La CIDH en riesgo de desaparecer por insolvencia financiera
El jurista mexicano José de Jesús Orozco Henríquez.
Foto: Archivo
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MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mexicano José de Jesús Orozco Henríquez, y la responsable de la Relatoría de Libertad de Expresión, Catalina Botero, advirtieron que el organismo se encuentra en una crítica situación financiera que pone en riesgo su supervivencia.
En una conferencia de prensa en Internet y en vísperas de la Asamblea Extraordinaria del Consejo General de la OEA, el mexicano Orozco Henríquez advirtió que si los 35 países que conforman la OEA no aumentan sus aportaciones la CIDH será prácticamente “estrangulada financieramente”.
Botero fue más lejos todavía al manifestar que la CIDH podría desaparecer si prevalece la propuesta de prohibir al organismo allegarse de fondos externos.
Los integrantes de la CIDH ofrecieron la rueda de prensa para dar por concluido su proceso de reforma, luego de entregar al consejo general del organismo hemisférico sus propuestas de modificaciones al reglamento interno.
La reforma al organismo, que ha sido vista como un intento de algunos países de América Latina para debilitarlo, arrancó en 2011 y culminó el pasado viernes 8, en una reunión de los comisionados con representantes de los 35 Estados participantes.
De acuerdo con Orozco Hernández, en dicho encuentro “hubo un reconocimiento al trabajo que ha hecho el organismo a favor de los derechos humanos de los habitantes del continente”.
En la conferencia de prensa transmitida por internet, los comisionados dejaron en claro que su mayor preocupación radica en el financiamiento de los Estados, que –admitieron– sólo cubre 55% de las necesidades de la CIDH, mientras que el resto es solventado con fondos de organizaciones internacionales y de naciones que deciden hacer donaciones extraordinarias.
Según el último informe financiero, en 2012 la CIDH contó con un financiamiento de 8.8 millones de dólares, de los cuales 4.8 millones corresponden a fondos de la OEA, provenientes de cuotas entregadas por los Estados miembros.
El resto, 3.8 millones de dólares, llega a través de donaciones de países miembros, de naciones de la Unión Europea con carácter de Observadores Permanentes y de otras instituciones y organismos internacionales.
La Relatoría de Libertad de Expresión funciona con fondos externos a los proporcionados por la OEA, reconoció Catalina Botero, quien aseguró que si en la Asamblea Extraordinaria se aprueba la moción de algunos de los detractores de esa oficina para que la CIDH no se allegue de recursos foráneos, “hay que cerrarla”.
Explicó que 90% de los proyectos impulsados por la Relatoría de Libertad de Expresión son financiados con recursos de donaciones o licitaciones de organismos e instituciones internacionales, “mismas que no emiten un cheque en blanco”, por lo que “si a la Relatoría de Libertad de Expresión no le permiten acceder a estas fuentes de financiamiento hay que cerrarla”, insistió.
En su momento, mandatarios como Rafael Correa, de Ecuador, y el venezolano Hugo Chávez, fallecido el pasado martes 5, acusaron a la Relatoría de Libertad de Expresión de seguir lineamientos de Estados Unidos –que aporta 34% de las donaciones extraordinarias– y de países de la Unión Europea, para cuestionar los regímenes de las dos naciones sudamericanas.
Incluso ese fue uno de los argumentos para que Venezuela se retirara de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Los comisionados señalaron que si no se incrementa el financiamiento, eso acotará la capacidad de la CIDH para atender denuncias de los habitantes del continente, en momentos en que buena parte de los países sufren estragos causados por la operación de cárteles del narcotráfico y delincuencia organizada.
Al respecto, Rodrigo Escobar Gil, relator especial para México, resaltó que la violencia y la corrupción son los efectos más graves de la actuación de las organizaciones criminales, sobre todo las dedicadas al narcotráfico, violencia que ha derivado en “graves violaciones a los derechos humanos no sólo en México, sino en distintos países de Centroamérica y en general en Latinoamérica”.
Escobar advirtió que si los Estados miembros de la OEA no investigan ni sancionan a los responsables de la violencia, “todas esas denuncias (por la omisión de los Estados) van a venir a la CIDH, quien finalmente tendrá la última palabra y tomará las medidas para erradicar la impunidad en la región. Por eso –dijo– se necesitan más recursos y el fortalecimiento financiero de la Comisión”.
