Ecos del 68 en la lucha por liberar a
los 14 que nos faltan
Francisco Pérez Arce*
Manifestaciones ayer, 13 de diciembre, demandaron la libertad de
los 14 que nos faltan. Exigen, como en el 68, libertad a los presos políticos. Son nuestros 14 presos políticos de hoy. Están privados de su libertad por haber manifestado pacíficamente sus ideas el primero de diciembre. La policía los agarró cuando recibieron la orden de detener… y no detuvieron a los culpables de los actos violentos, sino a quienes se manifestaban pacíficamente… los agresores se habían esfumado. La policía lo sabe. Lo sabe el Ministerio Público y la juez. Por eso liberaron a 56 de los 70 detenidos.
Los 14 que nos faltanno son casos distintos de los ya liberados.
remitieron, y la juez 47 que ordenó que siguieran presos, los acusan de
ataques a la paz pública, tipificado en el artículo 362 del Código Penal del DF, un delito de carácter político, equiparable al de terrorismo, por el cual se pueden aplicar penas de cinco a 30 años de prisión (sin derecho a fianza), y pueden ser aumentados en 50 por ciento si se presenta el agravante de haber sido cometido
en pandilla. Es decir, se pueden aplicar penas de hasta 45 años de prisión. Diría que es desproporcionado si no fuera porque es estúpidamente injusto. Ayer, los manifestantes levantaron, con toda razón, la demanda de derogar el 362.
Cincuenta y seis de los 70 fueron liberados. Se reconoce así que fueron detenidos injustamente y perdieron nueve días de su vida en libertad. Sin razón alguna. Por acciones y omisiones de autoridades policiacas y judiciales. Además, hay denuncias de tortura física y sicológica. Si tales comportamientos de las autoridades no se sancionan, se tolera y santifica la impunidad. Hay voces que exigen, con toda razón,
deslinde de responsabilidades: que se investigue y sancione a los culpables de violar las garantías individuales y los derechos humanos de los 70 detenidos.
En el 68, los estudiantes levantaron como bandera un pliego de seis puntos. Tres de ellos hoy se repiten:
1) Libertad de los presos políticos. Entonces los presos eran los líderes ferrocarrileros, culpables de haber encabezado una huelga en 1959. Hoy son
los 14 que nos faltan, culpables de ejercer su derecho a manifestarse pública y pacíficamente.
2) Derogar los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, que tipificaban el delito de
disolución social, delito político, que se aplicaba a dirigentes sociales, con el que se mantenía en prisión a los líderes ferrocarrileros. Hoy se pide derogar el artículo 362 del Código Penal local, que tipifica el delito de
ataque a la paz pública, del que se pretende acusar a
los 14 que nos faltan.
3) Deslinde de responsabilidades. Entonces, en julio del 68, hubo heridos y muertos, y evidentemente había responsables en el gobierno.
El deslinde de responsabilidadesera la exigencia mínima contra la impunidad. Ahora también hay heridos. Afortunadamente no hay muertes que lamentar. Pero se violaron los derechos de 70 ciudadanos a quienes se privó injusta y arbitrariamente de su liberad. A 56 de ellos durante nueve días. Y a
los 14 que nos faltan, por un tiempo que aún no termina. Cada día que permanecen en prisión es un día más de injusticia.
De aquellos seis puntos del 68, hoy se repiten tres. Es lamentable que el gobierno al que en estos días se exige su cumplimiento sea el de la ciudad de México, un gobierno de izquierda que, nadie puede ignorarlo, está ligado históricamente con los movimientos antiautoritarios y justicieros de nuestro pasado reciente.
* Novelista e historiador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Su libro más reciente es Xalostoc
Primera posada-Ahumada
Adiós, democracia, adiós
Marcos Roitman Rosenmann
Fuese o no verdad, concluida la guerra fría se popularizó la idea, en los países capitalistas, de vivir en democracia. Países ricos y pobres, dominantes y dependientes, debían asumir la tarea de crear o consolidar instituciones propias de una democracia representativa. El esfuerzo se adjetivó como la construcción de una orden mundial capaz de encajar democracia política y economía de mercado. En su empeño de construir un objeto imposible primó la mano invisible del mercado sobre los principios de la democracia, convirtiéndola en un cascarón vacío, paso previo para el advenimiento de una sociedad sumisa y ordenada. El mercado tomaba las riendas. El capital privado sustituía al Estado en la función fiscalizadora de las políticas públicas y sociales. Fortalecer la gobernabilidad, consolidar la gobernanza y crear un parámetro que midiese la
calidad de la democraciaconstituyó el núcleo del proyecto. Fue la manera de justificar la emergencia de gobiernos fuertes y ágiles, donde la mano dura sustituía el diálogo y la negociación social. Entre los criterios para el ranking de la calidad democrática se propusieron el estado de los derechos políticos y las libertades civiles, la representación de género, la aplicación de justicia, la soberanía, la corrupción o los niveles de satisfacción ciudadana. A medida que el mercado ha ido fagocitando la democracia el suspenso es generalizado, poniendo en claro que democracia, capitalismo y economía de mercado no son compatibles.
