Astillero- IFE: opacidad emblemática

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El flotante Gabino

Oro eólico por espejitos

Gastos de Mancera

Descuento de cinco días

Julio Hernández López

EN EL SENADO. Los legisladores priístas Joel Ayala y Carlos Romero Deschamps, durante la sesión ordinaria de ayer en el Senado de la República

Foto Jesús Villaseca

 

Gabino Cué ha dejado que en Oaxaca gobiernen los grupos de interés, los caciques regionales y una impunidad escandalosa. Menos malo que sus antecesores inmediatos, no por ello ha realizado un buen gobierno. Ni siquiera ha sido capaz de ejercer algo parecido a la justicia en el caso específico de Ulises Ruiz, el repudiado priísta con el que pareciera haber firmado un pacto de transición que implicó no tocarlo judicialmente a pesar de los múltiples indicios de corrupción y los conocidos casos de represión política.

 

Cué flota. Se deja llevar por las presiones y mantiene un equipo de trabajo ineficaz, en permanentes luchas internas, sin más objetivo que consumir de la mejor manera posible (para ellos) el tiempo de poder que le queda. En ese contexto de flacidez política, el gobernador de Oaxaca ha permitido, y promovido, que firmas de capital nacional e internacional, sobre todo español, desarrollen proyectos de producción de energía eólica que han generado rechazo en las comunidades sede, tanto por razones ecológicas y culturales como por la pretensión de pagar oro aéreo con espejitos.

 

Para documentar parte de lo mucho que está sucediendo en esas tierras en conflicto fueron al Istmo de Tehuantepec la reportera Rosa Rojas y el fotógrafo Francisco Olvera, de La Jornada. Fueron retenidos por un grupo partidista armado y posteriormente liberados. El incidente da cuenta de que los demonios andan sueltos en Oaxaca, mientras el gobernador Cué y su equipo siguen apoyando los negocios de élite, en contra de los intereses comunitarios.

 

El jefe del gobierno capitalino se ha enredado en el asunto de su peculiar viaje al Vaticano para asistir a la misa de inicio papal de Francisco. De entrada ha resultado polémica la motivación de Miguel Ángel Mancera para asistir a un acto de corte político-religioso al que, en todo caso, como representante oficial mexicano acudió Enrique Peña Nieto con su esposa, familiares y algunos funcionarios (cargándole la mano al erario, como ya es costumbre en el faraonismo federal). Extrañamente acomedido, políticamente integrado a la comitiva del mexiquense (aunque dijo que una oficina papal le había extendido una invitación especial) y poco atento al talante liberal de la ciudad de México, Mancera cometió luego un desliz significativo: primero hizo saber extraoficialmente que los boletos de avión y el costo de su estancia en Roma serían cubiertos por la Santa Sede y luego, ya pillado en esa mentira, se refugió en la versión de que él personalmente había pagado lo correspondiente al citado viaje, al igual que el par de funcionarios a los que hizo acompañarle.

 

Aun cuando la especie de la invitación con gastos pagados fue categóricamente desmentida por Federico Lombardi, quien es el vocero papal, Mancera siguió deslizándose por el tobogán de los errores. En reacción a los planteamientos hechos en Twitter por un tecleador astillado, Mancera respondió: “ @julioastillero exactamente Julio así fue, tampoco el de España. Además se no se generará cobro de salario en esos días #mm”. Confirmaba el jefe de gobierno, sin dar pruebas de ello, que él pagó su viaje a Roma y a España y que, como si cualquier funcionario o empleado del Gobierno del Distrito Federal pudiera simplemente irse de viaje personal durante cinco días, dejaría de cobrar ese salario.

 

Pifias continuas: ir de música de acompañamiento a una misa en la que no saludó al Papa ni pudo entregar personalmente la invitación para que Francisco visite la capital mexicana (el trámite fue realizado por Norberto Rivera), deslizar que el Vaticano le había invitado con gastos pagados, recomponer la historia y asomar la presunta justificación de que los gastos habían sido con cargo a su bolsillo, y asumirse como empleado irresponsable que deja la chamba tirada (para irse a un asunto de su interés personal, en cuanto fue pagado con su dinero), y luego simplemente pedir que le descuenten los días no trabajados.

 

En ese sentido resulta poco decoroso lo que la oficialía mayor del gobierno capitalino anunció ante los hechos consumados: que a Mancera y a sus acompañantes no se les acreditarán cinco días de salario que no devengaron por andar de viaje. Por menos días que esos, a cualquier empleado o trabajador le levantan acta de abandono de empleo. Además, ¿con qué carácter viaja Mancera por Europa, si sus gastos son cubiertos por él y oficialmente no está trabajando? ¿Quién fue designado, bajo qué fundamentos jurídicos y con cuál explicación política, como sustituto de un jefe de gobierno que dejó cinco días de trabajar? ¡Santos enredos, BatMancera!

