Los generales no tienen qué informar
Poco a poco, según ellos sin que se perciba en la sociedad, los generales del Ejército mexicano están abandonando las calles. Ya no se les ve en sus convoyes patrullando las ciudades de manera tan constante como sucedió en el sexenio inmediato pasado. Los retenes que ubicaron en carreteras, laderas, valles, cerros y montes del país, también están desapareciendo. En algunos puntos sólo quedan las hechizas oficinas de triplay, llantas, sacos de arena y madera que hicieron a manera de oficinas de punto de revisión.
De eso damos cuenta en el semanario ZETA en un reportaje que abarca dos estados. La península completita de la Baja California. Donde la ausencia es la misma. Menos supervisión del Ejército, más droga en las calles.
Los retenes del Ejército se instauraron en México luego de
que en el 2007 el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa
sacara oficialmente a los militares de los cuarteles para cuidar el país y perseguir al narcotráfico. De repente los decomisos en esos puntos de revisión a lo largo y ancho del país, comenzaron a dar resultados. Cientos de miles de kilos de cocaína, mariguana, cristal, metanfetamina, precursores y otras sustancias ilícitas fueron incautadas y por ende retiradas de las calles y como consecuencia una disminución en la ganancia de los cárteles de las drogas.
que en el 2007 el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa
sacara oficialmente a los militares de los cuarteles para cuidar el país y perseguir al narcotráfico. De repente los decomisos en esos puntos de revisión a lo largo y ancho del país, comenzaron a dar resultados. Cientos de miles de kilos de cocaína, mariguana, cristal, metanfetamina, precursores y otras sustancias ilícitas fueron incautadas y por ende retiradas de las calles y como consecuencia una disminución en la ganancia de los cárteles de las drogas.
Luego parecía un concurso entre las regiones militares que concentraron gran parte de sus esfuerzos en asegurar droga más que detener a los poseedores o destinatarios de esos cargamentos. El combate al narcotráfico a partir de la persecución del ilegal producto fue una asignación directa que hoy parece ir en camino contrario.
Con la llegada del 2013 y con la administración de Enrique Peña Nieto más adentrada en la estrategia gubernamental contra el narcotráfico, en el país se dieron los primeros cambios. Generales que en el pasado le apostaron por órdenes de su entonces Comandante Supremo al combate directo al narcotráfico y el crimen organizado, fueron cambiados de adscripción. Los nuevos comandantes llegaron, como es su disciplina, para obedecer, actuar y callarse.
Entonces a la par de la estrategia en materia de comunicación que indica que poco o nada se debe informar de decomisos, capturas, investigaciones y persecuciones, los generales han callado. No tienen nada qué informar. O sí tendrán pero no deben hacerlo.
Ahí está el caso de los retenes o puestos de revisión que han sido desmantelados, será por política o por falta de soldados o por nueva estrategia pero la realidad es que ante la ausencia de inspección, cada vez más la droga llega a las ciudades. Ahí está el caso documentado por los reporteros de ZETA en Baja California Sur, donde un cargamento salió de Sinaloa vía Navolato, pasó por Culiacán, Guasave, Guamuchil, después entró a Sonora por Navojoa, Ciudad Obregón, atravesó Empalme hasta llegar a Guaymas sólo para ser embarcado hasta Santa Rosalía, Baja California Sur y después a tierra una vez más por la vía de San Ignacio, donde finalmente los transportistas se toparon con un retén militar y decomisaron la droga que había cruzado tres estados y diez ciudades.
Pero los retenes están desapareciendo, y con ello la supervisión de carreteras se ha relajado hasta darle una ventaja a los criminales no sólo para transportar droga, acaso armas y personas en su ruta delictiva. Los generales del Ejército mexicano no han dado una explicación. Los generales no tienen, no deben –por política e instrucción– informar lo que hacen y dejan de hacer. En las calles de México el Ejército emprende la retirada.
Y como todo lo que se hace en este país donde no hay respeto por las instituciones, los generales han sido ordenados a no informar, a no actuar, a no ser protagonistas de la historia del día a día y a poco a poco retirarse, sin tener aún una Policía Civil a prueba de cañonazos de pesos y billetes verdes para proveer impunidad a los criminales. Es igual a eliminar o negarse –por lo menos públicamente– a utilizar la figura del arraigo cuando de la aprehensión de criminales se refiere, sin antes haber fortalecido la investigación policial y ministerial para que no haya necesidad de echar mano del recurso del arraigo.
De tajo en este gobierno están eliminando figuras, instituciones, instrucciones, estrategias, sin estar preparados para las nuevas medidas del nuevo –todavía parece nuevo– gobierno federal. La retirada del Ejército es cada vez una realidad, y empezaron por los retenes, de ahí que más droga llegue a las ciudades, y al extranjero.
