Astillero
Unidad escenográfica
Los tres tenores
Aliancismo reinsertado
PRI: artillería pesada
Julio
Hernández López
El voluntarismo escenográfico (movido cada cual por
intereses discordantes entre sí) solamente produce apariencias unitarias que a
su vez generan entusiasmo elemental entre las masas de un partido, o varios
partidos, o un movimiento que es virtualmente un partido más, ansiosas de
avizorar posibilidades reales de triunfo aunque sea electoral y tan
predispuestas hoy a aplaudir acríticamente las estampas de reconciliación en el
templete de Ecatepec como mañana a desilusionarse y desahogarse contra
incumplimientos, traiciones o insuficiencias que esas masas deberían haber
aprendido a leer y entender luego de tantas experiencias similares amargas.
Allí están, juntos pero distantes, a centímetros de
distancia entre ellos, pero sin verdadera cercanía. Tres personas distintas y
un solo candidato verdadero. Casi seis años después de que se negó a apoyar a
su compañero de partido, que acabó siendo declarado perdedor mediante un fraude
tan forzado que apenas pudo establecer una diferencia oficial ínfima (el famoso
0.56 por ciento), Cuauhtémoc Cárdenas reaparece junto a López Obrador, que
sigue siendo la máxima estrella perredista del vals de las urnas. No hay nada
que sustente la hipótesis de un reacomodo político e ideológico entre AMLO y
CC, más que el cebo del estado de México y la noción clara de que allí la clase
política del sol azteca se juega una oportunidad, tal vez la última, para esta
generación regida por las mareas del michoacano y el tabasqueño, de alcanzar el
poder federal. A Cuauhtémoc le interesa encauzar a su heredero dinástico,
Lázaro Cárdenas Batel, y a Andrés Manuel le conviene promover esa imagen de
unidad sostenida con alfileres en la que será su última búsqueda en firme de la
banda presidencial legítima.
Otro de los tres tenores asiste en calidad de testigo
protegido. Su nombre es coreado débilmente, en comparación con su presunto
adversario que, a como se ven las cosas, le ha ganado de calle la carrera por
el mejor posicionamiento: Marcelo Ebrard apenas alcanzó a recomponer algo de
figura luego del naufragio de la alianza con el PAN en el estado de México, y
ahora comparece con aires de ser inimputable ante el tribunal de la plaza
pública en la que algunos de sus compañeros de andanzas aliancísticas, como
Jesús Zambrano, Carlos Navarrete y Manuel Camacho, se llevan denuestos de
diferente calibre, a pesar del halo de perdón colectivo que la élite pretende
imponer a los asistentes que no comparten más que en términos tácticos ciertos
aspectos del banquete de los hijos pródigos. Es obvio, salta a la vista y al
oído, que los Chuchos están presentes con calzador, que no ha habido ningún
tipo de reajuste serio en las filas del sol azteca, pero que el olfato oportuno
de los colaboracionistas y aliancistas les lleva a reinsertarse aunque sea en
términos indecorosos en el proyecto pejiano al que en su momento sabrán sacarle
provecho grupal mediante torpedeo interno, chantaje para ganar posiciones y
candidaturas o simple y sencilla traición subastada. ¡Viva la nueva unidad
provisional de la izquierda electoral!
López Obrador triunfa en el terreno del vitoreo,
pero también se regala el derecho de transgredir el código de cortesía
discursiva que practican los otros oradores. Cárdenas teje en torno a su
caballito de batalla nacionalista, antimperialista y popular, mientras Ebrard
se esmera en parecer un joven de secundaria entusiasmado porque a la fiesta
familiar llegaron los invitados más deseados, ante quienes desgrana
recitaciones de ocasión, y Alejandro Encinas, a cuyas honras se estaría
celebrando tan peculiar encuentro distante del tercer tipo, cierra la ronda con
recuerdos de la lucha de la izquierda social auténtica y con los naturales
compromisos de corte electoral de la ocasión y el trazo del perfil del
dinosaurio favorito: el Grupo Atlacomulco, que representaría el eje del mal
tanto en su sede mexiquense como en sus ambiciones de expansión nacional
mediante un copete de reconstrucción moderna que en realidad proviene de las
etapas salinas del jurásico.
