Peña, la reelección de Salinas- Hacia la omnipotencia presidencial- Detenciones arbitrarias, la verdadera provocación

Detenciones arbitrarias, la verdadera provocación

Jenaro Villamil
4 de diciembre de 2012 · 3 Comentarios
Análisis

Las detenciones arbitrarias en Guadalajara.
Foto: Rafael del Río

MÉXICO, D.F. (apro).- Como dos gotas de agua, las jornadas de protesta en la Ciudad de México y en Guadalajara el pasado 1 de diciembre tienen una similitud que hace pensar en una provocación armada, quizá desde los sótanos del poder político o de los cuerpos policíacos y parapolicíacos.
De acuerdo con los testimonios de varios de los participantes, en Guadalajara, después de pasar por la sede estatal del PRI se sumaron grupos de personas encapuchadas o con el rostro cubierto, dispuestas a armar destrozos en las instalaciones del tricolor y de Televisa-Jalisco. En la Ciudad de México, a la altura de Tepito y otros barrios del Centro Histórico comenzaron a salir jóvenes con palos, piedras, quienes protagonizaron los destrozos que han dado la vuelta al mundo a través de las imágenes televisadas y decenas de fotografías.
Ninguna de las personas que protestaban sin violencia había visto antes a los porros “sembrados”. Ni en las marchas del movimiento #YoSoy132 ni en las de los simpatizantes de Morena o en otros colectivos que salieron ese 1 de diciembre para expresar su descontento por la llegada de Enrique Peña Nieto al poder presidencial.
En ambos casos, la brutalidad y la torpeza policíacas quedaron documentadas en videos y cientos de fotografías que se están subiendo a Youtube, a Twitter, a Facebook y a blogs. En Guadalajara patearon a mujeres jóvenes. En la Ciudad de México los granaderos golpearon y detuvieron a muchos y robaron cámaras fotográficas a reporteros de agencias internacionales y periódicos.
La diferencia entre Guadalajara y la Ciudad de México es que en la capital tapatía el lunes 3 de diciembre fueron liberados 25 jóvenes detenidos, 8 mujeres y 17 varones, después del pago de una fianza que sumó en total 81 mil pesos, según la información local.
En la Ciudad de México se encuentran 67 personas detenidas, consignadas en el reclusorio Norte y en Santa Martha Acatitla, pero un buen número han desmentido las versiones de la Procuraduría General de Justicia capitalina. A través de la prensa, el Ministerio Público del Distrito Federal ha dicho que los agresores recibieron 300 pesos para provocar los destrozos, sin identificar quiénes fueron los “financiadores” del vandalismo. También lanzó la hipótesis de que desde dos semanas atrás se organizaron los actos vandálicos.
Es muy probable que estén en lo cierto: la ola pendenciera se armó con antelación. Lo que ha generado una ola de protestas, incluyendo la marcha de más de 2 mil personas el 3 de diciembre, es que la mayoría de los detenidos no son los responsables ni los artífices del pandillerismo.
Así lo declaró a varios medios, incluido el portal Animal Político, el abogado Armando Barrera, de Cause Ciudadano. Defensor de varios de los detenidos, Barrera informó que han sido acusados de delitos como alteración de la paz social, con el agravante de pandillerismo, equiparable a terrorismo. Por este delito pueden estar de 7 a 45 años en prisión.
