La pobreza, “la mano que mece la cuna”
La foto de Félix Márquez donde aparece un grupos de autodefensa en Veracruz.
Foto: Félix Márquez
Foto: Félix Márquez
Luego de que el gobierno y la iniciativa privada condenaran a las organizaciones de autodefensa, que han proliferado recientemente en un número creciente de estados y a las que consideran gérmenes paramilitares, el líder de uno de esos grupos en Guerrero, Bruno Plácido Valerio, se deslinda del crimen organizado o de la guerrilla y anuncia su disposición a trabajar junto con las autoridades. Pero advierte que mientras no se solucionen los problemas de inseguridad e injusticia, el fenómeno de las policías comunitarias va a proliferar en todo el país hasta salirse de control. Y le responde a Manuel Mondragón: “La mano que mece la cuna es la pobreza”.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Después de que su grupo comunitario fue descalificado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sectores de la iniciativa privada, el líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Movimiento para el Desarrollo de la Paz Social (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, rechaza que se trate de una organización paramilitar o sea extensión del crimen organizado y reta al comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, a que aclare quién cree que está detrás de los grupos de autodefensa.
Mientras Plácido anuncia que ya se quitaron los pasamontañas y buscan legitimarse trabajando con el gobierno de Guerrero, la administración de Enrique Peña Nieto no sabe cómo controlar el problema de los grupos de autodefensa que se multiplican y extienden por nueve estados, donde ya hay más de 40 agrupaciones armadas.
El 26 de febrero Eduardo Sánchez, subsecretario de Gobernación, reconoció en conferencia de prensa la dificultad que tiene el gobierno federal ante la proliferación de los grupos de autodefensa ciudadana que hasta hace unas semanas eran 36 en ocho estados del país (Proceso 1895).
“El trabajo de nosotros es que se cumpla el estado de derecho en los dos sentidos (…) primero garantizar la seguridad (…) y que los ciudadanos que hoy han optado por la vía de organizarse a través de estas organizaciones de autodefensa, se les encauce al espacio adecuado para que pueda la participación ciudadana colaborar con las fuerzas del gobierno”, dijo.
Dos días después Mondragón y Kalb dio como explicación al crecimiento de estos grupos de autodefensa ciudadana la ayuda de grupos “no identificados” que los estarían manipulando.
“Creo que hay, en algunos casos, la mano que mece la cuna y el intento de aprovechar en un momento dado una situación. Lo que sí te puedo decir es que no están apegados a la Constitución, no se pueden en un momento dado aceptar”, aseguró.
En tanto, en su mensaje semanal, el 21 de febrero la cúpula empresarial manifestó que las brigadas de autodefensa podrían ser cooptadas o creadas por el crimen organizado, dar paso a grupos paramilitares y generar más violencia y violaciones a los derechos humanos.
Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, luego de reconocer que esos grupos son “producto de la desesperación ante autoridades rebasadas, ausentes, cooptadas o socias de los criminales”, pidió al gobierno actuar: “Estamos a tiempo de evitar que esas guardias se sigan multiplicando, que sean capturadas o inclusive creadas por el crimen organizado o intereses ajenos a las comunidades para generar una problemática fuera de control”.
En los hechos la proliferación de esos grupos es imparable. Sólo en la segunda semana de marzo aparecieron más en Michoacán, Morelos, Campeche, Chiapas, Veracruz y Guerrero.
El grupo de autodefensa de la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, en el municipio michoacano de Buenavista Tomatlán, entregó al Ejército y a la Policía Federal a 21 personas que tenían detenidas desde principios de este mes, a quienes acusan de colaborar con Los Caballeros Templarios. Al mismo tiempo en Tepalcatepec el Ejército arrestó a unos 50 integrantes de ese grupo de policías comunitarios a quienes acusó de tener vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, lo que provocó la ira de la comunidad, que retuvo varias horas a los uniformados, hasta que intervino el gobierno estatal.
En el municipio de Tlalixcoyan, Veracruz, también apareció un grupo armado que el gobierno estatal trató de deslegitimar poniendo en duda la legitimidad de las fotografías publicadas en una revista local, donde se daba cuenta de su surgimiento. Éste se suma a los cuatro grupos de autodefensa que ya operan en Veracruz: los de Huayacocotla, Sierra de Zongolica, Acultzingo y Coxolitla de Arriba.
En tanto que en Acatempan, Guerrero, el jueves 14 marcharon un centenar de policías comunitarios armados con escopetas, encabezados por el coordinador de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos, Arturo Campos Herrera, y vigilados por el Ejército.