 

En cambio, Peña Nieto y algunos de sus funcionarios opacos en cuanto a declaraciones patrimoniales ni siquiera se dan por despeinados ante la solicitud de la Cámara de Diputados para que informen cabalmente de ese tema, que en una primera entrega dejó más dudas y preguntas que certezas. Ha dicho Gobernación que el ocupante de Los Pinos ya cumplió con su obligación informativa y que no volverá a hacerlo. Así que los mexicanos seguirán sin saber cuánto valen las propiedades inmobiliarias de Peña Nieto, dónde están ubicadas y cómo las adquirió, sobre todo en razón de las que él atribuye a donaciones, sin explicar quiénes fueron los donantes y cuáles fueron los móviles de esa inusual y justificadamente sospechosa generosidad.

 

A la hora de cerrar esta columna no se conocía el desenlace de los ajustes en San Lázaro a la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones, particularmente en los rubros técnicos conocidos como must carry y must offer. Por lo pronto, Carlos Slim ya tiene los derechos para la transmisión en Latinoamérica, con la salvedad de Brasil, de los próximos Juegos Olímpicos.

 

Y, mientras ha sido aprobada por unanimidad la llamada ley de víctimas, cuya aplicación práctica está rodeada de dudas, ¡feliz fin de semana, con el procurador Murillo Karam identificando a tres presuntas fuentes como responsables gaseosas de la reciente explosión en oficinas de Pemex, aunque no sabe si actuaron las tres juntas o mediante otra combinación asesina!

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Charrote Pemex-Rocha

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IFE: opacidad emblemática

En días recientes el contralor interno del Instituto Federal Electoral (IFE), Gregorio Guerrero, ha venido denunciando un supuesto daño patrimonial al organismo por 124 millones de pesos, en el marco de la compra de un edificio en el sur de la ciudad de México a un precio muy por encima de su valor. El señalamiento ha derivado en una abierta confrontación entre el titular del órgano fiscalizador del IFE y los consejeros electorales, quienes rechazaron el dictamen en el que se proponía sancionar al ex director de Administración del organismo, Fernando Santos. Guerrero, por su parte, ha acusado a los consejeros de esconder la mugre bajo del tapete y ha anunciado que presentará una denuncia ante la Procuraduría General de la República por estos hechos.

 

Con independencia de las investigaciones y posibles sanciones a que dé lugar tal denuncia, no es ésta la primera vez que el órgano electoral es señalado por malos manejos de sus recursos: otro caso es la decisión, adoptada por los consejeros electorales en 2011, de conservar casi 350 millones de pesos no ejercidos de su presupuesto para 2010 por considerarlos un ahorro –cuando tales recursos tendrían que haber sido devueltos a la Tesorería de la Federación–, lo que dio pie a un choque declarativo con el Poder Legislativo. En noviembre del año pasado la propia contraloría interna del IFE documentó diversas irregularidades en el manejo de los recursos del organismo, entre las que destacaban excedentes de plazas laborales, gastos excesivos y no comprobados en combustible, pagos duplicados de telefonía celular, erogaciones no autorizadas para la renta de inmuebles y automóviles de funcionarios.

La referida cadena de irregularidades pone en perspectiva un patrón de conducta –opaco y presumiblemente ilegal– en el manejo de los recursos ejercidos por el instituto, que resulta doblemente inadmisible si se coteja con el cuestionable desempeño del IFE en su responsabilidad fundamental de organizar procesos electorales equitativos, transparentes y confiables, particularmente durante los dos recientes comicios presidenciales: 2006 y 2012.
 

Por lo demás, las irregularidades referidas en el IFE son ejemplos de la opacidad y la discrecionalidad con que se manejan los recursos públicos a escala nacional, y se suman a las detectadas recientemente por la Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública de 2011 y a los casos de dispendio injustificado y presumible corrupción que se han documentado en diversas entidades y municipios del país. Para colmo, las denuncias del contralor del IFE ponen en perspectiva la situación de privilegio en que operan los órganos constitucionales autónomos, cuyos integrantes, ante la insuficiencia de controles externos de fiscalización y en uso distorsionado de sus potestades, generan entornos propicios para el manejo poco transparente de los presupuestos que reciben.

 

A la luz del conjunto de anomalías documentadas por la contraloría general del IFE, lo menos que cabría esperar es una investigación exhaustiva por las autoridades correspondientes y, en caso de que tales pesquisas lleguen a las mismas conclusiones que la instancia fiscalizadora de la institución electoral, ésta tendría que ser sometida a una profunda transformación en sus prácticas y composición. Por lo pronto, los consejeros del órgano electoral, al igual que el resto de los integrantes de la clase política en el país, no tienen motivo alguno para sorprenderse del desprestigio generalizado que arrastran de cara al conjunto de la sociedad.

Dr. Peñastein-Helguera

ahelguera@jornada.com.mx