Astillero
Pactocracia
EPN y la ciencia
Sinaloa a la Sagarpa
Aguirre: mano dura
Julio Hernández López
PROMETE EL PRESIDENTE $70 MIL 395 MILLONES PARA CIENCIA Y TECNOLOGÍA. El presidente Enrique Peña Nieto, acompañado del rector de la UNAM, José Narro Robles, tomó protesta para un segundo periodo al frente del Instituto Politécnico Nacional a la doctora Yoloxóchitl Bustamante. Frente a directivos de instituciones de educación superior y científicos anunció una inversión de 70 mil 395 millones de pesos para actividades de investigación científica y tecnológica como parte del presupuesto de egresos de 2013
Foto Carlos Ramos Mamahua
De la dictadura perfecta a la dictadura pactada en las cúpulas. La pactocracia como sustituto de disensos y deliberación colectiva. El diseño se hace en Los Pinos, pasa por las sonrientes reuniones del grupo de tarea del peñismo con los serviciales
dirigentesde los dos principales partidos de
oposicióny aterriza en el Congreso donde las bancadas obedientes suministran los votos apabullantes que convierten en normas de aceptación obligatoria lo que el adquirente de la Presidencia de la República ha decidido al inicio de este ciclo de concertaciones benefactoras solamente de las élites.
Así ha sido que, a pesar de ciertas resistencias provenientes más de ánimos de encarecimiento chantajista de las negociaciones que de auténtico espíritu corrector y justiciero, Peña Nieto ha desaparecido entre otras oficinas la de quien fue una suerte de vicepresidente policiaco del país, Genaro García Luna, para concentrar esas y otras tenebrosas funciones y facultades en Miguel Ángel Osorio Chong, el supersecretario de Gobernación, quien con una mano negociará en términos estrictamente políticos y con la otra ordenará acciones policiacas y represivas a través de sus órganos de inteligencia y de seguridad pública. En el Congreso, es cierto, se aprobaron ciertos can- dados para evitar la desmesurada concentración de poder en el vicepresidente político-policiaco, pero a sabiendas de que el PRI cedería esa
satisfacciónpírrica a los legisladores, pues pretende entablar una controversia judicial de índole superior para abatir en otro ámbito tales candados que, por lo demás, igualmente serían superables por la vía práctica que ya se está perfilando: pactos en las cúpulas para votar en las cámaras lo que convenga al Poder Ejecutivo repartidor de utilidades entre sus colaboradores no priístas.
La celeridad en los procesos legislativos (extraordinario el caso de la iniciativa sobre temas educativos; arrollador el de la ley de ingresos), la domesticación de los
líderesy coordinadores, y el abatimiento de cualquier indicio de oposición trascendente han convertido de golpe a México en el país de los
acuerdos, aterciopelada la superficie donde pocas semanas atrás había prácticas destempladas. Tan súbito cambio sería altamente plausible si proviniera de un proceso profundo de entendimiento nacional, que involucrara el mosaico de intereses, sobre todo los populares y no sólo los cupulares. La política requiere ciertamente de pactos, pero no para suprimir por decreto y mediante reparto de cuotas la diversidad y la crítica, mucho menos en momentos tan polarizados y política y socialmente peligrosos como los que se viven actualmente y que están siendo exacerbados mediante esos arreglos facciosos.
Pasando a otro tema, desde Japón, donde colabora en un centro de investigación científica como profesor asociado, Rodolfo Cruz Silva opina: “Estamos siendo testigos de cómo las televisoras le siguen cuidando la opinión pública al presidente. No basta que EPN no cumpliera su palabra de apoyar la ciencia, y que esté destinando una fracción de lo esperado y que por ley le corresponde. Ahora las televisoras y Milenio emprenden una campaña de desprestigio al gremio de científicos. Acaban de ser mostradas dos cápsulas con López Dóriga de una seudoinvestigación de un supuesto fraude del gran telescopio milimétrico. No son más que cápsulas tendenciosas que están destinadas a respaldar la agenda presupuestal del gobierno. El tipo que sale ahí, Gerardo Sosa Castelán, es un porro que pasó de líder estudiantil a cacique de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ha sido dos veces rector y dos veces secretario general de la UAEH. Hay un libro llamado La sosa nostra, donde detallan el tipo de persona que es. Y esos son los auditores. No estoy diciendo que el manejo del GTM sea impecable (como cualquier proyecto multimillonario, seguro alguien sacó provecho), pero esto que se presentó de ninguna manera es un juicio objetivo. La ciencia mexicana está descuidada por el gobierno y, desafortunadamente, porque hay unos pocos científicos parásitos que viven del sistema, pero esto que se presentó desde los medios es preocupante”.