Por su parte, Catalina Botero puntualizó que el gremio de los periodistas es uno de los sectores más afectados por el crimen organizado, en especial aquellos comunicadores “más alejados, los periodistas regionales que tienen la tarea de reportar lo que pasa con el crimen organizado, la corrupción y la cooptación de instituciones débiles o incluso los abusos de derechos humanos que se comenten en la lucha contra el crimen organizado”.
Luego de referir que su relatoría elabora un informe sobre prevención, protección y lucha contra la impunidad de los periodistas en riesgo, la colombiana insistió en que “la prensa merece una protección especial, y los Estados tienen la obligación de impedir y prevenir esas violaciones, tienen la obligación de proteger a los y las periodistas en riesgo, y tienen la obligación de luchar contra la impunidad”.
Rosa María Ortiz y Felipe González añadieron que otros sectores vulnerables son los niños, adolescentes y migrantes. Los relatores especiales de esas dos áreas señalaron que ya realizan informes especiales sobre el reclutamiento de menores de edad por parte de cárteles del narcotráfico y en torno de los abusos que sufren los migrantes centroamericano en su cruce por México rumbo a Estados Unidos.
En la conferencia de prensa participaron también las comisionadas Tracy Robinson, Dinah Shelton y Rose Marie Belle Antoine, así como Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo, y Elizabeth Abi-Mershed, secretaria ejecutiva adjunta.
En una conferencia de prensa en Internet y en vísperas de la Asamblea Extraordinaria del Consejo General de la OEA, el mexicano Orozco Henríquez advirtió que si los 35 países que conforman la OEA no aumentan sus aportaciones la CIDH será prácticamente “estrangulada financieramente”.
Botero fue más lejos todavía al manifestar que la CIDH podría desaparecer si prevalece la propuesta de prohibir al organismo allegarse de fondos externos.
Los integrantes de la CIDH ofrecieron la rueda de prensa para dar por concluido su proceso de reforma, luego de entregar al consejo general del organismo hemisférico sus propuestas de modificaciones al reglamento interno.
La reforma al organismo, que ha sido vista como un intento de algunos países de América Latina para debilitarlo, arrancó en 2011 y culminó el pasado viernes 8, en una reunión de los comisionados con representantes de los 35 Estados participantes.
De acuerdo con Orozco Hernández, en dicho encuentro “hubo un reconocimiento al trabajo que ha hecho el organismo a favor de los derechos humanos de los habitantes del continente”.
En la conferencia de prensa transmitida por internet, los comisionados dejaron en claro que su mayor preocupación radica en el financiamiento de los Estados, que –admitieron– sólo cubre 55% de las necesidades de la CIDH, mientras que el resto es solventado con fondos de organizaciones internacionales y de naciones que deciden hacer donaciones extraordinarias.
Según el último informe financiero, en 2012 la CIDH contó con un financiamiento de 8.8 millones de dólares, de los cuales 4.8 millones corresponden a fondos de la OEA, provenientes de cuotas entregadas por los Estados miembros.
El resto, 3.8 millones de dólares, llega a través de donaciones de países miembros, de naciones de la Unión Europea con carácter de Observadores Permanentes y de otras instituciones y organismos internacionales.
La Relatoría de Libertad de Expresión funciona con fondos externos a los proporcionados por la OEA, reconoció Catalina Botero, quien aseguró que si en la Asamblea Extraordinaria se aprueba la moción de algunos de los detractores de esa oficina para que la CIDH no se allegue de recursos foráneos, “hay que cerrarla”.
Explicó que 90% de los proyectos impulsados por la Relatoría de Libertad de Expresión son financiados con recursos de donaciones o licitaciones de organismos e instituciones internacionales, “mismas que no emiten un cheque en blanco”, por lo que “si a la Relatoría de Libertad de Expresión no le permiten acceder a estas fuentes de financiamiento hay que cerrarla”, insistió.
En su momento, mandatarios como Rafael Correa, de Ecuador, y el venezolano Hugo Chávez, fallecido el pasado martes 5, acusaron a la Relatoría de Libertad de Expresión de seguir lineamientos de Estados Unidos –que aporta 34% de las donaciones extraordinarias– y de países de la Unión Europea, para cuestionar los regímenes de las dos naciones sudamericanas.
Incluso ese fue uno de los argumentos para que Venezuela se retirara de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Los comisionados señalaron que si no se incrementa el financiamiento, eso acotará la capacidad de la CIDH para atender denuncias de los habitantes del continente, en momentos en que buena parte de los países sufren estragos causados por la operación de cárteles del narcotráfico y delincuencia organizada.