Frente a esos posicionamientos más o menos
previsibles, AMLO soltó críticas al hecho que finalmente provocó la insólita
reunión de egos e intereses contrapunteados: las famosas alianzas con el PAN
que dieron al tabasqueño la oportunidad de plantear un amago de ruptura a fondo
si se reiteraban en la plaza mexiquense. No debería abordar puntos polémicos,
pues lo importante era el fortalecimiento de la unidad, pero el viajero
permanente nombró la soga en casa de los ahorcados, y la estrategia de los
pactos electorales con Acción Nacional fue pasada a cuchillo oratorio, con la
natural molestia o incomodidad apenas disimulada por los artífices de los
arreglos numéricamente exitosos, pero políticamente ya fracasados (basta ver lo
que sucede en Oaxaca, donde Gabino Cué no puede ni con su gabinete, que se la
vive peleando entre sí mientras los problemas políticos y poselectorales arden,
o Sinaloa, donde el mentado Malova sigue entrampado y dando palos de
ciego, o Puebla entregada al gordillismo...).
El priísmo, por su parte, ha concentrado en el
estado de México lo más pesado de su artillería de remodelación electoral, con
cartucheras monetarias provenientes de mil proveedores y un solo objetivo:
ganar la sucesión estatal, aunque sea con Eruviel Ávila, quien no genera
pasiones electorales y tampoco tiene el genuino apoyo del figurín gobernante
que hubiera preferido a otro candidato, pero el objetivo 2012 le obligó a ceder
aunque fuera provisionalmente. Y, desde luego, encaminarse con aire triunfal a
las urnas nacionales. Ayer mismo lo dijo el profesor Moreira, luego de un acto
con Eruviel realizado sugerentemente en la Plaza de los Mártires: alzarse con
la victoria en el estado de México marcará el regreso del PRI a Los Pinos.
Y mientras hoy, a las 19 horas, este tecleador
astillado presenta Los morros del narco, de Javier Valdés, en el Centro
Centenario de las Artes de Culiacán, ¡hasta mañana, con Agustín Carstens y
Ernesto Zedillo mencionados como posibles sustitutos del director del FMI
pillado en delincuencia sexual!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Pemex en el espejo argentino
Calderón y su modernización
El ingreso petrolero a particulares
Carlos
Fernández-Vega
Dice el inquilino de Los Pinos que su plan es tratar
de otra reforma legal con el fin de modernizar Pemex en una forma similar a lo
que Petrobras hizo hace diez años, pero dada la experiencia mexicana en lo que
a política privatizadora se refiere (cinco gerentes al hilo), todo apunta a que
plan del obsesivo Felipe Calderón pugna no por el productivo esquema brasileño
(puesto en marcha por el ex presidente Fernando Henrique Cardoso), sino por el
aplicado devastadoramente en Argentina por Carlos Saúl Menem. Y también en este
país sudamericano todo comenzó con la modernización y la capitalización, cuando
en realidad no fue otra cosa que una descarada operación privatizadora.
Carlos Saúl Menem fue el principal competidor de
Carlos Salinas de Gortari en América Latina en eso del desmantelamiento del
aparato productivo del Estado. Los mexicanos saben y padecen el resultado
privatizador salinista, pero ¿cómo le fue a los argentinos con la privatización
petrolera? La Cepal ofrece un paseo por tal capítulo político-económico de la
nación sudamericana, donde la compra de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)
de Argentina por parte de Repsol fue una gigantesca operación de concentración
de poder cuasi monopólico no sólo en Argentina, sino en toda la región.
El proceso de venta de YPF (modernización y
capitalización) tuvo varias etapas hasta concretar la plena propiedad para
Repsol. En julio de 1993 el gobierno menemista vendió 43.5 por ciento del
paquete de acciones por 3 mil 40 millones de dólares en efectivo y mil 271
millones en títulos de deuda pública, aunque en esta operación el gobierno de
aquel país asumió una deuda de la empresa por aproximadamente mil 800 millones
de dólares. En esa primera venta, el pastel accionario quedó repartido así:
gobierno, 20 por ciento más una acción de oro; estados provinciales, 12 por
ciento; personal de YPF, 10 por ciento; sistema previsional, 12 por ciento, y
sector privado 46 por ciento.
Entre 1993 y 1998 la estructura de la tenencia se
fue transformando debido a que los jubilados, el personal de la empresa y las
provincias fueron vendiendo sus acciones motivados tanto por los mejores
precios de las acciones en el mercado bursátil como por las necesidades de
liquidez. Estas necesidades se originaron habida cuenta del contexto recesivo
de la economía y las dificultades de hallar empleo con posterioridad al segundo
semestre de 1994, cuando los ingresos por privatizaciones comenzaron a mermar,
y los efectos del Plan de Convertibilidad sobre el nivel de actividad empezó a
ser visible.
