Un sexenio desastroso
Mal se gestó la administración que terminó ayer: desde el poder
presidencial Vicente Fox intervino en forma indebida en el proceso electoral de
2006 para garantizar la continuidad de Acción Nacional e impedir la alternancia.
A ese designio se sumaron poderes corporativos privados que hicieron, de manera
abierta, campaña por Felipe Calderón, y a ello se agregó la falta de pulcritud
en el de-sempeño del Instituto Federal Electoral (IFE) y del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los cuales, ante el margen mínimo
de ventaja que los resultados oficiales daban al candidato gubernamental sobre
su más cercano competidor, se negaron a realizar un recuento de los sufragios,
una tarea que resultaba indispensable para despejar dudas, otorgar legitimidad
al ganador de la elección y ahorrarle al país la fractura política que persiste
hasta la fecha.
Era improbable, pero no imposible, que un gobierno constituido sobre tales
fundamentos pudiera estar a la altura de las necesidades del país. Se habría
requerido, en todo caso, de voluntad política para escuchar las críticas a los
remanentes antidemocráticos, a la línea económica y al creciente autoritarismo
del régimen. Felipe Calderón no la tuvo. Por el contrario, encabezó una
administración formada por un pequeño grupo de incondicionales, actuó sin tomar
en cuenta a críticos y opositores y desde las primeras semanas de su gobierno
embarcó al país en un conflicto armado que habría de costar –como se lo
advirtieron desde un inicio muchas voces de diversas orientaciones– miles de
vidas, el debilitamiento de las instituciones y violaciones masivas a los
derechos humanos de la población. Sin embargo, en el contexto de su cruzada
contra la delincuencia organizada, la administración calderonista sacrificó la soberanía nacional, gastó cantidades ingentes de dinero en aparatos de seguridad espectaculares pero ineficaces y generó una multiplicación de la violencia delictiva y del poderío de los criminales. Buena parte de los asesinados eran ciudadanos no involucrados en la delincuencia, y no pocos de ellos eran luchadores sociales, activistas de derechos humanos e informadores.
El Ejecutivo federal encabezado por Calderón fue señalado en repetidas
ocasiones por utilizar la procuración de justicia de manera facciosa para
golpear a adversarios políticos, como ocurrió con el michoacanazo y las
torvas filtraciones oficiales sobre pesquisas en torno a ex gobernadores
priístas. Por lo demás, de los miles de capturas de presuntos delincuentes
anunciadas por la autoridad, sólo un ínfimo porcentaje desembocó en sentencias
condenatorias y la administración llegó a su fin en medio de una abierta
confrontación entre la Procuraduría General de la República (PGR) y la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y con ambas instituciones en profunda
crisis.
En el ámbito administrativo, condicionado y acotado por las alianzas que hubo
de realizar para ocupar la Presidencia a cualquier precio, Calderón convivió con
una corrupción siempre al alza, manejó las finanzas con discrecionalidad,
opacidad y derroche; toleró o propició negocios tan escandalosos como el
realizado por Repsol con la venta de gas natural extranjero a la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), en el que la corporación extranjera obtuvo un
margen de ganancias de 16 mil millones de dólares a costillas del erario
nacional. Una obra emblemática del sexenio que hoy termina es la Estela de Luz,
supuestamente erigida para conmemorar el bicentenario de la Independencia y el
centenario de la Revolución, inaugurada con un retraso de más de un año y a un
costo tres o cuatro veces superior al originalmente presupuestado.
Por lo que hace a la economía, los saldos del calderonismo son simétricamente
inversos a las promesas de campaña del candidato Felipe Calderón: estancamiento
en vez de crecimiento; desempleo –abierto o disfrazado– en lugar de creación de
fuentes de trabajo; alzas de impuestos y tarifas en vez de beneficios a los
causantes; continuación del proceso de concentración de la riqueza en unas
cuantas manos e indolencia ante la proliferación de la pobreza y la miseria. En
el terreno laboral, Calderón desarrolló una política de abierta hostilidad
contra los sindicatos independientes –el de mineros y metalúrgicos y el Mexicano
de Electricistas, principalmente– y coronó su sexenio antiobrero con el envío al
Legislativo de una iniciativa de reforma laboral que cercenó derechos, extendió
la indefensión de los asalariados y preservó la opacidad y la falta de
democracia en las cúpulas sindicales leales al régimen.
