Inicio entre sospechas…
Dicen por ahí que lo mal empieza mal acaba… y el inicio de sexenio de Enrique Peña Nieto no pudo tener un peor inicio en la Ciudad de México. Ojalá, por México y los mexicanos, la sentencia de ese refrán no se cumpla.
Sin embargo, luego de los enfrentamiento suscitados el 1 de diciembre, antes y después de la toma de protesta de Peña Nieto como el nuevo Presidente de México, son más las preguntas de los ciudadanos hacia las autoridades federales y locales, que las respuestas que éstas han podido ofrecer.
Además, ayer se difundieron videos que han encendido polémica en los medios de comunicación y las redes sociales, pues se trata de documentos que consignan la supuesta existencia de “grupos de choque” actuando al lado de las autoridades.
Las imágenes muestran en el cerco al Congreso de la Unión, en San Lázaro, a presuntos integrantes de esos “grupos de choque” circulando y conversando junto a personal de la Policía Federal y el Estado Mayor Presidencial, que es el que tradicionalmente organiza la seguridad en los eventos del jefe del Ejecutivo federal, justo atrás de las vallas que contenían a los manifestantes
En este caso, el usuario Ray veritas añadió un comentario al video que ayer subió a YouTube: “Los Federales y el Estado Mayor organizando a sus grupos de choque, tipos vestidos de civil armados con cadenas recibiendo indicaciones para reprimir la manifestación”.
Hay tomas y fotografías que evidencian a jóvenes vestidos con camiseta negra, pantalón caqui y un guante negro en una de sus manos, que se pasean entre los federales sin que haya ningún tipo de acoso.
También ayer, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) informó que, tras la detención de más de 100 personas por actos vandálicos en distintas zonas de la ciudad –especialmente en el Centro Histórico–, tiene información que sugiere que ciertos grupos presuntamente anarquistas recibieron un pago de 300 pesos para causar desmanes y alarmar a la población durante la toma de protesta del priista mexiquense.
Al menos ocho de los detenidos se dijeron anarquistas integrantes de la Unión de la Juventud Revolucionaria México y reconocieron haber recibido dinero para generar violencia, aunque omitieron identificar quién los contrató.
Las investigaciones de la PGJDF, según informó su titular Jesús Rodríguez Almeida, revelan que los disturbios del sábado pasado fueron planeados en noviembre, con la organización de células de jóvenes radicales traídos desde Chiapas, Oaxaca y el Estado de México. Su misión, dijo, era generar enfrentamientos con la policía y provocar disturbios en diversos puntos de la capital y del país.
Además, en los enfrentamientos, al menos siete periodistas de distintos medios de comunicación fueron objeto de agresiones y abusos mientras daban cobertura a las protestas y disturbios ocurridos en la Ciudad de México, denunció la organización Artículo 19.
El organismo reportó que las puertas de acceso al edificio que alberga la redacción y estudios de Efekto TV fueron destrozadas “por personas con el rostro cubierto y armados con distintos objetos”, comprometiendo la seguridad de unos 50 empleados que se encontraban en ese momento en la televisora.
La detención y consignación de 69 personas acusadas por el delito de ataques a la paz pública en pandilla, generaron quejas e incluso la realización de la marcha #ProtestarNoEsUnDelito, que se realizó de la columna de la Independencia al Zócalo capitalino, y en donde familiares, amigos y ciudadanos en general demandaron a las autoridades federales y capitalinas liberarlos.
Aseguran que se violaron los derechos humanos de la mayoría al ser tratados con “brutalidad” y que son inocentes de los cargos que se les acusa.
El delito por el que esas personas fueron detenidas se castiga con una pena que va de los cinco a los 30 años de prisión sin derecho a salir bajo fianza.
A pesar del revuelo, el gobierno federal –que hoy cumple cuatro días de administración– no ha emitido un solo pronunciamiento al respecto.
El gobierno de Marcelo Ebrard Casaubón, quien mañana entregará el gobierno de la Ciudad de México a Miguel Ángel Mancera Espinosa, es el que ha enfrentado en las últimas horas la peor parte de esta crisis y de las acusaciones. El propio Ebrard Casaubón se refirió a esos hechos como una muestra de “barbarie” y “provocación”.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), por ejemplo, defendió el derecho a la manifestación de los ciudadanos y exigió a la Secretaría de Seguridad Pública local y a la PGJDF, respectivamente, hacer un uso de la fuerza “razonable y proporcional” hacia los manifestantes y respetar todos los derechos judiciales de los detenidos, como garantizar su acceso a un abogado defensor.
Mientras algunos de esas personas detenidas, entre ellos menores de edad, comienzan a ser liberados, muchas preguntas siguen en el aire y en espera de respuestas concretas: ¿Quién o quiénes son los autores intelectuales de esa violencia pocas veces vista en la capital del país? ¿Con qué finalidad la desataron? ¿A quién o quiénes trataban de perjudicar?
