Preguntas al tribunal- Detenciones arbitrarias del 1º de diciembre- Las presas políticas y las memorias de Atenco

Preguntas al tribunal

Ilán Semo

A una semana de los acontecimientos que conmovieron a las calles de la ciudad de México durante la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, CNN, la BBC y otras cadenas televisivas se siguen preguntando lo mismo que los abogados que han intercedido por los 69 detenidos que se encuentran en prisión: ¿por qué continúan bajo arresto la mayoría de quienes están ya en juicio si no aparecen en los videos que exponen a quienes cometieron actos delictuosos y de vandalismo el primero de diciembre? ¿Qué órdenes recibió la policía ese día para que la mayoría de los arrestos se realizaran en contra de transeúntes que pasaban por el lugar, paseantes en la Alameda, miembros de los contingentes que dialogaban con la policía y manifestantes pacíficos en general? ¿Por qué la brutalidad policiaca? ¿Por qué la tortura y el abuso desmedido de fuerza en contra de quienes durante semanas se habían manifestado de la manera más civil y coherente?

 

Las primeras versiones de los testigos (algunas ya han sido publicadas en la prensa) que estuvieron presentes en las dos refriegas que sacudieron ese sábado, una alrededor del Palacio Legislativo, la otra en las inmediaciones del Centro Histórico y la Alameda, ya eran de por sí contradictorias, Todas coinciden en que la fuerza pública atacó a los manifestantes que se dieron cita en San Lázaro sin que hubiera motivo para ello. Se proponían hacer una valla humana para impugnar el acto de investidura de Enrique Peña Nieto. En efecto, un grupo muy reducido de quienes estaban en los contingentes lanzó bombas molotov y respondió a la agresión con una escalada agresión. Pero sólo eran unos cuantos. La reacción de la mayoría fue no desbandarse y neutralizar a los más radicales. Resistieron a la agresión policiaca con la ocupación de las calles. Hacía mucho que en el DF la violencia de la fuerza pública no había adquirido las proporciones que alcanzó frente al recinto que alberga al Congreso de la Unión: una lluvia de gases lacrimógenos (cargados con el peligrosísimo gas mostaza), formaciones de asalto deliberadas, persecución brutal de manifestantes. Las imágenes son inobjetables. Todos los testimonios concuerdan en que la respuesta violenta de quienes estaban en los contingentes no prosperó. Cierto, las bombas de gases lacrimógenos eran devueltas a quienes las lanzaban.
 

La refriega que se escenificó en la Alameda tomó una connotación muy distinta. Los contingentes que llegaron al lugar de manera pacífica fueron prácticamente sitiados por los cuerpos policiacos. Desde todos los costados de la plaza aparecieron batallones que encapsularon (para usar el lenguaje táctico de hoy) a quienes marchaban de manera ordenada. Súbitamente, bandas a las que nadie conocía (ni conoce después de recabar durante días información) comenzaron el saqueo y el vandalismo. ¿Quiénes eran? ¿Cómo se organizaron? Ninguna de la multitud de organizaciones que particparon en la impugnación ha vindicado esos hechos.

 

Hace un par de días, Andrés Manuel López Obrador hizo una acusación grave; gravísima, para ser precisos: Miguel Ángel Osorio Chong, actual secretario de Gobernación, no sólo sería el responsable directo de la represión en San Lázaro, sino del “manejo de halcones para causar destrozos en el Distrito Federal”. Como toma de posición política por parte de AMLO, se entiende. En la escena del dramatismo del sábado, la imagen que rodeó al mitin que organizó Morena en el Ángel de la Independencia acabó siendo precisamente la de la violencia y la zozobra. Imagen, por supuesto, del todo equívoca. Fue una reunión civil y pacífica como tantas otras. Y, sin embargo, de reunir evidencias que sustentaran esa acusación contra el encargado de la Secretaría de Gobernación, se daría un giro de 180 grados a los saldos del sitio de la Alameda. En el banquillo no estarían manifestantes que no hicieron más que reiterar lo que habían hecho desde hace meses, la impugnación pacífica de Enrique Peña Nieto, sino miembros del gabinete de la recién estrenada presidencia del Partido Revolucionario Institucional.