Académicos e intelectuales de la
sectacrean institutos privados, fundaciones, centros de investigación, editoriales, medios de comunicación y de paso cambian los planes y programas en las universidades públicas y privadas de las facultades de economía y ciencias sociales. El ideario neoliberal gana terreno. Su mensaje no tiene dobleces. Si la democracia política representa un problema para la economía de mercado, nos deshacemos de ella. Para evitar ser tildados de antidemócratas proponen convertir la democracia política en democracia de mercado. Von Mises, mano derecha de Hayek, asienta la definición:
La democracia de mercado se desentiende del verdadero mérito de la íntima santidad de la personal moralidad de la justicia absoluta. Prosperan a la palestra mercantil, libre de trabas administrativas, quienes se preocupan y consiguen proporcionar a sus semejantes lo que éstos, en cada momento, con mayor apremio desean. Los consumidores, por su parte, se atienen exclusivamente a sus propias necesidades, apetencias y caprichos. Esa es la ley de la democracia capitalista. Los consumidores son soberanos y exigen ser complacidos.
Crear una sociedad bajo los principios de la economía de mercado y renegar de la democracia no es tarea fácil. Se requiere gobernar con mano de hierro. Varios ejemplos preglobalización se esgrimen, aunque desaconseja la forma política de acceso al poder. El caso de Chile es recurrente. Quienes diseñaron las bases de la política económica de la dictadura, críticos de la democracia política, educados en los principios de la economía de mercado, se les considera unos adelantados y a Pinochet un iluminado. Bajo los atentos ojos de sus maestros, Hayek, Friedman, Rawls o Stigler, logran asombrar al mundo, pero no pueden sacudirse el pecado original, imponerlo a sangre y fuego. Paradojas de la vida, serán sus detractores quienes, tras 17 años de tiranía, le rediman y den su plácet. Exiliados y oposición consensuada alabaron sus logros y se reconvirtieron al catecismo neoliberal, ahora legitimado electoralmente. El siguiente ejemplo viene del viejo mundo. En 1979, sin desaparecidos, torturados y exiliados, Margaret Thatcher, en Gran Bretaña, gana las elecciones y asume el ideario pinochetista. El tercer ejemplo proviene de Estados Unidos. En 1981 el Partido Republicano aúpa a la Casa Blanca a Ronald Reagan. Tres experiencias que pusieron en el punto de mira las políticas de austeridad, los recortes y su devoción por instaurar una
democracia de mercado. Sus gobiernos abrieron camino desarticulando el tejido de la sociedad política y civil. Sindicatos de clase, partidos obreros, organizaciones defensoras de los derechos humanos, fueron cuestionadas como instituciones democráticas. La propaganda en su contra acabó deslegitimando sus funciones y desacreditando a sus miembros. La crisis de la militancia y la desafección política fueron los primeros síntomas de un poder neoligárquico que imponía su cosmovisión totalitaria y antidemocrática. Los mercados no requieren mecanismos de negociación para solucionar los conflictos de clase. Una palabra fue copando el discurso político y la narrativa del neoliberalismo: austeridad. Los documentos de época insisten en dicho concepto para explicar los cambios introducidos en la gestión pública y la asignación de recursos. Los programas sociales son afectados bajo el principio de racionalidad y eficiencia. La desregulación acabó con el estado del bienestar y sus atributos compensatorios de las desigualdades económicas.