“Una gran mayoría fueron detenidos sólo por transitar” en el momento del zafarrancho en las calles 5 de Mayo, Madero, avenida Juárez y en la Alameda.
Animal Político entrevistó a Claudia Ovando, novia de Rodrigo Andrés Nieto, quien fue detenido junto con Juan Carlos Jiménez. Son jóvenes de Tabasco que andaban de compras en 5 de Mayo.
“Estábamos en la calle 5 de Mayo buscando dónde almorzar cuando en eso comenzamos a escuchar cómo venían personas corriendo. Cuando nos dimos cuenta prácticamente los granaderos estaban detrás”, relató Claudia Ovando, quien logró escapar de la razzia de los policías capitalinos.
La Unión de Juristas de México también emitió un comunicado para condenar “la brutalidad policíaca ejercida para reprimir la manifestación y la detención arbitraria ejercida” de decenas de jóvenes.
Este 4 de diciembre, Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras, dos organismos internacionales también desacreditaron la versión de las autoridades ministeriales y policíacas que pretenden condenar a 67 personas, incluyendo a varios fotógrafos detenidos.
“Existen profundas dudas” acerca de las evidencias presentadas en contra de los detenidos, advirtió Amnistía Internacional.
A su vez, Reporteros sin Fronteras destacó que entre los detenidos se encuentran dos fotógrafos que estaban realizando su trabajo y no generando los destrozos que fueron ampliamente televisados. Entre ellos, el joven Mircea Topoleanu, de 32 años, de origen rumano, y Brandon Daniel Bazán, de la revista Café Mx. También mencionan los casos de los fotógrafos agredidos Quetzalli González, de Nuevo Excélsior, Ana Cecilia Méndez, Alejandro González y Martín Salas, de Milenio Diario, y de Bernardo Montoya, de la agencia Reuters.
Otro testimonio en contra de la razzia que aplicaron las fuerzas policíacas es la del grupo de alumnos del Colegio de Literatura Dramática y de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Emitieron una carta donde mencionan a varios jóvenes que fueron detenidos en la calle de Filomeno Mata, acusados de ser “vándalos” y “porros”. En realidad, son estudiantes; incluso dieron a conocer el número de cuenta de cada uno.
Son los casos de Mónica Paloma Alvarado, Daniela Sánchez Ríos, Valentina Guerrero, Fernanda Preciado Castillo y su madre Guadalupe Castillo Martínez (también detenida), Gisella Moreno Mejía, Enrique Culebro, Francisco Torres Pacheco, Luis Manuel Salazar, Marina Muñiz Nieto y Gustavo Arteaga.
Todo parece indicar que la provocación fue armada no sólo para generar la imagen de violencia pendenciera (ampliamente difundida en los noticiarios de televisión abierta y de paga), sino para detener a jóvenes que han participado en otros muchos colectivos que nunca han lanzado bombas molotov ni su afán es generar destrozos en comercios o en la recién remodelada Alameda.
Estamos, quizá, ante el germen de un movimiento como el que dio origen al #YoSoy132 después del “viernes negro” de Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana o en la contraparte más represiva y perversa: un halconazo al estilo de junio de 1971 para justificar una ola de arbitrariedad y represión para generar miedo y persecución selectiva.
Hay demasiados elementos para advertir que la tentación represiva es un bumerang peligroso.
www.homozapping.com.mx