Astillas
El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, ha sacado el priísta que siempre ha llevado dentro aunque técnicamente ahora sea
perredista. Ante los múltiples problemas que no ha podido resolver ni atender y que le están rebasando, ha anunciado un regreso a la política de mano dura: con
la ley en la mano, advirtió,
sancionará a quien se tenga que sancionarpor manifestaciones, plantones o protestas. Además, acusó a defensores de derechos humanos de hacer de esa tarea un modus vivendi y a otros opositores de hacer
negociocon la protesta pública... Afamada internacionalmente por algunas variantes de la producción agrícola, Sinaloa ha colocado a dos piezas importantes en la secretaría federal del ramo (de la agricultura, no de las variantes): el ex gobernador Jesús Aguilar ha sido nombrado subsecretario y en la oficialía mayor ha quedado Marcos Bucio, quien ha representado los intereses del sinaloense Francisco Labastida, como secretario particular y vocero... En Sonora, los diputados de PAN, Panal y una de los dos representantes del PRD aprobaron que el año entrante se reviva un pago disfrazado de tenencia: 3 por ciento a quienes tengan vehículos de modelos de 10 años a la fecha... Y, mientras Enrique Peña Nieto recibe en Palacio Nacional al boxeador Juan Manuel Márquez, quien le dedicó el triunfo de días atrás sobre Manny Pacquiao (Márquez ha sido consistente en sus preferencias partidistas: tan priísta que en la anterior pelea con el filipino llevó una etiqueta del Revolucionario Institucional en su calzoncillo de combate, lo que llevó a anular las elecciones municipales de Morelia, que finalmente quedó en manos del PRI), ¡feliz fin de semana, en espera de que se sepa a qué vino realmente Janet Napolitano a hablar durante dos horas con Osorio Chong!
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Estela maya-Magú
La fuerza moral y organizativa del EZLN
Jaime Martínez Veloz
El próximo primero de enero se cumplirán 18 años del levantamiento armado protagonizado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Un país que se encontraba en el umbral del ingreso a la modernidad se sorprendía de que miles de insurgentes, mayoritariamente indígenas, hubieran tomado las armas, como último recurso, para luchar por una mejor vida para los pueblos indígenas y para el país.
Cuando se intentó que dicho acuerdo fuera trasladado al marco normativo mexicano, mediante una iniciativa de ley elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), la reacción del Estado fue brutal, cínica y descarnada. La iniciativa contenía los postulados textuales más importantes del acuerdo firmado por el gobierno federal y el EZLN; no había un solo concepto que no hubiera sido convenido por las partes.
La reacción del EZLN frente a la iniciativa elaborada por la Cocopa fue de aceptación, y la de las autoridades fue de escándalo e hipocresía. El presidente de la República y los grupos de poder económico del país no tuvieron reparo en acusar a la Cocopa y al EZLN de querer balcanizar, dividir y fragmentar al país. Quienes hicieron estas acusaciones son los mismos que concesionaron 25 millones de hectáreas a las compañías mineras extranjeras y nacionales, las cuales entre 2005 y 2010 extrajeron recursos minerales por un valor de 552 mil millones de pesos y sólo pagaron 6 mil 500 millones de pesos por derechos, es decir, 1.18 por ciento.
En 2002, después de una exitosa marcha zapatista por diferentes partes del país, el entonces presidente Vicente Fox turnó la iniciativa de ley al Congreso de la Unión, vía el Senado de la República, donde fue desmantelada y en su lugar aprobaron un bodrio legislativo, cuya premisa principal planteaba que sería la ruta para sacar del atraso y la marginación a los pueblos indígenas mexicanos. Se planteaba que el tema del atraso y la marginación en materia indígena era un asunto de programas y apoyos oficiales, no del ejercicio pleno de los derechos constitucionales, negándose así a cumplir lo pactado en San Andrés Larráinzar.