 

El saldo esencial del sexenio de Felipe Calderón no sólo fue que impidió consolidar el proceso de democratización que luchas cívicas y movilizaciones sociales impulsaron en los años 90, sino la transformación del viejo Estado autoritario y paternalista en un Estado canalla, para emplear el término de Jaques Derrida. Un Estado canalla es aquél que bajo el discurso liberal impone, sin declararlo ni legalizarlo, un régimen de excepción. De ser cierta la acusación contra Osorio Chong, el primer paso del PRI en la Presidencia no sería más que otro paso en la dirección canalla.

 Mondragón y Bala-Helguera

ahelguera@jornada.com.mx

Los de abajo

Detenciones arbitrarias del 1º de diciembre

Gloria Muñoz Ramírez

Nadie puede negar la arbitrariedad e ilegalidad de las detenciones de más de 100 personas realizadas por el Gobierno del Distrito Federal, en complicidad con el federal, el 1º de diciembre. Hoy, sin embargo, más de 60 hombres y mujeres permanecen anticonstitucionalmente en el reclusorio Norte y en la cárcel de Santa Martha Acatitla.

 

Son ya siete días de los acontecimientos en los que la policía federal y del DF utilizaron balas de goma, una de las cuales hirió y dejó sin un ojo a Uriel Sandoval, estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM); y aún permanecen en prisión turistas y gente que iba pasando, personas que hacían uso de su derecho a manifestarse y videoastas que registraban la represión, entre otros, ahora considerados los primeros presos políticos del sexenio.

Es notable la manera en que las redes sociales echaron por tierra las versiones de las grandes cadenas de televisión. Casi de inmediato empezaron a circular los videos e imágenes de la policía y personas vestidas de civil deteniendo a diestra y siniestra, atacando y golpeando a los manifestantes. También circulan las imágenes de los grupos de choque y de las personas que atacaron los inmuebles de las avenidas Juárez y Reforma. El registro civil está ganando una batalla: la de la veracidad.
 

La solidaridad de los habitantes de la ciudad de México está en estos momentos en el reclusorio Norte y en la cárcel de Santa Martha, a donde llegan familiares, amigos y gente de la sociedad indignada y organizada, sin miedo, pues, como señala la comunidad artística en un video que en pocas horas alcanzó más de 100 mil visitas, si uno de nosotros está preso, todos lo estamos.

 

La tristeza se convierte en indignación fuera de las cárceles. Muchos padres de familia se niegan a hablar con los medios, hartos, dicen, de tanta mentira. Ahí, el padre de Juan Carlos Orozco, uno de los 69 aún detenidos, alza la voz: mi hijo fue al teatro y cuando salía lo subieron a una patrulla personas vestidas de civil. Él se dijo ¿por qué voy a correr si no hice nada?, y por no correr lo agarraron; otros, como Rodrigo Andrés Nieto y Juan Carlos Jiménez, turistas de Tabasco, se encontraban paseando por el Centro Histórico cuando fueron arrestados. También están presas personas que ejercían su derecho a manifestarse, como Jessica Bibiana Reyna Camargo, estudiante de la Universidad Autónoma de Chapingo, además de periodistas por realizar su trabajo, como Judith Gómez Contreras, cineasta de 27 años; Regina López Martínez, fotógrafa, e Ioan Milcea Topoleano, un fotógrafo rumano de paso por México.

 

losylasdeabajo@yahoo.com.mx. - http://desinformemonos.org

 Régimen policiaco-Fisgón

rfisgon@jornada.com.mx

Las presas políticas y las memorias de Atenco

R. Aída Hernández y Gisela Espinosa

Judith Gómez Contreras es una joven de 27 años egresada de la carrera de Cine y Televisión, trabaja para Cine Tonalá, un proyecto cultural de cine alternativo en la colonia Roma; su rostro resulta familiar a quienes la vimos en Canal 11 promoviendo el buen cine. Al igual que muchos jóvenes acudió al llamado del movimiento 132 para recordarle al mundo que Enrique Peña Nieto llegaba al gobierno mediante elecciones fraudulentas. Ella, junto con Diana Aragón, Guadalupe Coutiño, Regina López, Mariana Muñiz, Rita Emilia Veri, Jessica Bibiana Camargo, Claudia Iveth Trejo, Elizabeth Saraí López, Rosa María Vargas y Fernanda Preciado han sido acusadas de los actos de vandalismo que se cometieron el 1º de diciembre pasado.

