Astillero- Institucionalidad inoperante- Ilusiones al tope

Astillero

Elbazo y albazo

Un mes en la cárcel

DF: aumento en pasajes

Granier, impunidad

Julio Hernández López

PROTESTA POR DETENCIÓN DE DIRIGENTE DE LA UPREZ. Integrantes de organizaciones sociales y de la Unión Popular Revolucionaria mantienen un plantón frente a Palacio Nacional en protesta por la detención del profesor Felipe Rodríguez Aguirre, por ataques a las vías de comunicación

Foto Guillermo Sologuren

 

Un mes ha servido para comprobar que la profesora Elba Esther Gordillo era una tigresa de papel. Nada queda de los aires retadores que asumió en el tramo final de su forcejeo, aún en libertad, contra Enrique Peña Nieto, e incluso hoy suena a tragicomedia aquel pretencioso epitafio en el que se imaginaba para sí misma un final político en condición de guerrera.

 

Todavía hoy es posible escuchar a ex trabajadores petroleros y a habitantes de la zona conurbada de Tampico-Ciudad Madero que recuerdan con buen ánimo a Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina, aquel cacique presuntamente semibueno que fue expulsado del imperio sindical petrolero por el entonces presidente Salinas de Gortari, quien estaba urgido de mostrar que tenía fuerza institucional como para remontar su contexto de falta de legitimidad electoral. Pero nadie se atreve actualmente a pronunciar algunas palabras piadosas para la mujer que con mano de hierro y arcas a su disposición manejó el sindicato de profesores y varias oficinas importantes del gobierno federal calderonista. Ni siquiera sus familiares, amenazados claramente con acción penal (a partir de su probado involucramiento como beneficiarios y operadores de actos de corrupción gordillista) si abren la boca para tratar de reivindicar a la famosa maestra ahora en desgracia.

 

Reducida a una patética condición de impotencia, Gordillo ha hecho un involuntario último favor al sistema que la encumbró y ahora la ha destronado. Su zalea política ha sido exhibida con toda intención ejemplarizante para que diversos actores, ensoberbecidos y falsamente agigantados durante la docena inexperta del panismo en Los Pinos, se sometan a los designios del nuevo habitante, el priísta Peña Nieto que goza con los réditos de ese golpe contra la cacica.

 

Las consecuencias de la operación de Estado contra Gordillo han dejado también en una especie de cárcel política a los dirigentes nacionales y estatales del SNTE. La gran mayoría son reproductores, en sus escalas regionales, de los abusos y la proclividad a lo delictivo (corrupción, venta de plazas, uso arbitrario de los fondos sindicales, entre otras linduras) de su anterior jefa máxima. Y el sucesor oficial de Gordillo no se atreve ni a respirar profundamente para que no se le vaya a considerar una especie de rebelde pulmonar.

 

En ese marco de abatimiento del sindicalismo institucional, la resistencia frente a las líneas oficiales y extraoficiales de la reforma peñista en materia educativa está quedando en manos de las secciones consideradas independientes (en Guerrero, la llama puede prenderse de nuevo). No sólo hay una impugnación en materia de reglamentaciones laborales, sino una convicción de que el debilitamiento de la defensa sindical dará paso a medidas como el incremento de la participación privada en la educación, así clasificada ya abiertamente como negocio e incluso a la mayor presencia e influencia del clero en el manejo educativo y en la definición de sus contenidos, acercándolos cada vez más al modelo deseado por la élite vaticana.

 

Para conmemorar el elbazo, en el Distrito Federal se dio un albazo. En plena temporada vacacional de Semana Santa, como suele suceder cuando se quiere amortiguar el impacto de un golpe a intereses populares, el gobierno encabezado por Miguel Ángel Mancera decidió aumentar en un 33 por ciento las tarifas de transporte público de microbuses, autobuses y Metrobús, a los que se sumarán aumentos al servicio de taxis, que entrarán en vigor a partir del 1° de abril, según reportaban ayer Alejandro Cruz y Laura Gómez en el portal electrónico de La Jornada.

 

Es evidente que el costo de operación del servicio público de transporte en la ciudad de México ha sido constantemente afectado por procesos inflacionarios, de entre los cuales destaca el aumento progresivo del precio de la gasolina y las refacciones. También es cierto que el bajo costo de los pasajes en el Distrito Federal es una forma de subsidio popular que contrasta con las tarifas de otras entidades.

 

Pero Mancera no generó un proceso de explicación y convencimiento sociales para tomar una decisión que impactará a la economía popular, y tampoco presenta contraprestaciones creíbles de parte de los concesionarios, quienes según eso quedan obligados a un programa volátil, que el tiempo se encargará de dejar en mero recurso oratorio: esta alza se da con el compromiso de mejorar la seguridad y calidad del servicio, además de destinar 20 por ciento del incremento para la capacitación del gremio, con el fin de integrarse al nuevo esquema de conformación de empresas.