Al respecto, Rodrigo Escobar Gil, relator especial para México, resaltó que la violencia y la corrupción son los efectos más graves de la actuación de las organizaciones criminales, sobre todo las dedicadas al narcotráfico, violencia que ha derivado en “graves violaciones a los derechos humanos no sólo en México, sino en distintos países de Centroamérica y en general en Latinoamérica”.
Escobar advirtió que si los Estados miembros de la OEA no investigan ni sancionan a los responsables de la violencia, “todas esas denuncias (por la omisión de los Estados) van a venir a la CIDH, quien finalmente tendrá la última palabra y tomará las medidas para erradicar la impunidad en la región. Por eso –dijo– se necesitan más recursos y el fortalecimiento financiero de la Comisión”.
Por su parte, Catalina Botero puntualizó que el gremio de los periodistas es uno de los sectores más afectados por el crimen organizado, en especial aquellos comunicadores “más alejados, los periodistas regionales que tienen la tarea de reportar lo que pasa con el crimen organizado, la corrupción y la cooptación de instituciones débiles o incluso los abusos de derechos humanos que se comenten en la lucha contra el crimen organizado”.
Luego de referir que su relatoría elabora un informe sobre prevención, protección y lucha contra la impunidad de los periodistas en riesgo, la colombiana insistió en que “la prensa merece una protección especial, y los Estados tienen la obligación de impedir y prevenir esas violaciones, tienen la obligación de proteger a los y las periodistas en riesgo, y tienen la obligación de luchar contra la impunidad”.
Rosa María Ortiz y Felipe González añadieron que otros sectores vulnerables son los niños, adolescentes y migrantes. Los relatores especiales de esas dos áreas señalaron que ya realizan informes especiales sobre el reclutamiento de menores de edad por parte de cárteles del narcotráfico y en torno de los abusos que sufren los migrantes centroamericano en su cruce por México rumbo a Estados Unidos.
En la conferencia de prensa participaron también las comisionadas Tracy Robinson, Dinah Shelton y Rose Marie Belle Antoine, así como Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo, y Elizabeth Abi-Mershed, secretaria ejecutiva adjunta.
Salva CIDH debate sobre permanencia; habrá mayores recursos
MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) logró superar el debate de su permanencia, luego de que los Estados miembros se comprometieron a incrementar su financiamiento y permitir aportaciones para que el organismo se abastezca de recursos externos.
Durante la larga sesión de la Asamblea Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) se lograron decantar las propuestas en contra de la independencia financiera de la CIDH impulsadas por los países liderados por Venezuela, conocido como bloque del ALBA, en el que encuentran Bolivia, Ecuador y Nicaragua.
Estos países a través de sus cancilleres habían manifestado su oposición a la aprobación del documento presentado por el secretariado general de la OEA, que propone a los miembros del organismo “reafirmar su compromiso de lograr el pleno financiamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través del Fondo Regular de la OEA”, y que mientras se logra la cobertura total, “invitar a los Estados miembros a los Estados observadores y a otras instituciones a que continúen realizando contribuciones voluntarias en el marco de los lineamientos de la Corte Interamericana de Derecho Humano 2010-2015 y del Plan Estratégico de la CIDH 2011-2015, preferentemente sin fines específicos”.
Sobre el tema de los fondos también se instruye al secretario general de la OEA presentar al Consejo Permanente, a la “brevedad posible, un análisis detallado y actualizado de los costos del pleno funcionamiento de los órganos del SIDH conforme a la información proporcionada por la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Se aprobó también proponer a la CIDH que las relatorías técnicas, como es el caso de la de Libertad de Expresión, se les dé el carácter de especial y que se les fortalezca “sobre la base de un financiamiento adecuado y sin perjuicio de sus otras responsabilidades”.
Desechadas las mociones de inconformidad expresadas por los cancilleres de los países del ALBA, Estados miembros de la OEA que tradicionalmente han hecho aportaciones extraordinarias, ratificaron su intención de incrementar sus aportes voluntarios, entre ellos Estados Unidos, México, Chile Perú y Canadá.
De acuerdo con el informe financiero de 2012 de la CIDH, de los 8.8 millones de dólares ejercidos, 4.8 provienen de la OEA y 3.9 de fondos especiales, de esa cifra 1.7 millones son canalizados por países miembros donantes, y de esos recursos 1.3 millones son aportados por Estados Unidos.
Países como Ecuador y Venezuela han cuestionado aportaciones sobre todo de Estados Unidos, que no ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, para financiar relatorías como la de Libertad de Expresión, que ha sido especialmente crítica con los gobiernos de Rafael Correa, de Bolivia, y del extinto Hugo Chávez, de Venezuela.
