Ley sin cultura, resultados ausentes
En México se ha visto la ley como un fetiche (“ídolo u objeto de culto al que se atribuye poderes sobrenaturales, especialmente entre los pueblos primitivos”, según el Diccionario de la Real Academia). Con las mejores intenciones proponemos todo lo que se requiere para cambiar: reformas a leyes de transparencia con sanciones para servidores públicos que no cumplan, crear una familia de leyes sobre rendición de cuentas y transparencia para teóricamente pasar a un sistema, y no leyes aisladas y sin relación alguna. Es un buen punto de partida. Estoy convencido de que falta muchísimo más que eso.
Primero. Veamos un ejemplo claro de lo que afirmo. Suecia es un país que tiene un prestigio ganado a pulso por sus prácticas democráticas, su amplio nivel de vida compartido, su reducida distancia entre los más ricos y los más pobres y sus prácticas de Estado social de mercado que han permeado en los tejidos sociales de la sociedad sueca. Ya he dicho en otros momentos que en Suecia se aprobó la primera ley de libertad de expresión como parte de la Constitución en 1766. Esta ley tenía ya en su origen cuatro artículos dedicados al acceso a la información pública; este principio de publicidad de los actos de los servidores públicos fue sustancialmente ampliado y consolidado como todo un apartado desde 1949. No obstante si alguien se toma la molestia de comparar el contenido normativo de la transparencia en Suecia y el relativo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) en México o de la ley más modesta, la de Puebla, se podrá observar que las leyes mexicanas son infinitamente superior por varias razones, entre ellas: los detalles en el procedimiento de acceso a la información pública, la existencia de autoridades reguladoras, los tiempos legales de la entrega de información pública y la existencia del Infomex como la principal aportación electrónica de México al mundo ideada por el comisionado fundador del IFAI, José Octavio López Presa y el secretario de la Función Pública que instrumentó la operación de la LFTAIPG, Eduardo Romero Ramos, a quienes el país les debe mucho.
Segundo. Si lo anterior es cierto, la pregunta obligada es: ¿Por qué en Suecia sí se practican la transparencia y la rendición de cuentas con leyes muy genéricas y malas desde el punto de vista de su diseño, y en México se predica mucho más de lo que se practica a pesar de tener 33 órganos garantes y leyes de mejor factura? ¿Cómo explicar que México dedica 100 veces más en pago de sueldos e infraestructura para la transparencia que Suecia y cumple muchísimo menos que el país nórdico? La respuesta reside en la educación. Educar es transmisión de conciencia. No contamos con una cultura mínima razonable de la legalidad y su impacto en la calidad de vida, como lo pone en evidencia la Segunda Encuesta de Cultura Constitucional coordinada por la maestra Julia Flores (http://www.juridicas.unam.mx/invest/areas/opinion/doc/EncuestaConstitucion.pdf). Y esto no es sólo una apreciación mía. En 1995 la sociedad sueca se conmovió porque su legisladora y viceprimera ministra, Mona Sahlin, fue sorprendida por un desvío de recursos públicos para fines personales a través del diario sueco Expressen como nota principal. En efecto, Sahlin tuvo la osadía de utilizar su riksdag credit card (tarjeta corporativa para altos servidores públicos) para la compra no prevista en el presupuesto ni en la ley de dos barras del chocolate Toblerone por la cantidad equivalente a 35 dólares con 12 centavos. Esto fue conocido como el Caso Toblerone con consecuencias gravísimas para la vida pública de Sahlin, quien fue obligada a dimitir de su candidatura al cargo de primer ministro de Suecia, a su cargo de viceprimera ministra y legisladora y a estar fuera de la actividad pública toda una década. Más todavía, debió escribir un libro un año después titulado Med mina ord (Con mis propias palabras) para justificar el por qué había cometido esa grave falta, en busca de la comprensión y el perdón de la sociedad sueca.
Tercero. Distintas encuestas en Suecia hechas por la Universidad de Estocolmo y el Partido Social Demócrata sueco a lo largo de 1995 y 1996 revelaron que el acto de Sahlin fue un “abuso de confianza” y fue percibida como una política “poco transparente, insegura y no confiable”. En otras palabras, en Suecia el problema no fue (no es) la cantidad de la apropiación de recursos del erario para fines distintos a los previstos en la ley por un servidor público, sino el acto en sí mismo, el cual puede, como en el caso comentado, erosionar la confianza pública. La vigilancia social ha hecho que en Suecia la sociedad pague uno de los más altos porcentajes de impuestos porque sabe –y lo puede verificar– que lo que paga se traduce en mejores escuelas, vialidades, hospitales, programas sociales que, en suma, mejoran su nivel de vida. En México nadie quiere (queremos) pagar impuestos porque se tiene la convicción de que esos recursos irán a fines desconocidos y que es imposible, con todo y Ley de Transparencia, verificar el seguimiento puntual del dinero de los contribuyentes.
Cuarto. En México la educación básica es bastante mala. Los profesores –la mayoría al menos– no pueden enseñar lo que no saben. El diseño curricular está creado para generar ciudadanos acríticos, agachones y con temor fundado o no de exigir sus derechos, salvo excepciones. Las escasas organizaciones de la sociedad civil no convocan a grandes números, se sostienen de ayuda fundamentalmente internacional y se han convertido en observatorios testimoniales de la vida pública de la agenda consensada con sus patrocinadores sin incidencia en la definición de la toma pública de decisiones. Y las universidades –al menos la mayor parte de ellas– no hacen las veces de la inteligencia proactiva de la sociedad, sino que se mantienen en su zona de confort para no complicarse la vida. En ese entorno la reforma de las leyes es sólo un instrumento que no rendirá ningún fruto si la comunidad acepta que se cumplan el mínimo posible. No habrá cambio de conductas sin una reforma a fondo del sistema educativo, donde habría que poner toda la atención posible.