 

Hasta ahora, el manejo de los gobiernos capitalinos en materia de transporte público y privado ha permitido que mediante métodos de corrupción institucionalizada se recaben cuotas para financiar actividades políticas y electorales y se creen comaladas izquierdistas de nuevos ricos. Así ha sido en general y no solamente durante la administración de Mancera. Aprobar estos aumentos en los pasajes es una forma nada disfrazada de instaurar impuestos sociales sin que se tenga claridad ni confianza en lo que supuestamente habrá de recibir a cambio el pasajero, más allá de la demagogia rutinaria.

 

En Tabasco, los costos de los arreglos políticos también se han encarecido a causa de una extraña mezcla de abusos y debilidades. Enaltecido por el lopezobradorismo como un ejemplo de los logros que a largo plazo y en condiciones muy difíciles se pueden alcanzar, el gobierno de Arturo Núñez chapotea entre arroyos de legalidad convenenciera, sin decidirse a enderezar la fuerza institucional contra el depredador del erario de esa entidad, el químico Andrés Granier Melo.

 

Hasta ahora, y a pesar del creciente reproche popular por la impunidad hasta ahora otorgada al priísta antecesor, el peculiar lopezobradorista Núñez disipa los aires justicieros en instancias de segundo nivel del aparato de corrupción encabezado por el citado Granier, una de cuyas hijas fue pillada con una cuenta bancaria increíblemente abultada.

 

Y, mientras sigue saliendo pus de la estela que es símbolo de la corrupción calderonista, ¡hasta mañana!

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Libertades fundamentales-Fisgón

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Institucionalidad inoperante

El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, anunció ayer la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana (CPC), órgano colegiado creado hace más de una década, integrado por representantes de la sociedad y, supuestamente, encargado de vigilar y evaluar la actuación de la mencionada dependencia federal.

 

Con el telón de fondo de una dependencia federal de procuración de justicia que padece serios extravíos y deficiencias, ante los nulos resultados obtenidos en materia de seguridad durante la última década y habida cuenta de la necesidad de someter a la PGR a un proceso de restructuración profunda –como reconoció ayer el propio Murillo Karam–, la determinación de desaparecer el consejo luce, en principio, acertada. Cabe preguntarse, sin embargo, si la reorientación y, en su caso, recomposición de los órganos colegiados creados por el titular de la procuraduría no tendrían que haberse puesto en marcha hace años, ante los primeros indicios de su inoperancia, o cuando menos hace cuatro meses, tras el arribo del nuevo gobierno federal. Es particularmente preocupante que, entre las justificaciones oficiales a la medida, se aduzcan necesidades, eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos públicos y de disciplina presupuestaria, pues ello permite inferir que durante los pasados 10 años el CPC operó de manera ineficaz y opaca, sin que las autoridades federales hicieran nada por corregir esa situación.

Así, a reserva de esperar que el CPC sea remplazado por otro mecanismo colegiado de la sociedad civil que opere con transparencia y realmente represente a la sociedad ante la PGR –instancia caracterizada por un historial de violaciones a derechos humanos, fabricación de culpables y uso político de la procuración de justicia–, el caso es emblemático de una institucionalidad onerosa e inoperante en su configuración actual y que se mantiene a pesar de esas características por designio del poder público.
 

Otro ejemplo de lo anterior se desprende de la afirmación, formulada ayer por la Auditoría Superior de la Federación, de que la Secretaría de la Función Pública fue omisa en las tareas de vigilancia durante la construcción de la Estela de Luz. Tal aseveración obliga a recordar que el desempeño de esa dependencia y sus antecesoras –las secretarías de la Contraloría General de la Federación y de la Contraloría y Desarrollo Administrativo– se ha caracterizado por la incapacidad y falta de voluntad para combatir la corrupción, la opacidad y la impunidad en las oficinas públicas y para sancionar a los funcionarios responsables de quebrantos al erario.

 

Por lo demás, la misma inoperancia y falta de transparencia en la actuación de la SPF por la Estela de Luz puede identificarse en otras dependencias federales, como la Secretaría de Educación Pública –también señalada por la ASF– y la PGR, que ha sido incapaz de obtener órdenes de captura para los funcionarios responsables por las presumibles faltas administrativas y penales cometidas durante la construcción de dicho monumento. Otro tanto ocurre con organismos constitucionales autónomos, como el Instituto Federal Electoral, el cual, en los pasados dos procesos electorales, ha sido incapaz de cumplir su tarea de organizar comicios transparentes y competidos, y ahora, para colmo, enfrenta denuncias públicas por presumibles desfalcos al erario por sus funcionarios.

 

La institucionalidad en su conjunto se encuentra, pues, en una delicada circunstancia de obsolescencia, inoperancia y presumible corrupción, de la que sólo podrá salir mediante una reconfiguración profunda y generalizada, con todo lo que ello implique.

