Murillo Karam llegó ofreciendo “transparencia”, pero la PGR camina hacia una zona cada vez más oscura

Por: Redacción / Sinembargo - marzo 27 de 2013 - 0:02Destacadas, México, TIEMPO REAL, Último minuto - 1 comentario

 

 

Murillo Karam. Rumbo a zonas oscuras. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 27 de marzo (SinEmbargo).– Una de las palabras favoritas en el discurso público de Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República, es “transparencia”.

Después de la explosión en el Anexo B de la Torre de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la capital del país, dijo que el gobierno diría si se trató de “un accidente, una imprudencia, un atentado o sea lo que sea”, y agregó: “No vamos a desechar ninguna hipótesis. Vamos a procurar que esta investigación se dé de la forma más transparente”.

Lo mismo ofreció de la investigación que se sigue a Elba Esther Godillo, a quien se acusa de falta transparencia en el manejo de los recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Y poco después de llegar a la Procuraduría General de la República (PGR), el priista acusó de insuficientes los avances registrados en la modificación del sistema de justicia penal aprobado en 2008 –en el gobierno de Felipe Calderón–, y en su discurso sentenció: “Siendo la averiguación un instrumento que requiere de salvar con la reserva de la presunción de inocencia y los derechos de terceros, esto no impide que la actuación de la autoridad deba ser transparente, pública y medible”.

Pero en los hechos, Murillo Karam no es el hombre que predica ser.

Por ejemplo, fue el único miembro del gabinete de Enrique Peña Nieto que no hizo su declaración patrimonial pública. Como el manifiesto de bienes es voluntario, el además ex presidente de la Cámara de Diputados “no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”, según reportó la Presidencia de la República.

La dependencia a su cargo maneja en una zona oscura las investigaciones más importantes de los primeros casi cuatro meses de administración. Por ejemplo, se desconoce si se investiga o no a Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública federal.

El Presidente Enrique Peña Nieto había prometido, tras la liberación de Florence Cassez, llevar ante la justicia a quienes no garantizaron el debido proceso y violaron sus derechos humanos. “La PGR ha señalado que habrá de llevar a cabo las investigaciones correspondientes para determinar si en los errores cometidos eventualmente hubo la comisión de algún delito que, de haberlo, habrá la persecución correspondiente o la investigación debida”, dijo el 3 de febrero.

No es el único caso. Tampoco se sabe, por ejemplo, el destino de la denuncia que el Partido Acción Nacional (PAN), los partidos de izquierda y el gobierno de Tabasco interpusieron en contra del ex Gobernador Andrés Granier Melo, quien es miembro del partido de Murillo Karam, el Revolucionario Institucional (PRI).

El último caso es el del Consejo de Participación Ciudadana, una entidad de la sociedad civil que estaba destinada a transparentar la operación de una de las áreas más oscuras de la administración pública, y que fue desaparecida sin previo aviso y aparentemente sin consultarlo con quienes lo dirigían.

El Procurador publicó en el Diario Oficial la orden que abroga los acuerdos A/037/02, A/096/09, A/111/12 y  A/012/11, uno de los cuáles ordenaba la creación del Consejo y fue firmado el 28 de febrero de 2011 por la entonces Procuradora Marisela Morales.

El Consejo fue justificado para el “uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal”.

Era, básicamente, una herramienta de transparencia. Permitía que distintos sectores de la sociedad pudieran preguntar y obtener respuestas sobre una de las áreas de impartición de justicia tradicionalmente más oscuras. Temas como la corrupción, por ejemplo; o los abusos de poder y las compras gubernamentales podían ser cuestionadas a partir de este organismo, que ahora ha desaparecido.

Posteriormente, en un comunicado, dijo la PGR explicó que la desaparición del CPC fue decidida por el Procurador Jesús Murillo Karam, porque se pretende fortalecer la participación de la sociedad a través de órganos colegiados de próxima creación.

En un comunicado, la dependencia federal informó que con esta decisión se tiene el propósito de reestructurar la institución y racionalizar de mejor manera los recursos destinados a la procuración de justicia.

“En el documento se insiste que a través de las disposiciones determinadas en el ‘Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal’, el Gobierno Federal hace un esfuerzo para racionalizar el uso de los recursos públicos reduciendo los gastos operativos de sus entidades”.

La Procuraduría puntualizó que en el mismo acuerdo de desaparición del CPC se señala que, con la idea de buscar una administración más eficiente y que permita establecer con mayor objetividad metas a corto y mediano plazo, es necesario reestructurar la dependencia.