Peña, la reelección de Salinas

Álvaro Delgado
 Diciembre de 2012 · 15 Comentarios
Análisis

Peña en el Palacio Nacional.
Foto: Miguel Dimayuga

MÉXICO, D.F. (apro).- Empeñado en construir su propio “ciclo sexenal de la esperanza”, como llamaba el panista Abel Vicencio Tovar a cada periodo presidencial, Enrique Peña Nieto es un imitador de Carlos Salinas: Los mismos acuerdos cupulares, la misma retórica y hasta el mismo número de promesas para ilusionar con un México con todo resuelto.
Sólo por eso, aunque hay más, tenemos derecho a no creerle.
Salinas, quien también llegó al cargo mediante prácticas fraudulentas y tomó posesión en medio de la violencia atizada por provocadores infiltrados, propuso en 1988 tres “acuerdos” que se concretaban en 94 “compromisos” de gobierno, mientras que Peña planteó en el Pacto por México cinco “acuerdos” que suman 95 “compromisos”.
Con el fin de establecer un pacto para la “modernización” política, económica y social de México, Salinas formuló en su toma de posesión el “Acuerdo Nacional para la ampliación de Nuestra Vida Democrática”, el “Acuerdo Nacional para la Recuperación Económica y la Estabilidad”, y el “Acuerdo Nacional para el Mejoramiento Productivo del Bienestar Popular”.
Peña ahora plantea los suyos: “Acuerdos para una Sociedad de Derechos y Libertades”, “Acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad”, “Acuerdos para la Seguridad y la Justicia”, “Acuerdos para la Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción” y “Acuerdos para la Gobernabilidad Democrática”.
La única diferencia en el amasijo de promesas de Salinas y de Peña es que, en 1988, el plan de Salinas fue avalado sólo por el PAN y ahora, en 2012, se suma el grupo de dirigentes del PRD –que no el partido como tal– proclives a los arreglos de este calado.
¿Qué prometió Salinas? Cito algunos “compromisos”: “1. Poner en práctica una Presidencia democrática”; “5. Gobernar para todos los mexicanos y servirlos a todos sin distinción ni preferencia”; “7. Gobernar con apego indeclinable a los principios y al proyecto de la Revolución Mexicana”; 22. “Elevar el bienestar de nuestros compatriotas”.
También, “28. Hacer que la transformación del Estado sea encuentro con su futuro y no vuelta al pasado”; “70. Con la participación de los maestros, padres de familia y organizaciones responsables, integrar un programa que permita realizar la transformación del sistema educativo”; y “87. Modernizar las relaciones entre el Estado y la prensa”.
Naturalmente Salinas no cumplió y terminó en el basurero de la historia, de donde no saldrá aunque diga que tiene la sonrisa tatuada en el rostro por el regreso del PRI, y Peña por lo pronto promete lo mismo que su mentor, con la apuesta, además, de que México olvide cómo llegó al cargo.
Si materializa sus compromisos del Pacto por México, contrapuestas a su biografía de gobernador y político, Peña exhibirá una paradójica metamorfosis: El hombre que se hizo demonio para luego volverse santo y hacer de la patria un paraíso.
Un político que compró votos de los pobres para acabar con el hambre.
Que se alió con la escoria para sanear el régimen.
Que defraudó para inaugurar la pulcritud electoral.
Que recibió apoyo de los monopolios para destruirlos.
Que despilfarró para implementar la austeridad.
Que robó para combatir a los corruptos.
Que adoptó la opacidad para auspiciar la transparencia.
Que delinquió para hacer justicia.
Si esto se acredita, a la largo del sexenio, Peña no sólo arrebatará las banderas a Andrés Manuel López Obrador, sino que, enhorabuena, no habrá más víctimas del “ciclo sexenal de la esperanza” que apenas construye.
Si se cumple con todos los compromisos que él, más que los opositores asumen, y si no hay letras chiquitas –como los “mitos y paradigmas” que dice que hay que romper–, entonces habrá que reconocerlo.
Pero vistas las traiciones de la práctica a la prédica, como en el caso de Salinas, tenemos derecho a no creerle a Peña.
Y lo ratifico: Ante él –y ante cualquier político y autoridad– los periodistas no debemos dar el beneficio de la duda, eufemismo de mansedumbre y adulación, sino ratificar el deber crítico.
Apuntes
Mal augurio del nuevo gobierno: Peña no sólo incumplió con el mandato de protestar la Constitución como lo ordena el artículo 87, sino que la Presidencia de la República falseó esa información. Fue un juramento mocho, porque protestó “guardar y hacer guardar la Constitución”, pero omitió “Política de los Estados Unidos Mexicanos”, que la Presidencia de la República aseguró que sí lo había hecho.
Comentarios: delgado@proceso.com.mx y Twitter: @alvaro_delgado