Es más fácil un cerco, que ir contra los poderes fácticos
Por: Alejandro Páez Varela - diciembre 3 de 2012 - 0:03
COLUMNAS, Historia de unos días - 41 comentarios
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Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, leyó atropellado este domingo. Se comió letras, respetó poco la puntuación y dijo un párrafo en voz alta que se supone estaba en su discurso y no parece un error. Lea por favor con mucha, mucha atención (y hasta estoy usando negritas en mi artículo –como nunca– para facilitar la comprensión):
“La creciente influencia de poderes fácticos frecuentemente reta la vida institucional del país y se constituye en un obstáculo para el cumplimiento de las funciones del Estado mexicano. En ocasiones, esos poderes obstruyen en la práctica el desarrollo nacional, como consecuencia de la concentración de riqueza y poder que está en el núcleo de nuestra desigualdad [doble sic]. La tarea del Estado y de sus instituciones, en esta circunstancia de la vida nacional, debe ser someter con los instrumentos de la Ley y en un ambiente de libertad los intereses particulares que obstruyan el interés nacional.”
Lo transcribí directamente del video del encuentro de Enrique Peña Nieto, en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, con Jesús Zambrano del PRD, Gustavo Madero del PAN, el secretario de Gobernación, María Cristina Díaz Salazar por el PRI, Jesús Murillo Karam como presidente de la Cámara de Diputados, Ernesto Cordero por el Senado de la República, el Jefe del Gobierno del Distrito Federal saliente Marcelo Ebrard, y el Jefe de Gobierno electo Miguel Mancera.
Lo tomé, pues, del evento en el que se firmó el Pacto por México (calificado, por cierto, como la “versión mexicana de los Pactos de la Moncloa de la transición española” por El País. Jeje. El diario español agrega: “El flamante presidente de México, Enrique Peña Nieto, no esperó ni 24 horas para empezar a trabajar en la agenda de transformación del país que anunció la víspera durante su primer mensaje a la nación”. ¡Órales!).
Si entendí bien, entonces, una de las tareas fundamentales del Pacto por México será ir contra los poderes fácticos. Aplausos, muchos. Himno Nacional si quieren. Pero no les creo.
¿Qué son los poderes fácticos? Tomo una descripción de María Amparo Casar, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Cambridge, profesora-investigadora del CIDE y editorialista del periódico Reforma, publicada en la revista Nexos el 01/04/2009: son “grupos que sin ninguna investidura, representación o delegación democrática tienen poder de imponer o modificar decisiones que afectan el interés publico”.
¿Cuáles son los poderes fácticos en México? Tomo un resumen que hace la misma doctora Casar de La democracia en México, de Pablo González Casanova (Ediciones Era, México, 1965): “Diferenciaba los poderes formales de los poderes reales y examinaba su peso en las decisiones gubernamentales. Describía, en particular, el poder de caciques locales, del Ejército, del clero, de los latifundistas y de los empresarios nacionales y extranjeros. A ellos habría que agregar hoy (2009), cuando menos, los grandes sindicatos, los monopolios públicos, los oligopolios, las empresas dominantes y, en el ámbito de la ilegalidad, el crimen organizado y el narcotráfico”.
No quiero aburrirlos con rollos académicos. Me dispongo a hacer la más modesta lista de los poderes fácticos en México para argumentar por qué no le creo al tan publicitado pacto.
• La televisión. Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego.
• La telefonía. Carlos Slim.
• Los sindicatos. Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps.
• Los caciques regionales. Léanse la lista completa de los gobernadores.
• Las empresas dominantes que tienen impuestos “especiales” o no pagan. Incluye, entre otros, a los Hank Rohn, los Servitje, los González, los Robertos Hernández, los Harp Helú, los Lorenzos Zambrano, los Germanes Larrea, los Albertos Bailleres, los Antonios Fernández, los Enriques Coppel, los Ricardos Martín Bringas, los Antonios del Valle, los Vázquez Raña, etcétera. Es decir: Grupo Caliente, Banorte, Maseca, GF Interacciones, Banamex, Soriana, Grupo Hermes, Bimbo, Sabritas, Cemex, Grupo Ángeles, Coppel, Mexichem, Iusacell, etcétera.
• El crimen organizado y el narcotráfico. Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada, Juan José “El Azul” Esparragoza, Miguel Treviño Morales, Luis Fernando Sánchez Arellano, Vicente Carrillo Fuentes, José de Jesús Méndez, Nazario Moreno, Servando Gómez Martínez, etcétera.
En teoría, esta es la lista de los poderes fácticos. El Pacto por México va por ellos, se dijo.
Pues no les creo. No le creo a Peña Nieto o al PRI, ni al resto de los firmantes. Ni necesito argumentar. No canto el Himno Nacional con ustedes porque, excepto los narcos, dudo mucho que vayan contra los intereses de esas empresas, esos apellidos, esos sindicatos o los gobernadores.
No me extiendo. Concluyo con esta idea: es más fácil tenderle un cerco militarizado a miles de ciudadanos en la ciudad capital, que ir contra uno solo de los anteriores. Como el mismo Felipe Calderón (que Dios le traiga remordimiento de por vida): le fue más fácil sacar al Ejército a las calles que declararle una guerra a Carlos Slim, a Emilio Azcárraga, a Elba Esther Gordillo, a Carlos Romero Deschamps, a Ricardo Salinas Pliego o a la corrupción, como todos hubiéramos esperado.
Entonces, pues no les creo. Nada.
La burra no era arisca. Pero los años y los madrazos nos vuelven, a todos, escépticos y descreídos.
@paezvarela
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