Sin embargo, hubo un consenso general en que mientras la CIDH no cuente con los recursos suficientes para sobrevivir su autonomía será puesta en duda.
La sesión extraordinaria de la OEA se prolongó debido a que nuevamente los países del ALBA reclamaban que sus propuestas no habían sido suficientemente debatidas, entre ellas el cambio de sede de la CIDH a un país que hubiese ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, y crear la relatoría especial para la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. Bolivia y Ecuador amenazaron incluso con abandonar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
Las diferencias fueron limadas después de que el representante de argentina propuso dejar abierta la discusión y el debate asentado en el documento a discusión, y avanzar por lo pronto en el fortalecimiento financiero de los órganos de derechos humanos de la OEA.
El documento que finalmente fue aprobado admite para análisis los documentos de reforma elaborados por la CIDH con base en consultas a Estados, sociedad civil, usuarios del sistema y académicos; promover que todos los Estados miembros ratifiquen la Convención Americana de Derechos Humanos y que la CIDH se apoye en organismos locales de derechos humanos para continuar en su labor de promoción.
Durante la larga sesión de la Asamblea Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) se lograron decantar las propuestas en contra de la independencia financiera de la CIDH impulsadas por los países liderados por Venezuela, conocido como bloque del ALBA, en el que encuentran Bolivia, Ecuador y Nicaragua.
Estos países a través de sus cancilleres habían manifestado su oposición a la aprobación del documento presentado por el secretariado general de la OEA, que propone a los miembros del organismo “reafirmar su compromiso de lograr el pleno financiamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través del Fondo Regular de la OEA”, y que mientras se logra la cobertura total, “invitar a los Estados miembros a los Estados observadores y a otras instituciones a que continúen realizando contribuciones voluntarias en el marco de los lineamientos de la Corte Interamericana de Derecho Humano 2010-2015 y del Plan Estratégico de la CIDH 2011-2015, preferentemente sin fines específicos”.
Sobre el tema de los fondos también se instruye al secretario general de la OEA presentar al Consejo Permanente, a la “brevedad posible, un análisis detallado y actualizado de los costos del pleno funcionamiento de los órganos del SIDH conforme a la información proporcionada por la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Se aprobó también proponer a la CIDH que las relatorías técnicas, como es el caso de la de Libertad de Expresión, se les dé el carácter de especial y que se les fortalezca “sobre la base de un financiamiento adecuado y sin perjuicio de sus otras responsabilidades”.
Desechadas las mociones de inconformidad expresadas por los cancilleres de los países del ALBA, Estados miembros de la OEA que tradicionalmente han hecho aportaciones extraordinarias, ratificaron su intención de incrementar sus aportes voluntarios, entre ellos Estados Unidos, México, Chile Perú y Canadá.
De acuerdo con el informe financiero de 2012 de la CIDH, de los 8.8 millones de dólares ejercidos, 4.8 provienen de la OEA y 3.9 de fondos especiales, de esa cifra 1.7 millones son canalizados por países miembros donantes, y de esos recursos 1.3 millones son aportados por Estados Unidos.
Países como Ecuador y Venezuela han cuestionado aportaciones sobre todo de Estados Unidos, que no ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, para financiar relatorías como la de Libertad de Expresión, que ha sido especialmente crítica con los gobiernos de Rafael Correa, de Bolivia, y del extinto Hugo Chávez, de Venezuela.
Sin embargo, hubo un consenso general en que mientras la CIDH no cuente con los recursos suficientes para sobrevivir su autonomía será puesta en duda.
La sesión extraordinaria de la OEA se prolongó debido a que nuevamente los países del ALBA reclamaban que sus propuestas no habían sido suficientemente debatidas, entre ellas el cambio de sede de la CIDH a un país que hubiese ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, y crear la relatoría especial para la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. Bolivia y Ecuador amenazaron incluso con abandonar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
Las diferencias fueron limadas después de que el representante de argentina propuso dejar abierta la discusión y el debate asentado en el documento a discusión, y avanzar por lo pronto en el fortalecimiento financiero de los órganos de derechos humanos de la OEA.
El documento que finalmente fue aprobado admite para análisis los documentos de reforma elaborados por la CIDH con base en consultas a Estados, sociedad civil, usuarios del sistema y académicos; promover que todos los Estados miembros ratifiquen la Convención Americana de Derechos Humanos y que la CIDH se apoye en organismos locales de derechos humanos para continuar en su labor de promoción.
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