En las localidades chiapanecas de Soconusco, Bella Vista, La Grandeza, Motozintla, El Porvenir, Bejucal de Ocampo, Mazapa de Madero, Escuintla, Frontera Comalapa, Chicomuselo y Acacoyagua se han manifestado otros grupos de autodefensa.
En Campeche, donde hasta el momento no se había expresado este fenómeno, el líder del Frente Campesino Emiliano Zapata, Antonio Che Cu, reunió el pasado jueves 14 a representantes de 24 comunidades de Escárcega y Candelaria para dar lugar a la primera policía comunitaria del estado.
Mientras que los habitantes de Temoac, Morelos, también manifestaron su intención de integrar un grupo de autodefensa ante la espiral de violencia y secuestros que se han registrado en la zona.
El tema, ingobernabilidad
Ante la proliferación incontenible de grupos de autodefensa y las amenazas a la gobernabilidad en distinta zonas del país, principalmente en el sur, el gobierno federal y el Poder Legislativo ya encendieron los focos rojos.
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Omar Fayad, anunció la creación de un grupo de trabajo para abordar el problema. “Tiene que haber un estudio serio, tiene que haber un diagnóstico claro sobre lo que está ocurriendo en materia de policía comunitaria; no es un tema nuevo, quizá es un tema que se haya puesto de moda, (pero) de moda o no, tiene que ser atendido”, indicó.
Sin embargo advirtió que no ve ingobernabilidad “porque los grupos de autodefensa están localizados, están focalizados y lo que el gobierno federal tiene que hacer es verificar (…) que no haya grupos armados que se estén disfrazando de grupos de policía comunitaria”.
Por su parte el comisionado Mondragón, al tomar protesta el pasado 26 de febrero, manifestó: “Radicalmente, enfáticamente digo que en forma alguna la presencia de estos grupos denota o connota ingobernabilidad. Nuestro país es muy grande, nuestro país tiene millones de kilómetros cuadrados… tiene casi 120 millones de habitantes. La mayor parte de los habitantes del país viven tranquilos, la mayor parte de las entidades están en términos de tranquilidad también.
Erubiel Tirado, titular del posgrado sobre seguridad nacional de la Universidad Iberoamericana y maestro en derecho por la London School of Economics, estima que está lejos la situación de ingobernabilidad en el país con la aparición de los grupos de autodefensa ciudadana, pero observa que mientras no haya una intervención del Estado, aumentan los riesgos de que crezca el fenómeno de las policías comunitarias.
“Está en función de la intervención del Estado. Si no lo hace, esto puede generar mayores problemas en los estados. El escenario es que se distorsiona la labor de la policía a nivel local o puede generar mayores conflictos, hacerse evidente si responden a intereses comunitarios o a poderes externos, como el crimen organizado y el narcotráfico”.
Advierte: “No estaríamos planteando un esquema de insurgencia armada, sino de algo diferente. Aunque no hay que olvidar que se están dando en zonas de influencia del EPR, de grupos armados. Si esta interfase se comprueba, entonces tendríamos un problema grave”.
Plácido rechaza que en la UPOEG haya presencia de algún grupo guerrillero, no obstante que en la zona de las comunidades que la integran haya huellas del EPR y antes del PROCUP-PDLP.
“Si hay gente que cree que pertenecer a una guerrilla es la solución, mis respetos, pero yo no puedo decidir sobre el destino de la gente para que se convierta en carne de cañón. No somos de los que mandan a la gente y luego nos sentamos a escribir la historia. Somos respetuosos de las decisiones, pero creemos que ya son otros tiempos. Quizá la guerrilla funcionó en otro momento, pero creemos que la revolución debe ser social, sin armas. Lo que buscamos es el desarrollo participativo, económico, intelectual, el desarrollo humano”, precisa el líder del grupo de autodefensa.
En entrevista con Proceso el indígena guerrerense afirma que de ninguna manera se les puede calificar de grupos paramilitares o al servicio de alguna banda del narcotráfico y mucho menos estar al servicio de cierto grupo político.
