El acantilado artificial- Israel, un grave peligro para la humanidad

El acantilado artificial

Jorge Eduardo Navarrete

Prefiero, al aludir al fiscal cliff del que todo mundo habla, sobre todo en Estados Unidos, referirme a un acantilado fiscal, más que a un precipicio o abismo, dada la equivalencia usual del vocablo inglés. Suelo aclarar enseguida que se trata de un acantilado artificial, hecho por el hombre. No existiría y no habría riesgo de que algo como la mayor economía del mundo se despeñase desde su borde de no ser porque así lo decidió en el verano de 2011 el propio Congreso de ese país. Recuérdese que entonces se llegó a un arreglo interino para elevar el tope de endeudamiento gubernamental y permitir la continuada operación de la administración y el servicio regular de la deuda pública. Como parte del arreglo, alcanzado in extremis, los legisladores decidieron obligarse a lograr en el curso de 2012 una corrección a largo plazo del déficit fiscal. Son muy debatibles la urgencia y la relevancia de este objetivo. Convinieron además en que, de no conseguirlo, al inicio del siguiente año se pondrían en vigor, en automático, incrementos de recaudación y recortes de gasto público que equivaldrían a un ajuste fiscal súbito, de magnitud sin precedente al menos en cuatro decenios y con graves consecuencias recesivas. La motivación de esta acción insólita se encuentra en la idea de que nadie en su sano juicio se atrevería a bloquear un acuerdo ante el peligro inminente de precipitarse desde tal acantilado. Supongo que congresistas y funcionarios tuvieron en cuenta que el acuerdo tendría que conseguirse en el ambiente exacerbado de un año electoral. Lo que quizá no justipreciaron fue el grado en que se enconarían las posiciones y la irracionalidad con que se comportaría una de las fuerzas políticas: la derecha republicana, dolida además por un resultado electoral adverso. Faltan unos cuantos días para llegar al filo del acantilado. Se acepta que las negociaciones están estancadas, por lo que sería incierta, en estos momentos, cualquier previsión sobre su desenlace. Si la economía estadunidense cae desde el acantilado, arrastrará al resto de la economía mundial y la gran recesión, que aún no se supera, parecerá apenas un modesto preludio de la que sucedería en los años venideros.

 

 
Saltar del acantilado supondría un ajuste fiscal que excede del medio billón de dólares. Del lado del ingreso, la recaudación federal se elevaría en unos 400 mil millones de dólares, debido a que expirarían la exención del impuesto sobre nóminas, algunas formas de seguro de desempleo y las reducciones impositivas decretadas por el gobierno de Bush, entre otras deducciones fiscales, y se introducirían los impuestos asociados a la reforma del sistema de salud. Del lado del gasto se recortarían unos 130 mil millones de dólares en las erogaciones gubernamentales en defensa, programas sociales y administración en general. El efecto recesivo se estima en una contracción del PIB de entre 3.5 y 4 por ciento y un ascenso de la tasa de desempleo bien por encima de 9 por ciento en el curso de 2013. Si se recuerda que la caída real del PIB en 2009 fue del orden de 3 por ciento, no es difícil advertir que una contracción aún mayor en 2013 sumiría a la economía mundial en, por lo menos, una recesión prolongada, que se encadenaría con la iniciada hace algo más de cuatro años.
 
La principal controversia en el momento actual de las negociaciones se centra en una cuestión aparentemente menor: la expiración de las reducciones impositivas establecidas por Bush hace un decenio. Por una parte, los demócratas desean mantenerlas o prorrogarlas para los causantes con ingresos anuales inferiores a 250 mil dólares, que se estima representan 98 por ciento del universo de causantes, y permitir que fenezcan para los que perciben ingresos superiores a esa cota (el 2 por ciento restante). Por otra, los republicanos desean mantenerlas para todos, independientemente del nivel de ingresos. A últimas fechas, tras la derrota electoral, han aceptado la idea de captar mayores recursos de los contribuyentes de más alto ingreso, no con tasas más elevadas, sino mediante ajustes a las exenciones, facilidades y devoluciones fiscales incorporadas en los códigos. Si fenecen las exenciones para los mayores ingresos, las tasas impositivas para los dos segmentos más altos se moverían de 33 a 35 por ciento y de 35 a 39.6 por ciento. De esta suerte, lo que en realidad está en juego es la capacidad del gobierno de recaudar impuestos congruentes con las necesidades de gasto y con el principio básico de progresividad. Si, para salvar el acantilado, la administración acepta una limitación tan lesiva será incapaz de instrumentar las políticas sociales que dieron lugar a su reelección.

 

Algunos analistas, como Robert Reich, han sugerido que podría permitirse la extinción de todas las concesiones impositivas en paralelo con la propuesta de establecer, mediante nuevas disposiciones legales, las que favorecen a los causantes de ingresos reducidos y medios –al 98 por ciento– y desafiar a los republicanos a votar en contra de las mismas.

 

Algo similar puede decirse de la reducción forzada de los programas sociales, en especial de los relacionados con la salud, el gasto educativo y las erogaciones en investigación científica e innovación tecnológica. Es claro que conviene aprovechar al máximo las oportunidades para evitar duplicaciones, eliminar ineficiencias y abatir dispendios, pero ello debe hacerse sin poner en entredicho la viabilidad y las perspectivas de desarrollo de los programas, con la meta de la cobertura universal cuando resulte aplicable, como en salud y educación. Algunos analistas, como Robert L. Borosage, en The Nation, piensan que el acantilado fiscal se construyó para crear una atmósfera de crisis en la que, ante el riesgo inminente de una renovada recesión, resultasen aceptables reducciones estructurales de los programas de bienestar social.

