Apuntes postsoviéticos- EU: descontrol de armas y barbarie- Transgénicos, cáncer y corrupción en la ciencia

Apuntes postsoviéticos

Cuestión de dinero

Juan Pablo Duch

 

Conservar o cerrar las instalaciones militares que tiene en el espacio de la antigua Unión Soviética –a falta de una ideología común que pudiera explicar la existencia de aliados dispuestos a ceder soberanía a cambio del bien de todos– se ha convertido para Rusia en simple cuestión de dinero.

 

 
La presencia militar rusa en Asia central, por ejemplo, cuesta mucho, y el Kremlin, cuando quiere mantener tal o cual base, siempre termina pagando, aunque a veces se acuerda maquillar las millonarias sumas con promesas de respaldar a los líderes autoritarios de las repúblicas ex soviéticas ante eventuales revueltas de su población o ataques de países vecinos, ofrecimientos que a la hora de la verdad nada valen, a menos que se llegue a afectar la seguridad nacional de Rusia.
 
Esto es más o menos lo que pasó en la dilatada negociación para prolongar el permiso de las bases militares de Rusia en Tayikistán. Luego de un largo estira y afloja sobre el precio del arrendamiento, tras la visita del presidente Vladimir Putin en ocasión del 60 aniversario del natalicio de su colega Emomalí Rajmon, se anunció que Rusia se queda otros 30 años y sin pagar nada.
 
Merecería una ovación, pero se quitan las ganas de aplaudir al saber que la letra pequeña de ese espectacular pacto establece que Rusia regalará al ejército tayiko armamento por un valor de 200 millones dólares y después, cada año, liberará de aranceles por otros 200 millones de dólares las compras de hidrocarburos que haga Tayikistán, suma equivalente a la renta que quería cobrar y que ahora perdona.

 

Además Moscú se compromete –y aquí entran en juego las promesas encubiertas de proteger al cacique tayiko Rajmon, de cumplimiento no obligatorio– a invertir mil 500 millones de dólares en desarrollar la energía hidroeléctrica de Tayikistán.

 

Poner en práctica ese proyecto, al margen del dictamen de los expertos de la Organización de Naciones Unidas sobre el daño al medio ambiente que podría causar, equivaldría a declarar la guerra a Uzbekistán, que lo califica de catástrofe para su agricultura y, por tanto, busca la protección de Estados Unidos.

 

Y como colofón, el Kremlin ofrece hacer más flexibles las condiciones para los trabajadores tayikos que vienen a Rusia –cuyas remesas equivalen a casi la mitad del PIB de Tayikistán–, otorgando permisos laborales de tres años y ampliando a 15 días el plazo para darse de alta ante las autoridades migratorias rusas.

 

Consciente de que no tiene otra opción para mantener su presencia militar en Tayikistán –en una región, la estratégica Asia central, cada vez más atraída por las ofertas de cooperación formuladas por Estados Unidos y China–, Rusia apuesta por proclamar una frágil alianza con el impopular régimen de Rajmon, a la vez que complica las ya de por sí tensas relaciones con Uzbekistán.

 

 

 

EU: descontrol de armas y barbarie

Pocos episodios de violencia individual han sacudido tanto a la sociedad estadunidense y a la opinión pública internacional como la masacre ocurrida ayer en una escuela primaria de Newtown, Connecticut, donde un hombre abrió fuego indiscriminadamente, asesinó a 26 personas –entre ellas, 20 niños de entre cinco y 10 años– y se suicidó.

 

 
Sin soslayar que este episodio forma parte de una larga cadena de tiroteos ocurridos en escuelas, centros de trabajo y lugares públicos de ese país –son tristemente célebres la matanza ocurrida en la preparatoria Columbine, en abril de 1999, con 15 estudiantes muertos; el asesinato de 33 estudiantes del Tecnológico de Virginia a manos de uno de sus compañeros, en abril de 2007, y la reciente masacre registrada en un cine de Colorado, que arrojó un saldo fatal de 12 personas–, y sin pasar por alto que cualquier homicidio es en sí mismo repudiable, el efecto estremecedor del ataque registrado en la escuela Sandy Hook se multiplica por cuanto la mayoría de las víctimas pertenecían al sector más vulnerable y sensible de toda sociedad: la niñez. Sobra decir que ninguno de los pequeños asesinados representaba amenaza alguna para el Estado libre –por usar los términos empleados en la Segunda Enmienda de la Constitución estadunidense para justificar la posesión irrestricta de armas en ese país– ni mucho menos para el agresor.
 