“No podemos usar a la gente para meterlos a un grupo paramilitar, es algo muy peligroso porque son grupos que prepara el Ejército, que les da armas y los utiliza para enfrentar a sus enemigos. Nosotros no somos grupos paramilitares. Nacimos y surgimos de una necesidad de la gente por los abusos de la autoridad y por la pobreza y el abandono del gobierno. Ese es el origen fundamental de movimiento”, apunta.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1898 de la revista Proceso, ya en circulación.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Después de que su grupo comunitario fue descalificado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sectores de la iniciativa privada, el líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Movimiento para el Desarrollo de la Paz Social (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, rechaza que se trate de una organización paramilitar o sea extensión del crimen organizado y reta al comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, a que aclare quién cree que está detrás de los grupos de autodefensa.
Mientras Plácido anuncia que ya se quitaron los pasamontañas y buscan legitimarse trabajando con el gobierno de Guerrero, la administración de Enrique Peña Nieto no sabe cómo controlar el problema de los grupos de autodefensa que se multiplican y extienden por nueve estados, donde ya hay más de 40 agrupaciones armadas.
El 26 de febrero Eduardo Sánchez, subsecretario de Gobernación, reconoció en conferencia de prensa la dificultad que tiene el gobierno federal ante la proliferación de los grupos de autodefensa ciudadana que hasta hace unas semanas eran 36 en ocho estados del país (Proceso 1895).
“El trabajo de nosotros es que se cumpla el estado de derecho en los dos sentidos (…) primero garantizar la seguridad (…) y que los ciudadanos que hoy han optado por la vía de organizarse a través de estas organizaciones de autodefensa, se les encauce al espacio adecuado para que pueda la participación ciudadana colaborar con las fuerzas del gobierno”, dijo.
Dos días después Mondragón y Kalb dio como explicación al crecimiento de estos grupos de autodefensa ciudadana la ayuda de grupos “no identificados” que los estarían manipulando.
“Creo que hay, en algunos casos, la mano que mece la cuna y el intento de aprovechar en un momento dado una situación. Lo que sí te puedo decir es que no están apegados a la Constitución, no se pueden en un momento dado aceptar”, aseguró.
En tanto, en su mensaje semanal, el 21 de febrero la cúpula empresarial manifestó que las brigadas de autodefensa podrían ser cooptadas o creadas por el crimen organizado, dar paso a grupos paramilitares y generar más violencia y violaciones a los derechos humanos.
Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, luego de reconocer que esos grupos son “producto de la desesperación ante autoridades rebasadas, ausentes, cooptadas o socias de los criminales”, pidió al gobierno actuar: “Estamos a tiempo de evitar que esas guardias se sigan multiplicando, que sean capturadas o inclusive creadas por el crimen organizado o intereses ajenos a las comunidades para generar una problemática fuera de control”.
En los hechos la proliferación de esos grupos es imparable. Sólo en la segunda semana de marzo aparecieron más en Michoacán, Morelos, Campeche, Chiapas, Veracruz y Guerrero.
El grupo de autodefensa de la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, en el municipio michoacano de Buenavista Tomatlán, entregó al Ejército y a la Policía Federal a 21 personas que tenían detenidas desde principios de este mes, a quienes acusan de colaborar con Los Caballeros Templarios. Al mismo tiempo en Tepalcatepec el Ejército arrestó a unos 50 integrantes de ese grupo de policías comunitarios a quienes acusó de tener vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, lo que provocó la ira de la comunidad, que retuvo varias horas a los uniformados, hasta que intervino el gobierno estatal.
En el municipio de Tlalixcoyan, Veracruz, también apareció un grupo armado que el gobierno estatal trató de deslegitimar poniendo en duda la legitimidad de las fotografías publicadas en una revista local, donde se daba cuenta de su surgimiento. Éste se suma a los cuatro grupos de autodefensa que ya operan en Veracruz: los de Huayacocotla, Sierra de Zongolica, Acultzingo y Coxolitla de Arriba.
En tanto que en Acatempan, Guerrero, el jueves 14 marcharon un centenar de policías comunitarios armados con escopetas, encabezados por el coordinador de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos, Arturo Campos Herrera, y vigilados por el Ejército.
En las localidades chiapanecas de Soconusco, Bella Vista, La Grandeza, Motozintla, El Porvenir, Bejucal de Ocampo, Mazapa de Madero, Escuintla, Frontera Comalapa, Chicomuselo y Acacoyagua se han manifestado otros grupos de autodefensa.
En Campeche, donde hasta el momento no se había expresado este fenómeno, el líder del Frente Campesino Emiliano Zapata, Antonio Che Cu, reunió el pasado jueves 14 a representantes de 24 comunidades de Escárcega y Candelaria para dar lugar a la primera policía comunitaria del estado.