A más de 10 años de que las instituciones mexicanas prometieron a los indígenas el ingreso al paraíso, a cambio de negarse a cumplir lo acordado entre el EZLN y el gobierno federal, la realidad da la razón a los zapatistas y evidencia el mayor de los fracasos del Estado.
Entre 2002 y 2012, el gasto federal anual hacia los pueblos indígenas pasó de 16 mil 663 millones a 39 mil 54 millones de pesos. Sin embargo, los datos de pobreza y marginalidad de las propias dependencias oficiales no expresan ningún impacto en la reducción de la pobreza indígena; por el contrario, ésta se incrementa, y cada vez en forma más ofensiva para una nación donde desde 1917 todos los gobiernos han reconocido declarativamente de diferentes formas
la deuda de México con sus indios y están preocupados por acabar con la injusticia que padecen.
De acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la encuesta sobre ingreso y gasto de 2010, mientras el promedio nacional de pobreza extrema y moderada es de 46.2 por ciento, en las comunidades y pueblos indígenas es de 79.3, es decir, casi el doble. Ocho de cada 10 indígenas no han tenido acceso a la
tierra prometidaque el Estado mexicano les ofreció a cambio de no cumplir lo pactado en San Andrés Larráinzar.
Con datos del Coneval, 80.3 por ciento de los indígenas están por debajo de la línea de bienestar, 83.5 por ciento no tienen acceso a la seguridad social, 50.6 no cuentan con servicios básicos en su vivienda y 40.5 tienen carencia en materia alimentaria. Por ello, decimos que en materia indígena no fracasó una política pública, sino el liderazgo del Estado; la política hacia los indígenas ha sido de paliativos, porque carece de una visión articulada y vínculos con cambios estructurales, tal y como se contempla en los acuerdos de San Andrés Larráinzar.
Después del incumplimiento gubernamental, el EZLN decidió una estrategia de resistencia, fortaleciendo su organización mediante la creación de las juntas de buen gobierno, el trabajo colectivo y la solidaridad comunitaria. En silencio, alejados de la propaganda, han caminado durante los últimos años. Algunas personas despistadas, o aquellos que han apostado a que el conflicto desaparezca o se olvide, difunden rumores o tratan de confundir, argumentando que el EZLN ya no es problema, dado que, desde su óptica, si los zapatistas ya no son noticia, no existen.
Los datos aquí expresados, que muestran el fracaso gubernamental hacia ese sector de la población, deberían hacer entender a las élites mexicanas que hasta el silencio es una forma de lucha y que nada tiene que ver con una supuesta debilidad, en este caso del EZLN. Por el contrario, mientras el dispendio y el fracaso han sido sinónimos de las políticas públicas, la organización, el trabajo y la disciplina son lo que ha distinguido al zapatismo en esta etapa.
Los zapatistas viven, se organizan y trabajan en una realidad de grandes carencias materiales, que suplen con creatividad y dedicación. Tienen objetivos claros que trascienden generaciones; sus argumentos han sido irrefutables, la vitalidad y consistencia de sus convicciones han sido una escuela de vida para miles de mexicanos. Un abrazo con cariño para todos los zapatistas que allá, en sus comunidades, luchan todos los días por construir un mejor futuro para nuestro país. Como dicen por ahí: ¡no están solos!
Pronasalinasol-Fisgón
Chuayffet, Raúl Vera y Manuelito
Rafael Landerreche
Emilio Chuayffet, el hombre de los chinchones, que se autoacusó de borracho para no respetar los acuerdos de San Andrés; el hombre que renunció (o fue renunciado) a la Secretaría de Gobernación tras la masacre de Acteal, el que tuvo la insolente ocurrencia de declarar que era imposible preverla, cuando dos semanas antes Ricardo Rocha la había anunciado ante millones de televidentes; Emilio Chuayffet quien, por mucho que se dé vueltas al asunto, es cómplice (mínimamente por omisión y encubrimiento) de los 45 asesinatos perpetrados en Acteal el 22 de diciembre de 1997, está de vuelta, con total impunidad, en un gabinete presidencial, después de 15 años de ausencia.