PRI y transparencia: el avance se diluye
En octubre pasado, cuando Enrique Peña Nieto era aún Presidente electo de México, la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados dio la primera señal de cómo se manejaría la transparencia en este sexenio, que apenas cumplirá cuatro meses.
En alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) –para vergüenza de los blanquiazules que sí son de verdad–, los legisladores del tricolor en la LXII Legislatura propinaron su primer golpe contra la transparencia: como parte de la Reforma Laboral impidieron que se obligara a los sindicatos a transparentar sus finanzas y también que sus líderes puedan ser electos por el voto directo y secreto de sus agremiados.
Luego, ya con Peña Nieto como Presidente de la República, no sólo los legisladores del PRI en la Cámara de Diputados y el Senado, sino también los funcionarios del gobierno federal, han dado muestras de que lo suyo, lo suyo, lo suyo, es la opacidad.
Luego, la Ley de Transparencia fue blanco de ataques de los priistas, quienes argumentaron que la capacitación de los funcionarios encargados de investigar es mala, que los costos económicos serán cada vez más altos, que si los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la información y Datos Personales (IFAI) deben ser relevados y dar paso a una nueva institución, a modo, claro, del partido en el gobierno.
Por si fuera poco, Enrique Peña Nieto y los secretarios de Estado que componen su Gabinete legal, presentaron una declaración patrimonial “pública” en el portal de Internet de la Presidencia de la República, que más que transparentar sus recursos privados se prestó para cuestionar lo que escondían. A medias, ambiguas y mal hechas, las declaraciones patrimoniales resultaron todo un fiasco para la ciudadanía.
El hecho es que el poco avance de los gobierno del Partido Acción Nacional en esta materia parece irse diluyendo. El reto de que los ciudadanos se apropiaran en forma definitiva del derecho a la información; es decir, de exigir y difundir datos que revelen la actuación de funcionarios públicos y su rendición de cuentas, parece alejarse cada vez más.
Ayer, por ejemplo, la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Jesús Murillo Karam, eliminó el Consejo de Participación Ciudadana, una entidad de la sociedad civil que estaba destinada a transparentar la operación de una de las áreas más oscuras de la administración pública.
Sin previo aviso y aparentemente sin consultarlo con quienes lo dirigían, esa dependencia publicó en el Diario Oficial de la Federación la orden de abrogar los acuerdos A/037/02, A/096/09, A/111/12 y A/012/11, uno de los cuáles ordenaba la creación del Consejo y que fue firmado el 28 de febrero de 2011 por la entonces Procuradora Marisela Morales Ibañez.
El Consejo de Participación Ciudadana de la PGR era una herramienta de transparencia. Permitía que distintos sectores de la sociedad pudieran preguntar y obtener respuestas sobre una de las áreas de impartición de justicia, tradicionalmente las más oscuras dentro del aparato gubernamental. Temas como la corrupción, por ejemplo, o los abusos de poder y las compras gubernamentales podían ser cuestionadas a partir de este organismo. Pero ahora, de tajo, ha desaparecido.
En el discurso, uno de las palabras favoritos del ex Gobernador de Hidalgo, Murillo Karam, ha sido “transparencia·.
La usó después de la explosión en el Edificio B del Centro Administrativo de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la Ciudad de México; la usó tras el arresto de Elba Esther Gordillo Morales; la usó cuando se le cuestionó sobre el fraude que se le imputa en Tabasco al ex Gobernador Andrés Granier Melo; la usó para prometer que la actuación de los funcionarios de la PGR será pública, medible y, sobre todo “transparente”.
Pero los hechos dicen lo contrario.
Murillo fue el único miembro del gabinete de Peña Nieto que no hizo su declaración patrimonial pública. Como esta acción es voluntaria, el ex presidente de la Cámara de Diputados “no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”, según reportó la propia Presidencia de la República.
La transparencia no se encuentra tampoco en la nula información que esa dependencia ha revelado sobre los casos de demandas ciudadanas y de asociaciones y sindicatos contra personajes como Genaro García Luna y Carlos Romero Deschamps.
La batalla contra la corrupción, el abuso de poder de los funcionarios públicos, el lavado de dinero y la malversación de fondos del erario son reclamos que la ciudadanía puso en la mesa de discusión en los 12 años de gobiernos panistas. Poco a poco fue ganando espacios para exigir transparencia como, por ejemplo, en el caso del IFAI.
Pero ahora esos espacios comienzan a diluirse bajo un gobierno priista que en sus primeros cuatro meses no parece dispuesto a que la sociedad pregunte y mucho menos ofrecerle respuestas.
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