Mientras que los habitantes de Temoac, Morelos, también manifestaron su intención de integrar un grupo de autodefensa ante la espiral de violencia y secuestros que se han registrado en la zona.
El tema, ingobernabilidad
Ante la proliferación incontenible de grupos de autodefensa y las amenazas a la gobernabilidad en distinta zonas del país, principalmente en el sur, el gobierno federal y el Poder Legislativo ya encendieron los focos rojos.
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Omar Fayad, anunció la creación de un grupo de trabajo para abordar el problema. “Tiene que haber un estudio serio, tiene que haber un diagnóstico claro sobre lo que está ocurriendo en materia de policía comunitaria; no es un tema nuevo, quizá es un tema que se haya puesto de moda, (pero) de moda o no, tiene que ser atendido”, indicó.
Sin embargo advirtió que no ve ingobernabilidad “porque los grupos de autodefensa están localizados, están focalizados y lo que el gobierno federal tiene que hacer es verificar (…) que no haya grupos armados que se estén disfrazando de grupos de policía comunitaria”.
Por su parte el comisionado Mondragón, al tomar protesta el pasado 26 de febrero, manifestó: “Radicalmente, enfáticamente digo que en forma alguna la presencia de estos grupos denota o connota ingobernabilidad. Nuestro país es muy grande, nuestro país tiene millones de kilómetros cuadrados… tiene casi 120 millones de habitantes. La mayor parte de los habitantes del país viven tranquilos, la mayor parte de las entidades están en términos de tranquilidad también.
Erubiel Tirado, titular del posgrado sobre seguridad nacional de la Universidad Iberoamericana y maestro en derecho por la London School of Economics, estima que está lejos la situación de ingobernabilidad en el país con la aparición de los grupos de autodefensa ciudadana, pero observa que mientras no haya una intervención del Estado, aumentan los riesgos de que crezca el fenómeno de las policías comunitarias.
“Está en función de la intervención del Estado. Si no lo hace, esto puede generar mayores problemas en los estados. El escenario es que se distorsiona la labor de la policía a nivel local o puede generar mayores conflictos, hacerse evidente si responden a intereses comunitarios o a poderes externos, como el crimen organizado y el narcotráfico”.
Advierte: “No estaríamos planteando un esquema de insurgencia armada, sino de algo diferente. Aunque no hay que olvidar que se están dando en zonas de influencia del EPR, de grupos armados. Si esta interfase se comprueba, entonces tendríamos un problema grave”.
Plácido rechaza que en la UPOEG haya presencia de algún grupo guerrillero, no obstante que en la zona de las comunidades que la integran haya huellas del EPR y antes del PROCUP-PDLP.
“Si hay gente que cree que pertenecer a una guerrilla es la solución, mis respetos, pero yo no puedo decidir sobre el destino de la gente para que se convierta en carne de cañón. No somos de los que mandan a la gente y luego nos sentamos a escribir la historia. Somos respetuosos de las decisiones, pero creemos que ya son otros tiempos. Quizá la guerrilla funcionó en otro momento, pero creemos que la revolución debe ser social, sin armas. Lo que buscamos es el desarrollo participativo, económico, intelectual, el desarrollo humano”, precisa el líder del grupo de autodefensa.
En entrevista con Proceso el indígena guerrerense afirma que de ninguna manera se les puede calificar de grupos paramilitares o al servicio de alguna banda del narcotráfico y mucho menos estar al servicio de cierto grupo político.
“No podemos usar a la gente para meterlos a un grupo paramilitar, es algo muy peligroso porque son grupos que prepara el Ejército, que les da armas y los utiliza para enfrentar a sus enemigos. Nosotros no somos grupos paramilitares. Nacimos y surgimos de una necesidad de la gente por los abusos de la autoridad y por la pobreza y el abandono del gobierno. Ese es el origen fundamental de movimiento”, apunta.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1898 de la revista Proceso, ya en circulación.
El PRI arma su “brazo católico”
Peña Nieto, diciembre de 2009. Visita al Vaticano
Ante la sucesión papal, el equipo de Enrique Peña Nieto intensificó sus contactos con el ala “mafiosa” del Vaticano. Especialistas consultados por Proceso afirman lo anterior y sostienen que el interlocutor privilegiado es el arzobispo de Yucatán, Emilio Berlié, quien se reunió hace unos días con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para hablar “de manera confidencial” en torno a los movimientos vaticanos.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En el contexto de la elección del Papa Francisco, el gobierno priista de Enrique Peña Nieto ya comienza a articular un “brazo católico del PRI” liderado por el arzobispo de Yucatán, Emilio Berlié Belaunzarán. El propósito: conseguir una mayor negociación política con el nuevo pontificado y, por consecuencia, con la misma jerarquía católica mexicana.