En otros ámbitos los logros gubernamentales de los últimos seis años
constituyen una fabricación numérica: el crecimiento de los afiliados al sistema
público de salud no se traduce en mayor ni mejor cobertura, el seguro popular
–retomado del sexenio foxista– constituye una negación del derecho a la salud,
por cuanto es de paga y con un catálogo de enfermedades muy limitado; se ha
permitido un grave deterioro en la calidad de la enseñanza que imparte el
Estado, como lo muestran las evaluaciones nacionales e internacionales y se ha
alentado el crecimiento de empresas privadas de enseñanza de dudosa calidad.
En estos seis años la soberanía nacional ha experimentado una merma sostenida
en diversos terrenos: por una parte se ha hecho entrega excesiva y lesiva de
territorio y recursos naturales a corporaciones trasnacionales (particularmente
en la minería y en la generación de energía) y el Ejecutivo federal intentó
abrir la industria petrolera a la participación de empresas extranjeras. Por el
otro, se ha permitido la operación, en territorio nacional, de agentes de
dependencias policiales y de espionaje estadunidenses, se ha supeditado a
dependencias de seguridad a la fiscalización y coordinación de Washington y se
ha permitido que aeronaves militares no tripuladas procedentes de la potencia
vecina patrullen de manera regular en el espacio aéreo nacional.
Por lo demás, el sexenio calderonista estuvo marcado por el traslado
sistemático de bienes, atribuciones y potestades de lo público a lo privado:
concesiones, ventas y subrogaciones han sido la norma, desde autopistas y
aeropuertos hasta guarderías. El periodo de gobierno que terminó ayer no sólo
será recordado por la extrema violencia, sino también por el desmantelamiento de
Luz y Fuerza del Centro (LFC) y por el incendio de la guardería ABC, ocurrido en
un contexto de contratos dudosos, omisiones de la normativa de seguridad y,
sobre todo, impunidad.
Tal es, en apretado balance, el resultado de un gobierno que empezó mal, no
quiso rectificar y al término de su gestión no entregó cuentas claras y reales
del desastre que dejó a su paso sino autoelogios y descripciones triunfalistas
de una nación imaginaria.
Vuelta al pasado-Magú
¡Culpable!: veredicto del tribunal ciudadano
Enrique Calderón Alzati
El sexenio presidido por Felipe Calderón Hinojosa ha terminado al
fin. Hago votos porque luego del proceso sistemático de destrucción de las
instituciones nacionales, del tejido social de amplias regiones del país, del
crecimiento sin control de la delincuencia organizada, así como de la violencia
y la inseguridad en nuestras ciudades y vías de comunicación, de la cancelación
de facto de las garantías individuales, de los montajes televisivos
como sustituto de los actos de gobierno, el país pueda retomar otros rumbos más
prometedores.
Ello no será fácil, no sólo por la herencia de corrupción, de opacidad en las
acciones y del tráfico de influencias que será necesario desterrar (igual que a
él), sino también por el ambiente de duda que se respira en torno a la legalidad
del nuevo gobierno y a sus posibles inclinaciones autoritarias y represivas. En
este contexto, la noticia de que el ahora ex presidente se irá a vivir
plácidamente fuera del país, para dar clases en una universidad estadunidense,
seguramente como reconocimiento y pago por sus acciones en favor de los
intereses de esa nación, constituye un nuevo agravio a México, que se resume en
una sola palabra: ¡impunidad!
Impunidad respaldada ahora por cientos y miles de cápsulas desinformativas
que sin rubor han sido insertadas en nombre de diferentes agencias
gubernamentales, para sorprendernos con las cosas maravillosas logradas por el
gobierno de Felipe Calderón, en un intento por contrarrestar las protestas y el
descrédito acumulado por su gobierno.
Es por todo ello que diferentes agrupaciones sociales se mantienen en actitud
de protesta e inconformidad, ante la insensibilidad de quienes habiéndose
apoderado de las instituciones nacionales los pasados seis años violaron las
leyes tanto o más que los delincuentes que decían combatir, mientras hacían
pagar a la sociedad una cuota permanente de inseguridad, de desempleo, de
empobrecimiento, de frustración, y en muchos casos de dolor por la pérdida de un
ser querido, o por la pérdida del hogar, como única posibilidad de sobrevir.