LA PGR EN LO OSCURITO

GARCÍA LUNA, PALOMINO Y CASSEZ

En 2005, Luis Cárdenas Palomino y Genaro García Luna presentaron a la francesa Florence Cassez y a una banda de secuestradores durante un montaje televisivo que simuló el arresto “en vivo”. Esta y otras violaciones fueron evaluadas por los ministros de la Corte, que decidieron liberarla el 23 de enero de 2013.

Inmediatamente después de su liberación, Procurador Jesús Murillo Karam dijo que analizaría el fallo de la Segunda Sala de la SCJN para fincar responsabilidades contra quienes realizaron la averiguación previa y la consignación.

Murillo Karam incluso instruyó a los fiscales de la Subprocuraduría de Procesos Penales de la PGR a centrar el análisis en la parte de investigación y posteriormente, rendir un informe jurídico-legal, para determinar si se ejercita acción penal contra ex funcionarios de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y Ministerios Públicos de la Federación que la elaboraron en 2005.

A pesar de la promesa, ningún resultado ha sido presentado por la Procuraduría.

Tanto la fracción parlamentaria del PRI en el Senado  como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidieron a la  Procuraduría General de la República (PGR) iniciar un proceso de investigación contra mandos policiacos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), que participaron en la detención de Cassez y se proceda a reparar los daños.

El pasado 15 de marzo el ombudsman nacional Raúl Plascencia presentó un recurso ante la PGR en contra de García Luna y 20 funcionarios más por dicho operativo. Ante ello, propuso que el Senado lance un exhorto a Jesús Murillo Karam para iniciar los procedimientos de responsabilidad y acciones de investigación.

Pese a comenzar una investigación contra García Luna y Palomino, la dependencia dijo que estudia el informe presentado por la CNDH.

El punto de acuerdo de los priistas publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado considera que los funcionarios realizaron un “montaje” del operativo, lo que derivó en la liberación de la ciudadana francesa. En el acuerdo promovido por la senadora Verónica Martínez Espinoza menciona que debido a la mala actuación de al menos 20 funcionarios de la AFI, se distorsionó y contaminó el proceso legal.

En el documento Martínez Espinoza propuso que el senado lance un exhorto al titular de la PGR para iniciar los procedimientos de responsabilidad y acciones de investigación en contra de mandos medios y superiores como los entonces titulares de la AFI. Asimismo, el de la Unidad Especializada en Investigación y Secuestro; el de la Dirección General de Investigación Policial, el Director de Operaciones Especiales y otros servidores que participaron en dicho operativo.

También se pide a la PGR que “se procure, vigile que el resto de los autores individuales de los delitos de secuestro ya identificados, sean obligados a cumplir con la reparación que les correspondan a las víctimas de secuestro, relacionadas en el amparo directo en revisión 517/2011″.

El 30 de enero, tras su liberación, Cassez afirmó que los siete años que pasó en una prisión mexicana se debieron a la saña, e incluso deseos de muerte, que le tenía el ex director de la Agencia Federal de Investigaciones y ex Secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.

“Era el objetivo a abatir de García Luna. Estaba en sus manos, él quería mi muerte”, dijo Cassez en una entrevista con la revista Paris Match.

EL CASO GRANIER 

El 31 de diciembre de 2006 el priista Andrés Granier Melo rindió protesta como Gobernador de Tabasco. Prometió cambios y ayudar a los más necesitados. Sin embargo, su administración finalizó con derroche, crisis en el sector salud, un aumento exponencial de la deuda pública y la pérdida de más de mil millones de pesos.

Granier recibió el poder de manos del priista Manuel Andrade, quien le dejó una deuda por 450 millones de pesos, que en seis años creció a más de 10 mil millones; sin embargo, el actual Gobernador Arturo Núñez, del PRD, dice que el monto real es por 17 mil 737 millones de pesos.

Además, también se registran faltantes de recursos federales que ascienden a mil 198 millones de pesos, en los rubros de salud, educación, seguridad y otros.

Debido a las inconsistencias halladas por la nueva gestión, el 23 de febrero se anunció que se había iniciado una extensa investigación que abarca desde los ingresos hasta las propiedades de la familia y los ex colaboradores del ex mandatario priista.

Ante las irregularidades, el Gobierno tabasqueño presentó una denuncia por presunto desvío recursos públicos, pero a decir de Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), en el documento aparecen muchos nombres, mas no el de Granier.

El Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dijo  que la Procuraduría  no cuenta con los elementos necesarios para llamar al ex mandatario priista,  pero de ser necesario, así se hará.

“No puedo buscar a nadie sin tener el sustento legal, una orden o la solicitud ante un juez. Si hubiera necesidad de declararlo o si hubiera necesidad de detenerlo si resulta responsabilidad, yo no hago más que lo que la ley me indica”, dijo.