Con esa maniobra, el gobierno federal rehabilitará de paso al grupo de obispos integrantes del llamado Club de Roma, quienes apoyaron al PRI durante el tiempo en que monseñor Jerónimo Prigione fue representante papal en México, en particular durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, quien reanudó las relaciones diplomáticas con la Santa Sede y dio reconocimiento jurídico a la Iglesia.
Así, varios analistas comienzan a alertar sobre la reanudación de esta alianza entre el salinismo y este grupo de jerarcas católicos que, por cierto, tienen nexos con el “sector mafioso” del Vaticano, al que ellos deben sus cargos eclesiásticos.
Iván Franco, autor del libro El PRI y sus obispos; el caso Berlié, dice al respecto:
“El gobierno de Peña Nieto intenta aliarse con el sector priista de la jerarquía mexicana al que pertenece el arzobispo Emilio Berlié. Es un sector muy conservador que tiene nexos con grandes empresarios y con mafias influyentes en el poder político.”
–¿Y por qué Berlié es el interlocutor idóneo?
–Porque ha sido un operador político del PRI desde que era obispo de Tijuana. Después, en 1995, lo envían como arzobispo de Yucatán, donde sigue operando para el PRI, apoyando a los gobernadores Víctor Cervera Pacheco e Ivonne Ortega; todo esto lo detallo en mi libro. Ahora Ivonne es secretaria general del partido.
“Berlié estuvo informando al gobierno sobre lo que pasó en el Vaticano en el periodo de elección papal. Y seguramente lo orientó para que a futuro tome decisiones respecto a las relaciones diplomáticas con la Santa Sede. En ese tenor se dio la pasada reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.”
El investigador alude al encuentro que el pasado 17 de febrero sostuvieron Berlié y Osorio Chong en las oficinas de Bucareli, para hablar sobre la elección del nuevo pontífice y acerca del cambio de poderes en el Vaticano.
El mismo Berlié reveló a la prensa que habló con el encargado de la política interna del país sobre “esos asuntos que son estrictamente internos y de carácter confidencial”.
Y recalcó que Osorio Chong lo llamó “de emergencia” a esa junta, pues quería mantenerse al tanto de lo que ocurría en Roma. Adelantó que otros obispos y arzobispos mexicanos también serán citados en Gobernación para que le informen sobre el asunto.
Aparte de él y Osorio Chong, dijo Berlié, a la reunión asistió la subsecretaria de Asuntos Religiosos y de Población de esa dependencia, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, supuesta hermana del subcomandante Marcos.
Para justificar el interés del gobierno en el cónclave, Berlié resaltó la educación católica que Peña Nieto recibió en instituciones de Iglesia: desde el Colegio Plancarte de Atlacomulco, atendido por las monjas de la congregación Hijas de María Inmaculada de Guadalupe, hasta la Universidad Panamericana manejada por el Opus Dei y donde estudió derecho.
“Creció (Peña Nieto) en el seno de una familia apegada a la Iglesia, como se vive en Atlacomulco. Sus padres acudían junto con sus hijos semanalmente a misa”, dijo orgulloso Berlié al periódico Milenio, que publicó la entrevista en su edición del pasado 18 de febrero.
Al día siguiente, el diario publicó una aclaración de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), en la que indica que es ella la “instancia” encargada para “convocar” a reuniones entre los obispos y Gobernación. Y hasta ese momento no había convocado a ningún encuentro “para hablar sobre el tema de la renuncia de Benedicto XVI y la elección de su sucesor”. Eso sí, confirmó que Berlié y “algunos empresarios” se reunieron con Osorio Chong, aunque al margen del episcopado.
El operador del Vaticano
Tan pronto el Papa Benedicto XVI anunció su renuncia, llegó a México Jerónimo Prigione, el principal mentor de Berlié. Se dice que vino a negociar el voto de los tres cardenales mexicanos que participaron en el cónclave a favor del grupo encabezado por el cardenal italiano Angelo Sodano, quien fue secretario de Estado del Papa Juan Pablo II y, por lo tanto, superior jerárquico de Prigione (Proceso 1895).