Ayer, al pronunciar una postura oficial de la Casa Blanca sobre los hechos, el presidente Barack Obama dijo, visiblemente consternado: Vamos a tener que unirnos y tomar medidas significativas para prevenir futuras tragedias como esta.
 
Las lamentaciones y las promesas, sin embargo, no bastan: es impostergable que el gobierno de ese país haga algo para contener la desmesurada proliferación de arsenales en manos de su población (se estima que en Estados Unidos existen unos 280 millones de armas de fuego, prácticamente una por cada adulto). Es pertinente recordar que la persistencia del anacrónico marco legal que ha permitido dicha proliferación se explica por el decidido respaldo de los sectores más reaccionarios y chovinistas de la nación vecina, como la ultraconservadora Asociación Nacional del Rifle y los principales cuadros del Partido Republicano, pero también por la falta de capacidad o de voluntad del gobierno demócrata: baste decir que durante el primer mandato de Obama, éste ha sido omiso en impulsar alguna medida orientada a limitar la posesión de armamento por parte de particulares, así como en reinstalar las prohibiciones a la compra de rifles de asalto –expiradas en 2004– a pesar de que durante su primera campaña electoral prometió hacerlo.

 

Ahora bien, la diseminación de armamento entre la población estadunidense no basta, por sí misma, para explicar la exasperante frecuencia con que se producen masacres como las referidas. Naciones como Canadá, Suecia y Finlandia registran elevados niveles de armas per cápita sin que se presenten, en ellas, asesinatos en masa como los que sistemáticamente siembran terror y zozobra en Estados Unidos, los cuales dejan entrever una suerte de propensión colectiva a la barbarie en ese país que no ha podido ser ni siquiera explicada, y que tendría que empezar a ser debatida cuanto antes.

 

Resulta desolador que, en una sociedad que goza de grandes niveles de desarrollo y de riqueza –en buena medida producto del colonialismo depredador históricamente ejercido por Washington–, y que se empeña en ostentarse como modelo de civilidad ante el resto del mundo, tengan lugar episodios como los referidos, que denotan justamente un retraso civilizatorio y una propensión a la violencia y la barbarie y que, por desgracia, parecen imposibles de desmontar exclusivamente por la vía legislativa.

 

 

Transgénicos, cáncer y corrupción en la ciencia

Silvia Ribeiro*

Gran parte del maíz transgénico que Monsanto y otras empresas presionan para plantar en millones de hectáreas en México, es el tipo que provocó cáncer y otros daños a la salud (hígado y riñones, infertilidad, muerte prematura) en ratas de laboratorio, según un reciente estudio científico en Francia. El estudio ha sido objeto de muchos reconocimientos científicos y también cuestionamientos. Pese a que las críticas vienen de científicos ligados a la industria transgénica, es muy saludable que se discuta este y cualquier otro experimento científico. Lo que es enfermo y no se justifica en ningún escenario es que mientras tanto, se autorice la siembra y consumo de maíz transgénico, sometiendo a la población a esos riesgos.

 
Si el gobierno aprueba esas solicitudes, México, por ser uno de los países de más alto consumo de maíz del mundo –comemos maíz cada día, durante toda la vida– se transformará en un gigantesco experimento de las transnacionales, las mujeres, niños y hombres seremos sus ratas de laboratorio. Si comparamos en extensión de vida, el cáncer y otros problemas empezarían a aparecer después de varios años de consumo –probablemente antes en los niños.
 
Las solicitudes son para Sinaloa y Tamaulipas, estados que como explicó Ana de Ita (La Jornada, 16/10/12) , proveen de maíz a la ciudad de México y otras, por lo que el perverso experimento comenzaría masivamente apenas 6 meses después que se plantara ese maíz. Por ello crece la alerta en las ciudades tanto como en el campo, exigiendo que no se apruebe ningún maíz transgénico.
 
