Criminalización de la protesta social- Pacto por México: parche sobre parche

Criminalización de la protesta social

Miguel Concha

En el contexto de la toma de posesión del titular del Ejecutivo Federal en la ciudad de México el pasado primero de diciembre, la población fue alarmada con noticias sobre enfrentamientos entre policías y manifestantes en las calles. Era de esperarse que en los alrededores del Palacio Legislativo de San Lázaro ciudadanas y ciudadanos ejercieran sus derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación, como formas de protesta ante un gobierno que fue cuestionado por diversos sectores nacionales e internacionales. Desafortunadamente se ha venido demostrando en los días posteriores que estas manifestaciones fueron acalladas por medio de detenciones arbitrarias e ilegales, que han implicado también diferentes violaciones a los derechos humanos, principalmente de jóvenes.

 

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal señaló desde un principio a las personas detenidas como pertenecientes indiscriminadamente a grupos anarquistas y al movimiento #YoSoy132 como responsable de diversos delitos graves. Sin embargo, la calificación de tales cargos ha resultado infundada en muchos de los casos, luego que las organizaciones de derechos humanos, abogados y familiares de los detenidos han venido documentando distintas anomalías en el operativo policiaco y la actuación del Ministerio Público. Entre los abusos, se han detectado actos que han puesto en peligro la vida y la integridad de los manifestantes, ante el uso excesivo de la fuerza pública para dispersar las manifestaciones. Entre los casos más graves se encuentran los de Francisco Kuykendall, Uriel Sandoval y Carlos Valdivia, quienes resultaron gravemente heridos.

El 3 de diciembre, la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos hizo un llamado urgente, manifestando su firme rechazo al uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales, y exigiendo el respeto al debido proceso de los imputados, así como el rechazo a los múltiples abusos en las detenciones de los manifestantes, con la finalidad aparente de reprimir no sólo la comisión de delitos, sino el legítimo derecho a la protesta social. Al mismo tiempo, hizo un llamado a los actores estatales a presentar públicamente a todas y todos los detenidos, para que pudieran constatar el estado en el que se encontraban, permitiendo el contacto con sus familiares y defensores.

En un contexto sumamente preocupante, agravado por las reiteradas versiones agresivas de algunos medios, familiares de las personas detenidas, organizaciones civiles, abogados que conformaron la Liga 1º de diciembre, movimientos sociales –entre ellos el #YoSoy132– y grupos de intelectuales y académicos se han articulado de forma solidaria para documentar casos y trabajar en favor de la legalidad y la justicia para cada una de las 70 personas detenidas. Entre ellas, 11 mujeres y 59 hombres, la mayoría jóvenes.
 

Hay que señalar que las autoridades les han imputado delitos graves –para muchos especialistas de corte político– que no alcanzan fianza, con penas que pueden llegar hasta los 45 años de prisión, por la agravante de haber sido supuestamente cometidos en pandilla. Las actuaciones ministeriales dan constancia de que se han fincado contra las personas detenidas los delitos de ataques a la paz pública, a las vías de comunicación, a la propiedad, robo en pandilla y lesiones, entre otros.

 

Sin embargo, las principales violaciones a los derechos humanos se cometieron al momento de las detenciones, y también posteriormente. A las personas remitidas a la Agencia 50 del Ministerio Público se les negó el contacto con sus familiares y el acceso a sus representantes legales. También por parte de cientos de policías que los cercaron a las afueras de la Agencia 50 se produjeron actos de intimidación y enfrentamiento en contra de los familiares y representantes legales. Las personas detenidas fueron posteriormente trasladadas al Reclusorio Norte, los hombres, y a Santa Martha Acatitla, las mujeres, donde los amedrentamientos e intimidaciones siguieron latentes contra los familiares y defensores.

Las organizaciones de derechos humanos afirman que las y los ciudadanos no buscan optar por caminos no institucionales para expresarse libremente, sino para fortalecer el funcionamiento de las instituciones, a través del intercambio de ideas y la manifestación de sus reivindicaciones. En una sociedad democrática están convencidos de que tienen el derecho al goce y disfrute de derechos conexos. Es decir, aquellos que no son contrarios al orden establecido, aún cuando se encuentren estrechamente vinculados con actos de orden político, como los de reunión, asociación y libertad de expresión, derechos que están contemplados en los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en los artículos 13 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

Tampoco se puede restringir el derecho a la libre expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares. Los derechos de asociación, reunión y de libertad de expresión son un requisito fundamental, indispensable para la existencia de una sociedad democrática. No así la represión, el uso excesivo de la fuerza y el patrocinio de entes desconocidos o grupos de choque que alienten o cometan delitos.

 

De acuerdo con el especialista argentino Raúl Zaffaroni, la Declaración Universal de Derechos Humanos estima esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el ser humano no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.

 

Pacto por México: parche sobre parche

Gustavo Leal F*

La enredada propuesta electoral de Peña por un sistema de seguridad social universal (diseñada por Levy), culminó en tres acotados compromisos (1,3,4) que extienden –otro sexenio– el parche denominado Seguro Popular, más dos compromisos-complementos mínimos (2 y 5). La anhelada universalidad para todos, pivoteada desde los impuestos generales, se declara sin materializarse.