Los analistas tampoco descartan que Prigione se haya reunido con Salinas de Gortari para trazar una estrategia diplomática entre el actual gobierno y el nuevo pontificado, ya que cada que viene a México el viejo diplomático italiano suele reunirse con su amigo el expresidente y también con sus amigos empresarios, como Olegario Vázquez Raña (Proceso 1798).
En una entrevista con el diario Excélsior –propiedad de Vázquez Raña– publicada el viernes 8, Prigione elogió la decisión de Benedicto XVI de dejar el papado y señaló que cualquier cardenal tenía posibilidades para sucederlo en el cargo, recalcando que “la Iglesia católica no es obra humana, es obra de Jesucristo”. Pero no habló sobre sus actividades en México.
Iván Franco señala que Berlié es el principal operador clerical de estos acuerdos cupulares en los que participa Prigione, entre los que figuran impedir la legalización del aborto y realizar cambios constitucionales para que se imparta instrucción religiosa en las escuelas públicas. Dice el investigador:
“El nombre de Berlié sale a relucir cada que se discuten estos temas entre los legisladores, sin duda por sus contactos con el poder político. Por lo pronto, en su arquidiócesis de Yucatán ya imprimió 200 mil ejemplares de un libro sobre educación católica, que planea introducir en las escuelas primarias de la península. Promete que solamente se distribuirá en las escuelas privadas… habrá que esperar.”
En su libro El PRI y sus obispos; el caso Berlié, escrito en 2009, antes de que llegara Peña Nieto a la Presidencia, Franco ya hablaba sobre las maniobras del arzobispo de Yucatán para que el PRI regresara a Los Pinos. Escribió: “Berlié Belaunzarán espera con paciencia el giro político que, como ya se dio en la entidad (Yucatán) hacia el PRI, se dé a nivel nacional pero en el plano presidencial”.
Estas maniobras de Berlié también eran dadas a conocer en algunos medios. Por ejemplo, en su columna Campos Elíseos, publicada el 26 de enero de 2010 en el diario El Universal, Katia D’Artigues comentó:
“Uno de los obispos que se dio a la tarea de ‘cabildear’ con gobernadores y a alto nivel las reformas constitucionales estatales para ‘proteger la vida desde la concepción’ y que fue exitoso en 16 estados se llama Emilio Berlié. Sí, el obispo de Yucatán, un hombre carismático, con muchos contactos. El mismo cuyo lema episcopal es In Nomine Domini (En el nombre del Señor)”.
Y uno de estos gobernadores opuestos al aborto era el del Estado de México, Enrique Peña Nieto. El dirigente nacional de Pro-Vida, Jorge Serrano Limón, dijo a este semanario que, como gobernador, Peña Nieto “trabajó muy estrechamente con Pro-Vida, al grado de cerrar las clínicas abortivas que nosotros detectamos en su entidad y le pedimos que cerrara” (Proceso 1850).
Y ya en campaña como candidato presidencial, Peña Nieto se reunió con el pleno de los obispos mexicanos el 19 de abril de 2012. Abiertamente les dijo: “Yo estoy a favor de la vida”, señalando que solamente mediante la “educación” se deben evitar los embarazos no deseados.
Respecto al tema de la “libertad religiosa” que viene pidiendo la jerarquía católica –la cual incluye instrucción religiosa en las escuelas públicas y el que los sacerdotes tengan cargos de elección popular–, Peña Nieto les dijo a los obispos que la apoya totalmente, pues “esa libertad beneficia sobre todo a las personas, más que a las instituciones. A la libertad religiosa plena la considero un gran logro social”.
El Vaticano y la jerarquía local esperaban actos concretos por parte de Peña Nieto cuando, menos de tres meses después de que se inició la administración federal priista, Benedicto XVI anunció sorpresivamente su renuncia, el pasado 11 de febrero. La insólita dimisión papal modificó el escenario. Y en el Vaticano los grupos en pugna por conseguir el trono pontificio empezaron a preparar el cónclave. En este contexto el gobierno mexicano recurre a los buenos oficios de Berlié.
Comenta Iván Franco:
“Resulta muy revelador que el gobierno priista haya recurrido a un prelado de perfil conservador y mafioso. Conservador, porque Berlié siempre ha golpeado la línea pastoral de la teología de la liberación; mafioso, porque, siendo obispo de Tijuana, mantuvo relaciones poco claras con los hermanos Arellano Félix, y ya como arzobispo de Yucatán guarda, al parecer, cierta relación con el llamado Zar de los Casinos.”