TELEVISA Y NICARAGUA

El pasado 20 de noviembre, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió una orden de aprehensión en contra de Jesús Alvarado Aguilar por el delito de operaciones con recursos de precedencia ilícita. Alvarado Aguilar es el padre de Raquel Alatorre, la líder de los 18 mexicanos que fueron sentenciados en Nicaragua de tráfico de drogas.

En agosto del año pasado, el grupo de mexicanos  se presentaron como periodistas de Televisa para entrar en Nicaragua. Fueron detenidos en puesto de seguridad en la zona fronteriza con Honduras y la policía nicaragüense halló 9.2 millones de dólares, además de rastros de cocaína, en las seis camionetas con los logotipos de la televisora en las que se desplazaba.  Llevaban una carta supuestamente firmada por Amador Narcia para respaldar esa versión.

Los 18 mexicanos fueron condenados a 30 años de prisión, la pena máxima en Nicaragua, por narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado el pasado 18 de enero por un juez de Managua. Televisa se deslindó desde el primer momento de los delincuentes y solicitó a la Fiscalía nicaragüense una investigación aparte contra el grupo por utilizar el nombre de la cadena.

Para esto la Fiscalía de Nicaragua pidió la firma de Amador Narcia Estrada, vicepresidente de información de Televisa, a la PGR para continuar con la investigación.  De acuerdo con el fiscal Armando Juárez, la Policía Nacional nicaragüense no pudo realizar el peritaje de las firmas debido a que las muestras enviadas por la Procuraduría General de la República (PGR) fueron insuficientes y “no cumplían con algunos requisitos”.

Juárez señaló que ya se envió una solicitud a la PGR para unos modelos de firma “modelo libre”,es decir, las que el funcionario de Televisa utiliza en documentos oficiales como credencial de elector, licencia de conducir y/o pasaporte.

Aunque la PGR se ofreció a cooperar con el caso de los mexicanos ya sentenciados. No ha habido una resolución que deslinde efectivamente a la empresa con los acusados.

RÁPIDO Y FURIOSO

La Procuraduría General de la República (PGR) inició y mantiene en integración la averiguación previa PGR/Seido/Ueitn/059/2011, relacionada con el operativo “Rápido y Furioso”, informó la Secretaría de Gobernación (Segob).

En un Informe enviado a la Cámara de Diputados, la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob comunicó que el 26 de noviembre de 2012 la Dirección de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Quejas e Inspección de la PGR, informó de las acciones realizadas sobre dicho operativo. Rápido y Furioso”.

Añadió que la averiguación previa se encuentra en estado de integración, sin que se tengan identificadas a víctimas o familiares vinculadas a indagatorias relacionadas con el decomiso de armas de fuego de “Rápido y Furioso”.

De igual modo, expuso que el Gobierno Federal no fue informado de algún operativo que incluyera el trasiego controlado de armas al país, por lo tanto, no se puede hablar de una operación coordinada entre México y Estados Unidos.

Sin embargo, puntualizó que en la actualidad la PGR usa los canales institucionales para intercambiar información con autoridades estadounidenses para detectar actos ilícitos con dicho operativo.

El documento enviado a la Cámara de Diputados destacó que corresponde al Ministerio Público de la Federación determinar si se cometió algún ilícito con total independencia de lo que concluyan las investigaciones de las autoridades estadounidenses.

¿Y ROMERO DESCHAMPS?

Un día después de la detención de Elba Esther Gordillo, el Procurador Jesús Murillo Karam dijo que no tenía pruebas suficientes para ir en contra del dirigente del Sindicato de los Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). “No cuento con un elemento tan claro como en este caso [el de Elba Esther]. Si tengo denuncias, se actuará de la misma manera”, dijo.

Sin embargo, al igual que la “Maestra”, al Senador priista se le ha acusado  por supuestos vínculos con el desvío de recursos -como el  “Pemexgate” en el 2000-, o por el despilfarro y lujos. Aunque a ambos les gustan las buenas marcas, y los dos se forjaron en el partido tricolor, Gordillo Morales se descarrió del PRI, no así, Romero Deschamps, quien sigue afianzado en su cúpula partidista.

Incluso el líder petrolero tiene pendientes varias acusaciones, una de ellas -la AP1072/DDF/2004- en la PGR en la que se le investiga por presunta asociación delictuosa. Este expediente se integró derivado de la controversia del convenio 10-275/04, de octubre de 2004, en el que el entonces director de Petróleos Mexicanos, Raúl Muñoz Leos, y Carlos Romero Deschamps transfirieron 8 mil millones de pesos de Pemex al sindicato, al margen del Consejo de Administración de la paraestatal.