Hacia la omnipotencia presidencial

Jesús Cantú
4 de diciembre de 2012 · 1 Comentario
Análisis

Peña Nieto al ofrecer su primer mensaje en Palacio Nacional.
Foto: Xinhua/Rodrigo Oropeza.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Las iniciativas de reformas constitucionales y legales propuestas por Enrique Peña Nieto cuando era presidente electo y las que rescatan de la congeladora de las comisiones legislativas los senadores de la bancada tricolor, pretenden restaurar el poder arbitrario y discrecional del titular del Ejecutivo federal para el manejo de asuntos públicos trascendentales, como el combate a la corrupción y la delincuencia organizada, e incrementar el control sobre las autoridades estatales y municipales. Se trata de ampliar los márgenes de maniobra de la administración pública federal y crear instrumentos que le permitan entrometerse en las administraciones públicas estatales y municipales.
Entre las normas que van en este sentido destacan la iniciativa para crear la Comisión Nacional Anticorrupción y la propuesta de reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), así como la relativa a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, que los senadores del tricolor rescataron en las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, donde se encontraba la minuta de una reforma aprobada por la Cámara de Diputados hace cinco años.
La reforma al Servicio Profesional de Carrera pretende otorgar absoluta libertad al presidente para designar a 4 mil 409 directores generales, directores generales adjuntos y equivalentes, que actualmente tienen que someterse al procedimiento de concurso público y a una evaluación anual de desempeño que los obligaba a satisfacer un perfil específico y cumplir con sus responsabilidades. Con la pretendida modificación se procederá a ocupar todas estas plazas –que son las más altas en los cargos considerados en dicha legislación– a través de la designación arbitraria y discrecional del presidente o de los integrantes de su gabinete.
Asimismo, con la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción en los términos previstos el presidente tendría absoluta libertad para la designación de los comisionados y, ya con el pleno control del órgano de gobierno, podría utilizarla como un instrumento para perseguir a gobiernos estatales y municipales.
Respecto al primer punto, aunque formalmente la iniciativa señala que el presidente designa y el Senado (o la Comisión Permanente, si el Congreso está en receso) tiene la posibilidad de vetar la designación en los siguientes 30 días de que se realice con las dos terceras partes de los votos de los legisladores presentes al momento de la decisión, en los hechos es imposible lograr esa mayoría calificada, pues el PRI, sin necesidad de recurrir a su aliado incondicional (PVEM), tiene en ambas cámaras 41% de los asientos, por lo cual ni todas la otras fuerzas distintas al PRI unidas logran las dos terceras partes. Así que es imposible obstaculizar cualquier designación del presidente.
Peña Nieto tendría absoluta libertad para nombrar a los cuatro comisionados y al comisionado presidente. Por cierto, en la redacción constitucional tampoco es claro si a éste lo designa directamente el Ejecutivo o lo eligen los comisionados, caso éste que, en la práctica, es exactamente lo mismo.
Y como la comisión perfilada cuenta con la facultad de atraer casos de corrupción que se cometan en el ámbito de los gobiernos estatales o municipales, puede convertirse en una tabla de salvación o en un poderoso instrumento de represión al servicio del Ejecutivo federal, ya que él será finalmente quien tome la decisión correspondiente. La puede utilizar para rescatar a aliados en peligro de ser sancionados por las instancias estatales o para perseguir a enemigos a los que les fabriquen e imputen actos de corrupción.
La reforma a la administración pública federal también incluye disposiciones que apuntan en las dos direcciones ya señaladas. La pretensión de desaparecer la Secretaría de la Función Pública y el traspaso de los responsables de los órganos de control interno a la dependencia directa de los mismos titulares de las secretarías o entidades públicas van en el mismo sentido, pues ahora serían los mismos titulares los responsables de aplicar las sanciones administrativas, lo cual es totalmente contrario a cualquier lógica de control.
Pero más grave todavía es lo que se busca con las atribuciones de la Secretaría de Gobernación, pues no únicamente se le traspasarían las de la Secretaría de Seguridad Pública, sino que se le agregarían facultades que le permitirían entrometerse en las entidades federativas.
Al respecto, son particularmente peligrosas las redacciones de las fracciones XVIII y XX, que otorgan un poder desmedido al titular de dicha dependencia. La primera de ellas le da la atribución de “reforzar, cuando así se requiera o estime, la tarea policial y de seguridad de los municipios y localidades rurales y urbanas que lo requieran, e intervenir ante situaciones de peligro cuando se vean amenazados por disturbios u otras situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente…”.
Tal disposición da para varias interpretaciones, y eso es precisamente de lo que se vale el régimen autoritario para atropellar las atribuciones de las instancias menos poderosas. Algunos dirán que es indispensable la solicitud de los gobiernos, pero lo cierto es que si la primera parte de la misma fracción dice con claridad que el auxilio lo tienen que solicitar las autoridades competentes, la segunda parte recurre a verbos como “estimar”, “requerir” e “intervenir”, que se vuelven menos precisos y permiten a Gobernación eventualmente invadir sus territorios y atribuciones.
La fracción XX todavía va más allá, pues indica que se trata de “desarrollar políticas orientadas a prevenir el delito y reconstruir el tejido social de las comunidades afectadas por fenómenos de delincuencia recurrente o generalizada, y aplicarlas en coordinación con las autoridades competentes federales, estatales y municipales…”. Es decir, que Gobernación desarrolla estas políticas donde considera que se requieren, y en el extremo puede llegar a aplicarlas simplemente con las autoridades federales, o bien, invitar a las estatales y municipales a participar en su implementación, de acuerdo con los criterios y las actividades que la Segob les asigne.
La orientación de las reformas propuestas es muy clara: La Presidencia pretende recuperar sus poderes, aunque ahora sí busca que algunos queden establecidos en la Constitución, para manejar el país a su antojo y mantener bajo control a los hoy insubordinados y descontrolados gobiernos estatales y municipales.
Los únicos que pueden frenar las intenciones de reformas constitucionales son los legisladores panistas y de la izquierda, ya que los necesitan para lograr las dos terceras partes de los votos requeridos en ambas cámaras. Por lo pronto, la división y el equilibrio de poderes enfrentan su primera prueba.