicio periodístico se ha vuelto peligroso, y los
medios optan razonablemente por proteger a los reporteros y fotógrafos que
cubren historias de violencia, bien con el anonimato, bien con el relevo de su
habitual obligación de estar allí y generar información de primera mano.
Marco Lara Klahr, brillante cronista y reportero que ahora ha optado por
desarrollar una suerte de deontología periodística en su blog meDios y
por coordinar el proyecto Violencia y medios, describía recientemente
el panorama de militarización informativa que se ha extendido a la par de la
guerradel gobierno contra el crimen organizado: “Por canales formales y/o informales, se provee a los medios noticiosos y los periodistas de un flujo permanente de información… con mucha mayor capacidad de incidencia” que las agencias que nutren al periodismo convencional de nuestro país.
En dicho flujo, los contenidos
provienen oficialmente del lugar mismo de los hechos, y los medios se limitan a
encuadrarlos contenidos
según los requerimientos editoriales de sus respectivos medios. Lara Klahr revela que,
como nunca, las áreas de comunicación de las instituciones de seguridad y procuración de justicia han habilitado policías, militares y empleados como reporteros, sabiendo que mientras más detalles provean de los hechos, menor esfuerzo harán medios y periodistas para hacer su propio acopio de información.
Sostiene que
el enfoque y el discurso implícitos en los contenidos de las instituciones de la política criminal, incluidas Fuerzas Armadas, así como su profusión de detalles verosímiles, permiten a medios y periodistas presentar vibrantes escenarios bélicossin haber estado presentes.
Dicha estrategia comunicacional agravó la adicción de los periodistas y los medios a la información gratuita.
Lara Klahr asegura que
los tiburones comunicacionales del régimen calderonista están capitalizando la mutación de la industria noticiosa globalque ahora alimenta al mercado noticioso
con contenidos de interés periodístico producidos por otros, casi siempre de forma gratuita. De esta manera, “los periodistas hemos ido convirtiéndonos en editores técnicos y los medios en diseminadores por goteo de la versión oficial de la ‘guerra’… En este ecosistema informativo hay una correlación entre la militarización de la seguridad pública y el predominio, en los medios, de periodistas funcionales, desde los niveles ejecutivos hasta los reporteriles, produciéndose una prensa que puede considerarse militarizada también, sea sumisa o crítica ante la militarización de la seguridad”.
Ya no se necesitan spin doctors que
orientena los reporteros dóciles en los temas
delicados; tampoco chayotes ni chantajes disfrazados de
línea. El relevo de los militares es amplio y eficaz. La guerra por otros medios.
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