Los años 90 del siglo XX encontraron un camino abonado. Nada se oponía al relato neoliberal y el comunismo realmente existente se desarticulaba hasta desaparecer del mapa europeo. El camino queda expedito para profundizar las reformas. La democracia pierde batalla tras batalla. Aumentan las desigualdades y la pobreza resurge y la exclusión se consolida. Y en la primera década del siglo XXI ya nada parece inquietar. Día a día se suceden acontecimientos que nos hablan del total abandono de los principios democráticos como articuladores del orden social y político. Los ejemplos provienen de todas las esferas. La justicia, la cultura, la economía, la política, la educación, la sanidad, etcétera. El deterioro de la democracia coincide con la pérdida de control de la clase política de los mercados y sus representantes. La democracia ya no es la forma por excelencia de la dominación burguesa, expresa la reivindicación de las clases trabajadoras, explotadas, los pueblos originarios sometidos al colonialismo interno y las mujeres al dominio propio de una sociedad capitalista y patriarcal. En este sentido la democracia se incorpora como parte de un proyecto alternativo, anticapitalista, abajo y a la izquierda. De allí que bajo el capitalismo le demos la extremaunción. Adiós, democracia, adiós.
Falsificadores de la historia:
Villa, asesino desquiciado
Pedro Salmerón Sanginés
Para los falsificadores de nuestra historia Pancho Villa era un asesino sin ideología. Dice Villalpando:
en cuanto a Villa, quizá en el fondo no tenía bandera ideológica y por eso fue tan popular: sólo destruía(Batallas por la historia, p. 327). Además, un demente, como dice Zunzunegui rizando el rizo de una ocurrencia de Enrique Krauze (quien la toma de algunos intelectuales que detestaban al centauro del Norte): Villa era
maniaco-depresivo, o de plano bipolar. Pero lo que nos interesa es la lapidaria frase del mismo Zunzunegui (que podría ser de Catón, Pazos, Schettino o González de Alba):
no hay ideología en Villa(La historia de una matanza por el poder, pp. 69-71). Sólo puede afirmarse eso absteniéndose de leer las pruebas aportadas por Friedrich Katz, Paco Ignacio Taibo II (o en mi libro La División del Norte).
Igual en el norte de México: los dirigentes agraristas y obreros, los campesinos sin tierra, los rancheros que exigían la devolución de recursos usurpados por las haciendas, los mineros que luchaban por condiciones laborales justas –y que juntos construyeron la División del Norte–, diseñaron su proyecto al calor de tres campañas guerrilleras. Proyecto que empezaron a llevar a cabo en diciembre de 1913, cuando ocuparon Chihuahua y los generales nombraron gobernador a Pancho Villa.
Tras resolver las necesidades más apremiantes de una población que estaba al borde de la hambruna, Villa publicó un documento de hondas repercusiones: el
Decreto de confiscación de bienes de los enemigos de la Revolución, que entregaba al gobierno revolucionario las inmensas riquezas de la oligarquía agrupada en torno a los gobernadores porfiristas Terrazas y Creel. Desde ese momento, el gobierno villista administró cerca de 4 millones de hectáreas, fábricas y fundidoras que constituían el grueso de la riqueza del estado. Al triunfo de la causa, decía el decreto, una ley reglamentaria determinaría lo relativo a la distribución de esos bienes que, mientras, financiaron el aparato militar villista y su política social (escuelas, pensiones, reparto de carne y harina a los pobres, etcétera).
En el texto de ese decreto y en
el sueñoque por esos mismos días le contó Pancho al periodista John Reed, están las líneas del proyecto agrario del villismo, que habría de ser complementado por documentos posteriores que alcanzarían su expresión más acabada, luego de la confluencia del villismo con el zapatismo, en el Programa de reformas políticas-sociales de la Convención. La legislación villista daba forma al ideal de la pequeña propiedad agraria, productiva e independiente, como base de la riqueza del país, ideal constante en los clásicos del liberalismo mexicano.
Pero no se proyectaba repartir las tierras y dejar a los nuevos propietarios a su suerte, pues se creó el Banco del Estado, que debía otorgar créditos de avío a estos agricultores e impulsar las obras de irrigación y otras mejoras. El gobierno también se comprometía a construir escuelas en los núcleos rurales y dar vida a escuelas agrícolas y a laboratorios de experimentación. Según las leyes agrarias, las adjudicaciones de tierras no serían gratuitas, sino en módicos pagos, y la venta o enajenación de las tierras adjudicadas (como patrimonio familiar) encontraba innumerables obstáculos o prohibiciones.
Este programa agrario era uno de los dos pilares del proyecto villista. El otro era la democracia política. La democracia universal y directa, la restauración del orden constitucional, la división de poderes, el federalismo y la autonomía municipal, que conjuntaban tanto los ideales de Madero (muchos de cuyos colaboradores y parientes militaban en las filas villistas), como la vocación de autonomía pueblerina y democracia plebeya de los jefes populares del villismo, fueron los grandes temas articuladores de este ideal democrático, que por hoy sólo dejaremos así enunciado.