Para 1998, las rebanadas del pastel accionario de
YPF quedaron así: gobierno, 20 por ciento, más acción de oro; estados
provinciales, 4.7; personal de YPF, 0.4, y sector privado, 74.9 por ciento (los
fondos privados extranjeros, de Estados Unidos mayoritariamente, 63.1 por
ciento; los inversionistas argentinos, 11.8 por ciento). A mediados de 1999
comienza la venta a Repsol. El gobierno argentino vende a esa empresa 14.99 por
ciento de las acciones, por alrededor de 2 mil millones de dólares, y la
trasnacional española (una petrolera sin petróleo en su país de origen) ofrece
comprar todas las acciones. Como regalo de despedida de mandato, Menem da
prioridad a Repsol y establece que si aparecieran otros postores por YPF
deberían pagar 25 por ciento adicional, con respecto a lo ofrecido por Repsol,
la cual termina por adquirir 83.24 por ciento de la paraestatal en oferta. Así,
el gobierno argentino se quedó con su acción de oro, el personal de YPF con 0.4
(aunque tuvo que litigarlo en tribunales), el resto del sector privado con
1.37, y Repsol, con 98.23 por ciento.
Desde el punto de vista del valor obtenido por el
gobierno argentino por la desincorporación (como los tecnócratas mexicanos le
llaman a la privatización) de YPF, apunta la Cepal, resultó obvio que la venta
a Repsol se realizó a precios muy inferiores a los de mercado. La evidencia más
contundente de la subvaluación de los activos transferidos por el Estado se da
con la primera venta de acciones de YPF en comparación al precio que más tarde
obtuvieron los inversionistas originales cuando se realiza la venta a Repsol
por 15 mil 169 millones de dólares. Uno de los aspectos más preocupantes de la
modalidad de privatización ha sido el enorme grado de concentración de la
propiedad que esta operación implicó al nivel de toda la región, y en el propio
país.
Repsol recuperó rápidamente el gasto realizado en
la compra de YPF, no hizo mayores inversiones y sus utilidades crecieron como
la espuma, la mayoría de ellas depositadas en su país de origen. Por su parte,
el gobierno de aquella nación sudamericana sólo vio cómo se desplomaban los
ingresos fiscales, mientras los argentinos fueron doblemente asaltados: les
robaron un bien que pertenecía a la nación y los salarios del sector energético
se fueron al caño.
Como apunta la Cepal, en materia de distribución
del ingreso petrolero, las reformas favorecieron más, en términos absolutos y
relativos, al sector privado que al Estado. Los productores privados de
petróleo se vieron especialmente favorecidos por la posibilidad de aumentar
significativamente la explotación de crudo a costos muy bajos, sobre la base de
reservas descubiertas previamente (con recursos públicos), con costos
marginales inferiores a los medios por tratarse de áreas centrales de gran
productividad, recibiendo a cambio elevados precios internacionales tanto para
el crudo vendido en el mercado interno como para el exportado. Por si fuera
poco, la exploración se redujo sustancialmente, y sólo exprimieron los pozos
existentes.
Entonces, si México no se refleja en el espejo
argentino e impide la nueva andanada calderonista, que se prepare para el
asalto definitivo.
Las rebanadas del pastel
Como dicen los clásicos, jala más un par de tetas
que un par de carretas. El Fondo Monetario Internacional lleva años
destrozando, violando y requete violando la soberanía y el bienestar de los
eufemísticamente llamados países en desarrollo (México en primerísimo lugar), y
nadie se acongoja ni se convulsiona. Pero ahora que el calenturiento director
del organismo financiero es acusado de violación a una camarera de un hotel
neoyorquino, entonces el escándalo es mayúsculo, todos se quejan de su
inmoralidad y el asunto ocupa las portadas de todos los diarios del mundo… Y en
Los Pinos no dejan de prometer, pues ayer desde allí se divulgó que hay
disposición para cambiar lo que no funciona. ¿A poco Felipe Calderón ya se va?