 

En el debate estadunidense parece ganar terreno la noción de que, sin duda, es conveniente evitar despeñarse desde el acantilado fiscal, pero no a cualquier precio. La propuesta de Obama –que combina incrementos de ingresos y, en menor medida, ajustes de gasto– refleja el mandato recibido de los electores y debería resultar básicamente aceptable para una oposición republicana que no estuviese secuestrada por sus facciones más extremas.

 

Entretanto, persiste el peligro de que, por la vía del ajuste excesivo y automático, Estados Unidos caiga nuevamente en recesión. Anunciar, como se ha hecho en México, que se mantendrá el equilibrio fiscal contra viento y marea no parece, ni de lejos, la mejor manera de hacer frente a un riesgo recesivo que exigiría flexibilidad, oportunidad y suficiencia en la respuesta anticíclica.

 

 

 

Israel, un grave peligro para la humanidad

Ángel Guerra Cabrera

Hace una semana la Asamblea General (AG) de la ONU reconoció a Palestina como Estado observador no miembro por amplia mayoría. ¿A qué se debe la disminuida condición de observador no miembro? Muy sencillo. Debido al sistema dictatorial existente en la ONU, cinco grandes potencias (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia) tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad (CS) del organismo, que a su vez es el único facultado para recomendar a la AG el ingreso de nuevos estados miembros y para tomar otras decisiones cruciales. Eso es lo que hizo posible que el año pasado Washington, en su condición de sempiterno abogado del sionismo, impidiera que se votara en ese órgano una solicitud de ese tenor formulada por la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y le diera los honores de la gaveta. De allí que la ANP tomara el camino intermedio de proponer el estatus concedido el 29 de noviembre por la AG, que no requiere ser considerado por el CS, a la vez que ratificaba en el texto aprobado la petición de ingreso como Estado miembro.

 

 
Lo anterior no resta méritos a la rotunda victoria del pueblo palestino lograda con ese respaldo en la AG, expresión además del consenso internacional favorable que ha ido ganado su justa causa y el aislamiento creciente del Estado sionista. Sin embargo, subraya la arbitrariedad e injusticia de la existencia del veto, así como su uso impúdico por Estados Unidos, con mucha frecuencia para defender los crímenes de guerra de Israel y para continuar extendiendo y profundizando la colonización del pueblo palestino. Pero a la resolución del jueves pasado siguió otra más esta semana, que nos recuerda otra razón por la que Israel merece catalogarse como Estado canalla.
 
Titulada El peligro de la dispersión de las armas nucleares en Oriente Medio, la resolución, aprobada el 4 de diciembre por 174 votos a favor, seis en contra y seis abstenciones, recalca que el Estado hebreo se ha convertido en el único de esa región que no ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNPN) y lo exhorta a que abra todas sus instalaciones nucleares a la inspección del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Es innecesario identificar los seis votos en contra, el lector lo sabe o lo imagina. La resolución está directamente relacionada con el objetivo de convertir Oriente Medio en zona libre de armas nucleares, que en los hechos implica fundamentalmente a Israel, puesto que es el único Estado de la región que posee ese tipo de armas (entre 200 y 500), encima se niega a firmar el TNPN y sabotea sistemáticamente la conferencia internacional sobre la desnuclearización del Medio Oriente. Irán, país al que Israel quiere atacar, sí es firmante del TNPN e inspeccionado sistemáticamente por el OIEA. Claro, únicamente un iluso podría esperar de Tel Aviv una conducta constructiva en cuanto a poner atención a este reclamo de la inmensa mayoría de los miembros de la ONU. Sin embargo, lo caudaloso de la votación sobre el tema demuestra un grado de hastío y preocupación inédito hacia la conducta criminal de la entidad sionista y su desprecio por la opinión mundial.

 
Ese sufragio tampoco es ajeno a las represalias que Israel amenaza tomar ahora contra la osadía de los palestinos de pedir su reconocimiento como Estado y de los miembros de la ONU por concedérselo. Tel Aviv anuncia que va a retener a la ANP millones de euros en impuestos y a construir 3 mil viviendas más de colonos judíos en Cisjordania y Jerusalén este. Cabe recordar que en ambos puntos ya Israel ha asentado ilegalmente a más de medio millón de colonos, hasta hacer casi inexistente la tierra en manos palestinas. Si observamos en los mapas su expansión territorial desde 1947, nos damos cuenta de que son diminutos y sin continuidad territorial los girones de la Palestina histórica que no se ha tragado ya.
 
Pero además del daño causado por el Estado sionista a los palestinos y a los pueblos árabes mediante sus acciones terroristas, sus guerras y masacres, también constituye una grave amenaza para el conjunto de la humanidad. A eso apunta la última resolución de la ONU: al enorme arsenal nuclear de Israel no declarado ni inspeccionado internacionalmente. Sumado a su belicosidad, su permanente amenaza de atacar a Irán, el odio racista que ciega a su liderazgo y la creciente explosividad de la zona, están reunidos todos los elementos de una tormenta perfecta... infernal diría, pidiendo a gritos una acción enérgica que la impida.
Twitter: aguerraguerra