El estudio en Francia mostró resultados tan graves, que se ha convertido en un caso paradigmático, tanto sobre los riesgos de los transgénicos, como por revelar la corrupción de científicos y agencias reguladoras, mostrando que el sistema que usan para evaluación de riesgos es altamente deficiente.
 
En septiembre 2012, Gilles-Eric Séralini y su equipo de la Universidad de Caen, Francia, publicaron los resultados de alimentar durante dos años a ratas de laboratorio con maíz transgénico NK603, resistente al herbicida Roundup, mostrando que produjo tumores cancerígenos y otros daños severos en ratas. Es el estudio más amplio que se ha realizado a nivel mundial y la revista que lo publicó, la más prestigiada en el tema de toxicología en alimentos.
 
Séralini usó el mismo tipo de ratas y la misma metodología que había usado Monsanto con el maíz NK603, pero empleó un mayor número de ratas y prolongó el estudio durante toda la vida de éstas, mientras Monsanto lo interrumpió a los tres meses. Pero Monsanto afirmó que las ratas no tuvieron problemas y basadas en sus datos, la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) declaró que el maíz era seguro para el consumo. Curiosamente, los síntomas de daño aparecieron a partir del cuarto mes, lo que cuestiona el período de tres meses que usó Monsanto, aceptado por la EFSA. La EFSA ha sido objeto de muchas denuncias –incluyendo a la Corte Europea de Auditores- por sus relaciones incestuosas con la industria de transgénicos, de alimentos y de agrotóxicos, incluyendo haber eliminado informes críticos (como hizo con otro maíz transgénico en 2005) y que la mayoría de los científicos que cita y con quien trabaja en temas cruciales de riesgo sobre la salud, tienen conflicto de intereses. (Ver detalles en Corporate Europe Observatory)

 

Apenas publicado el estudio de Séralini, un centro de relaciones públicas financiado por la industria biotecnológica y otras industrias contaminantes, que se hace llamar Science Media Centre, (SCM) compiló citas de científicos que cuestionaban el estudio de Séralini, alegando problemas de metodología, que las ratas usadas tienden a desarrollar tumores, que eran pocas, que hay animales alimentados con maíz transgénico a nivel industrial pero no se reportan tumores, (ocultando que ni los buscan ni el caso es comparable por ser períodos de vida mucho más cortos). En pocas horas científicos ligados a los transgénicos en todo el mundo, incluso en México, repetían como loros los argumentos que les redactó este centro. Varios científicos citados por el SCM tienen vinculación con Syngenta, Monsanto y otras transnacionales de transgénicos. (Ver informe Smelling a corporate rat, 12/12/12, SpinWatch).

 

La EFSA se pronunció contra el estudio y exigió a Séralini todos los documentos bases del mismo. Séralini demandó que el mismo tipo de documentos debían ser hechos públicos para el estudio sobre NK603 realizado por Monsanto, pero la EFSA se negó, alegando que era información confidencial de la empresa, demostrando sus dobles estándares.

 

A fin de noviembre, la EFSA publicó su informe, cuestionando la metodología de Séralini y afirmando que no hay que volver a examinar las evaluaciones previas de seguridad sobre el NK603, citando informes de otros países –todos sospechosamente similares. Pero Séralini usó las mismas ratas y la misma metodología que Monsanto, por lo que la conclusión obvia es que la metodología de Monsanto está errada, y por tanto se debe retirar del mercado todo lo que contenga maíz transgénico. Séralini publicó un nuevo artículo que contesta todos los cuestionamientos.

 

Pese a que el tema es mucho más grave para México, la comisión de bioseguridad (Cibiogem) solo publica la versión de EFSA, ignorando otros informes científicos que apoyan a Séralini, sus respuestas, e incluso a otras agencias gubernamentales, como la ANSES, Francia. Los científicos de Cibiogem y sus organismos deben declarar sus conflictos de interés y porqué eliminan los datos críticos a los transgénicos.

*Investigadora del Grupo ETC