 

Recorremos una y otra vez las imágenes que circulan por la red: jóvenes vestidos de negro que enfrentan a granaderos y destruyen con violencia los inmuebles del centro histórico. No vemos un solo rostro femenino. En cambio, encontramos un video de Mariana Muñiz, estudiante de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, presa ahora en San Martha Acatitla, que protesta de manera pacífica con un grupo de Artistas Aliados en la esquina de Filomeno Mata y 5 de Mayo, lejos de los enfrentamientos. Ella y otras 19 mujeres fueron detenidas tras un cerco policiaco al que los artistas respondían con poesía. Hoy, 11 detenidas en distintos puntos de la protesta esperan ser liberadas. Las voces de estas jóvenes, que son parte de la conciencia crítica de nuestra sociedad, han sido silenciadas por la violencia vandálica de provocadores y por la violencia represiva del Estado.

Mediante una estrategia similar a la utilizada en Atenco el 4 de mayo del 2006, los medios de comunicación transmiten una y otra vez tomas de jóvenes enfrentados a la policía y destruyendo comercios y edificios públicos; la televisión trata de grabar en la opinión pública la imagen de jóvenes violentos para justificar la desmedida violencia policiaca con la que fueron atacados los manifestantes, la represión e incluso la tortura que se aplicó a algunos detenidos, según se sabe ahora.

Ese manejo nos recuerda la repetición de aquella imagen del policía en Atenco pateado por campesinos iracundos, que antecedió al allanamiento de casas por parte de unos 4 mil policías que aterrorizaron al pueblo entero, que destruyeron puertas y detuvieron violentamente sin orden de aprehensión a 207 personas, incluyendo a niños, mujeres y ancianos, con saldo final de dos muertos y 20 personas heridas de gravedad.
 

El discurso oficial en torno al anarquismo y vandalismo de los estudiantes que destruyen la paz social empieza a influir en una opinión pública desconcertada que, en medio de la trifulca y el impacto de las imágenes, llega a olvidar la imposición fraudulenta de un Ejecutivo federal y el contubernio de los monopolios televisivos; un Ejecutivo federal que al tiempo que propone publicar la ley de víctimas actúa con provocación para justificar la mano dura y la cárcel contra la disidencia juvenil y popular.

 

Pocos medios describen los detalles de la marcha o mencionan que la mayoría de las detenciones se realizaron lejos de los focos de violencia. A través de medios alternativos nos enteramos de que varias jóvenes fueron golpeadas, como Judith Gómez Contreras que alcanzó a enviar un mensaje por celular para denunciar el hecho. Guadalupe Coutiño contó a sus familiares que al increpar a sus represores diciéndoles que las dejaran en paz ¿que no ves que somos mujeres?, ellos respondieron que tenían luz verde y podían hacer lo que quisieran. Estos testimonios remiten de inmediato a las memorias de Atenco, a las 46 mujeres que fueron detenidas y torturadas sexualmente por fuerzas de seguridad en el estado de México. Se trata de las mismas estrategias. Es urgente proteger a estas jóvenes, exigir que se respeten sus derechos humanos y demandar la pronta liberación de todas y todos los presos políticos.

 

Los y las jóvenes del movimiento 132 empiezan a circular en la red otras versiones sobre lo que realmente pasó el 1º de diciembre, así ejercen el derecho a contar su propia historia y a construir un contradiscurso que rompa el silencio del terror y del poder. Nos toca a nosotros y nosotras hacer eco de estas voces y demandar que se haga justicia.

 

Profesoras-Investigadoras de CIESAS y de la UAM-Xochimilco, respectivamente; integrantes de la Red de Feminismos Descoloniales