 

El enredo-Levy presumía un fantástico consenso para garantizar cuatro derechos exigibles: seguro de salud, seguro de desempleo temporal, pensión para el retiro y seguro contra riesgos laborales, financiado con IVA alzado y sin excepción (Peña Nieto, 2011, México, la gran esperanza. capítulo 5, y Santiago Levy, 2012, Seguridad Social Universal, Nexos, noviembre).

En el pacto reaparecen: acceso universal a los servicios de salud (compromiso 1), que resume el diagnóstico de Funsalud (2011, Proyecto de Universalidad de los Servicios de Salud) para reorganizar la portabilidad de las coberturas y la convergencia de los sistemas, a fin de igualar la calidad. Iniciaría en 2013.

Pensión para adultos mayores de 65 años sin SAR o pensión IMSS-Issste (compromiso 3) que ajustará al programa 70 y más de Sedesol, agregando una cuota social a la cuenta individual. Iniciaría en 2013.

Seguro de desempleo (compromiso 4) cuyos componentes no se definen. La reforma legal para su implementación se presentaría en el primer semestre de 2014 y su operación iniciaría en el segundo semestre de ese año.

Ante el crecimiento de los males asociados a la obesidad, el compromiso 2 modificaría las NOM para prohibir en las escuelas los alimentos chatarra, retomando las suaves recomendaciones de la OCDE-Gurría (2012, México. Mejores Políticas para un Desarrollo Incluyente). Se presentarían las reformas legales en el segundo semestre de 2013 para iniciarlo en el primer semestre de 2014.

El compromiso 5, Seguro de vida para jefas de familia, se implementaría en el primer semestre de 2013.

Además, los compromisos 1, 3 y 4 están sujetos a la aprobación de la reforma hacendaria.

El Pacto confirma que el enredo-Levy fue desechado, optándose por preservar –otro sexenio– la comprometida operación del programa electorero Seguro Popular y su federalismo disfuncional. El motivo es claro. Como documentan Diaz Cayeros y colaboradores (La geografía electoral de 2012): aunque Peña tuvo ventaja entre la población menos favorecida por sobre AMLO, este sector de la población apoyo primero al PAN, refrendando los beneficios de programas como el Seguro Popular y Oportunidades. El nuevo PRI seguirá capitalizándolo, mientras relega la mejora efectiva de los servicios y la actualización del catálogo de prestaciones a la altura de la ciudadanía del siglo XXI.
El contenido del compromiso 1 refrenda que el equipo de Peña adoptó la propuesta de Julio Frenk-Funsalud para parchar –por lo pronto– su propia propuesta de universalidad sólo con más portabilidad y más convergencia.
 

Pero, en el cuadro de la entrada en operación plena de la Obama-Care, la consolidación de las aseguradoras, la Asociación Nacional de Hospitales Privados, el crecimiento de los grupos Ángeles (Vázquez Raña), Star Médica (Slim) y la previsible presencia de nuevos jugadores, está aún por establecerse si más portabilidad puede significar, igualmente, más presencia de aseguradoras y cadenas hospitalarias privadas en la oferta de servicios de atención médica, financiadas con recursos públicos.

 

Por su parte, el compromiso 3, pensión para adultos, seguirá capitalizando el sistema-Afores, que cobra altas comisiones devolviendo rendimientos y pensiones mínimas a los verdaderos titulares de los recursos pensionarios: los trabajadores.

 

En el Seguro de vida para jefas de familia, habrá que aguardar el rostro, carácter y beneficios que se adjudicará el operador.

 

Así, el escuálido debate electoral organizado apenas por un puñado de intelectuales mediáticos y ciertos dignatarios de los poderes fácticos, decantó en otra captura de la agenda pública (como ya ocurriera con Fox y Frenk) por el grupo de interés Funsalud. Los grandes errores en la operación política del tecnocrático enredo-Levy, contribuyeron a cancelar –por ahora– lo que hubiera representado una excelente oportunidad para imprimir un ajuste profundo a la red de protección social, sintonizándola con la realidad sanitaria de sus usuarios.

 

El Pacto opta por una de las alternativas para seguir racionando tecnocráticamente el catálogo de prestaciones sociales: la de Frenk, Funsalud y Mercedes Juan, vía las 13 intervenciones en paquete de Oportunidades; las 284 intervenciones del Catálogo Universal de Servicios Esenciales, las 58 del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular y las 131 del Seguro Médico para una Nueva Generación, sacrificando al enredo-Levy y sus entusiastas promotores (Aguilar Camín).

 

Pero quien más pierde es el ciudadano usuario mexicano –especialmente los jóvenes– que, con una reforma laboral que cancela virtualmente las posibilidades de generar antigüedad para capitalizar prestaciones de la seguridad social, sólo recibirá del nuevo PRI una universalidad parchada con entrada efectiva apenas a los racionamientos del acceso universal, cuota social mínima en las Afore y un seguro por desempleo sin rostro.

 

En suma: ampliación de derechos sociales acotados. Doce años panistas perdidos y, previsiblemente, seis más de la segunda alternancia, ahora, vía un híbrido universal. Por lo pronto y sin desconocer sus bondades, en salud y seguridad social, el Pacto no es contra, sino para los poderes fácticos: Funsalud.

 

El nuevo PRI carece de una sola línea para atender la primera demanda ciudadana: mejorar servicios, mejorando las condiciones de quienes son los responsables finales de la calidad: los equipos nacionales que brindan la salud y la seguridad social.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco