El Despertar
Reflujo y perseverancia política
José Agustín Ortiz Pinchetti
La causa democrática vive un reflujo. Una oleada de propaganda quiere convertir la instalación del régimen de Peña en el arranque de una nueva época. Quienes han luchado por la modernización de nuestra vida pública padecen desaliento. No sólo se impuso el fraude sino que buena parte de la población ve inevitable una nueva hegemonía del PRI. Casi la unanimidad de los medios, multitud de aliados, académicos, opinadores y nostálgicos del viejo sistema parecen decididos a recrear la ilusión en una prosperidad autoritaria que se atribuye al PRI-gobierno.
hay que actuar como cuando nos amenaza una gran ola marítima: no hay que enfrentarla ni huir de ella; debemos zambullirnos en la base y dejar que pase sobre nosotros, reviente y se disuelva. Peña ha propuesto un programa tan ambicioso como inconsistente. No tiene estructura legal, ni tiempos ni se habla de los recursos financieros: buenos deseos, en parte plagio de la propuesta obradorista. Miren quiénes son sus operadores: personajes autoritarios. ¿Cómo pueden trabajar por la democratización? En el área económica va un equipo salinista defensor de los intereses de la oligarquía y la visión fundamentalista de la tecnocracia. Peña va tras la renta petrolera y una reforma fiscal que no afecte a los intereses de los grupos que lo llevaron al poder. Las dirigencias de los partidos políticos (pretendidamente) opositores están apoyando a Peña, lo que es suicida para ellos. AMLO y su movimiento deben profundizar sus trabajos con firmeza y constancia, en la ejecución de los propósitos definidos y estructurados con mucho tiempo de anticipación.
No puede descartarse un escenario de inconformidad creciente y de graves problemas políticos, sociales y económicos. Será el ambiente propicio para que surja un nuevo partido. Deberán seguirse sin debilitar dos líneas: la organización política, cuya primera prueba será conseguir el registro celebrando asambleas en todas las capitales del país, y una gran campaña de concientización que ponga en el centro de la propuesta a la ética. Un esfuerzo de salvación nacional que dará fruto en los próximos meses y que se reflejará en la formación de nuevos grupos, militantes y dirigentes políticos. La vía para superar el reflujo es concentrarse en las tareas pendientes y cumplirlas con la certeza de que la gente responderá.
El pacto y la educación
Arnaldo Córdova
El presidente Enrique Peña Nieto estrecha la mano del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, durante la presentación de la iniciativa del gobierno federal en materia educativa. Observan el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano; el líder de la bancada priísta en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones; el dirigente de los senadores del tricolor, Emilio Gamboa Patrón, y, de espaldas, el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz
Foto María Luisa Severiano
Algo que yo he venido reiterando todo el tiempo es que no hay política, hoy en día, que no sea pacticia. Todo en política tiende a convertirse en pactos entre las diversas fuerzas políticas de la sociedad. Ya una vez representadas en el parlamento, esas fuerzas no pueden actuar sino poniéndose de acuerdo en todos los asuntos que sean objeto de su atención. Las leyes que emanan del Congreso, en primer lugar, no son más que pactos que buscan normar los hechos en la vida cotidiana de la sociedad. Pacto y política son hermanos siameses en una sociedad democrática. Todo se hace por acuerdos entre oponentes (los partidos políticos), inclusive en sociedades políticas que experimentan una relación de clara hegemonía de alguno de los actores.
Adolfo Sánchez Rebolledo, en su excelente artículo del jueves pasado, empero, señala las condiciones en que ese pactismo se debe dar para que sea, efectivamente, un acuerdo: los pactantes deben ser iguales y participar todos, en igualdad de condiciones, en la edificación del pacto. El Pacto por México fue elaborado por el nuevo gobierno de la República y puesto a consideración de tres partidos (PRI, PAN y PRD). En un pacto la adhesión de los otros también es legítima y el acuerdo no sufre ningún demérito. Pero debe mediar una negociación de los términos finales en que se apruebe y debe contener las posiciones de los diferentes participantes. En el pacto referido sólo hubo adhesiones cupulares y una total ausencia de participación de los partidos.
Las turbulencias internas que se han venido dando en el PRD muestran que sólo los dirigentes de una de sus corrientes estuvieron a favor de adherirse al Pacto. No hubo discusión en ningún partido, incluido el PRI, que precediera a la firma del acuerdo. Sólo los máximos dirigentes partidistas se pusieron de acuerdo. Afirmar, como se ha hecho, que los partidos nacionales encontraron un cauce para la recomposición de las relaciones políticas en el país y una fórmula para edificar una nueva agenda de entendimiento y cambios profundos que, muy probablemente, comparte la mayoría de los mexicanos, es una gran mentira. La recomposición de las relaciones políticas es materia de otra clase de pactos, donde todos tengan algo que decir y todos estén dispuestos a cambiar lo que se tiene que cambiar.
El Pacto por México es una suma de 95 puntos que, por lo demás, ya estaban en la agenda de gobierno de Peña Nieto (a ellos hizo referencia en su discurso inaugural) y que se iban a tratar de llevar a cabo, con pacto o sin pacto. Es cierto que algunos son muy importantes, como el que se refiere a la elevación a rango constitucional de la evaluación de los maestros de enseñanza básica y a la redefinición de las funciones del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Pero hay muchos otros en los que ni siquiera la militancia de los partidos tiene claro de qué se trata, como el referente a la apertura de la industria petrolera. Las posiciones que se adoptan en cada uno de esos puntos, que pueden concederse como importantes, son de carácter estrictamente personal de Peña Nieto.
A nadie se le puede ocultar la importancia que para los maestros de enseñanza básica tiene el que se garantice su permanencia y su ascenso en el puesto de trabajo sobre la base de su permanente evaluación y capacitación y no depender ya de estar bien o estar mal con los burócratas (todos ellos sindicales) de los que depende la organización de su trabajo. Que esa función corra a cargo de un organismo independiente y autónomo y se rija estrictamente por la ley, es también una garantía de que no habrá favoritismos ni interferencias ilegales de las mafias sindicales (por supuesto que esto tendrá que verse si de verdad se realiza). Todo tiene un destinatario clave: el SNTE; pero de esa corporación nadie dice nada y los mismos dirigentes sindicales se adelantaron a confirmar su adhesión servil a lo que se está cocinando.
Todos los expertos en materia educativa han venido señalando desde hace decenios que el problema de nuestro sistema educativo radica en el excesivo poder que ese sindicato ejerce sobre el mismo y, en particular, sobre la Secretaría de Educación Pública. Ellos han demostrado, una y otra vez, que no habrá reforma posible que mejore nuestra educación si antes no se liquida de tajo el dominio del sindicato sobre todo el sistema. Reformar la educación quiere decir reformar las relaciones de poder que se dan en nuestras estructuras educativas ¿Por qué no se debate públicamente este asunto? ¿Por qué Peña Nieto, guardando todas las fórmulas de cortesía que se puedan imaginar, no ha señalado que el principal problema educativo que tenemos es un problema sindical?
En el Plan por México, esta materia ocupa los puntos 7 a 15 y están todos desplegados en la reforma constitucional que, al respecto, propone Peña Nieto en su iniciativa del 10 de diciembre pasado. Lo principal es el sistema de evaluación educativa (puntos 7 y 8). Se cuenta también la creación del Servicio Profesional Docente (punto 12) el fortalecimiento de la educación inicial de los maestros (punto 13) y el incremento de la cobertura en educación media superior y superior (punto 14). Lo demás se refiere a dar autonomía de gestión a las escuelas, convertirlas en escuelas de tiempo completo y dar becas y computadoras portátiles a los estudiantes. La reforma educativa se inicia ahora con la iniciativa de Peña Nieto.
En la iniciativa las reformas son a las fracciones III, VII y VIII del artículo tercero de la Carta Magna y se adiciona una fracción IX. Todas versan sobre la creación de un Sistema de Gestión Educativa y sobre la transformación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, pero de esta última se encarga, en especial, la nueva fracción IX. El artículo 73 constitucional se reforma en su fracción XXV con la adición de las tareas que se desprenden de las reformas al tercero. En los artículos transitorios de la reforma se instruye al Congreso de la Unión para que dicte las leyes que hagan posible su realización.
Llama la atención la referencia que se hace al ampliar los horarios de las escuelas (de tiempo completo a 5 y 6 horas) al deber de alimentar a los alumnos y, sobre todo, como lo dice la misma exposición de motivos, de “impulsar el suministro de alimentos nutritivos y prohibir en las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos, llamados ‘chatarra’”. Es de esperarse que, por lo menos en este punto, se haga efectivo el control de la venta y distribución de tales porquerías.
Por razones de descanso (y de salud) me tomaré un corto tiempo de vacaciones. Nos veremos aquí de nuevo en tres semanas.
Llanto-Hernández
Reforma educativa: incluir a los docentes
El viernes pasado, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reformas al artículo 3º de la Constitución enviado al Congreso por Enrique Peña Nieto, que en su parte central plantea la creación de un
servicio profesional docente, según el cual el acceso, la permanencia y los ascensos de los profesores dentro del sistema de educación pública estarían vinculados a mediciones respecto de su desempeño.
Salta a la vista, por principio de cuentas, que el proyecto de reforma tenga como eje fundamental la evaluación constante del personal docente –medida que es en principio irreprochable, y que incluso es respaldada por el grueso del magisterio del país–, sin que al mismo tiempo contemple un viraje en el enfoque reduccionista y tecnocrático vigente en ese rubro, que consiste en equiparar la evaluación con la simple medición de indicadores del desempeño académico y que en años recientes se ha valido de la aplicación de pruebas estandarizadas tanto a maestros como a alumnos: dicho diseño ha sido objeto de duras críticas por diversos especialistas en la materia, en la medida en que los exámenes referidos no toman en cuenta las diferencias sociales, culturales y económicas que afectan al proceso de enseñanza y no permiten, por tanto, conocer los factores que debilitan o fortalecen el aprendizaje de los educandos ni ponderar, en consecuencia, las verdaderas capacidades pedagógicas de los docentes.
Pero acaso el punto más criticable de la reforma comentada sea que en ella se insiste en presentar a los profesores como los responsables últimos y casi exclusivos de las deficiencias existentes en el sistema de enseñanza a cargo del Estado, lo que genera una doble distorsión en la comprensión pública del problema: por un lado, se les somete a presiones y ataques injustificables –incluso en el terreno de sus derechos y estabilidad laboral– que son totalmente ajenos a sus responsabilidades de formación; por el otro, se pasan por alto factores determinantes de la problemática, como la corrupción, la inequidad y el rezago social, el abandono presupuestario, la incidencia de los poderes fácticos –particularmente los medios de comunicación– y la compleja relación de los últimos años entre autoridades federales y la cúpula charra que controla el magisterio.
Un punto de referencia ineludible en el contexto de esta discusión es la situación que enfrenta Estados Unidos, país pionero y principal impulsor de este tipo de reformas basadas en la
evaluación docente, y en el que hoy día persisten a pesar de todo graves rezagos y un descontento generalizado por parte de los profesores por la aplicación de una política a todas luces fallida, que los ha colocado a merced del escarnio social y mediático y de la inestabilidad laboral. Peor aun: el empeño político-empresarial por reformar el sistema educativo estadunidense sin atender los distintos ejes de desigualdad involucrados en ese ámbito ha terminado por revelarse como una embestida en contra de la escuela pública y a favor de la creación de oportunidades de negocio para particulares en el
mercado de la educación.
Sería desastroso que la reforma presentada por Peña Nieto termine por volverse una ventana por la que se cuelen nuevos ataques a la enseñanza pública. Por lo pronto, el propio equipo presidencial mostró una falta de visión y sensibilidad difícilmente compatible con el propósito de
recuperar la rectoría del Estado en materia educativa, al diseñar una estrategia de mejoramiento para la educación sin tomar en cuenta al eslabón más importante de la cadena: los docentes. Es necesario que dicha omisión se corrija, y que la presente administración se conduzca, también en ese ámbito, con actitudes incluyentes y transparentes.
La educación es tarea nacional y de Estado
Rolando Cordera Campos
Más allá de las reiteraciones dogmáticas del secretario de Hacienda, así como de su desconocimiento interesado de la historia económica de México, el presupuesto reclamará más pronto que tarde su papel de arena central donde la sociedad define sus objetivos y prioridades. Nada o poco tiene esto que ver con la vulgata hacendaria sobre unos equilibrios macroeconómicos ficticios, pero no por eso menos dañinos para el quehacer nacional y sus cimientos productivos, físicos y humanos.
Los acuerdos y los gestos de los dirigentes políticos nacionales han llevado a muchos observadores a anunciar el arribo de una nueva era para México. Quizá no sea para tanto pero, a la vez, es indudable que el país reclama nuevas formas de hacer y entender la política y la mera insinuación de que ello es posible ha despertado expectativas sofocadas por años de estancamiento económico y malestar social, despeñados en una violencia criminal y estatal simplemente inaudita.
Romper el círculo de hierro de la inseguridad en todos los planos de la vida colectiva y personal se convirtió en tarea prioritaria y nacional; sin embargo, hay que reiterar que nada de esto podrá siquiera iniciarse si no se asume el cuadro de desigualdad y empobrecimiento masivo que ha acompañado el despeñadero económico y el agravamiento de la vida comunitaria.
Nada como la educación para ilustrar tal circunstancia. Un país como el nuestro, reclama acciones inmediatas para recuperar el proceso educativo como un proyecto de todos y para todos; sin embargo, para convertir a la educación en un bien público digno de tal nombre se requiere de algo más, de mucho más, que de la reafirmación de la rectoría del Estado en materia educativa.
Los hombres y las mujeres a cargo de una tarea como la enunciada, ahora convertida en nuevo mandato constitucional, tienen que dar fe y muestras claras de que entienden la urgencia de dar al conjunto educativo nacional un nuevo carácter y una nueva dirección. Que están dispuestos a hacerse cargo de una misión que no pasa por los raseros usuales de la evaluación política o burocrática, porque se trata de una labor histórica y de Estado. Sólo así podrá México proponerse objetivos y metas trascendentes y creíbles para inscribirse en el nuevo y duro, agresivo y hostil, escenario global que se asoma a través de la crisis actual.
Sin educación no hay desarrollo; y sin una cultura nacional y popular extendida y ambiciosamente pública no puede haber una pluralidad política constructiva que nos acerque a una democracia creativa por justiciera e igualitaria.
La educación es cultura o no es nada. La reforma educativa, así, tiene que entenderse como misión cultural y civilizatoria, como la entendió Vasconcelos, pero también Lázaro Cárdenas. Es tarea cotidiana, pero a la vez visión de reconstrucción nacional y estatal, de recreación de lazos comunitarios perdidos en años de abandono de la responsabilidad del Estado con sus compromisos primigenios de equidad, justicia social y tutela de los más débiles.
No es necesario exagerar el punto: con la educación, el país se juega su futuro en la globalidad transformada por la crisis, pero también su presente como sociedad democrática que busca desenvolverse como comunidad moderna, progresista e innovadora.
A través de la polvareda ominosa que nos han dejado lustros de mediocridad económica y el retorno de los ritos y las ceremonias de la vieja sociedad cortesana y plutocrática, el país puede vislumbrar un porvenir distinto si ve en la reforma de la educación un proyecto que va más allá de la disputa burocrática o el abuso de poder corporativo. Si la ve y la concreta como gesta eminentemente cultural y, por ello, profundamente transformadora de valores y relaciones sociales y políticas, para hacer de la democracia no sólo un método para dirimir conflictos y dar legitimidad al mando y al poder, sino una forma de vida portadora de promesas realizables de desarrollo con igualdad y creatividad. Veremos, con el año, si eso es, todavía, parte de las utopías realizables por los mexicanos.
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