 

Chihuahueño-Hernández

hernandez@jornada.com.mx

Ilusiones al tope

Luis Linares Zapata

El contagio del optimismo político resbala hacia amplios sectores del espectro social interno y hasta del internacional. Las cúpulas partidistas y el gobierno federal han acelerado sus maniobras, y sus regocijos son apoyados por un amplio aparato de convencimiento. Como parte sustantiva de la estrategia, los medios de comunicación han acudido presurosos al banquete de ilusiones y promesas desatadas a partir de dos apoyos básicos: una atractiva figura presidencial y el entusiasta colaboracionismo de las oposiciones. Una tras otra han ido cayendo las reformas legislativas. Una y otra vez el pacto (llamado por México) ha guiado la eficacia operativa hasta llegar a suplantar al Congreso. Sus integrantes, operadores avezados, se mueven con sigilo ya poco contenido. Los triunfos sobre las fuerzas del mal, personificadas en una profesora y dos que tres capitostes de la IP, entran a la escena de la exitosa narrativa oficial.

 

Al coro interno se han unido voces profundas, abarcantes, de influencia indiscutida, que los centros de poder hegemónico despliegan y magnifican con sus magnavoces globales. Peña Nieto se enfrenta, con decisión, al hombre más rico del planeta, publican a planas enteras diarios centrales ( WSJ, FT). Peña Nieto encarcela a la lideresa sindical más poderosa del país y eleva su voz para alertar, de manera tajante, que nada ni nadie estará por encima de la ley. Peña Nieto hace patente su independencia del duopolio televisivo y canaliza, para dar densidad a su pulida imagen, los muchos agravios que éstos causan. Demuestra, con este suave movimiento, que no debe favor alguno ni tiene amigos que lo maniaten. Parecen borrarse, con el paso dado en favor de la creación de ciudadanía que implica la reforma a la radiodifusión, los sendos, constantes, alevosos apoyos anteriores para dar lustre a su perfil y fincar su popularidad. El sol ha vuelto a salir, esplendoroso, sobre la testaruda mollera de los mexicanos.

 

Lejos han quedado otras dos reformas discutibles por sus prometidos beneficios: la laboral y la educativa. La primera porque, sin duda, está produciendo los efectos buscados en la precarización del factor trabajo. Nocivos daños que ya se hacen sentir en la débil dinámica de un mercado interno con claras tendencias a estancarse o, peor todavía, a decaer. La segunda porque, a medida que avanza, va generando oposiciones que la circunscriben en su pretensión transformadora. Las administraciones estatales simplemente no tienen la voluntad ni el instrumental re­querido para encauzar las disidencias magisteriales o para rescatar el tan cotorreado control del proceso educativo. Algunos gobernadores han tenido que absorber las demandas de vastas secciones sindicales movilizadas, reivindicaciones que finalmente no han sido desorbitadas. A pesar de las intensas campañas, orquestadas o no en su contra, los maestros de la CNTE muestran mejores calidades que la acomodaticia y esponjada burocracia del SNTE. En resumidas cuentas, la cortedad de miras con que fue diseñada la reforma, así como las tupidas redes de un sindicalismo atrincherado y corrupto, imponen una inercia que parece irremontable para las habilidades de los actuales conductores federales. El limitado aliento para inducir cambios en la creación de conocimientos y, sobre todo, en sembrar, con decisión, constancia y sabiduría, afanes igualitarios entre los muy desiguales, lastra sus alcances.

 

La desmesura del optimismo, que se viene insuflando desde los centros de poder externo recala en una dimensión del todo improbable –al menos a mediano plazo– del liderazgo mexicano en Latinoamérica. La muerte de Chávez, afirman con interesada pero inusitada temeridad, abre posibilidades al presidente Peña Nieto para enderezar lo que el venezolano desvió. Una cosa es enmendar las muchas fallas diplomáticas del panismo respecto al trato con el subcontinente, y otra muy distinta, es insertarse, de manera preponderante, en una zona que ha superado el conservadurismo del oficialismo nacional. La herencia popular de Chávez, junto con sus pulsiones integradoras regionales, está lo suficientemente arraigadas tanto en su país como en demás aliados y, con seguridad, se continuará por la misma senda. Más le valdría al priísmo encumbrado no alentar un derrotero de esta catadura, pues, al menos por ahora, no tiene sustento. Reconocer las limitantes, endurecidas con los muchos años de ausencias o torpezas diplomáticas, es buen consejo. Hay que aceptar, además, el desarrollo y la influencia que han logrado varias de las naciones sureñas antes de pretender liderarlas.

 

El optimismo desbordado que emana desde las cúpulas tiene varias tareas antes de convertirse en algo tangible para el bien de los ciudadanos. La adecuación de la anunciada reforma energética con la hacendaria forma un eslabón imprescindible. Urgen cambios que no se diseñen para dejar entrar el capital externo a zonas sabiamente restringidas por la Constitución, sino para fincar sobre tal ensamble el desarrollo productivo que se demanda. El golpeteo se dará, sobre todo en la dimensión fiscal, si se llevan a cabo las necesarias modificaciones para fortalecer la hacienda pública. Pero el apoyo popular requerido para soportar tales tironeos no se tiene, al menos por ahora. Dar tan vital respaldo por descontado, o basarlo en la labrada imagen de un eficaz constructor de consensos, es irse de bruces ante la dura y candente realidad actual de buena parte de la sociedad. Mientras, la crítica opositora ha subido el tono y la profundidad de sus argumentos para incidir, de variadas maneras, en prevenir contra posibles encontronazos entre los desplantes de poder con la densa realidad.