Dialogar con quién
Pedro
Miguel
El colapso del gobierno ocurre en todos los
terrenos, pero su expresión más acuciante es la pérdida de certezas jurídicas
de base por parte de la población. La lógica económica del triunfo del más
fuerte tiene su correlato, en la seguridad pública, en el triunfo del calibre
más alto. El hueco que deja el poder público al abandonar su tarea de
garantizar la integridad física y patrimonial de la gente debe ser ocupado, y
con urgencia, por una construcción de vínculos sociales que permita incidir en
las decisiones políticas y forzar a las instancias gubernamentales de todos los
niveles a que adopten rumbos menos destructivos que los impuestos al país desde
hace décadas. Para ello, el diálogo social es, ciertamente, indispensable, y en
ese sentido, puede ser crucial la reunión convocada el 10 de junio en Ciudad
Juárez por Javier Sicilia.
Otra cosa es el diálogo o la negociación con el
calderonato.
Hay numerosas razones para afirmar que la actual
administración infringe, en forma regular y sistemática, el marco legal,
incumple con sus obligaciones constitucionales y propicia, con ello, graves y
masivas violaciones a los derechos humanos y sociales y a las garantías
individuales.
Más allá de las omisiones o infracciones
gubernamentales en esas materias, numerosos indicios permiten sospechar que la
estrategia de seguridad en curso es una fachada sangrienta para ocultar la
connivencia del equipo gubernamental con la delincuencia organizada. Ejemplos:
el encubrimiento del cártel del Pacífico en detrimento de sus
competidores (http://bit.ly/eNI25L); los
numerosos delincuentes que han trabajado como altos mandos en la Secretaría de
Seguridad Pública y en la Procuraduría General de la República; la renuencia
oficial a investigar el lavado de dinero masivo; los narcotraficantes en las
nóminas de Aserca y de Procampo (http://bit.ly/lUUcHN);
la tolerancia y la impunidad otorgadas a Mario Marín, Ulises Ruiz y otros de
esa especie; el trasiego, pese a todo, de centenares de toneladas de cocaína
por las fronteras sur y norte; el incremento de los secuestros (http://bit.ly/lDHJ5w) en lo que va de esta
administración; la connivencia de numerosos funcionarios del Instituto Nacional
de Migración (INM) con los grupos armados que extorsionan, esclavizan y
exterminan a migrantes indocumentados. Y sí: las presumibles complicidades con
la criminalidad organizada no se limitan a las autoridades federales, sino que
incluyen a las estatales y a las municipales de diversos sitios.
Pero falta lo más grave: hay elementos de juicio
que permiten concluir que la adopción de la estrategia actual y la firma de la
Iniciativa Mérida fueron la formalización de un proyecto de desestabilización
originado en Estados Unidos para llevar a México a circunstancias que
justificaran –a ojos del mundo, y hasta de algunos mexicanos– la intervención
directa de Washington en la seguridad pública y nacional de nuestro país, algo
que, de acuerdo con los documentos de Wikileaks difundidos por La
Jornada, ya ocurre. Diversos funcionarios estadunidenses se han referido a
la pertinencia de aplicar en México estrategias de guerra formuladas para Irak
(se lo dijo Dennis Blair al general Guillermo Galván Galván el 19 de octubre de
2009, http://bit.ly/mcb6uK, y lo repitió el
almirante Michael Mullen, http://bit.ly/hm7Nk7,
en enero de 2011. Si las palabras no bastaran, están los hechos, y entre éstos,
la complicidad de diversas dependencias de Washington en el contrabando de
armas de fuego destinadas a los cárteles mexicanos y su inexplicable tolerancia
a los narcos que operan en territorio estadnidense (http://bit.ly/muGPlh).
Los movimientos sociales que aspiran a detener el
baño de sangre en curso harían bien, pues, en aplicar la consigna, propagada
con extrema hipocresía desde el propio régimen, de no negociar con la
delincuencia, aunque ésta pretenda compararse con Churchill.
Sin abandonar las manifestaciones y las protestas
pacíficas y legales –como las dos movilizaciones nacionales recientes,
encabezadas por Javier Sicilia– ni los encuentros de la sociedad consigo misma,
es preciso también avanzar en otros caminos, igualmente legales y pacíficos,
para cortar el nudo gordiano de la impunidad y promover procesos judiciales
contra los principales responsables –por acción, por omisión o por ambas– de
los crímenes de lesa humanidad que ocurren en México: Felipe Calderón y los
integrantes de su gabinete de seguridad, y los cabecillas de las organizaciones
criminales que ejercen su control sangriento en extensas regiones del país. Las
razones y los fundamentos de esta iniciativa están en www.bit.ly/lq0mLL.
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