Romero Deschamps ha librado también otras órdenes de aprehensión. En 2002 la PGR integró otras dos averiguaciones previas en su contra por los delitos de peculado simple (expediente PGR/UEDO­/102/2002) y por peculado electoral (055/Fepade/2002), derivado del “Pemexgate”.

El 22 de septiembre de 2003 el juez decimotercero, José Luis Moya Flores, libró una orden de aprehensión en su contra por ambos delitos, pero en octubre el juez segundo de Distrito del Circuito 13, con sede en Oaxaca, Tomás Quiroz, le concedió un amparo provisional.

El dirigente del gremio de los petroleros también está acostumbrado al lujo y el despilfarro pese a ganar -según datos oficiales- 24 mil 633 pesos mensuales, esto no le ha impedido contar con una incalculable riqueza. Entre yates, propiedades y artículos de colección.

El más reciente caso de Deschamps se dio a conocer el pasado 14 de febrero, cuando aceptó que el sindicado que dirige recibió 500 millones de pesos como préstamo de Petróleos Mexicanos (Pemex) supuestamente para vivienda -pagaderos en un plazo de 10 años y sin intereses-, pero no supo decir a dónde fueron a parar.

Al ser cuestionado sobre esto, Romero Deschamps no dio un sólo dato sobre el proyecto o si está ubicado en algún lugar y justificó el préstamo al afirmar que es “una obligación de la paraestatal proporcionar vivienda a los trabajadores”.

De acuerdo con reportes de prensa, el millonario convenio se realizó cuando Juan José Suárez Coppel encabezaba la petrolera, durante el sexenio del panista Felipe Calderón.

 

PGR eliminó órgano civil de transparencia por “ahorro”, y para “crear órganos colegiados” que no define

Por: Redacción / Sinembargo - marzo 26 de 2013 - 20:10Destacadas, México, TIEMPO REAL, Último minuto - Sin comentarios

 

Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).– La Procuraduría General de la República (PGR) informó en un comunicado que decidió eliminar el Consejo de Participación Ciudadana porque “racionaliza el uso de recursos públicos” y para crear “órganos colegiados” de los cuales no dio detalles.

El día de hoy, sin previo aviso –aún cuando se trata de un mecanismo civil de rendición de cuentas y transparencia– fue eliminado el Consejo de Participación Ciudadana, una instancia que estaba destinada a transparentar la operación de una de las áreas más oscuras de la administración pública.

Horas después de que fuera reseñada su desaparición en la prensa, se explicó que sería sustituido por “órganos colegiados”.

La Procuraduría informó esta tarde-noche que la acción comprende una reorientación y recomposición de los órganos colegiados con el fin de que se creen unos nuevos que sean compatibles con la nueva estructura de la institución.

En el documento señala que el Gobierno federal “racionaliza el uso de los recursos públicos” al reducir los gastos operativos de sus entidades. Todo esto determinado en el “Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal”.

La PGR, que dirige Jesús Murillo Karam, publicó en el Diario Oficial la orden de abrogar los acuerdos A/037/02, A/096/09, A/111/12 y  A/012/11, uno de los cuáles ordenaba la creación del Consejo y fue firmado el 28 de febrero de 2011 por la entonces Procuradora Marisela Morales.

El Consejo fue justificado para el “uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal”.

El Consejo de Participación Ciudadana de la PGR era una herramienta de transparencia. Permitía que distintos sectores de la sociedad pudieran preguntar y obtener respuestas sobre una de las áreas de impartición de justicia tradicionalmente más oscuras. Temas como la corrupción, por ejemplo; o los abusos de poder y las compras gubernamentales podían ser cuestionadas a partir de este organismo, que ahora ha desaparecido.

El último presidente fue el empresario Alejandro Puente Córdoba.

De acuerdo con la PGR, su desaparición se debe a que se encuentra en un proceso de diagnóstico y reestructura, “encaminado a modernizar su funcionamiento y detectar las áreas que requieran una mejora”.

“Que para lograr lo anterior, la reestructura y reingeniería de procesos institucionales, debe comprender una reorientación y, en su caso, recomposición de los órganos colegiados creados por el Titular de la Procuraduría, a fin de que en su momento tenga lugar la creación de aquellos que sean compatibles con la nueva estructura”, indica el Acuerdo publicado hoy.

La PGR no dio a conocer si este organismo será sustituido por otro. Tampoco ha informado sobre el proceso de reestructuración que, en teoría, arrancó la institución desde el 1 de diciembre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de la República.