Primero. Veamos un ejemplo claro de lo que afirmo. Suecia es un país que tiene un prestigio ganado a pulso por sus prácticas democráticas, su amplio nivel de vida compartido, su reducida distancia entre los más ricos y los más pobres y sus prácticas de Estado social de mercado que han permeado en los tejidos sociales de la sociedad sueca. Ya he dicho en otros momentos que en Suecia se aprobó la primera ley de libertad de expresión como parte de la Constitución en 1766. Esta ley tenía ya en su origen cuatro artículos dedicados al acceso a la información pública; este principio de publicidad de los actos de los servidores públicos fue sustancialmente ampliado y consolidado como todo un apartado desde 1949. No obstante si alguien se toma la molestia de comparar el contenido normativo de la transparencia en Suecia y el relativo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) en México o de la ley más modesta, la de Puebla, se podrá observar que las leyes mexicanas son infinitamente superior por varias razones, entre ellas: los detalles en el procedimiento de acceso a la información pública, la existencia de autoridades reguladoras, los tiempos legales de la entrega de información pública y la existencia del Infomex como la principal aportación electrónica de México al mundo ideada por el comisionado fundador del IFAI, José Octavio López Presa y el secretario de la Función Pública que instrumentó la operación de la LFTAIPG, Eduardo Romero Ramos, a quienes el país les debe mucho.
Segundo. Si lo anterior es cierto, la pregunta obligada es: ¿Por qué en Suecia sí se practican la transparencia y la rendición de cuentas con leyes muy genéricas y malas desde el punto de vista de su diseño, y en México se predica mucho más de lo que se practica a pesar de tener 33 órganos garantes y leyes de mejor factura? ¿Cómo explicar que México dedica 100 veces más en pago de sueldos e infraestructura para la transparencia que Suecia y cumple muchísimo menos que el país nórdico? La respuesta reside en la educación. Educar es transmisión de conciencia. No contamos con una cultura mínima razonable de la legalidad y su impacto en la calidad de vida, como lo pone en evidencia la Segunda Encuesta de Cultura Constitucional coordinada por la maestra Julia Flores (http://www.juridicas.unam.mx/invest/areas/opinion/doc/EncuestaConstitucion.pdf). Y esto no es sólo una apreciación mía. En 1995 la sociedad sueca se conmovió porque su legisladora y viceprimera ministra, Mona Sahlin, fue sorprendida por un desvío de recursos públicos para fines personales a través del diario sueco Expressen como nota principal. En efecto, Sahlin tuvo la osadía de utilizar su riksdag credit card (tarjeta corporativa para altos servidores públicos) para la compra no prevista en el presupuesto ni en la ley de dos barras del chocolate Toblerone por la cantidad equivalente a 35 dólares con 12 centavos. Esto fue conocido como el Caso Toblerone con consecuencias gravísimas para la vida pública de Sahlin, quien fue obligada a dimitir de su candidatura al cargo de primer ministro de Suecia, a su cargo de viceprimera ministra y legisladora y a estar fuera de la actividad pública toda una década. Más todavía, debió escribir un libro un año después titulado Med mina ord (Con mis propias palabras) para justificar el por qué había cometido esa grave falta, en busca de la comprensión y el perdón de la sociedad sueca.
Tercero. Distintas encuestas en Suecia hechas por la Universidad de Estocolmo y el Partido Social Demócrata sueco a lo largo de 1995 y 1996 revelaron que el acto de Sahlin fue un “abuso de confianza” y fue percibida como una política “poco transparente, insegura y no confiable”. En otras palabras, en Suecia el problema no fue (no es) la cantidad de la apropiación de recursos del erario para fines distintos a los previstos en la ley por un servidor público, sino el acto en sí mismo, el cual puede, como en el caso comentado, erosionar la confianza pública. La vigilancia social ha hecho que en Suecia la sociedad pague uno de los más altos porcentajes de impuestos porque sabe –y lo puede verificar– que lo que paga se traduce en mejores escuelas, vialidades, hospitales, programas sociales que, en suma, mejoran su nivel de vida. En México nadie quiere (queremos) pagar impuestos porque se tiene la convicción de que esos recursos irán a fines desconocidos y que es imposible, con todo y Ley de Transparencia, verificar el seguimiento puntual del dinero de los contribuyentes.
Cuarto. En México la educación básica es bastante mala. Los profesores –la mayoría al menos– no pueden enseñar lo que no saben. El diseño curricular está creado para generar ciudadanos acríticos, agachones y con temor fundado o no de exigir sus derechos, salvo excepciones. Las escasas organizaciones de la sociedad civil no convocan a grandes números, se sostienen de ayuda fundamentalmente internacional y se han convertido en observatorios testimoniales de la vida pública de la agenda consensada con sus patrocinadores sin incidencia en la definición de la toma pública de decisiones. Y las universidades –al menos la mayor parte de ellas– no hacen las veces de la inteligencia proactiva de la sociedad, sino que se mantienen en su zona de confort para no complicarse la vida. En ese entorno la reforma de las leyes es sólo un instrumento que no rendirá ningún fruto si la comunidad acepta que se cumplan el mínimo posible. No habrá cambio de conductas sin una reforma a fondo del sistema educativo, donde habría que poner toda la atención posible.
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