Este ciclo en la vida política de Emilio Chuayffet coincide curiosamente (o quizá misteriosamente) con otro ciclo: el de la comunidad mártir de Acteal. Apenas unos días antes del anuncio de que Chuayffet sería secretario de Educación, falleció el último de los sobrevivientes mortalmente heridos aquel 22 de diciembre, después de quince años de luchar contra la muerte.
En este nuestro México desgarrado por la injusticia, la impunidad y la violencia; en este México regado por la sangre de más de 70 mil muertos y sembrado de familias destruídas, diezmadas, enlutadas por el asesinato o la desaparición de sus miembros; en este pobre México si alguien tenía razones sobradas para caer en la desesperación e incluso en la violencia y la venganza, ese alguien era Manuel Vázquez Luna, quien se convirtió en el décimo miembro de su familia fallecido a consecuencia de la masacre de Acteal. Sin embargo, lo notable, lo increíble de Manuel es que nunca pidió venganza, nunca habló mal de nadie y nunca dejó de sonreír.
En realidad, Manuel no fue herido por las balas ese fatídico 22 de diciembre; fue herido por lo que había detrás de ellas: la estrategia del terror. Y fueron las secuelas sicosomáticas de ese gran trauma las que terminaron por quitarle la vida. Él vio cómo caían acribillados su padre, su madre y sus cinco hermanas. El escuchó a su papá, un catequista que no sabía leer, pero que se sabía muy bien los Evangelios, exclamar antes de morir:
Padre, perdona a tu pueblo. Tras escuchar estas palabras, sobrevivió a la matanza cubierto por una montaña de cuerpos, entre ellos los de sus hermanas. Como llegó a comentar después, en su muy particular estilo:
decía a mis pulmones que no respiraran para que no me escucharan los paramilitares.
Cuando vivió esa inimaginable experiencia de terror y muerte, Manuel tenía 12 años. Al morir, el pasado 10 de noviembre, tenía cronológicamente 27 años, pero de alguna manera su espíritu, o su corazón, como dirían los tzotziles, se detuvo en ese terrible momento y siguió siendo el de un niño de 12 años: De ahí que todos lo conocieran como Manuelito. La reacción unánime de los asiduos visitantes de Acteal al enterarse de su muerte fue exclamar con tristeza:
¿Ahora quién nos recibirá en Acteal ofreciéndonos contar un chiste, una adivinanza o un cuento?Porque esa era la costumbre de Manuelito. Contaba chistes para tapar el paso al dolor; sonreía para disipar la tristeza y hacer sonreir a todos los que encontraba. Con frecuencia, sus chistes no eran más que las bromas inocentes de un niño de 12 años, pero en ocasiones sus cuentos se elevaban a la altura de las parábolas.
Don Raúl Vera, obispo auxiliar de don Samuel en el momento de la masacre, le escribió una carta a Emilio Chuayffet, un par de meses antes de la masacre, alertándolo de lo que estaba pasando. Como sucesor y correligionario de Bartolomé de las Casas, don Raúl sabe denunciar con palabra de fuego. La carta a Chuayffet concluía con una cita del profeta Amós: “Ustedes aborrecen al que los amonesta y abominan al que les habla con la verdad…pisotean al pobre...y hostilizan al justo, reciben sobornos y hacen que los pobres pierdan su causa en los tribunales. Por eso callan los prudentes, porque los tiempos son malos”.
Ahora bien, Manuelito era de otro talante. Si se hubiera encontrado alguna vez con Chuayffet no le habría espetado duras palabras. Le habría contado un cuento, un cuento que era mucho más que un cuento: “Estaba caminando entre los árboles cuando oí una voz que me llamaba: ¡Manuel! ¡Manuel! –Volteé a donde se escuchaba la voz, pero no vi a nadie. Otra vez escuché la voz, ahora más fuerte: ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Veme a la cara si eres hombrecito!– Entonces me di cuenta de que era un pajarito el que me estaba hablando. ¿Qué quieres? –le respondí?, y contestó el pajarito:
–¿Tú mataste a mis papás? ¡Dímelo!
–Sí, yo fui. Perdón, no sabía que eran tus papás.
–¿Dónde están mis papás? –volvió a preguntar el pajarito.
Manuelito se toca su panza con las manos, dando a entender que se los comió. El pajarito vuelve a hablar, pero su tono es más suave y conciliador:
–Te perdono porque me dijiste la verdad. Ahora podemos ser amigos.