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1898 de la revista Proceso, ya en circulación.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En el contexto de la elección del Papa Francisco, el gobierno priista de Enrique Peña Nieto ya comienza a articular un “brazo católico del PRI” liderado por el arzobispo de Yucatán, Emilio Berlié Belaunzarán. El propósito: conseguir una mayor negociación política con el nuevo pontificado y, por consecuencia, con la misma jerarquía católica mexicana.
Con esa maniobra, el gobierno federal rehabilitará de paso al grupo de obispos integrantes del llamado Club de Roma, quienes apoyaron al PRI durante el tiempo en que monseñor Jerónimo Prigione fue representante papal en México, en particular durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, quien reanudó las relaciones diplomáticas con la Santa Sede y dio reconocimiento jurídico a la Iglesia.
Así, varios analistas comienzan a alertar sobre la reanudación de esta alianza entre el salinismo y este grupo de jerarcas católicos que, por cierto, tienen nexos con el “sector mafioso” del Vaticano, al que ellos deben sus cargos eclesiásticos.
Iván Franco, autor del libro El PRI y sus obispos; el caso Berlié, dice al respecto:
“El gobierno de Peña Nieto intenta aliarse con el sector priista de la jerarquía mexicana al que pertenece el arzobispo Emilio Berlié. Es un sector muy conservador que tiene nexos con grandes empresarios y con mafias influyentes en el poder político.”
–¿Y por qué Berlié es el interlocutor idóneo?
–Porque ha sido un operador político del PRI desde que era obispo de Tijuana. Después, en 1995, lo envían como arzobispo de Yucatán, donde sigue operando para el PRI, apoyando a los gobernadores Víctor Cervera Pacheco e Ivonne Ortega; todo esto lo detallo en mi libro. Ahora Ivonne es secretaria general del partido.
“Berlié estuvo informando al gobierno sobre lo que pasó en el Vaticano en el periodo de elección papal. Y seguramente lo orientó para que a futuro tome decisiones respecto a las relaciones diplomáticas con la Santa Sede. En ese tenor se dio la pasada reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.”
El investigador alude al encuentro que el pasado 17 de febrero sostuvieron Berlié y Osorio Chong en las oficinas de Bucareli, para hablar sobre la elección del nuevo pontífice y acerca del cambio de poderes en el Vaticano.
El mismo Berlié reveló a la prensa que habló con el encargado de la política interna del país sobre “esos asuntos que son estrictamente internos y de carácter confidencial”.
Y recalcó que Osorio Chong lo llamó “de emergencia” a esa junta, pues quería mantenerse al tanto de lo que ocurría en Roma. Adelantó que otros obispos y arzobispos mexicanos también serán citados en Gobernación para que le informen sobre el asunto.
Aparte de él y Osorio Chong, dijo Berlié, a la reunión asistió la subsecretaria de Asuntos Religiosos y de Población de esa dependencia, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, supuesta hermana del subcomandante Marcos.
Para justificar el interés del gobierno en el cónclave, Berlié resaltó la educación católica que Peña Nieto recibió en instituciones de Iglesia: desde el Colegio Plancarte de Atlacomulco, atendido por las monjas de la congregación Hijas de María Inmaculada de Guadalupe, hasta la Universidad Panamericana manejada por el Opus Dei y donde estudió derecho.
“Creció (Peña Nieto) en el seno de una familia apegada a la Iglesia, como se vive en Atlacomulco. Sus padres acudían junto con sus hijos semanalmente a misa”, dijo orgulloso Berlié al periódico Milenio, que publicó la entrevista en su edición del pasado 18 de febrero.
Al día siguiente, el diario publicó una aclaración de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), en la que indica que es ella la “instancia” encargada para “convocar” a reuniones entre los obispos y Gobernación. Y hasta ese momento no había convocado a ningún encuentro “para hablar sobre el tema de la renuncia de Benedicto XVI y la elección de su sucesor”. Eso sí, confirmó que Berlié y “algunos empresarios” se reunieron con Osorio Chong, aunque al margen del episcopado.
El operador del Vaticano
Tan pronto el Papa Benedicto XVI anunció su renuncia, llegó a México Jerónimo Prigione, el principal mentor de Berlié. Se dice que vino a negociar el voto de los tres cardenales mexicanos que participaron en el cónclave a favor del grupo encabezado por el cardenal italiano Angelo Sodano, quien fue secretario de Estado del Papa Juan Pablo II y, por lo tanto, superior jerárquico de Prigione (Proceso 1895).