Hoy, al final de este desafortunado periodo que acaba de terminar, la
molestia, la indignación y el hastío son los pensamientos generalizados de un
amplio sector de la población, que incluye a los jóvenes que al terminar sus
estudios no encuentran un empleo digno y acorde a sus aspiraciones, a los
hombres y mujeres de mediana edad que han perdido su trabajo y tampoco pueden
encontrar otro, o a quienes teniendo uno se enfrentan a la realidad de que sus
salarios no son suficientes para sostener a sus familias. A ello se añade el
enojo de quienes estando en condiciones económicas menos problemáticas nos
enteramos continuamente de nuevos escándalos de corrupción en los diferentes
ámbitos de gobierno, así como de la existencia de pactos encubiertos entre
funcionarios de alto nivel con empresas e instituciones extranjeras, y aun con
las mismas organizaciones criminales, poniendo en riego la soberanía y el
patrimonio nacionales.
Buscando cómo contribuir a cambiar este estado de cosas, dentro del marco de
las leyes vigentes de nuestro país, un grupo de ciudadanos venimos organizando
un juicio a Felipe Calderón por su actuación como presidente de la República,
apoyándonos en el artículo 87 de la Constitución, que indica con claridad el
mandato a la sociedad mexicana de demandar al presidente cuando éste no cumpla
el juramento al tomar posesión de su cargo. La experiencia ha sido
enriquecedora; a nuestra convocatoria respondieron más de una centena de
ciudadan@s de todo el país, presentándonos sus acusaciones y demandas, a partir
de las cuales nos fue posible establecer un tribunal ciudadano, del cual ha
surgido un veredicto, sustentado en los artículos mismos de nuestra
Constitución, indicando que entre otras cosas el señor Felipe Calderón es
culpable de traición a la patria.
Este es el veredicto, que de manera personal les invito a conocer, el cual se
encuentra en la página www.tribunalciudadano.mx,
solicitándoles que luego de leerlo nos indiquen si están o no de acuerdo con el
mismo, pudiendo consultar también el número de votos positivos y negativos que
se han dado hasta el momento. Nosotros esperamos contar con un gran número de
participantes en este sencillo pero trascendente ejercicio ciudadano, cuya
principal importancia radica en establecer una muestra para el futuro de lo que
la sociedad puede hacer para demandar a sus altos funcionarios cuando éstos no
cumplen con sus compromisos.
A quienes participamos en esta red social a la que llamamos
tribunal ciudadanonos deja una clara lección de cómo actuar en el futuro. Un juicio como este no se debe hacer en los meses finales del sexenio, una vez que las elecciones presidenciales han pasado. Lo más conveniente es hacerlo antes de que se inicien las campañas electorales para elegir al nuevo presidente, porque de esta manera el juicio de la sociedad hacia el presidente saliente es también un indicador importante para los candidatos y partidos políticos de lo que la sociedad no está dispuesta a aceptar por más tiempo. Asimismo, la difusión de los resultados, si éstos representan correctamente el juicio de la sociedad, le puede permitir a ésta incidir también en los medios de comunicación, para que éstos de algún modo reflejen en sus contenidos el pensamiento de la sociedad.
El verdadero escudo de la
banda-Fisgón
Peña Nieto frente a los trabajadores
Arturo Alcalde Justiniani
El regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al
gobierno federal, después de 12 años de ausencia, genera todo tipo de
interrogantes: ¿serán las cosas como antes? ¿Se repetirán las mismas prácticas
de corrupción e impunidad? ¿Regresaremos al viejo corporativismo sustentado en
el control y la inmovilidad laboral?
Cuatro elementos, entre otros, podrían responder en parte a estas preguntas:
el desempeño gubernamental de Enrique Peña Nieto (EPN) en el estado de México,
la actitud asumida durante el proceso de reforma laboral, las promesas de
campaña y las primeras decisiones que en este reglón se asuman, iniciando con el
tema de los salarios mínimos.
La política laboral de EPN en el estado de México, donde se concentra un buen
número de empresas industriales y de trabajadores, siendo también el núcleo de
población más importante del país, se ha caracterizado tradicionalmente por una
administración laboral claramente protectora del sector empresarial y
especialmente represiva frente a cualquier forma de lucha de los trabajadores,
incluyendo los intentos de democratización sindical. Las movilizaciones obreras
de los años 70 quedaron como una página destacada en la historia laboral, siendo
desmanteladas por diversos medios, a cual más de violentos; esta paz sepulcral
ha sido utilizada como un supuesto incentivo para la inversión.