Si existe un México profundo, es el de los pueblos que llegaron a estas tierras antes de que hubiera memoria. Si existe un abismo insondable, es el dolor de un niño al que la violencia le ha arrancado a sus padres y a sus hermanos. Pues bien, de esas profundidades recónditas llega a nosotros una voz. No es el grito de espanto que cabría esperar de las tinieblas; no, es algo como el gorgeo de un pajarito en diciembre. Y lo que esa voz propone es amistad… ¡para los asesinos de sus padres! Pero eso sí, con una condición insoslayable: la verdad. México está urgido de justicia y reconciliación ¿Seremos capaces de comprender?
A mucha honra-Helguera
Artículo 362, margen de arbitrariedad
El artículo 362 del Código Penal vigente para el Distrito Federal establece sanciones de entre cinco y 30 años de prisión para quienes,
mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, realicen
ataques a la paz públicao
perturbación de la paz pública. Por añadidura, el artículo 254 impone penas adicionales de cuatro a 10 años de cárcel y de 200 a mil días de multa a quien
integre una organización de hecho de tres o más personas para cometer, en forma permanente o reiterada,
ataques a la paz pública.
la violencia extrema, están claramente tipificados, las figuras de
ataqueo
perturbaciónde la paz pública son ambiguas e indefinidas y crean un enorme margen de arbitrariedad y discrecionalidad para la aplicación de la ley: en ella podrían caber desde una riña callejera hasta un atentado terrorista. La disposición referida puede usarse como una coartada para perseguir, reprimir, condenar y encarcelar a disidentes políticos y sociales según convenga a las autoridades locales en turno, por cuanto cualquiera que participe en una expresión de protesta que derive a la violencia podría, incluso si ha actuado en forma pacífica y legal, ser involucrado en las figuras delictivas señaladas.
Fue precisamente eso lo que ocurrió el pasado primero de diciembre, cuando, tras los actos vandálicos perpetrados por grupos de choque de origen y propósitos inciertos, decenas de jóvenes manifestantes y simples transeúntes fueron capturados con exceso de violencia, maltratados de diversas maneras y remitidos a la autoridad judicial. Catorce de esos ciudadanos permanecen recluidos en distintas cárceles, por más que existen documentos que prueban su palmaria inocencia.
Ayer, un centenar de integrantes del movimiento #YoSoy132 se manifestaron frente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en demanda de la liberación de los 14 y de que sea derogado el artículo 362 del Código Penal capitalino. La exigencia de los manifestantes es procedente. Sin desconocer la necesidad de perseguir y castigar actos vandálicos y faltas administrativas como los cometidos en el centro de esta capital el día de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, la persistencia del referido numeral es peligrosa, en la medida que establece sanciones para un delito abstracto, difícilmente reductible en el ámbito penal y carente de tipificaciones concretas. En esa medida, el artículo referido representa un peligro para la vigencia de los derechos humanos y sociales.
Es inevitable, por otra parte, vincular el contenido del artículo 362 del Código Penal capitalino con el tristemente célebre delito de
disolución social, creado durante la década de los 40 del siglo pasado con propósitos de persecución política, aplicado a discreción de la autoridad para detener y encarcelar a activistas sociales, líderes políticos y a simples críticos del régimen, y cuya derogación fue uno de los reclamos principales del movimiento estudiantil de 1968, violentamente reprimido por el régimen de Gustavo Díaz Ordaz.
Hoy hay 14 personas a la espera de ser procesadas con base en una legislación injusta, anacrónica y ambigua, y a partir de los atropellos policiales documentados por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que, como se dio a conocer ayer en estas páginas, no sólo consistieron en un uso desproporcionado de la fuerza –en 75 por ciento de las capturas– sino también en una visión discriminatoria y criminalizadora de los jóvenes.
En suma, en la ciudad capital –que se precia de ser una de las más progresistas del país– persisten prácticas autoritarias inadmisibles y la aplicación de leyes que facilitan la discrecionalidad y la arbitrariedad. Cabe esperar del gobierno y la legislatura locales que el primero se desista de los cargos que pesan sobre los 14 presos del primero de diciembre y que permita su liberación, y que la segunda realice las modificaciones legales pertinentes.
Gasolinazos-Ahumada
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