Los analistas tampoco descartan que Prigione se haya reunido con Salinas de Gortari para trazar una estrategia diplomática entre el actual gobierno y el nuevo pontificado, ya que cada que viene a México el viejo diplomático italiano suele reunirse con su amigo el expresidente y también con sus amigos empresarios, como Olegario Vázquez Raña (Proceso 1798).
En una entrevista con el diario Excélsior –propiedad de Vázquez Raña– publicada el viernes 8, Prigione elogió la decisión de Benedicto XVI de dejar el papado y señaló que cualquier cardenal tenía posibilidades para sucederlo en el cargo, recalcando que “la Iglesia católica no es obra humana, es obra de Jesucristo”. Pero no habló sobre sus actividades en México.
Iván Franco señala que Berlié es el principal operador clerical de estos acuerdos cupulares en los que participa Prigione, entre los que figuran impedir la legalización del aborto y realizar cambios constitucionales para que se imparta instrucción religiosa en las escuelas públicas. Dice el investigador:
“El nombre de Berlié sale a relucir cada que se discuten estos temas entre los legisladores, sin duda por sus contactos con el poder político. Por lo pronto, en su arquidiócesis de Yucatán ya imprimió 200 mil ejemplares de un libro sobre educación católica, que planea introducir en las escuelas primarias de la península. Promete que solamente se distribuirá en las escuelas privadas… habrá que esperar.”
En su libro El PRI y sus obispos; el caso Berlié, escrito en 2009, antes de que llegara Peña Nieto a la Presidencia, Franco ya hablaba sobre las maniobras del arzobispo de Yucatán para que el PRI regresara a Los Pinos. Escribió: “Berlié Belaunzarán espera con paciencia el giro político que, como ya se dio en la entidad (Yucatán) hacia el PRI, se dé a nivel nacional pero en el plano presidencial”.
Estas maniobras de Berlié también eran dadas a conocer en algunos medios. Por ejemplo, en su columna Campos Elíseos, publicada el 26 de enero de 2010 en el diario El Universal, Katia D’Artigues comentó:
“Uno de los obispos que se dio a la tarea de ‘cabildear’ con gobernadores y a alto nivel las reformas constitucionales estatales para ‘proteger la vida desde la concepción’ y que fue exitoso en 16 estados se llama Emilio Berlié. Sí, el obispo de Yucatán, un hombre carismático, con muchos contactos. El mismo cuyo lema episcopal es In Nomine Domini (En el nombre del Señor)”.
Y uno de estos gobernadores opuestos al aborto era el del Estado de México, Enrique Peña Nieto. El dirigente nacional de Pro-Vida, Jorge Serrano Limón, dijo a este semanario que, como gobernador, Peña Nieto “trabajó muy estrechamente con Pro-Vida, al grado de cerrar las clínicas abortivas que nosotros detectamos en su entidad y le pedimos que cerrara” (Proceso 1850).
Y ya en campaña como candidato presidencial, Peña Nieto se reunió con el pleno de los obispos mexicanos el 19 de abril de 2012. Abiertamente les dijo: “Yo estoy a favor de la vida”, señalando que solamente mediante la “educación” se deben evitar los embarazos no deseados.
Respecto al tema de la “libertad religiosa” que viene pidiendo la jerarquía católica –la cual incluye instrucción religiosa en las escuelas públicas y el que los sacerdotes tengan cargos de elección popular–, Peña Nieto les dijo a los obispos que la apoya totalmente, pues “esa libertad beneficia sobre todo a las personas, más que a las instituciones. A la libertad religiosa plena la considero un gran logro social”.
El Vaticano y la jerarquía local esperaban actos concretos por parte de Peña Nieto cuando, menos de tres meses después de que se inició la administración federal priista, Benedicto XVI anunció sorpresivamente su renuncia, el pasado 11 de febrero. La insólita dimisión papal modificó el escenario. Y en el Vaticano los grupos en pugna por conseguir el trono pontificio empezaron a preparar el cónclave. En este contexto el gobierno mexicano recurre a los buenos oficios de Berlié.
Comenta Iván Franco:
“Resulta muy revelador que el gobierno priista haya recurrido a un prelado de perfil conservador y mafioso. Conservador, porque Berlié siempre ha golpeado la línea pastoral de la teología de la liberación; mafioso, porque, siendo obispo de Tijuana, mantuvo relaciones poco claras con los hermanos Arellano Félix, y ya como arzobispo de Yucatán guarda, al parecer, cierta relación con el llamado Zar de los Casinos.”
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1898 de la revista Proceso, ya en circulación.
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