Durante el periodo de gobierno de EPN se hizo evidente el control y
subordinación de los distintos niveles de autoridad hacia el Ejecutivo; aspectos
tan elementales como obtener información sobre el contenido de un contrato
colectivo se convirtieron en un tema prohibitivo, cambiar al sindicato que el
patrón impone fue una acción de imposible realización porque operaron pactos de
supuesta no agresión entre sindicatos, que significaron la renuncia al libre
ejercicio del derecho de asociación. Los contratos de protección patronal
permearon en todo el sexenio y la complicidad con los líderes de las centrales
obreras corporativas fue la constante. Obviamente, las autoridades laborales
hicieron gala de este sometimiento generalizado.
Por lo que se refiere a la actitud asumida frente a la iniciativa de Calderón
de reforma laboral, fue evidente el acuerdo con el sector empresarial para
utilizar la aplanadora de votos del PRI y sus aliados para aprobar los temas más
lesivos para los trabajadores, entre ellos facilitar el despido barato,
cubriendo a los asalariados tan sólo el importe de un año de salarios caídos y
de una pequeña cantidad adicional en los siguientes años. La reforma laboral fue
un producto de Calderón y Peña Nieto.
El capítulo final aprobado, que suprimió la eficacia en la propuesta de
rendición de cuentas de los líderes sindicales, que regula de manera deficiente
el voto secreto y negó la posibilidad de que los trabajadores fueran consultados
para la firma de los contratos colectivos, como un punto clave para rescatar la
contratación colectiva de la corrupción y la simulación, exhibió claramente la
voluntad política del nuevo gobernante para impedir un cambio en esta materia.
La consulta directa a EPN en momentos definitorios de la votación en ambas
cámaras del Congreso hizo evidente no sólo la extrema subordinación de los
legisladores, sino también la orientación laboral del mismo.
En relación con las promesas de campaña, Peña Nieto desplegó un gigantesco
listado de promesas de todo orden. Los renglones prioritarios se refieren a los
temas de energía, seguridad y reforma fiscal; en el apartado laboral se
destacaron tres aspectos: el compromiso de promover la seguridad social
universal, el seguro de desempleo y la recuperación salarial. No identificamos
otros elementos orientados a la modernización de corte estructural del mundo del
trabajo, como sería transformar el sistema de justicia, que constituye una
exigencia creciente por la parcialidad con que se ha conducido, tanto en el
ámbito federal como local.
Los tres temas señalados son de gran importancia. Sin embargo, hasta la fecha
no se han aportado detalles para su implementación. No son promesas privativas
del priísmo, sino que han sido compartidas por distintas expresiones políticas
respondiendo a una añeja demanda social. La seguridad social universal puede
convertirse en un aspecto clave para reducir la pobreza y hacer posible el
desarrollo de otras políticas públicas. El seguro de desempleo puede atemperar
buena parte de las lesiones ocasionadas por la reforma laboral y la recuperación
salarial es una recomendación constante, no sólo de los economistas más
destacados del país, sino también de organismos especializados tan importantes
como la Cepal (Comisión Económica para América Latina), vinculada con Naciones
Unidas.
Atendiendo los antecedentes señalados, es difícil asumir una actitud
optimista respecto de las promesas de Peña Nieto, ya que la vertiente política
del PRI que representa no ha demostrado ser favorable a una modernización en el
campo laboral. Todo indica que el afán reformador se orientará más a una
política de corte privatizador similar a las épocas del salinismo.
No se necesita mucho tiempo para constatar definiciones de gobierno; la
vocación política de EPN se hará presente en la próxima decisión sobre el monto
de incremento a los salarios mínimos. Es claro que la representación empresarial
se resiste a la más elemental recuperación: así lo hizo saber en días pasados,
al negarse a un reducido ajuste para igualar la clasificación regional de los
salarios; un cambio en la clasificación de dos regiones, de 1.76 pesos diarios,
le pareció excesivo. Más allá de digresiones falsas, tales como afirmar que el
salario mínimo no es importante ni representativo para el diseño de una política
salarial nacional, es evidente que el monto de su incremento impacta el
comportamiento del resto de los salarios, incluyendo los contractuales; por ello
es fundamental que los salarios mínimos superen en varios puntos la inflación, y
sobre todo aquélla de carácter real, no reducida a variables que no son
representativas para el (o la) trabajador(a) común.
Esta definición salarial aportará elementos para dilucidar hacia dónde
transitará el nuevo gobierno.
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