Posteriormente, en la confluencia con el zapatismo, se desarrolló y decantó lo relativo a la redistribución de la propiedad raíz y la restauración del orden constitucional, se añadieron proyectos sobre la conducción económica del Estado, el federalismo y el municipio libre; sobre las condiciones de vida de los obreros y el carácter del Estado como árbitro entre las clases.
Rápido y lloroso-Helguera
Plazos de la Ley General de Víctimas
Miguel Concha
En cumplimiento con el compromiso que como candidato a la Presidencia de la República hizo con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y las organizaciones de derechos humanos y atención a víctimas que participaron en el diálogo del Castillo de Chapultepec el 28 de mayo, el nuevo titular del Ejecutivo federal publicará, luego de ocho meses de haber sido aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión, la Ley General de Víctimas. Recordemos que para sus efectos constitucionales, a saber, observarla en un plazo máximo de 30 días naturales y, si no hubiera observaciones en ese periodo, promulgarla y publicarla en un plazo de 10 días naturales, el 10 de mayo se envió al Ejecutivo federal, entonces encabezado por Felipe Calderón, de triste y lamentable memoria, la ley aprobada el 30 de abril en el Congreso de la Unión. Y que, como esto no se dio, la Ley General de Víctimas quedó promulgada el 19 de junio, de acuerdo con lo que también señala la Constitución. Sólo falta entonces su publicación. Sin embargo el entonces secretario técnico de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, actuando sin ninguna facultad constitucional, y aduciendo instrucciones del diputado panista presidente de la mesa directiva, interrumpió el plazo constitucional establecido en el artículo 72 apartado B, en una maniobra de clarísimos objetivos electorales, lo que le permitió al gobierno calderonista enviar el 1º de julio de 2012 a las 20:38 horas, precisamente el día de las elecciones federales, un veto extemporáneo a la Ley General de Víctimas.
El primero se refiere a su entrada en vigor a los 30 días de su publicación, y a la expedición de un reglamento a los seis meses de su entrada en vigor. Además, el Sistema Nacional de Ayuda, Atención y Reparación Integral de Víctimas, que integra a todas las instituciones del Estado mexicano en sus distintos órdenes de gobierno, deberá crearse dentro de los noventa días naturales a partir de la entrada en vigor de la ley. Y la Comisión Ejecutiva, integrada por nueve comisionados, cuya función será la de operar el sistema, deberá elegirse dentro de los 30 días naturales a partir de la configuración del sistema. Para la designación de estos por el Senado, el Ejecutivo federal deberá emitir una convocatoria pública, con el objeto de que universidades públicas hagan llegar propuestas de candidatos o candidatas para conformar las cinco ternas para elegir a los especialistas.
También para que las organizaciones de sociedad civil registradas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores hagan llegar las propuestas de candidatos o candidatas para conformar las cuatro ternas para elegir a los 4 representantes de colectivos de víctimas. Los congresos locales deberán igualmente armonizar en un plazo de 180 días naturales todos los ordenamientos locales relacionados con la presente ley, y en el mismo plazo se deberán reformar las leyes y reglamentos de las instituciones que prestan atención médica, a efecto de reconocer su obligación de prestar atención de emergencia a las víctimas, en los términos del artículo 38 de la ley. En un plazo tambié n de 180 días naturales, las autoridades que integrarán el Sistema Nacional de Víctimas deberán reformar sus reglamentos, a efecto de señalar las áreas que deberán asumir las obligaciones que la ley les impone. Y las procuradurías General de la República, y de todas las entidades federativas, tendrán también un plazo de 180 días naturales para generar los protocolos necesarios en materia pericial que la ley refiere.
Es también muy importante que el gobierno federal deberá prever recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, puesto que la ley entrará en vigor a partir de que sea publicada, lo que de seguro sucederá a fines de este diciembre. En el Presupuesto de Egresos para 2013 quedaron previstos recursos para la Procuraduría Social de Víctimas del Delito (Províctima), cuya acta de defunción será expedida al publicarse la ley. Por lo que ese recurso tendrá deberá ser reprogramado para la operación de la Comisión Ejecutiva del Sistema, al igual que otros rubros presupuestales asignados a escala federal para la atención a víctimas. La Ley General de Víctimas es un gran logro de organizaciones de derechos humanos y de protección y atención a víctimas. Representa la concreción de una larga lucha por el derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.
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